José
Miguel Vivanco
Director para las Américas
Excmo.
Señor Presidente Peña Nieto:
A pocos
días que concluya el primer año de su sexenio, tengo el honor de dirigirme a
S.E. para manifestar nuestra profunda preocupación debido a que no se han
registrado resultados frente a las graves violaciones de derechos humanos
ocurridas en México en los últimos años.
Cuando
S.E. asumió la presidencia, México estaba sumido en una crisis de derechos
humanos, y existía una impunidad casi absoluta por abusos generalizados –
incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas –
cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de
operaciones contra la delincuencia organizada.
S.E. ha
señalado reiteradamente que los derechos humanos son un tema prioritario para
su gobierno. En el discurso que pronunció al asumir la presidencia, se
comprometió a “hacer realidad los derechos humanos que reconoce [la]
Constitución [de México]”. El “Pacto por México” expresó el compromiso de
convertir el respeto de los derechos humanos en una “política de Estado”, y, el
primer día de su mandato, emitió una directiva dirigida a las fuerzas armadas
que “prohíbe el uso de la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en
toda diligencia o actuación”, según su administración.
Cuando
asumió en diciembre de 2012, le dirigí una comunicación pública en nombre de
Human Rights Watch, instándole a que acompañara estas declaraciones con un plan
de acción concreto y detallado para dar respuesta a los problemas de derechos
humanos que heredó su gobierno. Aclaramos que entendíamos que se trataba de
problemas complejos y de difícil solución que no se atribuían a su gobierno, y
que llevaría cierto tiempo resolverlos. También advertimos que la amenaza para
la seguridad pública que representa la delincuencia organizada es genuina y no
ficticia y que al gobierno le incumbe la responsabilidad de proteger a los
ciudadanos frente a estos grupos.
En el
último año, su gobierno ha adoptado algunas medidas positivas en materia de
derechos humanos. Promulgó una Ley General de Víctimas para ofrecer justicia y
resarcimiento a víctimas de delitos, pero aún no se ha adoptado la
correspondiente ley reglamentaria. Su gobierno reconoció la magnitud del
problema de las desapariciones, y conformó una unidad de investigación dedicada
exclusivamente a estos delitos. Su gobierno afirmó estar trabajando en la
definición de un Programa Nacional de Derechos Humanos, si bien aún no
trascendieron los pormenores de este proyecto.
No
obstante, a casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos
humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico. Su gobierno
no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado,
y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad.
Nuevos
abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad
Human
Rights Watch ha identificado casos que demuestran que militares y policías
continúan cometiendo graves abusos de manera impune durante su presidencia.
Estos hechos incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y
torturas en estados en todo el país, perpetradas por miembros de todas las
fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal.
Entre
estos casos se incluye el de Armando Humberto del Bosque Villarreal, detenido
el 3 de agosto por miembros de la Marina cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su
padre presenció la detención e informó haber hablado con un capitán de Marina,
quien le aseguró que Armando sería liberado en breve, pero posteriormente el capitán
negó que la detención hubiera ocurrido. El cuerpo de Armando fue hallado el 3
de octubre a pocos kilómetros de un cuartel de la Marina.
Otro
ejemplo es el asesinato de tres dirigentes campesinos en Guerrero, que fueron
encontrados muertos el 3 de junio, tras ser llevados contra su voluntad junto
con otras cinco personas el 30 de mayo. El día previo a la fecha en que fueron
llevados, miembros del movimiento social a la cual pertenecían habían
presentado una denuncia formal ante las autoridades expresando su temor de que
el alcalde y el jefe de policía municipal pudieran ordenar su asesinato. Un
testigo que sobrevivió a los hechos indicó en una declaración que el alcalde y
el jefe de policía visitaron el lugar donde él y las demás personas en cautiverio
se encontraban detenidas, y el alcalde ordenó que fueran torturados.
A pesar
de evidencias que señalan la participación de agentes estatales, ningún
funcionario ha sido consignado en estos casos.
Su
administración aún no ha dado los pasos necesarios para hacer cumplir la
prohibición del uso de pruebas obtenidas bajo tortura, entre ellos mejorar la
implementación del nuevo sistema de justicia penal, y la práctica de tortura
persiste en algunas partes del país a pesar de esa reforma amplia para proteger
los derechos básicos.
Se
mantiene una estrategia de seguridad que no ha dado resultados
Al
inicio de su gobierno, S.E. reconoció que la estrategia para hacer frente a la
delincuencia organizada “debe cambiar”. Diversos miembros de su gobierno han
coincidido en sus críticas a la llamada “guerra contra el narcotráfico”
impulsada por el ex Presidente Felipe Calderón – que no consiguió reducir la
violencia y provocó un aumento dramático en violaciones de derechos humanos. No
obstante, si bien ha señalado reiteradamente que la prioridad de su estrategia
de seguridad es reducir la violencia, hasta ahora no ha definido un plan
concreto sobre cómo lograr este objetivo.
Por el
contrario, cuando la situación de la violencia ha requerido una intervención
federal, su estrategia pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la
de su predecesor. Por ejemplo, ha dispuesto el envío de miles de soldados a
Michoacán. Estos soldados se unen a miles de otros asignados a operativos
contra el narcotráfico en todo el país, quienes no han recibido una misión
clara (salvo una directiva imprecisa de restablecer la seguridad), no tienen
plazos claros con respecto a cuándo deberán retirarse, y cuentan con una
supervisión civil insuficiente.
Como
quedó demostrado en el mandato de su antecesor, las fuerzas armadas por sí
solas no pueden restablecer el estado de derecho ni brindar seguridad ciudadana
en forma duradera, especialmente si hay soldados que cometen habitualmente violaciones
de derechos humanos, lo cual exacerba el clima de caos y debilita la confianza
pública en la autoridad.
La
presunción de culpabilidad
Durante
su gobierno también ha continuado una práctica del gobierno de Calderón que
consiste en referirse despectivamente a víctimas de violencia acusándolas de
delincuentes, sin ninguna evidencia que lo demuestre. En efecto, su gobierno ha
emitido varios comunicados de prensa en los cuales se informa la cantidad de
asesinatos “relacionados a delitos federales” y se señala que la gran mayoría
de estas víctimas son “presuntamente responsables de hechos ilícitos”. En
julio, por ejemplo, su gobierno informó que de 869 víctimas de homicidios
relacionados a delitos federales en junio, 830 presuntamente eran responsables
de delitos. Ante la ausencia de investigaciones rigurosas y objetivas, esta
calificación contraviene la presunción de inocencia. Además, podría transmitir
el mensaje de que estos homicidios no merecen ser investigados, cuando en
realidad el estado tiene la obligación de prevenir y sancionar la violencia
contra sus ciudadanos, independientemente de si pueden estar involucrados en
hechos criminales.
En su
exposición al Senado el mes de noviembre pasado, el Secretario de Gobernación
Miguel Osorio Chong indicó que el exhibición de presuntos delincuentes frente a
los medios, promovido por el gobierno de Calderón, “nos llev[ó] a que muchos de
estos criminales tuvieran que salir, porque se les afectaban sus derechos
humanos”, y añadió “y yo creo que no sea porque no sean criminales, algunos o
muchos”. Este tipo de comentarios generan dudas acerca del compromiso con los
derechos humanos manifestado por el gobierno, sugieren que se interponen a la
búsqueda de justicia al proteger a delincuentes, y dan por supuesta la
culpabilidad de personas que nunca fueron condenadas por delitos. El Secretario
de Gobernación amplió su exposición e hizo alusión a “un caso muy sonado, hace
poquito” que encajaba en este patrón, y podría interpretarse que con este
comentario se refirió a la liberación ordenada por la Suprema Corte de Israel
Arzate Meléndez, ocurrida dos días antes, que recibió amplia cobertura en los
medios de comunicación. Arzate fue torturado por militares para que confesara
haber participado en un homicidio múltiple, y permaneció en prisión más de tres
años. Human Rights Watch comprobó que la única evidencia contra Arzate surgía
de la confesión nula que había realizado, y de su posterior presentación como
autor del hecho.
No se
ofrece respuesta a la crisis de desapariciones
El
informe publicado por Human Rights Watch en febrero de 2013, titulado “Los
desaparecidos de México”, documentó la participación de miembros de las fuerzas
de seguridad en numerosos casos de desapariciones, y ofreció ejemplos de que
las autoridades rutinariamente no investigaban los casos ni buscaban a las
personas desaparecidas. Instamos en ese momento a su gobierno a que abordara
esta crisis, mejorara la respuesta a nuevos casos y adoptara medidas para
garantizar que las desapariciones del pasado se investigaran en forma adecuada.
Explicamos claramente que una desaparición forzada constituye un delito
permanente conforme a los tratados internacionales de derechos humanos en tanto
persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de la
víctima mientras se desconoce o se oculta el paradero de la persona ausente.
Esto evidencia la particular urgencia de impulsar una investigación oportuna y
exhaustiva de estos delitos.
Tras la
difusión del informe, su gobierno reconoció la existencia de una lista –
elaborada por el gobierno anterior – de más de 26.000 personas que habían sido
denunciadas como desaparecidas o extraviadas, y manifestó que se proponía
“depurar” muchos casos que ya habían sido resueltos. Su gobierno creó, en el ámbito
de la Procuraduría General de la República (PGR), una unidad dedicada a estos
casos y propuso reformar el Código Penal Federal para adecuar la definición de
desaparición forzada a los tratados internacionales de derechos humanos.
No
obstante, su gobierno no ha publicado una metodología para revisar la lista de
personas desaparecidas, ni ha creado un registro nacional de restos humanos no
identificados. En muchas regiones del país, las autoridades continúan demorando
las investigaciones y búsquedas de personas desaparecidas, omiten pasos de
investigación básicos y señalan sin ningún fundamento que las víctimas estaban
vinculadas con la delincuencia organizada. Sobre el particular, el
Subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, advirtió en
declaraciones públicas que la respuesta del gobierno a esta “crisis
humanitaria” no mostraba compromiso, y que para el actual gobierno la búsqueda
de personas desaparecidas había “perdido prioridad, desgraciadamente”.
Human
Rights Watch se ha reunido en cuatro ocasiones con representantes de la unidad
de la Procuraduría General de la República que se creó recientemente para
investigar desapariciones, y comprobó que los casos avanzan con una lentitud
alarmante y que existen graves omisiones en las medidas que adopta. En ninguno
de los casos citados en nuestro informe de febrero que están a cargo de esta
unidad se han consignado a agentes estatales en relación con desapariciones
forzadas. A su vez, la unidad no cuenta con recursos suficientes para tramitar
todos los casos de desapariciones a nivel federal, y no existen criterios
claros con respecto a qué casos toma a su cargo.
No se
investigan adecuadamente casos de abusos del pasado
Su
gobierno no ha demostrado avances significativos en la investigación de casos
pasados de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Un
ejemplo es la desaparición forzada de Jehú Abraham Sepúlveda Garza, que fue
detenido por policías de tránsito en Nuevo León en noviembre de 2010, y
entregado primero a policías ministeriales y luego a la Marina. Ningún
funcionario ha sido sentenciado en el caso, a pesar de que Human Rights Watch y
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encontraron evidencias
convincentes de que Sepúlveda había desaparecido a manos de agentes del Estado.
Tampoco
hubo funcionarios consignados en uno de los casos mencionados en la carta que
enviamos a pocos días de que asumiera la presidencia, sobre cuatro hombres en
Baja California que fueron detenidos arbitrariamente en junio de 2009 y
torturados en una base del Ejército hasta que accedieron a firmar confesiones.
Los hombres aún continúan detenidos a la espera de una sentencia sobre los
cargos penales contra ellos, se les ha negado atención médica y psicológica
adecuada, y presentan graves lesiones a causa de las torturas sufridas. El caso
ha sido aceptado por el Comité contra la Tortura de la ONU.
De
manera similar, los agentes de la PGR no han demostrado avances en la
investigación de los conocidos casos de ejecución extrajudicial de dos
estudiantes del Tecnológico de Monterrey en marzo de 2010, o de los niños
Almanza, de 5 y 9 años, ocurrido en abril de ese año en Tamaulipas. En ambos
sucesos, miembros del Ejército dispararon contra civiles que no estaban armados
y luego manipularon el lugar de los hechos.
Impunidad
de abusos militares
En
diversas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema
Corte de Justicia de la Nación han determinado que todos los casos de presuntas
violaciones de derechos humanos de civiles cometidas por militares debían ser
investigados y juzgados en la justicia penal ordinaria, y varios miembros de su
gobierno han reconocido que este estándar debe ser cumplido.
Sin
embargo, nos preocupan profundamente los intentos que han procurado debilitar
un alentador proyecto de reforma del Código de Justicia Militar, que
actualmente está siendo considerado por la Comisión de Justicia del Senado, al
punto tal que posiblemente ya no se adecue al estándar establecido en los
pronunciamientos de estos tribunales. El gobierno de S.E. no ha presentado un
proyecto legislativo que cumpla con dicho estándar, ni tampoco ha expresado su
apoyo a algún proyecto que persiga este objeto, lo cual podría interpretarse
razonablemente como evidencia que no considera prioritario el tema.
El
gobierno de S.E. ha señalado, asimismo, que más de 500 causas han sido
remitidas de la justicia militar a la justicia penal ordinaria, pero no ha
proporcionado una lista que indique cuáles son estos casos, lo cual permitiría
su verificación. De ser cierto que estas causas fueron transferidas,
representarían solamente un porcentaje ínfimo de las más de 5.600
investigaciones de presuntos abusos cometidos contra civiles por soldados que
fueron iniciadas por la Procuraduría General de Justicia Militar entre enero de
2007 y mediados de 2013, según datos oficiales obtenidos a través de pedidos de
información pública. Asimismo, el traspaso de casos individuales a la justicia
penal ordinaria en forma ad hoc no ofrece una solución duradera ni sistémica a
este problema.
Persisten
los riesgos para periodistas y defensores de derechos humanos
Periodistas
y defensores de derechos humanos en México continúan enfrentando graves riesgos
debido al trabajo que realizan. El Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado a nivel federal por el
gobierno anterior, representa una iniciativa importante y es sin duda meritorio
que su gobierno lo haya implementado con la participación de la sociedad civil.
Sin embargo, la posibilidad de que cumpla su mandato se ha diluido gravemente
debido a falta de fondos y apoyo político a todos niveles de gobierno, dos
elementos trascendentales para que el mecanismo se convierta en una herramienta
confiable y obtenga la confianza de aquellos a quienes debería proteger.
Human
Rights Watch entrevistó a varios periodistas y defensores de derechos humanos
que han solicitado medidas de protección a través del mecanismo en el último
año, además de representantes de la sociedad civil que integran la Junta de
Gobierno y el Consejo Consultivo del mecanismo, y a funcionarios
gubernamentales. Concluimos que el proceso para evaluar riesgos y dictar
medidas de protección registraba serias demoras, a veces de varios meses. En
los casos en que se dictaron medidas de protección, muchas veces fueron
inadecuadas, hubo demoras en su adopción o no fueron implementadas plenamente
por las autoridades locales. Debido a retardos en la ejecución del presupuesto
operativo para el mecanismo, han faltado recursos que pudieran dedicarse al
diseño y la disposición de medidas de seguridad a largo plazo, no se brindó
asistencia de manera uniforme a periodistas y defensores de derechos humanos
desplazados, y no hubo continuidad en la atención de los casos.
Es
momento de adoptar un nuevo enfoque
La
crisis de derechos humanos en México aún no ha terminado. A pesar de ello, en
el primer año de su sexenio S.E. ofreció escasas evidencias de que esté
dispuesto a avanzar más allá de compromisos retóricos y adoptar medidas
concretas para poner freno a los abusos generalizados que distinguieron a la
“guerra contra el narcotráfico” impulsada por su predecesor, los cuales aún
persisten y continúan impunes en la actualidad.
Cualquier
argumento que sugiera que es posible relegar los esfuerzos por mejorar las
condiciones de derechos humanos, a la atención de reformas políticas
consideradas prioritarias por su gobierno – o peor aún, que las obligaciones en
derechos humanos podrían ser subordinadas para lograr apoyo político en favor
de las mencionadas reformas – no sólo evidenciaría la falta de compromiso con
esta causa, sino que además representaría un grave incumplimiento de las
obligaciones jurídicas de México conforme a su Constitución y los tratados
internacionales.
Evitar
que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos requiere investigar
aquellas cometidas en el pasado. Con cinco años de mandato por delante, S.E.
tendrá tiempo razonable para revertir el curso, fomentar la justicia por los
abusos del pasado y demostrar un compromiso verdadero con la prevención de
nuevos hechos. Cuanto más tiempo espere para abordar estos abusos, más
arraigadas estarán esas prácticas y más difícil será erradicarlas.
Aprovecho
la oportunidad para expresar a S.E. mis sentimientos de la más alta
consideración y estima.
José
Miguel Vivanco
Human
Rights Watch
Hrw.org.
26/11/13
http://www.hrw.org/es/news/2013/11/26/mexico-el-decepcionante-primer-ano-del-gobierno-de-pena-nieto
Impunidad
y más violaciones a derechos humanos en primer año de Peña: HRW
Washington, D.C., Estados Unidos. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel
Vivanco, envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que le dice que
en su primer año de gobierno no ha mostrado avances significativos “en la
investigación de abusos del pasado” y sí, por el contrario, se han detectado
“nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad”.
Con un
lenguaje claro y conciso, Vivanco agrega en la misiva:
“A casi
un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa
siendo, en gran medida, exclusivamente retórico”.
Además,
recuerda a Peña Nieto que cuando asumió la presidencia, el país estaba sumido
en una crisis de derechos humanos, con un ambiente de impunidad “casi absoluto”
en esta materia.
Los
abusos, añade, se registraban comúnmente y con demasiada frecuencia como
torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, cometidas por
las fuerzas de seguridad, en el contexto de la lucha contra el crimen
organizado y el narcotráfico que instrumentó el expresidente Felipe Calderón.
De
manera abierta, HRW critica la retórica de Peña y la falta de acciones para
mejorar la situación de los derechos humanos, y le recuerda que cuando llegó al
poder se comprometió a hacer realidad los derechos humanos reconocidos por la
Constitución Política de México.
“El
Pacto por México expresó el compromiso de convertir el respeto de los derechos
humanos en una política de Estado, y el primer día de su mandato emitió un
ordenamiento dirigido a las fuerzas armadas, que prohíbe el uso de la tortura,
tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en toda diligencia o actuación”,
destaca el escrito.
En
misiva anterior, le recuerda, ya le había advertido al mexiquense que la
amenaza para la seguridad pública representada por el crimen organizado era
genuina y no ficticia.
Con sus
trabajos de investigación de campo, HRW indica al Ejecutivo mexicano que los
militares y policías continúan cometiendo graves abusos de manera impune. Estos
hechos, añade, incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y
torturas en las entidades de todo el país, “perpetradas por miembros de todas
las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal”.
E
insiste que frente al reto que representa el crimen organizado, en materia de
seguridad y de derechos humanos la estrategia de seguridad instrumentada por el
gobierno de Peña Nieto no ha dado resultados.
Vivanco
no sólo subraya el fracaso en la estrategia de seguridad del gobierno de Peña
Nieto, sino que incluso la compara con la de Calderón, que convirtió al país en
un territorio de sangre y de muerte.
“Por el
contrario, cuando la situación de la violencia ha requerido una intervención
federal, su estrategia pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la
de su predecesor”, concluye la carta.
J. Jesús
Esquivel. Proceso.com.mx. 26/11/13
http://www.proceso.com.mx/?p=358981
