México, Distrito Federal. Cuando asumió la presidencia
de México un año atrás, Enrique Peña Nieto prometió adoptar una nueva
estrategia contra los carteles de narcotráfico que existen en el país. Su
antecesor, Felipe Calderón, había declarado en 2007 una “guerra contra el
narcotráfico” que tuvo consecuencias nefastas. Más de 70.000 personas fueron
asesinadas y otras 26.000 “desaparecieron” a manos de miembros de las fuerzas
de seguridad o fueron denunciadas como extraviadas.
Para muchos en México, poco importó que Peña
Nieto no ofreciera detalles concretos sobre cómo pensaba concluir la “guerra”,
bastó con que se dispusiera a hacerlo. De hecho, ningún otro tema tuvo mayor
incidencia en su elección. Peña Nieto se comprometió a ampliar su agenda de
gobierno para incluir reformas en materia de energía, trabajo y educación.
La forma categórica en que él y sus ministros
identificaron los fracasos de la estrategia de Calderón, la cual dependió casi
exclusivamente del uso de fuerzas de seguridad abusivas y mal preparadas para
combatir la delincuencia organizada, generó esperanzas de que pudieran abordar
el problema desde otro enfoque.
El mismo Peña Nieto sostuvo que asegurar que
policías y soldados respetaran los derechos humanos era una condición
indispensable, y no un obstáculo, para reforzar la seguridad. El nuevo gobierno
también reconoció que los esfuerzos por profesionalizar a las fuerzas de
seguridad debían ser complementados con una formación más eficaz de los
fiscales para que pudieran llevar adelante investigaciones destinadas a
desarticular los carteles.
Que Peña Nieto pareciera reconocer los
errores de la “guerra” torna aún más desconcertante el hecho de que los haya
repetido. Consideremos el ejemplo del estado de Michoacán: cuando la violencia
asociada al narcotráfico ascendió vertiginosamente a comienzos del mandato de
Peña Nieto, la solución que este implementó fue recurrir a las mismas fuerzas
de seguridad cuyo desempeño había sido cuestionado. Envió a miles de soldados
sin asignarles una misión clara ni establecer plazos para su retirada, y tampoco
se previeron medidas de supervisión civil ni capacitación adecuada. Michoacán
fue, como lo comprobaron los mexicanos, el primer lugar adonde Calderón envió
soldados.
Sin embargo, no resulta sorprendente que esta
estrategia no haya tenido resultados exitosos. En octubre, tras una serie de
atentados contra estaciones eléctricas que fueron orquestados por carteles en
forma coordinada, medio millón de personas quedaron a oscuras en Michoacán. En
noviembre, el obispo católico de la región publicó una carta en la cual hablaba
de un “Estado fallido”. Entonces Peña Nieto envió a más soldados y policías.
¿Cómo se explica esta insistencia en
continuar una política que ha fracasado? Una posibilidad sería que Peña Nieto
crea que la crisis de seguridad es demasiado grave como para ser remediada, y
por ello se estaría enfocando en otras áreas, como la economía, en las cuales
considera que sí puede impulsar cambios. Sin duda, en México las fuerzas de
seguridad y los funcionarios judiciales no han inspirado demasiada confianza. Y
los carteles se han vuelto cada vez más sofisticados. No obstante, que se trate
de problemas enquistados no significa que sean insuperables. Por el contrario, Peña
Nieto tiene a su alcance herramientas que permitirían mejorar el modo en que el
gobierno combate la delincuencia. El problema radica en que no las está
aplicando.
Consideremos el sistema judicial desintegrado
del país, donde el 98 por ciento de los delitos denunciados el año pasado han
quedado impunes. En 2008, México aprobó un audaz plan para dejar atrás un
sistema poco transparente –donde la mayoría de los jueces adoptan decisiones
exclusivamente sobre la base de informes escritos– y reemplazarlo por un
sistema de juicios públicos donde los jueces pueden ver y escuchar a los
acusados. El propósito de la reforma era erradicar muchas de las prácticas más
repudiables del sistema, en el cual la investigación de delitos muchas veces
implicaba propinar golpizas a presuntos delincuentes para conseguir una
confesión. Sin embargo, Peña Nieto prácticamente no ha destinado recursos ni
apoyo político a la iniciativa. En algunas partes de México, la implementación
ha sido tan deficiente que algunos comienzan a percibir al nuevo sistema como
una herramienta que no hace otra cosa que proteger a delincuentes en vez de
impartir justicia.
Otra posibilidad es que, al perpetuar el
extenso poder militar y renunciar a la investigación de abusos cometidos
durante el mandato de Calderón, Peña Nieto se haya asegurado el apoyo del
Ejército y de la oposición política para el resto de su programa de gobierno.
Sin embargo, en lo que respecta al objetivo de seguridad versus otras reformas,
no nos encontramos ante opciones excluyentes.
Difícilmente puedan mejorarse las escuelas si
los docentes tienen que entregar parte de su salario a los carteles, como
sucedió en el estado de Guerrero durante el gobierno de Calderón. Las empresas
de energía tendrán poco interés en invertir en un país donde –según datos
proporcionados por el gobierno de Peña Nieto en julio– se ha duplicado la
cantidad de conexiones clandestinas, en gran medida por obra de la delincuencia
organizada.
De hecho, si este gobierno continúa apoyando
todos los aspectos de la “guerra contra el narcotráfico”, y de lo único que
prescinde es del nombre de esa estrategia, Peña Nieto podría advertir en el
futuro próximo que gran parte de su agenda de reforma ha sido frustrada por la
política de seguridad que mantuvo vigente. Y, como lo demuestra este primer
año, la violencia y los abusos continuos han tenido un saldo devastador en
términos de vidas humanas, que promete seguir agravándose.
Nik Steinberg. Investigador México y Cuba en
la División de las Américas de Human Rights Watch. Autor del informe ni
derechos ni de Seguridad, que documenta los asesinatos, torturas y
"desapariciones" a manos de soldados y policías en México de
"guerra contra las drogas." Sus escritos sobre América Latina han
sido publicados en el New York Review of Books, el Washington Post, y la Nación.
Graduado de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Dartmouth y la
Universidad de Harvard.
Nik Steinberg. Hrw.org. 04/12/13
http://www.hrw.org/es/news/2013/12/04/la-nefasta-guerra-contra-el-narcotrafico-debe-terminar-de-una-vez-por-todas
