La integración de los derechos en una agenda post-2015
Londres, Reino Unido. Antes de que estallara la revuelta popular en Túnez a finales de
2010, parte de la comunidad internacional veía en el país un exitoso caso de
desarrollo. El crecimiento económico se aproximaba a un 4 por ciento, 9 de cada
10 niños iban a la escuela primaria y la esperanza de vida ascendía a una impresionante
edad de 75 años.
Sin embargo, para muchos tunecinos este progreso claramente no
era suficiente: los mayores ingresos y un mejor acceso a los servicios no
compensaron los males, el precio de la corrupción, la represión, la desigualdad
y la impotencia. Tampoco satisfizo sus aspiraciones de una mayor justicia,
libertad y dignidad. En enero de 2011, las protestas populares derrocaron a
Zine el-Abidine Ben Ali de la presidencia después de 23 años en el poder.
Si bien la lucha de Túnez por una democracia que respete los
derechos continúa, su reciente experiencia expone la limitación e insuficiencia
de muchos caminos existentes al desarrollo. También proporciona un argumento
convincente para que el desarrollo sea reformulado de manera más amplia, no sólo
como un camino hacia un mayor ingreso (aunque eso también sea importante), sino
también como la creación de condiciones para que todos los ciudadanos puedan
acceder a la educación, visitar a un médico, beber agua limpia, expresarse
libremente, estar protegidos por un sistema de justicia imparcial y accesible,
participar en la toma de decisiones y vivir libres de abuso y discriminación.
Estos son algunos de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos básicos que los gobiernos están obligados a respetar, pero que niegan
a cientos de millones de personas.
Muchos de los que más desfavorecidos pertenecen a los grupos
sociales más marginados y vulnerables –mujeres, niños, personas con
discapacidad, minorías étnicas, personas infectadas con el VIH- que a menudo
carecen del poder, la posición social o jurídica o el acceso a la toma de
decisiones que les permita cuestionar su situación de desventaja o mejorar sus
circunstancias.
En su mayor parte, las políticas y programas de desarrollo han ignorado
la interdependencia de los derechos económicos y sociales con los derechos
civiles y políticos, por lo que no han logrado desafiar los patrones
sistemáticos de discriminación y desventaja que mantienen a las personas en la
pobreza. Como resultado, muchas personas pobres han sido excluidas o no han
podido beneficiarse de los programas de desarrollo. Más preocupante aún es que
las personas se han visto perjudicadas por las políticas abusivas implementadas
en nombre del desarrollo: se han visto desplazadas de sus tierras para dar paso
a los grandes inversionistas comerciales,
han sido obligadas a trabajar largas jornadas por un salario mínimo y en
condiciones peligrosas y de explotación y se han expuesto a riesgos para su
salud debido a la contaminación de industrias mal reguladas.
El desarrollo también puede ser insostenible, cuando se logra a
un costo considerable para el medio ambiente –como las emisiones de carbono, la
erosión del suelo, la contaminación, el agotamiento de fuentes de agua dulce,
la pesca excesiva y los daños a la biodiversidad—, lo cual luego perjudica los
derechos de las personas, incluidos los que se refieren a la vida, la salud,
los alimentos seguros y el agua potable.
Hace más de una década, en 2001, los gobiernos del mundo abordaron
este tipo de problemas al acordar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM). Fijados para alcanzarse en el año 2015, aspiran a reducir a la mitad la
proporción de personas que padecen hambre extrema, reducir la mortalidad
infantil y materna y lograr la educación primaria universal.
Ahora que esa fecha está cada vez más cerca, la Organización de
las Naciones Unidas ha puesto en marcha un proceso para alcanzar un acuerdo
sobre cuáles serán los próximos objetivos. Se trata de una oportunidad única
para cambiar la realidad diaria de millones de personas que actualmente son
ignoradas, están en desventaja o sufren los daños de los esfuerzos de
desarrollo. A pesar del creciente apoyo de la sociedad civil por fundar el
desarrollo en las normas de derechos humanos, muchos gobiernos, especialmente
los más autoritarios, se siguen mostrando hostiles y tratarán de minimizar y
marginar el papel de los derechos en cualquier nuevo acuerdo internacional.
Para contrarrestar esta amenaza y conseguir una mayor base de
apoyo internacional para los derechos, es fundamental y urgente mostrar cómo su
mayor integración puede contribuir a un mejor desarrollo de los resultados,
promoviendo una forma de desarrollo que sea más inclusiva, justa, transparente,
participativa y responsable, precisamente porque es respetuosa con los
derechos.
Una visión sin cumplirse
La Declaración del Milenio de 2000 de la ONU era fuerte en
cuanto a derechos humanos y principios democráticos. Gobiernos de todo el mundo
la aprobaron en septiembre de 2000, afirmando que la libertad, la igualdad, la
solidaridad y la tolerancia eran valores fundamentales. Avanzar en el
desarrollo, dijeron, dependía de “la buena gobernanza en cada país”, y
agregaron que “no iban a escatimar esfuerzos” para promover la democracia,
fortalecer el Estado de Derecho y el respeto al reconocimiento internacional de
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Son palabras poderosas. Pero la visión de la Declaración del
Milenio y los importantes principios que contenía nunca encontraron el camino
para incorporarse a los nuevos objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), que
surgieron a partir de un grupo de trabajo de la ONU a principios de 2001 y que
pronto se convirtió en el marco dominante para la cooperación internacional
para el desarrollo.
Aunque habían sido extraídos de la Declaración del Milenio, los
ODM fueron mucho más circunscritos. Dieron prioridad a un conjunto importante
de temas económicos y sociales, que eran considerados menos políticos y más
fáciles de medir, como la mortalidad infantil y materna y el acceso a la
educación primaria. Estos temas fueron definidos en términos técnicos y no como
un conjunto de obligaciones de derechos. Los ODM tampoco establecieron metas ni
objetivos relacionados con la libertad política o la participación democrática,
la igualdad para las minorías étnicas o personas con discapacidad, la
protección contra la violencia, el abuso en la familia y la comunidad, la
libertad de expresión o el derecho a la protesta y reunión pacífica.
A pesar de estas limitaciones, los ODM han contribuido a un
progreso real para muchas personas. Han encarnado y ayudado a generar un
consenso internacional considerable sobre el enfoque de la cooperación para el
desarrollo. Y en muchos países han facilitado un mayor nivel de inversión
pública en salud y educación, contribuyendo a un aumento significativo en las
tasas de escolarización y grandes reducciones en la mortalidad infantil a lo
largo de la última década. Desde 1990, por ejemplo, la mortalidad infantil se
ha reducido casi a la mitad a nivel mundial, con una precipitación de 12
millones a 6,6 millones en 2012,
mientras que el número de niños en edad escolar que no acuden a la escuela
descendió de 102 millones en 1990 a 69 millones en 2012.
Sin embargo, el incumplimiento de los derechos humanos por parte
de muchos gobiernos, donantes, instituciones internacionales y el marco de los
ODM representa una seria oportunidad perdida, que ha hecho disminuir en gran
medida los esfuerzos de desarrollo, y que trajo otras consecuencias
perjudiciales para las personas pobres y marginadas, como se detalla a
continuación.
Desarrollo desigual
Incluso antes de que se estableciera el marco de los ODM, muchos
gobiernos no estaban dispuestos o eran incapaces de abordar la discriminación y
la exclusión en sus estrategias de desarrollo y sus políticas sociales y
económicas más amplias. Los gobiernos autoritarios eran obviamente reticentes a
empoderar a las minorías descontentas o grupos desfavorecidos que pudieran
amenazar su control sobre el poder, y generalmente reacios a encarar cuestiones
sensibles alrededor de conflictos étnicos o religiosos. Dichos gobiernos
también a menudo se niegan a aceptar que las mujeres, las niñas, los indígenas
y otros grupos sociales marginados se merecen el mismo estatus bajo la ley.
Pero los donantes para el desarrollo e instituciones
internacionales como el Banco Mundial también se alejaron de un enfoque más
complejo y politizado para el desarrollo,
implícito en una agenda con un énfasis en los derechos. Los ODM, con su
visión en la medición del desarrollo en términos de rendimiento promedio o
desempeño agregado de algunos objetivos específicos como, por ejemplo, la
mortalidad infantil y materna, hicieron poco para cambiar estos cálculos, lo
que significó que las comunidades marginadas continuaron siendo pasadas por
alto.
De hecho, ya que a menudo es más difícil o costoso ayudar a las
comunidades pobres y marginadas, el marco de los ODM podría haber funcionado en
realidad en contra de ellos, al incentivar un enfoque en las personas que son
más fáciles de alcanzar y ayudar, como las que viven en las ciudades y no en
zonas rurales remotas.
No hay un desarrollo desigual mejor documentado y más visible
que la discriminación generalizada y sistemática de las mujeres y las niñas. La
mayoría de las organizaciones de desarrollo han identificado la discriminación
de género como un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo y hay un
creciente consenso internacional sobre la necesidad de hacerle frente. Por
ejemplo, el Banco Mundial, la Comisión Europea y el Departamento para el
Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido han hecho fuertes declaraciones
sobre la importancia de combatir la desigualdad de género y del empoderamiento
de las mujeres y las niñas. Tal como afirmó el economista jefe del Banco
Mundial, Justin Yifu Lin, en 2012, “bloquear a las mujeres y las niñas a que
obtengan las habilidades necesarias para tener éxito en un mundo globalizado no
sólo es erróneo sino económicamente perjudicial. Compartir los frutos del
crecimiento por igual entre hombres y mujeres es esencial para alcanzar las
metas clave de desarrollo”.
Sin embargo, las agencias de desarrollo a menudo no informan o
no abordan adecuadamente muchas formas de discriminación de género. En
Bangladesh, por ejemplo, donde se ha logrado un progreso considerable (a nivel
total) en relación a algunos ODM, Human Rights Watch ha documentado la
arraigada discriminación en las leyes musulmanas, hindúes y cristianas del país
que rigen el matrimonio, la separación y el divorcio. Estas a menudo atrapan a
mujeres y niñas en matrimonios abusivos o las arrastra a la pobreza una vez los
matrimonios se disuelven, lo que provoca la indigencia, la reducción de los
ingresos, el hambre y la enfermedad.
Nuestro informe de 2012 “Will I Get My
Dues Before I Die?” (“¿Recibiré mis mensualidades antes de morir?”) documentó el
ejemplo de las desastrosas consecuencias de esta clase de discriminación para
Shefali S., una mujer musulmana que fue abandonada por su abusivo esposo
mientras estaba embarazada y, de acuerdo con las leyes del país, no tenía
derecho a una manutención 90 días después de la notificación de divorcio. Sin
ingresos, se hundió en la pobreza y la dependencia, y se vio obligada a vivir
con su familia política, que la golpeaba.
Muchos de los 1.000 millones de personas con discapacidad en
todo el mundo –80 por ciento vive en países en vías de desarrollo— también
experimentan un desarrollo desigual. El trabajo de investigación de Human
Rights Watch sobre la educación en Nepal y China ha documentado la
discriminación generalizada contra los niños con discapacidad, que son mucho
menos propensos a estar escolarizados que otros niños. Esto es así a pesar del
hecho de que ambos países forman parte de la Convención de la ONU sobre los
Derechos del Niño (CDN), que afirma el derecho a la educación, y de la
Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD).
Nuestro informe de 2011, “Futures Stolen: Barriers to Education
for Children with Disabilities in Nepal” (Futuros robados: Barreras a la
educación para niños con discapacidad en Nepal), documentó cómo en una escuela
en el oeste de Nepal, un joven de 16 años tenía que arrastrarse hasta su clase
debido a la falta de rampas. Incapaz de usar el baño por sí mismo y sin ayuda
de sus profesores, se veía obligado a esperar hasta llegar a casa o a que otro
niño corriera a su casa para buscar a su madre y que ésta pudiera ayudarle.
Otros niños, con miedo de sentarse cerca de él, lo dejaban aislado en un
rincón. Estos patrones de discriminación se repiten en todo el mundo y explican
por qué las personas con discapacidad están desproporcionadamente representadas
entre los pobres del mundo. Y, sin embargo, los ODM no hacen referencia alguna
a la discapacidad.
En nuestro informe de 2008 “Una cuestión de vida o muerte:
Acceso al tratamiento para los niños que viven con el VIH en Kenia”,
documentamos de manera similar las barreras al tratamiento para las mujeres y
los niños de Kenia que viven con el VIH y la violación de su derecho a la
salud. Madres y niños fueron víctimas de discriminación, abuso y abandono por
parte de los esposos y familiares, y muchas vivían en condiciones precarias
después de haber sido expulsadas de sus hogares. Además, las políticas de VIH
priorizaban la atención médica para los adultos, y la atención del VIH para
niños no estaba suficientemente disponible. Como resultado, muchos niños
murieron.
Las minorías étnicas y religiosas a menudo también experimentan
una grave discriminación, a veces arraigada por un perjuicio básico hacia ellos
por parte de otros grupos; otras veces vinculada a la hostilidad contra las
agendas políticas o separatistas de determinados grupos étnicos. Esta
discriminación puede empeorar los niveles de pobreza e impedir que estos grupos
se beneficien de las oportunidades de desarrollo. El Instituto de Desarrollo de
Ultramar con sede en Londres (ODI, por sus siglas en inglés) sugirió en un
reciente informe que dos tercios de las personas más pobres del mundo viven en
hogares encabezados por un miembro de una minoría étnica, y que estas familias
tienen más probabilidades de sufrir enfermedades, analfabetismo y desnutrición.
Desarrollo abusivo
El descuido de los derechos humanos en muchas de las estrategias
y programas de desarrollo, así como en los ODM, tiene otra consecuencia adversa
grave. Por incongruente que pueda parecer, sobre todo a aquellos que ven el
desarrollo como un proceso uniformemente benigno, un gran número de personas
pobres, vulnerables y marginadas en todo el mundo se ven perjudicadas por las
políticas implementadas en nombre del desarrollo. Estos patrones abusivos se
producen porque los derechos básicos, incluyendo el derecho a la consulta, la
participación, el trato justo, a asociarse con otros en un sindicato y a
procesos legales justos y accesibles, son inexistentes.
En China, por ejemplo, el gobierno sostiene que su progreso de
desarrollo es un éxito extraordinario. La pobreza en términos de ingresos, de
hecho, ha caído con mucha rapidez en los últimos años: la ONU estima que la
pobreza extrema declinó de 60 por ciento a 12 por ciento entre 1990 y 2010.
Pero el historial sería decididamente menos impresionante si la definición de
desarrollo también incluyera, como debería ser, la ausencia de miedo,
violencia, enfermedad, contaminación ambiental y prácticas de empleo abusivas,
así como la posibilidad de estar protegidos contra el abuso y buscar soluciones
para él, a través de un sistema de justicia justo y accesible.
En nuestro informe de 2011,“’My Children Have Been Poisoned’: A
Public Health Crisis in Four Chinese Provinces” ("‘Mis hijos han sido
envenenados': Una crisis de salud pública en cuatro provincias de China"),
Human Rights Watch documentó los efectos devastadores de la intoxicación por
plomo en niños que ya no podían hablar ni caminar, habían dejado de comer o
estaban constantemente enfermos. Esta epidemia de envenenamiento en las cuatro
provincias de Shaanxi, Henan, Hunan y Yunnan tiene sus raíces en la tensión
entre los objetivos del gobierno chino para el crecimiento económico, sus
promesas y las obligaciones internacionales para proteger la salud y bienestar
de sus ciudadanos. Sin instituciones para proteger sus derechos y hacer que los
funcionarios locales rindan cuentas por sus abusos, cientos de miles de niños
chinos han sido víctimas de la violación de su derecho a la salud y han sufrido
terriblemente, incluyendo incapacidad para la lectura y problemas de
aprendizaje, problemas de comportamiento, comas y convulsiones. Algunos incluso
han muerto.
Algunos aspectos del modelo de desarrollo en Etiopía tienen
problemas similares. El país ha realizado progresos encomiables en relación con
los ODM en materia de salud y educación, pero otros elementos de su estrategia
de desarrollo han dado lugar a graves violaciones de los derechos. Nuestro
informe de 2012, “Waiting here for Death” (“Esperando aquí a la muerte”),
documentó violaciones de los derechos vinculados al programa de reasentamiento
colectivo en la región de Gambella. El gobierno de Etiopía justifica el
programa en términos de desarrollo, y asegura que es voluntario. Alrededor de
1,5 millones de personas en cinco regiones están siendo reubicadas en nuevos
pueblos con el objetivo declarado de brindarles una mejor infraestructura y
servicios. Pero nuestra investigación en el primer año del programa en una de
esas regiones halló que muchas personas se vieron obligadas a trasladarse
contra su voluntad y que las fuerzas de seguridad del Estado golpearon y
abusaron de quienes se negaban. Además, muchas de las nuevas aldeas a menudo
carecían de los servicios prometidos y de tierras adecuadas para las
necesidades de la agricultura, lo que resultaba en situaciones de hambre e
incluso de hambruna.
Nuestro informe de 2012, “What Will Happen if Hunger Comes”
(¿Qué pasará si llega el hambre?), también documentó que el gobierno etíope
está desplazando forzosamente a los pueblos indígenas del Valle del Omo, en el
sur de Etiopía, para dar paso a plantaciones de azúcar a gran escala. El costo
de este desarrollo para los grupos indígenas es enorme: sus granjas se están
desalojando, se están perdiendo tierras de pastoreo primario y los medios de
subsistencia están siendo diezmados. En lugar de consultar de manera significativa,
obtener un consentimiento libre, previo e informado, compensar, o discutir con
las comunidades afectadas y reconocer sus derechos a la tierra, el gobierno
etíope ha utilizado el acoso, la violencia y las detenciones arbitrarias para
imponer sus planes de desarrollo.
Los trabajadores son particularmente vulnerables al desarrollo
abusivo. Entre ellos hay más de 50 millones de trabajadores domésticos en todo
el mundo, en su mayoría mujeres y niñas, que son empleadas como cocineras,
limpiadoras y niñeras. En muchos países, estos trabajadores carecen de derechos
legales básicos y de protección. Sin embargo, su trabajo proporciona servicios
esenciales a los hogares y permite la actividad económica de los demás. La
investigación de Human Rights Watch durante 10 años, en países tan diversos
como Indonesia, Arabia Saudita, Marruecos, Guinea y El Salvador, ha puesto de
manifiesto muchos ejemplos de abusos, incluyendo empleadores que exigen turnos
de trabajo extremadamente largos, bajos salarios o ausencia de ellos,
confiscación de pasaportes y palizas, insultos y violencia sexual.
Del mismo modo, millones de trabajadores inmigrantes en sectores
más visibles de la economía, como la construcción, sufren abusos. Irónicamente,
estos son a menudo más atroces en el contexto de proyectos de construcción
enormemente costosos y de alto perfil,
destinados a mostrar los logros económicos y fomentar la inversión y el
turismo. En nuestro informe de 2012, “Building a Better World Cup”
(“Construyendo una Copa del Mundo mejor”), Human Rights Watch documentó los
abusos generalizados contra los inmigrantes que trabajan en la construcción de
hoteles elegantes, infraestructuras vanguardistas y otros lustrosos proyectos
de construcción en Qatar vinculados a la Copa del Mundo de 2022. Los abusos
incluyen reducciones arbitrarias de salarios, la falta de acceso a la atención
médica y condiciones de trabajo peligrosas. Una reciente investigación
realizada por el periódico The Guardian del Reino Unido encontró que 44
trabajadores nepaleses murieron a causa de accidentes relacionados al trabajo
en Qatar entre junio y agosto de 2013, más de la mitad de ellos de ataques al
corazón, insuficiencia cardíaca o accidentes laborales.
Human Rights Watch también ha expuesto los terribles abusos y
violaciones del derecho a la salud –incluyendo fiebres, náuseas y problemas
dermatológicos que dejan los dedos corroídos hasta los muñones, así como piel
prematuramente envejecida, descolorida y con comezón— que miles de personas
sufren mientras trabajan en curtidurías en y alrededor de Hazaribagh, un barrio
de la capital de Bangladesh, Daca. Nuestro informe de 2012, “Toxic Tanneries:
The Health Repercussions of Bangladesh’s Hazaribagh Leather” (“Curtidurías
tóxicas: Las repercusiones para la salud del cuero de Hazaribagh de
Bangladesh”), mostró que estos abusos se producen en lo que es la columna
vertebral de la lucrativa industria del cuero del país. Las curtidurías emplean
a unas 15.000 personas –algunas tan jóvenes como de apenas siete años— y exportan productos de cuero por valor de
millones de dólares a alrededor de 70 países en todo el mundo. Nuestro informe
de 2013 en Tanzania, “Toxic Toil: Child Labor and Mercury Exposure in
Tanzania’s Small-Scale Gold Mines” (“Trabajo tóxico: Explotación infantil y
exposición al mercurio en las minas de oro de pequeña escala de Tanzania”),
documentó abusos similares en Tanzania, que afectan especialmente a niños
pequeños que trabajan en las minas de oro a pequeña escala. Muchos están
expuestos al mercurio tóxico y son vulnerables a la intoxicación por mercurio.
Un desarrollo que respete los derechos humanos
Hacer que los derechos pasaran a ser una parte integral de un
marco de desarrollo global post-2015 tendría una serie de beneficios claros,
sobre todo si se:
· Garantiza la atención a las
comunidades más pobres y marginadas. Los ODM incluyen metas globales para la
reducción de los porcentajes de mortalidad infantil y materna y el hambre. Por
el contrario, un enfoque de derechos humanos al desarrollo tendría que fijar
metas universales para proveer servicios de salud y nutrición eficaces y
accesibles para todas las mujeres y los niños, incluidas las más pobres y
desfavorecidas, junto con objetivos específicos para reducir las diferencias entre
los grupos sociales y mejorar las condiciones de los más desfavorecidos. El
progreso se vería favorecido e incentivado mediante el desglose de datos
nacionales e internacionales, lo que haría posible medir el impacto que las
políticas tienen sobre grupos de diferentes procedencias sociales, ingresos y
edades.
· Estimula la
acción para abordar las causas de raíz de la pobreza–como la desigualdad, la
discriminación y la exclusión— al exigir reformas jurídicas y políticas y
desafiando los patrones de abuso, así como prácticas culturales nocivas como el
matrimonio infantil. En un nuevo marco de desarrollo, los gobiernos y los
donantes deberían tener la obligación de ajustar sus políticas y prácticas a
las normas internacionales sobre la no discriminación y la igualdad. También es
necesaria una acción concertada para hacer frente a las barreras formales,
informales y culturales que impiden a las mujeres, las minorías étnicas, las
personas con discapacidad y los pueblos indígenas en particular a poseer y
tener igualdad de acceso a la tierra, la propiedad, los activos y el crédito,
heredar y transferir la propiedad, y acceder a los servicios de educación y
salud.
· Convierte a las
personas en agentes en lugar de sujetos de desarrollo al hacer hincapié en el
empoderamiento, la participación, la transparencia, el Estado de Derecho y el
acceso a la justicia. Un enfoque de derechos humanos exige que los pobres sean
consultados acerca de los proyectos o programas de desarrollo que les afectan.
Los pueblos indígenas, por ejemplo, tienen el derecho a dar o denegar su
consentimiento a los proyectos de desarrollo en sus tierras tradicionales antes
de su aprobación y después de recibir toda la información pertinente. Garantías
semejantes ayudarían a prevenir los patrones de desarrollo abusivos y
medioambientalmente perjudiciales citados anteriormente. Sin embargo, el
desarrollo abusivo se produce también en lugares como China, debido a que las
libertades civiles y políticas fundamentales no son respetadas de manera más
general y debido a que el sistema legal está politizado y es discriminatorio.
Los compromisos con los derechos civiles y políticos deberían ser una parte
integral de la agenda de desarrollo post-2015, incluyendo a la libertad de
expresión, reunión y asociación, la capacidad de las personas para participar
en elecciones libres y el acceso a sistemas jurídicos justos y eficaces. La
transparencia y la libre circulación de información también son cruciales: crea
un espacio para el debate informado sobre el uso del presupuesto nacional, deja
al descubierto los errores y daños al medio ambiente y permite que las
comunidades se movilicen en busca del cambio social y el resarcimiento por los
abusos y las negligencias.
· Lucha contra la
corrupción. Cada año, altos funcionarios del gobierno y otras personas poderosas
roban cientos de millones de dólares que estaban destinados a beneficiar a los
pobres a través de programas de desarrollo en materias de salud, educación,
nutrición o tratamiento del agua. En nuestro informe de 2013 en Uganda,
“Letting the Big Fish Swim” (“Dejando que los peces gordos naden”), Human
Rights Watch documentó la falta de voluntad política para abordar la corrupción
y las consecuencias perjudiciales de esto. Instituciones que luchan contra la
corrupción en Uganda se han visto paralizadas por la interferencia política,
así como el acoso y las amenazas a fiscales, investigadores y testigos. Hace
poco, se descubrió que US$12,7 millones en fondos de donantes habían sido
malversados de la Oficina del Primer Ministro de Uganda. Este dinero había sido
destinado para ayudar a reconstruir el norte de Uganda, devastado por una
guerra de 20 años, y para contribuir al desarrollo de la región de Karamoja, la
más pobre del país. Un desarrollo enfocado en los derechos ayudaría a luchar
contra la corrupción de este tipo, al hacer hincapié en la transparencia
presupuestaria, la libertad de información y la libertad de los medios de
comunicación; fortalecer los esfuerzos para enjuiciar a los responsables de las
prácticas de corrupción, incluidos los miembros de más alto rango del gobierno,
y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la
corrupción.
· Incorpora normas
de derechos a las operaciones de empresas e instituciones internacionales. En el
debate sobre la agenda de desarrollo post-2015, ha habido muy poca discusión
sobre las responsabilidades del sector privado y las instituciones financieras
internacionales para proteger, respetar y cumplir los derechos. A lo largo de
los años, Human Rights Watch ha documentado muchos casos de complicidad
corporativa con violaciones de derechos humanos, entre ellos los de una minera
canadiense que utilizaba trabajo forzado, a través de un contratista local, en
Eritrea; las operaciones mineras fuera de control que fomentan la corrupción y
el abuso, en India; y la violencia sexual por parte de guardias de seguridad
privados contratados por una empresa canadiense en Papua Nueva Guinea. Los
gobiernos deberían introducir requisitos obligatorios para que las empresas
informen públicamente sobre los derechos humanos y el impacto social y
ambiental de su trabajo. Del mismo modo , las instituciones financieras
internacionales como el Banco Mundial, que influyen en el desarrollo de muchos
países al proporcionar millones de dólares en ayudas y préstamos, deberían
respetar los derechos humanos en todo las etapas del trabajo y rendir cuentas
en caso de no hacerlo, tal como recomienda nuestro informe de 2013 “Abuse Free
Development” (“Desarrollo libre de abusos”).
· Fortalece la
rendición de cuentas. La rendición de cuentas es fundamental para el desarrollo
enfocado en los derechos humanos: los derechos tienen un valor limitado si
nadie se encarga de garantizarlos o si los ciudadanos cuyos derechos son
negados no tienen oportunidad de obtener un resarcimiento o remedio. Por ello,
la agenda de desarrollo post-2015 debería exigir a todos los involucrados en el
desarrollo –gobiernos y donantes bilaterales internacionales, instituciones
financieras internacionales, el sector empresarial, fundaciones privadas y
organizaciones no gubernamentales— a ser más responsables y transparentes sobre
la implementación de sus compromisos y el impacto que sus políticas tienen en
los derechos de los pobres, en particular mediante el feedback y los mecanismos
de denuncia y presentación de informes periódicos a nivel local, nacional y
global.
· Afirma la
universalidad de la agenda de desarrollo global. La escasez de recursos
económicos no es una excusa para que los gobiernos de países pobres violen los
derechos de sus ciudadanos, y muchos gobiernos de países en desarrollo tienen
margen para tomar decisiones diferentes sobre cómo asignar los recursos
nacionales. Sin embargo, los bajos ingresos y la capacidad limitada pueden
hacer que para los gobiernos bien intencionados les resulte más difícil cumplir
con sus obligaciones de derechos. Por lo tanto, una agenda de desarrollo
post-2015 debería encomendar dos importantes obligaciones a los gobiernos más
ricos del mundo:
o No hacer daño, al
asegurarse de que las políticas y prácticas existentes no contribuyen directa o
indirectamente a las violaciones de los derechos humanos, el desarrollo
desigual o el desarrollo abusivo en otros lugares, a través de políticas de
comercio, impuestos, inversiones, propiedad intelectual, venta de armas y
transferencias de tecnología de vigilancia. Estos gobiernos tienen la
obligación de respetar y proteger los derechos humanos, así como remediar
cualquier violación.
o Impulsar
proactivamente el avance de un desarrollo enfocado en los derechos humanos en
otros países, mediante el apoyo al desarrollo inclusivo en áreas como la salud,
la educación, la nutrición, la sanidad, así como el apoyo al Estado de Derecho
y la reforma del sector de la policía, la justicia y la seguridad.
Llevar los derechos a un primer plano
Todavía no está claro cómo serán abordadas las cuestiones de
derechos humanos en cualquier nuevo acuerdo de desarrollo post-2015. El apoyo a
los derechos surgió como una prioridad entre los participantes de la sociedad
civil en las consultas mundiales patrocinadas por la ONU sobre el post-2015, y
se vieron fuertes referencias a los derechos humanos en los informes del Grupo
de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo post-2015 y
el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el mismo tema en
junio de 2013.
Sin embargo, muchos gobiernos siguen siendo hostiles. Ahora que
el proceso se encuentra en etapa de
negociaciones intergubernamentales, podemos anticipar serios esfuerzos para
marginar el papel de los derechos o erosionar poco a poco el progreso que se ha
logrado. Algunos, sin duda, seguirán invocando el viejo y desgastado argumento
de que la gente pobre se preocupa principalmente por las mejoras materiales y
que los derechos humanos más amplios, como la libertad de expresión y
asociación, o el acceso a la justicia, no son necesarios para garantizarlas.
Sin embargo, esta posición ha sido ampliamente desacreditada,
sobre todo por las propias acciones y preferencias expresadas de la gente
ordinaria. En todo el mundo, la gente está luchando no sólo por mejoras
económicas, sino también para poner fin a la indignidad y la injusticia, para
que sus voces sean escuchadas y por una
oportunidad de forjar su futuro.
Tal como dijo el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, en
julio de 2013, “defender los derechos humanos y liberar a la gente del temor y
la miseria son inseparables”. Una agenda de desarrollo post-2015 que abarque esta
verdad esencial ayudará a promover un desarrollo más inclusivo y justo, e
impulsará los derechos básicos y las libertades fundamentales de todo el mundo.
David Mepham. Director del programa del Reino Unido en
Human Rights Watch.
David Mepham. Hrw.org. 15/01/14
http://www.hrw.org/es/world-report/2014/essays/122036
