828. “Vive México crisis en Derechos Humanos”: ONU

Querétaro, Querétaro.  Javier Esteban Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, afirmó que México vive una crisis en materia de derechos humanos con una exacerbación de hechos de violencia.

Al dictar la conferencia 'La situación actual de los derechos humanos en México', Hernández Valencia sostuvo que esa crisis afecta la vida de prácticamente todos los habitantes del País.

"Esto no es teoría, es probable que, si no sentados aquí, sentados en otros auditorios con ustedes hayan podido compartir tiempo, espacio o dolor, de personas desaparecidas, de personas no localizadas, de personas asesinadas, en cuyos casos la procuración de justicia no ha identificado ni siquiera presuntos responsables o no ha abierto expedientes de investigación", indicó.

El representante de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos sostuvo que en México no sólo las desapariciones son una exigencia desatendida, sino la búsqueda de trabajo, la demanda de accesibilidad, representan derechos violados y vulnerados de manera brutal, continua y estructural.

Si bien señaló que éste es un rostro de una situación que en materia de derechos humanos atraviesa a toda Latinoamérica, en el caso de México tiene la característica de crisis porque se ha mantenido por años.

"El País se ve de cara con una exacerbación de hechos de violencia. Ese es el ciclo en el que vivimos: un momento de crisis", advirtió.

Fernando Paniagua. El Norte.com. 27/09/13

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“México ha cumplido en Derechos Humanos”: Secretario de Gobernación
México, Distrito Federal.  El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó los avances del Estado en materia de derechos humanos, como el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, la reforma al artículo primero constitucional y la Ley de Amparo.

Durante la apertura del 48 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el funcionario aseguró que el País lleva a cabo una transformación estructural para actualizar y modernizar el marco normativo y hacer efectivo el ejercicio pleno de los derechos.

Sin embargo, Osorio Chong reconoció que el Estado enfrenta el reto de consolidar su democracia con resultados y por supuesto con Gobiernos eficaces a partir de brindar respuestas reales a las demandas de la gente e impulsar una sociedad con oportunidades para todos.

"México está cumpliendo cabalmente con las obligaciones derivadas de la justicia interamericana, pero el significado más profundo de lo que buscamos es la plena protección y respeto de los derechos humanos", dijo en la sede de la Corte.

El Secretario destacó como avances en la materia el reconocimiento constitucional de los derechos humanos previstos en tratados internacionales celebrados por el Estado, así como de los principios propersona de universalidad, progresividad e interdependencia.

También la Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas, el nuevo Programa de Derechos Humanos 2013-2018 y la creación del fideicomiso para dar cumplimiento a las sentencias de la CIDH sobre reparación del daño.

"En nuestro País la construcción de una sociedad de derechos es un compromiso indeclinable del Presidente (...)., por ello los Poderes de la Unión en conjunto seguiremos trabajando para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos", sostuvo.

"Estamos convencidos que esta es la vía para construir un México más justo, incluyente y en paz", agregó.

En medio de diferencias entre el Poder Judicial y el Gobierno federal por resoluciones polémicas en los casos Caro Quintero y Elba Esther Gordillo, el Secretario dijo que aunque todos tienen la tarea de promover y respetar los derechos humanos, son los jueces la piedra angular.

 "Los jueces son la piedra angular, esto es así porque a través de su tarea jurisdiccional son los encargados de instrumentar los mecanismos legales que lleven a la realidad lo que está previsto en la Constitución y en los tratados internacionales", expresó.

Ante el Presidente de la Corte, Juan Silva Meza, Osorio sostuvo que la nueva realidad presenta desafíos como cambiar la forma de procurar e impartir justicia, y construir una nueva cultura jurídica que requiere de la profesionalización y modificación de prácticas.

Antonio Baranda. El Norte.com 07/10/13

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784. Venezuela abandona el sistema de Derechos Humanos interamericano

Caracas, Venezuela. Ya es oficial: Venezuela ha abandonado, hasta nuevo aviso, el sistema interamericano de justicia. Este martes 10 de septiembre se hace efectiva la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos anunciada hace un año por el entonces presidente Hugo Chávez. Esto implica que, a partir de ahora, la Corte Interamericana de DDHH perderá su jurisdicción sobre Caracas y con ello, las víctimas venezolanas perderán también la posibilidad de encontrar en instancias internacionales la justicia que les ha sido negada en los tribunales locales.

El Estado venezolano se va, además, en deuda: queda aún pendiente el cumplimiento total de las 16 sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de DDHH entre 1995 y 2012, que solo han sido acatadas parcialmente y que contemplan, entre otras medidas de reparación, el pago de unos 9.700 millones de dólares en indemnizaciones para más de 250 víctimas.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José, fue aprobada en noviembre de 1969 por la Organización de Estados Americanos (OEA) con el propósito de “consolidar dentro del cuadro de las instituciones democráticas un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre” y ha sido suscrita desde entonces por 25 de sus 35 países miembros.

En los 82 artículos de la Convención se establecen los deberes de los Estados para garantizar los derechos de sus ciudadanos y las atribuciones de las dos instancias supranacionales encargadas de vigilar su cumplimiento: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responsable de estimular, recomendar y promover el respeto de los derechos humanos por parte de los Estados; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), encargada de juzgar a los Estados cuando los llamados de atención de la CIDH no son suficientes.

Venezuela fue el tercer Estado miembro de la OEA en ratificar la Convención, en junio de 1977, y también es el tercero que, luego de firmarla, la ha denunciado. Antes lo hicieron: Trinidad y Tobago, en 1998, y Perú, en 1999, durante el Gobierno de Alberto Fujimori.

El desencuentro entre Venezuela y las decisiones adoptadas por el sistema interamericano de derechos humanos comenzó hace tres años, cuando la CIDH presentó un informe en el que denunciaba el deterioro de la democracia en Venezuela. “Es una mafia lo que hay ahí. Instituciones como esta nefasta Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo menos que hacen es defender los derechos humanos. Es un cuerpo politizado, utilizado por el imperio para agredir a Gobiernos como el venezolano”, bramó Hugo Chávez el 25 de febrero de 2010 y ordenó a su Cancillería preparar la retirada.

Caracas formalizó la denuncia el 9 de septiembre de 2012 y habría bastado una nota diplomática para revertirla, pero el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, opina igual que su mentor: “La Comisión y la Corte lamentablemente degeneraron. Se creen un poder supranacional, se creen un poder por encima de gobiernos legítimos del continente”, ha dicho este lunes, en la víspera de la despedida.

Desde 1995, la Corte IDH ha emitido 16 sentencias contra el Estado venezolano. Por su responsabilidad en el asesinato de 18 pescadores a manos de militares en 1988, en el caso conocido como El Amparo. Por la represión de la revuelta popular de 1989 conocida como El Caracazo. Por la desaparición forzada y el asesinato de decenas de reclusos en el retén de Catia en 1992. Por vulnerar la labor de los medios con el cierre del canal Radio Caracas Televisión en 2007. Algunos de estos episodios ocurrieron durante Gobiernos anteriores a la era del chavismo, que comenzó en 1998; pero muchos de los soldados y policías hallados responsables de muertes, torturas o desapariciones de entonces, son los generales y comandantes del presente.

La Corte IDH ha sido, en todos los casos, el único tribunal que ha juzgado y condenado las violaciones más sonoras a los derechos humanos ocurridas en Venezuela en los últimos 25 años. “En un caso histórico como El Caracazo, la única sentencia que existe es de la Corte IDH. Ningún tribunal venezolano ha emitido una sentencia sobre estos hechos, a pesar de la propaganda política que rodea el caso en estos momentos”, explica Liliana Ortega, abogada fundadora de la ONG venezolana Cofavic, que ha acompañado cerca de la mitad de las denuncias que han sido presentadas ante la CIDH y la Corte. De acuerdo a cifras del Ministerio Público venezolano, solo el 3% de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela llegan a juicio; el 97% restante acaba en sobreseimiento o archivo fiscal.

Para Ortega, este paso que ha dado el Gobierno de Caracas representa una reducción importantísima del derecho a la defensa de las víctimas y no se trata de un hecho aislado. Este año también entró en vigor una nueva reforma al Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela que elimina la facultad, que hasta ahora tenían las organizaciones no gubernamentales, de dar apoyo jurídico a las víctimas y de querellarse en su nombre contra funcionarios policiales o militares que hayan incurrido en presuntas violaciones a los derechos humanos.

“Ya no podemos ir a revisar los expedientes, estamos limitados. La única manera de que las ONG puedan representar a las víctimas es a través de poderes otorgados a abogados, pero no a fundaciones ni a organizaciones de derechos humanos. Hay un debilitamiento progresivo de las garantías de trabajo de los defensores de derechos humanos en el país”, ha dicho Ortega a EL PAÍS. Las víctimas atendidas por estas organizaciones y por las decisiones de la Corte IDH son, en su mayoría, pescadores, obreros, reos, trabajadores de la economía informal, venezolanos bajo la línea de pobreza que no tienen dinero para pagar servicios jurídicos. En el 70% de los casos, además, han recibido amenazas.

Aún a pesar de la denuncia de la Convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantendrá intactas sus funciones sobre Venezuela. Podrá emitir informes, recibir casos, realizar audiencias y hacer recomendaciones; y solo los hechos ocurridos hasta la vigencia de la Convención –hasta este 10 de septiembre de 2013– podrán ser presentados ante la Corte. Pero en el caso de que el Gobierno de Caracas decidiera concretar todas sus amenazas y abandonar también la Comisión, ya no habría vuelta atrás, pues esto también significaría su retiro de la OEA.

El País.com. 10/09/13

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/10/actualidad/1378780644_769381.html