Caracas,
Venezuela. Ya es oficial: Venezuela ha abandonado, hasta nuevo aviso, el
sistema interamericano de justicia. Este martes 10 de septiembre se hace
efectiva la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
anunciada hace un año por el entonces presidente Hugo Chávez. Esto implica que,
a partir de ahora, la Corte Interamericana de DDHH perderá su jurisdicción
sobre Caracas y con ello, las víctimas venezolanas perderán también la
posibilidad de encontrar en instancias internacionales la justicia que les ha sido
negada en los tribunales locales.
El
Estado venezolano se va, además, en deuda: queda aún pendiente el cumplimiento
total de las 16 sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana
de DDHH entre 1995 y 2012, que solo han sido acatadas parcialmente y que
contemplan, entre otras medidas de reparación, el pago de unos 9.700 millones
de dólares en indemnizaciones para más de 250 víctimas.
La
Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José,
fue aprobada en noviembre de 1969 por la Organización de Estados Americanos
(OEA) con el propósito de “consolidar dentro del cuadro de las instituciones
democráticas un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en
el respeto de los derechos esenciales del hombre” y ha sido suscrita desde
entonces por 25 de sus 35 países miembros.
En los
82 artículos de la Convención se establecen los deberes de los Estados para
garantizar los derechos de sus ciudadanos y las atribuciones de las dos
instancias supranacionales encargadas de vigilar su cumplimiento: la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responsable de estimular, recomendar
y promover el respeto de los derechos humanos por parte de los Estados; y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), encargada de juzgar a los
Estados cuando los llamados de atención de la CIDH no son suficientes.
Venezuela
fue el tercer Estado miembro de la OEA en ratificar la Convención, en junio de
1977, y también es el tercero que, luego de firmarla, la ha denunciado. Antes
lo hicieron: Trinidad y Tobago, en 1998, y Perú, en 1999, durante el Gobierno
de Alberto Fujimori.
El
desencuentro entre Venezuela y las decisiones adoptadas por el sistema
interamericano de derechos humanos comenzó hace tres años, cuando la CIDH
presentó un informe en el que denunciaba el deterioro de la democracia en
Venezuela. “Es una mafia lo que hay ahí. Instituciones como esta nefasta
Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo menos que hacen es defender los
derechos humanos. Es un cuerpo politizado, utilizado por el imperio para
agredir a Gobiernos como el venezolano”, bramó Hugo Chávez el 25 de febrero de
2010 y ordenó a su Cancillería preparar la retirada.
Caracas
formalizó la denuncia el 9 de septiembre de 2012 y habría bastado una nota
diplomática para revertirla, pero el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, opina
igual que su mentor: “La Comisión y la Corte lamentablemente degeneraron.
Se creen un poder supranacional, se creen un poder por encima de gobiernos
legítimos del continente”, ha dicho este lunes, en la víspera de la despedida.
Desde
1995, la Corte IDH ha emitido 16 sentencias contra el Estado venezolano. Por su
responsabilidad en el asesinato de 18 pescadores a manos de militares en 1988,
en el caso conocido como El Amparo. Por la represión de la revuelta popular de
1989 conocida como El Caracazo. Por la desaparición forzada y el asesinato de
decenas de reclusos en el retén de Catia en 1992. Por vulnerar la labor de los
medios con el cierre del canal Radio Caracas Televisión en 2007. Algunos de
estos episodios ocurrieron durante Gobiernos anteriores a la era del chavismo,
que comenzó en 1998; pero muchos de los soldados y policías hallados
responsables de muertes, torturas o desapariciones de entonces, son los generales
y comandantes del presente.
La
Corte IDH ha sido, en todos los casos, el único tribunal que ha juzgado y
condenado las violaciones más sonoras a los derechos humanos ocurridas en
Venezuela en los últimos 25 años. “En un caso histórico como El Caracazo, la
única sentencia que existe es de la Corte IDH. Ningún tribunal venezolano ha
emitido una sentencia sobre estos hechos, a pesar de la propaganda política que
rodea el caso en estos momentos”, explica Liliana Ortega, abogada fundadora de
la ONG venezolana Cofavic, que ha acompañado cerca de la mitad de las denuncias
que han sido presentadas ante la CIDH y la Corte. De acuerdo a cifras del
Ministerio Público venezolano, solo el 3% de las violaciones a los derechos
humanos que se cometen en Venezuela llegan a juicio; el 97% restante acaba en
sobreseimiento o archivo fiscal.
Para
Ortega, este paso que ha dado el Gobierno de Caracas representa una reducción
importantísima del derecho a la defensa de las víctimas y no se trata de un
hecho aislado. Este año también entró en vigor una nueva reforma al Código
Orgánico Procesal Penal de Venezuela que elimina la facultad, que hasta ahora
tenían las organizaciones no gubernamentales, de dar apoyo jurídico a las
víctimas y de querellarse en su nombre contra funcionarios policiales o
militares que hayan incurrido en presuntas violaciones a los derechos humanos.
“Ya no
podemos ir a revisar los expedientes, estamos limitados. La única manera de que
las ONG puedan representar a las víctimas es a través de poderes otorgados a
abogados, pero no a fundaciones ni a organizaciones de derechos humanos. Hay un
debilitamiento progresivo de las garantías de trabajo de los defensores de
derechos humanos en el país”, ha dicho Ortega a EL PAÍS. Las víctimas atendidas
por estas organizaciones y por las decisiones de la Corte IDH son, en su
mayoría, pescadores, obreros, reos, trabajadores de la economía informal,
venezolanos bajo la línea de pobreza que no tienen dinero para pagar servicios
jurídicos. En el 70% de los casos, además, han recibido amenazas.
Aún a
pesar de la denuncia de la Convención, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) mantendrá intactas sus funciones sobre Venezuela. Podrá emitir
informes, recibir casos, realizar audiencias y hacer recomendaciones; y solo
los hechos ocurridos hasta la vigencia de la Convención –hasta este 10 de
septiembre de 2013– podrán ser presentados ante la Corte. Pero en el caso de
que el Gobierno de Caracas decidiera concretar todas sus amenazas y abandonar
también la Comisión, ya no habría vuelta atrás, pues esto también significaría
su retiro de la OEA.
El
País.com. 10/09/13
