Su creación debe
estar acompañada por medidas de justicia y búsqueda de víctimas
Washington,
D.C., Estados Unidos. El gobierno mexicano debería asegurar que el proceso de
creación de una base de datos nacional sobre desaparecidos sea exhaustivo,
eficiente y transparente, señaló Human Rights Watch. La elaboración de la
base de datos debería estar acompañada por investigaciones rigurosas para
determinar el destino de las miles de personas cuyo paradero aún se desconoce.
En
febrero de 2013, el gobierno anunció que estaba revisando una base de datos de
más de 26.000 personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas que había
sido compilada por la Procuraduría General de la República (PGR). El gobierno
ha señalado que muchos de los nombres en la base de datos probablemente serían
eliminados. La lista original presenta problemas significativos, como
incongruencias y datos incompletos, y no incluye los nombres de numerosas
personas cuya desaparición ha sido denunciada.
“El
gobierno de Peña Nieto dio un paso importante al reconocer la magnitud de la
crisis de los desaparecidos cuando difundió una lista provisoria de personas
desaparecidas y extraviadas”, observó José Miguel Vivanco, director para las
Américas de Human Rights Watch. “Ahora el gobierno deberá cumplir su promesa de
elaborar un registro confiable y completo, que deberá ser complementado con
investigaciones serias para buscar a las personas desaparecidas y llevar a los
responsables de estos delitos ante la justicia”, agregó Vivanco.
El 20
de febrero, Human Rights Watch difundió un informe, “Los Desaparecidos de
México: El persistente costo de una crisis ignorada”, que documentó que
miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas habían participado en desapariciones
forzadas cometidas de manera generalizada en el marco de la “guerra contra el
narcotráfico” desplegada por el ex presidente Felipe Calderón entre diciembre
de 2006 y diciembre de 2012.
Según
comprobó Human Rights Watch, la investigación de estos casos estuvo marcada por
una grave falta de diligencia o directamente por la ausencia absoluta de
medidas en este sentido. En muchos casos, los funcionarios desperdiciaron
tiempo crucial al indicarles a los familiares que debían esperar varios días para
poder radicar la denuncia sobre desaparición, les sugerían que ellos mismos
intentaran recabar evidencias y señalaron sin ningún fundamento que las
víctimas estaban vinculadas con la delincuencia organizada. En los casos en que
las autoridades iniciaron investigaciones, con frecuencia no adoptaron medidas
básicas como entrevistar a testigos.
Human
Rights Watch analizó 249 desapariciones ocurridas durante el gobierno de
Calderón, e identificó evidencias convincentes de desaparición forzada en 149
de esos casos. La desaparición forzada implica la privación de la libertad de
una persona, con participación de agentes del Estado, seguida de la negativa a
informar cuál fue su suerte o revelar su paradero. En todo caso, el gobierno
tiene la responsabilidad de investigar incluso aquellos casos en que no existe
evidencia inicial de que hayan estado implicados agentes del Estado.
Human
Rights Watch comprobó que uno de los factores que obstaculizaban la búsqueda de
desaparecidos y la identificación de los responsables era la falta de
coordinación entre las distintas autoridades federales y de los estados. México
no cuenta con un sistema nacional que permita a los estados intercambiar o
buscar información sobre personas desaparecidas, o alertar a la policía y hacer
búsquedas en hospitales, cárceles y otras instituciones cuando desaparece una
persona. La falta de un registro de esta naturaleza también ha dificultado la
posibilidad de determinar la magnitud a nivel nacional de las desapariciones.
Human
Rights Watch instó a las autoridades mexicanas a adoptar diversas medidas para
abordar este problema, como la creación de una base de datos nacional completa
y precisa sobre desaparecidos, que contenga información sobre las
características físicas de las personas y datos genéticos aportados por
familiares, además de una base de datos de restos humanos no identificados.
Esto permitiría a funcionarios de todo el país consultar sobre casos de
desaparecidos, facilitando de esa manera las búsquedas y las investigaciones.
Además, permitiría apreciar la magnitud del problema y ayudaría a las
autoridades a identificar patrones y definir medidas de prevención.
El 20
de febrero, cuando Human Rights Watch presentó su informe, el gobierno
reconoció por primera vez la existencia de un listado de miles de personas que
habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas durante el gobierno
anterior. El Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong confirmó el 21 de
febrero que el gobierno había encontrado una base de datos confeccionada por la
administración Calderón que contenía más de 27.000 nombres de personas
desaparecidas y extraviadas, y señaló que estaban trabajando para crear un
registro nacional unificado.
Ese
mismo día, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, Lía Limón, indicó que la semana siguiente se difundiría una lista
de 27.523 casos, después de que los datos fueran traspasados a dicha
Secretaría. “Es este el primer paso que nos va ayudar a empezar a trabajar en
la conformación de una base de datos sólida”, comentó Limón.
El 26
de febrero, Limón anunció en una conferencia de prensa que la base de datos
contenía información sobre los casos de 26.121 personas, y publicó una versión
en Internet. Manifestó que la base de datos compilada por la PGR a partir de
informes proporcionados por las procuradurías de los estados constituía un
“punto de partida” para la construcción de un registro nacional “definitivo”.
Limón indicó que el gobierno federal trabajaría con las procuradurías de los
estados para “depurar” la base de datos.
Señaló
que el gobierno identificaría a las personas en la lista que habían sido
sustraídas y diferenciaría estos casos de aquellos en que las personas habían
optado por abandonar su hogar o habían sido víctimas de alguna catástrofe
natural, así como los casos en que se había encontrado a la persona. Limón dijo
que trabajaría con otras organizaciones que seguían de cerca este tema para
crear un “instrumento útil que dé certidumbre”. En mayo, el gobierno anunció la
creación de una unidad de la PGR dedicada a la búsqueda de personas
desaparecidas.
El
gobierno de Peña Nieto ha indicado reiteradamente que muchos nombres serían
eliminados de la lista original. El 24 de mayo, el Osorio Chong declaró que,
una vez completado el proceso de “depuración”, la extensión de la lista iba “a
bajar muchísimo”, y mencionó al respecto el ejemplo de un estado en el norte
del país, donde según dijo había 900 personas registradas en la base de datos,
pero 700 fueron posteriormente eliminadas tras “localizar” a estas personas
durante una revisión de los casos. No resulta claro, sobre la base de los
comentarios expresados por Osorio Chong, cómo se llevó a cabo esta revisión, en
función de qué evidencias el gobierno determinó que las personas habían sido
localizadas o a qué estado se estaba refiriendo. El 30 de octubre, el
Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que, en la mayor
parte de los casos de personas reportadas como desaparecidas, se les
encuentran, yque los que no se encuentran son “muchos menos, pero muchos menos,
que las cifras que se manejan.”
“Al
revisar la base de datos, el gobierno de Peña Nieto debe evitar repetir los
errores que se cometieron al elaborar una lista que está plagada de omisiones y
datos contradictorios”, comentó Vivanco. “Únicamente si se adoptan directrices
sistemáticas y transparentes para revisar los casos y se asegura la
incorporación de información clave, el gobierno podrá generar confianza y
elaborar el registro creíble de desapariciones que ha prometido y que México
necesita”.
El
análisis de Human Rights Watch de la base de datos difundida por el gobierno el
pasado mes de febrero y las versiones anteriores que pudo obtener ha
identificado aspectos que permiten dudar seriamente de su exactitud y
exhaustividad. Al no distinguir a quienes han sido llevados contra su voluntad
de otros tipos de casos de personas extraviadas, la lista no puede ofrecer un
panorama certero de la magnitud del problema de las desapariciones, y limita la
utilidad de la base de datos para contribuir a las búsquedas e investigaciones.
Esta imprecisión se atribuye en parte a la definición excesivamente amplia e
imprecisa de “desaparecido” establecida en la Ley del Registro Nacional de
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, promulgada en abril de 2012 por
Calderón, y que exigía crear el registro nacional.
El
examen del registro realizado por Human Rights Watch revela que las autoridades
estatales –que compilaron los casos– adoptaron criterios diferentes al recabar
y enviar la información, y que muchas categorías están incompletas (por
ejemplo, hay pocos datos genéticos) o no están debidamente organizadas. En
muchos de los casos faltan datos básicos como nacionalidad y edad de la
víctima, así como información sobre si se ha iniciado una investigación.
Entre
otros problemas identificados en la base de datos original, cabe señalar que
allí no están presentes algunos de los casos analizados por Human Rights Watch
y otras organizaciones no gubernamentales, que fueron además denunciados a las
autoridades, y esto despierta preocupación sobre el método aplicado para
obtener la información con que se preparó la lista. El 19 de marzo, Murillo
Karam reconoció a través de comentarios públicos que en el registro faltaban
“muchos” casos.
El
gobierno no ha revelado públicamente la metodología aplicada para “depurar” la
lista, ni tampoco las medidas que ha adoptado para asegurar que se añadan datos
o casos que faltan. Osorio Chong expresó el compromiso de llevar a cabo el
proceso con “transparencia”, pero no ha especificado qué criterios emplean las
procuradurías de los estados para distinguir aquellos casos en que las
evidencias sugieren que las víctimas fueron objeto de desaparición forzada u
otro tipo de desaparición, de situaciones en que se presume que la persona se
encuentra extraviada por otros motivos.
No
resulta claro qué estándar de prueba exigirán las autoridades locales para
remover a una persona del registro original, si estas conclusiones serán
constatadas de manera independiente por autoridades federales, ni qué papel
desempeñará la unidad especializada de búsqueda de la PGR en ese proceso.
Tampoco se sabe si las autoridades prevén adoptar algún tipo de medidas, y en
ese caso cuáles, para informar a los familiares las conclusiones alcanzadas con
respecto a las personas desaparecidas, o si estos tendrán la posibilidad de
impugnar la determinación de que una persona ha sido localizada, comentó Human
Rights Watch.
La base
de datos revisada debería emplearse como parte de una estrategia integral para
abordar la crisis de los desaparecidos, junto con acciones de búsqueda de estas
personas e investigaciones exhaustivas para que los responsables de estos
delitos rindan cuentas ante la justicia, observó Human Rights Watch.
“Si
bien es importante crear un registro nacional confiable, el gobierno no puede
olvidar que esta medida es un primer paso para cumplir la obligación central de
investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones, buscar a estas
personas y asegurar que los familiares de los desaparecidos reciban el apoyo
económico y psicológico que históricamente se les ha negado”, dijo Vivanco.
Hrw.org.
12/11/13
http://www.hrw.org/es/news/2013/11/12/mexico-debe-crear-una-base-de-datos-confiable-sobre-desaparecidos
Con
nombre y apellido
La
organización HRW asegura que el gobierno debe cumplir su promesa de elaborar un
registro completo de los desaparecidos. La lista debe estar acompañada por
investigaciones rigurosas para determinar el destino de las miles de personas
cuyo paradero aún se desconoce.
HRW
destacó que hasta la fecha, el gobierno no ha revelado públicamente la
metodología aplicada para depurar la lista y tampoco ha explicado cuáles son
las medidas que ha adoptado para asegurar que se añadan datos o casos que
faltan
La
organización documentó que miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas
habían participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada
entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012
48.1% de las
desapariciones en México entre 2006 y 2012 ocurrieron en el DF, Estado de
México y Tamaulipas
41.5% de los
hombres que desaparecieron en ese mismo periodo, estaban en Tamaulipas,
Coahuila o Sinaloa.
Monterrey, Nuevo León. En
febrero de 2013, cuando recién inició en sexenio de Enrique Peña Nieto, el
gobierno anunció que estaba revisando la base de datos de más de 26 mil
personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas, la cual había sido
compilada por la Procuraduría General de la República (PGR).
De
acuerdo a Human Rights Watch (HRW), esa lista presentaba problemas
significativos, como incongruencias y datos incompletos, y no incluía todos los
nombres de las personas denunciadas como desaparecidas.
Ahora,
el gobierno mexicano debería asegurar que el proceso de creación de una nueva
base de datos nacional sobre desaparecidos sea exhaustivo, eficiente y
transparente, señaló HRW.
“Su
elaboración debería estar acompañada por investigaciones rigurosas para
determinar el destino de las miles de personas cuyo paradero aún se desconoce”,
indicó la organización en un comunicado.
José Miguel
Vivanco, director para las Américas de HRW, reconoció que el gobierno de Peña
Nieto dio un paso importante al reconocer la magnitud de la crisis de los
desaparecidos cuando difundió una lista provisoria de personas desaparecidas y
extraviadas.
“Ahora
el gobierno deberá cumplir su promesa de elaborar un registro confiable y
completo, que deberá ser complementado con investigaciones serias para buscar a
las personas desaparecidas y llevar a los responsables de estos delitos ante la
justicia”, agregó Vivanco.
En el
informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis
ignorada”, presentado por HRW el 20 de febrero de este año, la organización
analizó 249 desapariciones ocurridas durante el gobierno de Felipe Calderón
durante la llamada guerra contra el narcotráfico, e identificó evidencias
convincentes de desaparición forzada en 149 de esos casos.
Documentó
además que miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas habían participado en
desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada entre diciembre de
2006 y diciembre de 2012.
Según
comprobó Human Rights Watch, la investigación de estos casos estuvo marcada por
una grave falta de diligencia o directamente por la ausencia absoluta de
medidas en este sentido.
De
hecho, denunció que México no cuenta con un sistema nacional que permita a los
estados intercambiar o buscar información sobre personas desaparecidas, o
alertar a la policía y hacer búsquedas en hospitales, cárceles y otras
instituciones cuando desaparece una persona.
“La falta
de un registro de esta naturaleza también ha dificultado la posibilidad de
determinar la magnitud a nivel nacional de las desapariciones”.
El
informe reveló que en muchos casos, los funcionarios desperdiciaron tiempo
crucial al indicarles a los familiares que debían esperar varios días para
poder radicar la denuncia sobre desaparición, les sugerían que ellos mismos
intentaran recabar evidencias y señalaron -sin ningún fundamento- que las
víctimas estaban vinculadas con la delincuencia organizada.
En los
casos en que las autoridades iniciaron investigaciones, con frecuencia no
adoptaron medidas básicas como entrevistar a testigos.
En esa
ocasión HRW instó a las autoridades mexicanas a adoptar diversas medidas para
abordar este problema, como la creación de una base de datos nacional completa
y precisa sobre desaparecidos, que contenga información sobre las
características físicas de las personas y datos genéticos aportados por
familiares, además de una base de datos de restos humanos no identificados.
Vivanco
indicó que al revisar la base de datos, el gobierno de Peña Nieto debe evitar
repetir los errores que se cometieron al elaborar una lista que está plagada de
omisiones y datos contradictorios.
“Únicamente
si se adoptan directrices sistemáticas y transparentes para revisar los casos y
se asegura la incorporación de información clave, el gobierno podrá generar
confianza y elaborar el registro creíble de desapariciones que ha prometido y
que México necesita”, aseguró.
Esto
permitiría a funcionarios de todo el país consultar sobre casos de
desaparecidos, facilitando de esa manera las búsquedas y las investigaciones.
Además, posibilitaría apreciar la magnitud del problema y ayudaría a las
autoridades a identificar patrones y definir medidas de prevención.
El
proceso de depuración
En
febrero del 2013, el gobierno reconoció por primera vez la existencia de un
listado de miles de personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o
extraviadas durante la administración anterior.
La
subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón, indicó que se
difundiría una lista de 27 mil 523 casos de desaparecidos, después de que los
datos fueran traspasados a dicha Secretaría.
El 26
de febrero, Limón anunció en una conferencia de prensa que la base de datos
contenía información sobre los casos de 26 mil 121 personas, y publicó una
versión en Internet.
La
funcionaria señaló que trabajarían con las procuradurías de los estados para
diferencia a los desaparecidos de las personas que habían optado por abandonar su hogar o habían sido
víctimas de alguna catástrofe natural.Aseguró que depurarían la base de datos.
Sin
embargo, HRW destacó que hasta la fecha, el gobierno no ha revelado la
metodología aplicada para depurar la lista y tampoco ha explicado cuáles son
las medidas que ha adoptado para asegurar que se añadan datos o casos que
faltan.
Tampoco
queda claro qué estándar de prueba exigirán las autoridades locales para
remover a una persona del registro original, si estas conclusiones serán
constatadas de manera independiente por autoridades federales, ni qué papel
desempeñará la unidad especializada de búsqueda de la PGR en ese proceso,
señala la organización .
No se
sabe si las autoridades prevén adoptar algún tipo de medidas, y en ese caso
cuáles, para informar a los familiares las conclusiones alcanzadas con respecto
a las personas desaparecidas, o si estos tendrán la posibilidad de impugnar la
determinación de que una persona ha sido localizada, destacó el informe.
“Si
bien es importante crear un registro nacional confiable, el gobierno no puede
olvidar que esta medida es un primer paso para cumplir la obligación central de
investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones, buscar a estas
personas y asegurar que los familiares de los desaparecidos reciban el apoyo
económico y psicológico que históricamente se les ha negado”, dijo Vivanco.
Carolina
Hernández. Reporte Indigo.com. 13/11/13
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/con-nombre-y-apellido
