Londres Inglaterra. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio una respuesta tibia sobre la vigilancia gubernamental en la conferencia de prensa que ofreció el viernes en Washington. Es cierto que se comprometió a apoyar los esfuerzos para
reformar los procedimientos del tribunal secreto que autoriza la vigilancia, y
esa iniciativa es importante. También dio a conocer el análisis legal del
gobierno de su recopilación masiva de llamadas telefónicas nacionales, y en
general prometió mayor transparencia en la labor de la Agencia de Seguridad
Nacional.
Pero se necesita algo más que simplemente “afianzar los
tornillos”, como dijo el presidente que iban a hacer.
La intimidad es un derecho humano. Un derecho garantizado
por los tratados en los que Estados Unidos es parte y proclamado en normas
internacionales que el país ha contribuido a desarrollar.
El Estado puede tomar medidas que interfieran en la
intimidad si es necesario para la protección de otros derechos, pero sus actos
deben ser proporcionados al fin que se persigue. Y deben estar justificados.
No cabe duda de que el increíble alcance de la vigilancia
de las comunicaciones por teléfono e Internet por parte del gobierno viola el
derecho a la intimidad.
Para empezar, está el programa que registra todas las
llamadas telefónicas nacionales. Estos registros no incluyen el contenido mismo
de las llamadas, pero los “metadatos de telefonía” recogidos revelan mucho
sobre nuestras actividades cotidianas: a quién llamamos, cuándo, cuánto tiempo
y con qué frecuencia, y dónde estamos cuando hacemos esas llamadas, si éstas
pasan por antenas de telefonía móvil. Todo esto ya es demasiada información
sobre lo que hacemos cada uno en nuestra vida diaria.
Además, según ha informado el diario New York Times esta
misma semana, la Agencia de Seguridad Nacional analiza todos los mensajes de
correo electrónico que entran y salen de Estados Unidos. El propósito es
detectar información relacionada con terrorismo o contraespionaje. Sin duda es
un fin legítimo pero, a tenor de los métodos que emplea, parece que la Agencia
somete a un examen exhaustivo cada mensaje que entra y sale de cualquier
servidor ubicado en Estados Unidos.
De hecho, gracias a la información revelada por Edward
Snowden a los periódicos The Guardian y Washington Post, sabemos que los
programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional permiten a sus
analistas rastrear y leer prácticamente todo lo que hace en línea un usuario
típico de Internet. Mensajes de correo electrónico, vídeos, fotografías,
llamadas de voz y videoconferencias, chats, transferencias de archivos, datos
de redes sociales e información de otra índole pueden ser objeto de escrutinio.
Según informes, el programa PRISM permite a la Agencia de
Seguridad Nacional acceder clandestinamente a importantes redes sociales,
operaciones de almacenamiento y transferencia de datos y proveedores de
servicios de correo electrónico.
Y en el documento filtrado de la presentación que hace la
Agencia de Seguridad Nacional de otro programa, XKeyscore, se afirma que
permite a los analistas de la Agencia rastrear y leer el contenido de mensajes
de correo electrónico, charlas en Facebook, mensajes privados y otras
actividades en redes sociales, así como el historial del navegador, “toda
dirección de correo electrónico vista en una sesión, por nombre de usuario y
dominio” y “cada número de teléfono visto en una sesión (por ejemplo, entradas
de agendas o casillas de firma)” y otras actividades , como “nombre de usuario,
lista de contactos, o cookies específicas de un equipo”.
Y ¿cómo lo justifica el gobierno? Defiende la
recopilación intensiva de metadatos de telefonía afirmando que no se ha
vigilado ni registrado el contenido de las llamadas. De hecho, los abogados del
gobierno sostienen que esta actividad no requiere órdenes judiciales porque la
población no tiene interés en mantener en privado los números de teléfono y
demás datos sobre las llamadas que realizan, y el hermético Tribunal de
Vigilancia de Inteligencia Extranjera hasta ahora les ha dado la razón.
Es una conclusión que conviene a las personas interesadas
en realizar operaciones de vigilancia sin las garantías jurídicas básicas, pero
no una conclusión razonable. Probablemente la mayoría de los ciudadanos no
quiere que el Estado recopile información que le permita tener una idea precisa
de sus actividades diarias y su red de contactos, al menos no sin un motivo
específico y justificado.
En cuanto a los otros programas, que sí permiten sin
problemas a los analistas de la Agencia de Seguridad Nacional el acceso al
contenido de nuestras comunicaciones, los argumentos del gobierno son si cabe
más endebles: como que algunos de los programas sólo se centran en las
comunicaciones sobre las cuales la agencia “tiene motivos para pensar” –con el
51 por ciento de certidumbre– que están relacionadas con una “persona no
estadounidense”. No es, desde luego, un consuelo para los que vivimos fuera de
Estados Unidos.
En definitiva, en lugar de intentar demostrar –por adelantado
y públicamente– que sus medidas de vigilancia son necesarias y proporcionadas,
el gobierno reduce el asunto a “confíen en nosotros”.
Y eso, a pesar de lo que ha comentado recientemente el
presidente Obama: “Quiero dejar bien claro al mundo, una vez más, que Estados
Unidos no tiene ningún interés en espiar al ciudadano corriente”.
Necesitamos mucho más que las tímidas medidas que ha
respaldado. El Departamento de Justicia debe revisar las simplistas conclusiones a las que han llegado
sus abogados.
El Tribunal de Vigilancia debe emitir versiones
desclasificadas de sus decisiones. Y el Congreso debe tomar medidas para
remediar las lagunas jurídicas que han permitido una intrusión posiblemente
masiva en nuestra vida privada.
Michael Bochenek. Director de Derecho Internacional y
Política de Amnistía Internacional
Michael Bochenek. Amnistía Internacional.org. 15/08/13
