El Informe Mundial 2014
Berlín, Alemania. Informe Mundial 2014 es la revisión anual de 24o de Human Rights Watch sobre las prácticas de derechos humanos en todo el mundo. En él se resumen las cuestiones clave de derechos humanos en más de 90 países y territorios en todo el mundo, a partir de los acontecimientos a través de noviembre de 2013.
Al reflexionar sobre las "luchas por los derechos de 2013," Director Ejecutivo Kenneth Roth destaca la masacre de civiles en Siria en el rostro de una respuesta internacional débil, "mayoritarismo abusiva" entre los gobiernos, que el compromiso de voz a la democracia, pero en realidad utilizar las preferencias reales o percibidas de la mayoría de limitar la disidencia y reprimir las minorías, y nuevas revelaciones en los Estados Unidos sobre el uso de la vigilancia redada y los asesinatos con aviones no tripulados dirigidos.
El Informe Mundial refleja extenso trabajo de investigación que el personal de Human Rights Watch llevó a cabo en 2013, en estrecha colaboración con activistas de derechos humanos sobre el terreno.
Informe Mundial 2014: Sin freno
la ofensiva contra la población civil de Siria
Prepotencia de las mayorías y
abusivas políticas antiterroristas avasallan derechos
Berlín, Alemana. La política del gobierno sirio de ejecutar su
ofensiva bélica cobrando la vida de civiles y los progresivos abusos cometidos
por grupos rebeldes causaron horror durante 2013, pero no movilizaron a los
líderes mundiales a ejercer presión para que cesen las atrocidades y se juzgue
a los responsables, señaló Human Rights Watch al presentar su Informe
Mundial 2014. La respuesta internacional inicial fue más efectiva en el caso de
varios países africanos que se enfrentaron a atrocidades en masa.
En el informe de 667 páginas, que representa la 24.° evaluación
anual de prácticas de derechos humanos en todo el mundo, Human Rights Watch
ofrece un resumen de las principales cuestiones a destacar en más de 90 países.
En numerosos países, una equivocada equiparación de la democracia con la
presunta voluntad de la mayoría impulsó a los gobernantes a reprimir opiniones
y grupos minoritarios, particularmente en Egipto, según Human Rights Watch.
También llevó a que algunos gobiernos plantearan una perspectiva acotada acerca
de qué resulta culturalmente apropiado, y enfocaran su estrategia especialmente
contra mujeres, gais y lesbianas.
Las revelaciones del informante Edward Snowden mostraron que la
vigilancia masiva ejercida por el gobierno estadounidense ha barrido con gran
parte de la privacidad en un mundo que prácticamente depende de las
comunicaciones electrónicas. Sin embargo, la indignación mundial ante este
atropello del derecho a la privacidad permite vislumbrar una posibilidad de
cambio.
“A pesar del acelerado aumento en las cifras de muertos y abusos
aberrantes, Rusia y China lograron neutralizar al Consejo de Seguridad de la
ONU y permitieron que ambas facciones provocaran muertes de civiles entre la
población siria”, aseveró Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights
Watch. “A medida que comienzan las negociaciones de paz en la conferencia de
Ginebra II, con inciertas perspectivas de éxito, estas no deberían
transformarse en una nueva excusa para evitar concretar acciones que protejan a
la población civil de Siria. Ello exige ejercer presiones efectivas para
detener las muertes y permitir que llegue la asistencia humanitaria que
necesitan para sobrevivir”.
Rusia, con el apoyo de China, ha protegido sistemáticamente al
gobierno sirio de la posibilidad de acciones internacionales en el ámbito de
las Naciones Unidas, ya sean actos expresos de repudio, embargo de armas o
remisión a la Corte Penal Internacional (CPI), indicó Human Rights Watch. Sin
embargo, por sus propios motivos, Estados Unidos también se ha mostrado
renuente a promover medidas de justicia a través de la CPI. Según ha
trascendido en los medios, distintos países y personas en el Golfo estarían
aportando armas y financiamiento a grupos extremistas de oposición responsables
de actos atroces, en tanto Irán y Hezbollah han dado su apoyo al abusivo
gobierno de Bashar Al-Assad.
A pesar de esta inacción en Siria, la doctrina que sostiene la
existencia, a nivel global, de una “responsabilidad de proteger” a personas
vulnerables frente a atrocidades masivas, y que fue avalada por los gobiernos
de las distintas regiones del mundo en 2005, se vio fortalecida por la reacción
ante la posibilidad de que se cometieran este tipo de atrocidades en varios
países africanos, aunque aún queda mucho por hacer y son necesarias acciones
mucho más enérgicas para prevenir asesinatos a gran escala en esta región,
observó Human Rights Watch. La Unión Africana, Francia, Estados Unidos y la
ONU fortalecieron las misiones internacionales a la República Centroafricana y
Sudán del Sur, en un esfuerzo por prevenir la matanza de civiles. La presión de
los aliados y una mayor presencia de las acciones de mantenimiento de la paz de
la ONU lograron convencer a Ruanda de que retirara su apoyo militar al último
eslabón de una sucesión de grupos rebeldes que han cometido atrocidades en la
República Democrática del Congo, al este de ese país.
Otra tendencia importante ha sido la de algunos gobiernos que
expresaron, tan solo en apariencia, su compromiso con la democracia, mientras
avasallaron derechos elementales de cualquier estado democrático. Algunos
nuevos gobiernos, que incluyen a los de Egipto y Birmania, adujeron estar
actuando según la voluntad de la mayoría, sin tomar en cuenta los límites a las
mayorías fundamentales para el respeto de los derechos de disidentes y
minorías, que son esenciales en cualquier democracia genuina. Aun así, la
población no se quedó de brazos cruzados ante este embate a la democracia, y se
organizaron protestas masivas en numerosos países, como Turquía, Tailandia y
Ucrania. En Egipto, tanto el gobierno de la Hermandad Musulmana como el
gobierno militar hicieron caso omiso de los límites al poder gubernamental, y
el derrocamiento del gobierno anterior por fuerzas militares derivó en una
mayor opresión y los más cruentos asesinatos en masa en la historia reciente
del país.
“Los gobiernos autoritarios adoptaron las formalidades de la
democracia sin respetar su esencia, como si lo único verdaderamente importante
fuera el voto en el día de los comicios, y no el debate público durante el
resto del año”, opinó Roth. “Esta democracia ficticia no reconocen principios
básicos, como los que determinan que las leyes también se aplican a quienes
están en el poder, y que los gobiernos deben respetar la libertad de expresión
y reconocer los derechos de las minorías segregadas”.
Las revelaciones de Snowden y las noticias sobre las
consecuencias de ejecuciones selectivas llevadas a cabo en Yemen y Pakistán han
debilitado los esfuerzos estadounidenses por ocultar las violaciones de
derechos humanos cometidas en el marco de la lucha contra el terrorismo. Esto
ha provocado un intenso escrutinio público de la vigilancia electrónica masiva
a nivel global y las ejecuciones selectivas perpetradas mediante el uso de
aeronaves no tripuladas. Si bien la revelación de las prácticas antiterroristas
abusivas de Estados Unidos no logró frenarlas, se ha manifestado una renovada
presión internacional que reclama cambios, señaló Human Rights Watch.
El presidente Barack Obama interrumpió algunos de los programas
de la era Bush, como la desaparición forzada de personas presuntamente
implicadas en delitos con el fin de torturarlas en centros de detención
secretos de la CIA, pero a la vez ha obstaculizado acciones tendientes a juzgar
a las personas que ordenaron las torturas o incluso investigar tales delitos.
En mayo, Obama sugirió que en un futuro próximo los ataques con aeronaves no
tripuladas no se considerarían un componente de la guerra global contra
Al-Qaeda y sus fuerzas asociadas, e hizo alusión a rigurosas políticas que
permitirían evitar víctimas civiles. Sin embargo, no resulta en absoluto claro
si estas políticas están siendo cumplidas.
La indignación global suscitada tras las divulgaciones de
Snowden llevó a que la Asamblea General de la ONU dictara una resolución por la
cual calificó a la vigilancia global indiscriminada como una práctica que
implica una grave afrenta a los derechos humanos. Un panel de reforma creado en
el ámbito de la presidencia de Estados Unidos instó a que cesara la obtención
masiva de metadatos, a implementar un control judicial más efectivo, a una
protección más rigurosa de la privacidad de quienes no son estadounidenses y a
una mayor transparencia. Algunos gobiernos que tradicionalmente no han
garantizado la libertad de expresión podrían reaccionar exigiendo que los datos
de los usuarios permanezcan dentro de sus propias fronteras, e incrementarían
así las posibilidades de una censura más grave en Internet.
Durante 2013 se produjeron importantes avances en el sistema
internacional que contribuye a la defensa de los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha tenido un
desempeño cada vez más eficaz, al presionar considerablemente a quienes cometen
graves violaciones de derechos, como se advierte en las nuevas resoluciones
relativas a Corea del Norte y Sri Lanka. Asimismo, dos nuevos tratados ofrecen
esperanza para algunos de los sectores más marginados en todo el mundo: los
trabajadores del hogar, que históricamente han quedado excluidos de la
legislación sobre derechos laborales, y los trabajadores de la minería
artesanal afectados por la toxicidad del uso de mercurio no reglamentado.
“En el año que pasó se produjeron numerosas atrocidades en Siria
y otros sitios, y se profundizó la represión en varios países”, indicó Roth.
“Pero también hemos visto que los pueblos de distintas partes del mundo han
hecho frente a los regímenes abusivos, y esto refuerza la esperanza de que las
acciones que buscan suprimir los derechos tendrán, en definitiva, un efecto
contraproducente para los opresores”.
Hrw.org. 21/01/14
http://www.hrw.org/es/news/2014/01/21/informe-mundial-2014-sin-freno-la-ofensiva-contra-la-poblacion-civil-de-siria
Informe Mundial 2014: México
México, Distrito Federal. Al asumir en diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto
reconoció que la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor,
Felipe Calderón, había propiciado graves abusos por parte de miembros de las
fuerzas de seguridad. A comienzos de 2013, el gobierno indicó que más de 26.000
personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007
—un problema que calificó como una “grave crisis humanitaria”— y promulgó una
ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas.
No obstante, el gobierno ha obtenido pocos avances en el
juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas
perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la
delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto. El
sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el
ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos,
y se asegura así su impunidad. Las disposiciones sobre arraigo permiten que
algunas personas presuntamente implicadas en delitos penales sean detenidas
durante períodos de 80 días sin ser consignadas.
Desapariciones
Miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado
en numerosas desapariciones forzadas ocurridas desde que el ex Presidente
Calderón (2006-2012) diera inicio a la “guerra contra el narcotráfico”.
Integrantes de todas las ramas de las fuerzas de seguridad continúan
perpetrando desapariciones durante el gobierno de Peña Nieto, en algunos casos
en colaboración directa con organizaciones delictivas. En junio de 2013, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México indicó que estaba
investigando 2.443 desapariciones en las cuales había encontrado evidencias de
la posible participación de agentes del estado.
Es común que policías y agentes del Ministerio Público no
adopten medidas básicas de investigación para buscar a personas desaparecidas o
identificar a los responsables de su desaparición, y frecuentemente se culpa a
las propias víctimas o se indica a los familiares que deben investigar ellos
mismos. En algunas ocasiones los familiares de las personas desaparecidas
pueden perder el acceso a beneficios sociales básicos que dependen de la
condición laboral de las víctimas, como servicios de cuidado infantil.
En febrero de 2013, el gobierno de Peña Nieto reconoció que más
de 26.000 personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas
desde diciembre de 2006. En mayo, el gobierno creó en el ámbito de la
Procuraduría General de la República (PGR) una unidad dedicada a investigar
desapariciones, si bien al momento de la redacción de este informe no había
demostrado adelantos significativos en las investigaciones penales o la
búsqueda de víctimas. México todavía no cuenta con una base de datos nacional
de personas desaparecidas ni tampoco sobre los miles de restos humanos no identificados
que han sido hallados, muchos de ellos en fosas comunes.
Impunidad de abusos militares
México ha delegado mayormente a las Fuerzas Armadas la lucha
contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y
esto ha provocado violaciones de derechos humanos generalizadas. Entre
diciembre de 2006 y mediados de septiembre de 2013, la CNDH recibió 8.150
denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, y emitió
recomendaciones sobre 116 casos en los cuales determinó que elementos de esta
fuerza había participado en graves violaciones de derechos humanos.
En casi todos los casos, los militares que cometen estos abusos
no son llevados ante la justicia, en gran parte debido a que los hechos
continúan siendo investigados y juzgados en el sistema de justicia militar, que
carece de independencia y transparencia. La Procuraduría General de Justicia
Militar inició más de 5.600 investigaciones de presuntos abusos cometidos por
soldados contra civiles entre enero de 2007 y mediados de 2013. No obstante,
hasta octubre de 2012, la justicia militar había condenado tan sólo a 38
militares por violaciones de derechos humanos.
A la fecha de redacción de este documento, la Comisión de
Justicia del Senado estaba evaluando un proyecto de reforma del Código de
Justicia Militar que pretende asegurar que los abusos cometidos por militares
contra civiles tramiten en la justicia penal ordinaria.
Tortura
Es común que en México se practiquen torturas para obtener
información y confesiones bajo coacción. En general, las torturas se aplican
durante el período desde que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta
el momento en que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público,
y en el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros
centros de detención clandestinos. Las tácticas más frecuentes incluyen
golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual. Son
muchos los jueces que aún admiten confesiones obtenidas mediante tortura, a
pesar de que existe una prohibición constitucional contra este tipo de prueba.
Los funcionarios judiciales casi nunca aplican el Protocolo de
Estambul, una serie de principios para evaluar el estado de personas que
posiblemente han sido víctimas de tortura o maltrato. La PGR aplicó el
protocolo en 302 casos entre 2003 y agosto de 2012, y encontró signos de
tortura en 128. Sin embargo, durante ese período inició solamente 39
investigaciones de tortura, y ninguna de estas terminó en procesos en los
cuales se impusieran condenas. Entre enero y septiembre de 2013, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos recibió más de 860 denuncias de tortura y
trato cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios federales.
Sistema de justicia penal
El sistema de justicia ordinario no ofrece justicia a las
víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos. Esto responde
a diversas causas, como corrupción, capacitación y recursos insuficientes, y la
complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio. En
respuesta a los reclamos de un amplio movimiento social, en enero de 2013
México promulgó la Ley General de Víctimas para garantizar justicia, protección
y resarcimiento a las víctimas de delitos. A la fecha de redacción de este
documento, la ley no había sido reglamentada. En México, la débil aplicación de
la ley ha contribuido al surgimiento de
nuevos grupos de autodefensa ciudadana armados en algunas regiones del país.
En 2008, México promulgó una reforma constitucional destinada a
transformar su sistema judicial inquisitivo en uno de tipo acusatorio y oral.
No obstante, la implementación de la reforma, para la cual se concedió a las
autoridades plazo hasta 2016, ha sido más bien lenta. Hasta el momento de la
redacción de este informe, solamente 3 de los 32 estados de México habían
implementado completamente la reforma, y en 13 de ellos el nuevo sistema se
encontraba en operación parcial.
La reforma también ha introducido una disposición sobre
arraigoque permite a los agentes del Ministerio Público, con autorización
judicial, detener durante un máximo de 80 días a personas que presuntamente
estén involucradas en la delincuencia organizada, antes de ser consignadas. En
abril de 2013, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para reducir a 35 días
el período máximo que estas personas podían ser retenidas sin ser consignadas,
en vez de erradicar la medida. El Senado aún no había aprobado la reforma al
momento de este informe.
En septiembre de 2013, la Suprema Corte determinó que los
derechos garantizados por tratados internacionales de derechos humanos tienen
el mismo peso que los consagrados en la constitución. No obstante, en casos en
que la constitución limite en forma expresa un derecho, dicha restricción
prevalecerá por sobre los tratados internacionales, es decir, se trata de una
restricción que atenta contra el principio pro homine, el cual exige a los
estados interpretar las obligaciones jurídicas del modo que garantice la
protección más amplia posible de los derechos humanos de la persona.
Condiciones en centros de detención
En las cárceles prevalecen las condiciones de sobrepoblación y
falta de higiene, y no se brinda seguridad básica a la mayoría de los internos.
Los presos que afirman sufrir agresiones u otros abusos de guardias o internos
no cuentan con un sistema efectivo para exigir una reparación.
Según la CNDH, aproximadamente el 65 por ciento de las prisiones
son controladas por la delincuencia organizada, y la situación de corrupción y
violencia es sumamente grave. Durante 2013, hasta noviembre, fallecieron 108
internos.
Libertad de expresión
Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas
vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de
persecución y agresiones. Al menos 85 periodistas fueron asesinados entre 2000
y agosto de 2013, y otros 20 desaparecieron entre 2005 y abril de 2013,
conforme indica la CNDH. Las autoridades no han conseguido investigar
adecuadamente delitos contra periodistas, y muchas veces descartan de manera
prematura la posibilidad de que hayan sido agredidos por motivos vinculados con
su profesión.
Es común que periodistas opten por la autocensura ante los
ataques de funcionarios gubernamentales o grupos delictivos, mientras que la
falta de suficiente regulación de la publicidad oficial también puede limitar
la libertad de los medios al otorgar al gobierno una influencia económica
desproporcionada respecto de ciertos medios de comunicación.
En 2006, México creó una Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, pero hasta hoy ha conseguido
solamente una condena penal en las 378 investigaciones que inició. En mayo de
2013 se sancionó una ley que otorga a la PGR la facultad de atraer la
investigación de cualquier ataque contra medios de comunicación.
Violencia de género
El derecho mexicano no ofrece una protección adecuada a mujeres
y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones
contravienen los estándares internacionales, como aquellas que supeditan la
gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la
víctima. Las mujeres y niñas que han sufrido este tipo de violaciones de
derechos humanos en general no denuncian los hechos a las autoridades, y
quienes sí lo hacen suelen enfrentarse a una actitud de sospecha, apatía y
menosprecio. En enero de 2013, México reformó su legislación en materia de
violencia contra la mujer para agilizar la adopción de medidas de protección de
emergencia que beneficien a víctimas de violencia de género.
Derechos reproductivos
En agosto de 2008, la Suprema Corte confirmó la
constitucionalidad de una ley de México D.F. que legalizó el aborto practicado
durante las primeras 12 semanas de gestación. Desde entonces, 16 de las 32
entidades federativas de México han adoptado leyes que reconocen el derecho a
la vida desde el momento de la concepción, una decisión que limita la capacidad
de las mujeres de ejercer su derecho a la salud. En 2010, la Suprema Corte
resolvió que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de
emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación sexual. Sin
embargo, en la práctica son muchas las mujeres y jóvenes que enfrentan graves
obstáculos al intentar someterse a abortos tras sufrir hechos de violencia
sexual, incluida información errónea e intimidación por parte de funcionarios.
Matrimonio igualitario
En agosto de 2010, la Suprema Corte reconoció el derecho de las
parejas del mismo sexo de México D.F. a adoptar hijos y casarse, y estableció
que los 31 estados deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo
sexo celebrados en el Distrito Federal. Pero la sentencia no exige que los
estados reconozcan este derecho dentro de su ámbito, y muchos aún niegan a las
parejas del mismo sexo el derecho a casarse. En diciembre de 2012, la Suprema
Corte invalidó una ley de Oaxaca que definía al matrimonio como la unión entre
un hombre y una mujer.
Acceso a cuidados paliativos
Decenas de miles de pacientes enfrentan obstáculos
significativos, y a veces insuperables, al procurar acceder a cuidados para la
etapa terminal de sus vidas, aun cuando la legislación mexicana les reconoce el
derecho a esta atención. Los sistemas de salud aún no responden adecuadamente a
las necesidades de salud de pacientes sin posibilidad de curación; las normas
en materia de control de drogas restringen innecesariamente el acceso a
morfina, un medicamento esencial para el dolor severo; y los trabajadores de
la salud aún no reciben entrenamiento suficiente en cuidados paliativos.
Migrantes
Cientos de miles de migrantes indocumentados cruzan el
territorio de México cada año, y durante el trayecto muchos de ellos sufren
graves abusos por parte de la delincuencia organizada, autoridades migratorias
y miembros de las fuerzas de seguridad, como desapariciones y violencia sexual.
Las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para proteger a los
migrantes, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos. A
pesar de la aprobación en 2011 de una nueva ley de migración presuntamente
orientada a proteger los derechos de los migrantes, sigue siendo común que
policías detengan y hostiguen a migrantes indocumentados.
El personal de centros de acogida de migrantes (casas de
migrantes) suele ser objeto de amenazas y hostigamiento por parte de grupos
delictivos y funcionarios, pero a pesar de ello el gobierno no ha implementado
medidas de protección dictadas en beneficio de estos centros por organismos de
derechos humanos nacionales e internacionales. Al menos tres centros de
migrantes se vieron obligados a cerrar sus puertas o su personal debió
abandonar el lugar en 2013.
En septiembre, la PGR autorizó la creación de un equipo
integrado, entre otros, por peritos forenses internacionales para identificar
más de 200 restos humanos que, según se cree, corresponderían a migrantes.
Derechos laborales
La preponderancia de sindicatos afines a sectores patronales
continúa obstaculizando la actividad sindical legítima. Con frecuencia, se
impide que sindicatos independientes inicien negociaciones con los sectores
patronales, mientras que los trabajadores que pretenden conformar sindicatos
independientes se exponen a la posibilidad de perder su empleo. Una ley de
trabajo adoptada en 2012 no abordó la falta de transparencia y democracia en
los sindicatos afines a intereses patronales, y no contempló el derecho de los
trabajadores a conformar sindicatos independientes y llevar a cabo
negociaciones colectivas.
Defensores de derechos humanos
Continúan la persecución y las agresiones contra defensores y
activistas de derechos humanos, a menudo asociadas con su oposición a
“megaproyectos” de infraestructura o extracción de recursos. En muchos casos,
existen evidencias, incluido el testimonio de testigos o el rastreo de
comunicaciones de teléfonos celulares, de que agentes del estado están involucrados
en agresiones contra defensores de derechos humanos. De las 89 agresiones
contra defensores de derechos humanos registradas por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre noviembre de
2010 y diciembre de 2012, no se dictaron condenas en ninguno de estos casos.
En junio de 2012, México sancionó una ley para proteger a
defensores de derechos humanos y periodistas. Al momento de la redacción del
presente informe, el mecanismo de protección establecido en la ley generalmente
no se había implementado de manera eficaz, y en algunos casos las medidas de
protección han sido tardías, insuficientes o incompletas. El mecanismo depende
de una dotación de personal muy reducida y sin suficiente capacitación, y
padece demoras en el acceso a fondos, falta de coordinación con las
instituciones de los estados, poca difusión entre quienes se encuentran en
riesgo y falta de compromiso político de altos funcionarios gubernamentales.
Actores internacionales clave
Estados Unidos ha destinado más de US$ 2.000 millones de ayuda a
México a través de la Iniciativa Mérida, un paquete de medidas de asistencia
acordado en 2007 sin plazo estipulado, para contribuir a la lucha contra la
delincuencia organizada en México. El 15 por ciento de algunas partidas de esta
ayuda sólo estará disponible una vez que el Secretario de Estado de los Estados
Unidos informe que el gobierno mexicano está cumpliendo una serie de requisitos
vinculados con los derechos humanos.
No obstante, el impacto de estos requisitos se ha visto
menoscabado debido a que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en
numerosas oportunidades, ha informado al Congreso de ese país que se estarían
cumpliendo los requisitos —a pesar de las abrumadoras evidencias que indican lo
contrario, y citando a menudo adelantos incompletos y poco precisos con
respecto a tal cumplimiento— y en función de esto el Congreso ha dispuesto la
entrega de los fondos.
El Relator especial de la ONU sobre las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias realizó una misión de investigación a
México en abril y mayo de 2013, y señaló posteriormente que miembros de las
fuerzas de seguridad cometían ejecuciones extrajudiciales en forma
generalizada, a menudo sin ningún tipo de rendición de cuentas.
En octubre de 2013, México se sometió a su segundo Examen
Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y
entre las principales recomendaciones se expresó la necesidad de que las
violaciones de derechos humanos cometidas por militares fueran juzgadas en el
sistema de justicia penal ordinario y el fortalecimiento del mecanismo de
protección para defensores de derechos humanos y periodistas.
Hrw.org. 21/01/14
