Las autoridades mexicanas guardan silencio ante el aumento alarmante de las denuncias de tortura y malos tratos
La tortura y los
malos tratos en México están fuera de control, como pone de manifiesto el hecho
de que las denuncias hayan aumentado en un 600 por ciento en el último decenio,
según un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional. La organización pide al gobierno mexicano que
tome medidas con urgencia para poner fin al uso persistente y generalizado de
la tortura por parte de la policía y las fuerzas armadas.
El informe, titulado
Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, analiza el preocupante
aumento del uso de la tortura y otros malos tratos y el clima imperante de
impunidad y tolerancia hacia estas prácticas. Sólo siete torturadores han sido
declarados culpables en los tribunales federales. Y el número de perpetradores
enjuiciados en los tribunales de ámbito estatal es aún menor.
"Las autoridades
no pueden seguir mirando para otro lado. El hecho de que apenas se apliquen las
salvaguardias para prevenir la tortura y otros malos tratos, y que las
investigaciones sobre las denuncias a menudo minimicen la gravedad de los
abusos y estén predispuestas contra la persona denunciante, son una clara
indicación de que el gobierno no protege los derechos humanos", afirmó
Erika Guevara Rosas, Directora de las Américas Amnistía Internacional.
"El alarmante
aumento del uso de la tortura significa que existe una amenaza real de malos
tratos para cualquier persona en México. En una encuesta encargada por Amnistía
Internacional, el 64 por ciento de las mexicanas y los mexicanos encuestados
declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo
custodia."
Este es el primero de
una serie de cinco informes de países diferentes que se publicarán en el marco
de "Stop Tortura", la campaña global de Amnistía Internacional.
En el informe se
explica en detalle cómo, desde 2010 hasta finales de 2013, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 7.000 quejas por torturas y otros
malos tratos. Según informes recientes, en 2014 ha disminuido el número de
quejas. Pese a ello, sigue siendo mucho más elevado que hace diez años.
Víctimas procedentes
de distintas partes del país contaron a Amnistía Internacional que habían sido
objeto de palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y
semi-asfixia a manos de la policía o las fuerzas armadas, a menudo con el fin
de obtener "confesiones" o para que incriminasen a otras personas en
delitos graves.
Ángel Amílcar Colón
Quevedo sufrió tortura y abusos a manos de la policía y miembros de las fuerzas
armadas debido a su condición de migrante y su origen racial. Es miembro de la
comunidad afrodescendiente de Honduras.
Fue golpeado, le provocaron asfixia con una bolsa de plástico en la
cabeza, lo desnudaron y le sometieron a tratos humillantes y a insultos
racistas. Permanece en prisión en espera de juicio. Fue acusado sobre la base
de la declaración que le obligaron a hacer tras ser torturado. Amnistía
Internacional lo declaró preso de conciencia en julio de 2014.
El informe de
Amnistía Internacional documenta los casos de más de 20 personas que, como
Ángel Colón, sufrieron tortura a manos de las autoridades en México.
A pesar de que la ley
lo prohíbe, el sistema de justicia penal sigue admitiendo pruebas obtenidas
como consecuencia de la detención arbitraria o la tortura. Esto no sólo
facilita que se siga recurriendo a la tortura y a otros malos tratos, sino que
también se traduce en juicios sin garantías y condenas dudosas, socavando aún
más la credibilidad del sistema de justicia y los derechos humanos de las
personas acusadas en procesos penales.
Las escasas
investigaciones oficiales que se llevan a cabo sobre las denuncias de tortura
suelen ser deficientes.
El procedimiento
pericial especial de la Procuraduría General de la República para investigar
los casos de torturas y otros malos tratos a menudo incumple las normas
internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul. Pese a estas
deficiencias, los fiscales y los jueces se basan en las investigaciones
oficiales defectuosas y se niegan a aceptar otras pruebas de investigaciones
independientes.
"La ausencia de
investigaciones creíbles y exhaustivas sobre las denuncias de tortura supone un
abuso por partida doble. Si las
autoridades no recaban pruebas de los malos tratos, las víctimas carecen de la
posibilidad de resarcimiento y no pueden demostrar que sus
"confesiones" han sido obtenidas mediante coacción," afirmó
Erika Guevara.
"Es hora de
revisar a fondo la investigación de las denuncias de torturas y otros malos
tratos, en especial la aplicación de las normas internacionalmente reconocidas
del Protocolo de Estambul. Asimismo, las autoridades mexicanas deben garantizar
que las pruebas recabadas por expertos médicos independientes son admitidas en
los procedimientos judiciales."
El informe señala una
serie de medidas que deben adoptarse para prevenir, investigar y castigar la
tortura y otros malos tratos. En primer lugar, el gobierno debe reconocer la
verdadera magnitud de la tortura y comprometerse públicamente a luchar contra
esta grave violación de los derechos humanos como máxima prioridad.
Información
complementaria:
Desde 2010 hasta
finales de 2013 la CNDH recibió más de 7.000 quejas por tortura y otros malos
tratos, pero en ese periodo la Procuraduría General de la República sólo aplicó
su procedimiento especial en 364 casos, y concluyó que había indicios de
tortura en 26.
Desde 2006 a 2013, la
Procuraduría General de la República inició 1.219 investigaciones sobre
denuncias de tortura y otros malos tratos, pero sólo presentó cargos en 12
casos. Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, sólo ha habido 7
sentencias firmes por tortura en aplicación de la legislación federal. El
índice de sentencias condenatorias es del 0,006 por ciento. En el ámbito
estatal, la prevalencia de la tortura y la impunidad es aún mayor.
La Comisión Nacional
de los Derechos Humanos no suele llevar a cabo investigaciones exhaustivas y
oportunas de todas las quejas que recibe, ni defiende los derechos de las
víctimas como debe. De las 7.000 quejas que recibió de 2010 a 2013, sólo emitió
recomendaciones públicas que confirmaban la tortura en 44 casos.
El Protocolo de
Estambul se conoce comúnmente como el Manual de la ONU para la Investigación y
Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes. Se elaboró en 1999.
En febrero de 2014,
el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió con el
presidente Enrique Peña Nieto y le hizo entrega de un memorándum exigiendo una
serie de acciones para combatir la impunidad arraigada y las graves violaciones
de los derechos humanos en el país.
Amnistia.org.mx. México, 04/09/14
La tortura en México:
14 datos
Amnistía
Internacional lleva muchos años investigando y documentando el uso de la
tortura en México. El informe más reciente, Fuera de control: Tortura y otros
malos tratos en México, ofrece datos alarmantes que ponen de manifiesto la
magnitud y gravedad del problema. En nuestro informe, concluimos que:
1. La tortura y otros malos tratos están
fuera de control en México. En 2013, el número de denuncias (1.505) aumentó en
un 600 por ciento con respecto a 2003, según la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. Aún así, las cifras
reales podrían ser más elevadas.
2. Desde 2010 hasta finales de 2013, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 7.000 quejas por
torturas y otros malos tratos. La CNDH ha manifestado que se ha reducido el
número de quejas en 2014. Pese a ello, sigue siendo mucho más elevado que hace
diez años.
3. Entre la población, existe un temor
generalizado a sufrir tortura. El 64 por ciento de los mexicanos y las
mexicanas tienen miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia,
según una reciente encuesta encargada por Amnistía Internacional.
4. Los informes sobre tortura y otros
malos tratos aumentaron en México a partir de 2006, a medida que crecía
vertiginosamente la violencia como consecuencia de la "guerra contra las
drogas" del gobierno.
5. Quienes torturan gozan de una impunidad
casi total. Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales
federales tramitaron 123 enjuiciamientos por tortura entre 2005 y 2013; tan
sólo 7 desembocaron en condenas en aplicación de la legislación federal.
6. Los organismos oficiales encargados de
registrar las denuncias no cumplen con su deber. Menos del uno por ciento de los casos de
víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos casos de tortura, han
terminado con una recomendación pública de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. El resto de las denuncias siguen sin someterse al escrutinio público.
7. Las personas que detiene la policía
pueden permanecer bajo custodia durante periodos prolongados, sin que se
presenten cargos en su contra. Entre 2008 y 2013, 8.595 personas permanecieron
durante un periodo de hasta 80 días en detención preventiva sin cargos
(“arraigo”) en México por orden de la Procuraduría General de la República.
Durante ese periodo, las personas detenidas corrían peligro de sufrir tortura.
El gobierno ha limitado el uso del arraigo desde 2013, pero no lo ha prohibido.
8. El miedo a la tortura es tan
generalizado que las personas detenidas, o sus familiares, recurren a los
tribunales para tratar de impedir que las autoridades las sometan a tortura.
Entre 2005 y 2013 se presentaron 3.749 peticiones de amparo federal, en las que
las personas detenidas solicitaban protección frente a la tortura y otras
violaciones de derechos humanos. Se desconoce en cuántos casos se concedió el
amparo.
9. A finales de agosto de 2014, las
autoridades federales reconocieron que había más de 22.000 personas
desaparecidas o en paradero desconocido en México. En algunos casos de
desaparición forzada, están implicados funcionarios públicos. Las pocas
víctimas de desaparición forzada y sustracción de persona cuyos restos se han
hallado mostraban señales de haber sufrido tortura y otros malos tratos
10. Se denuncian sistemáticamente
diferentes técnicas de tortura desde diferentes partes del país. Entre ellas
figuran la semi-asfixia, palizas, simulacros de ejecución, violencia sexual,
amenazas de muerte y descargas eléctricas.
11. En 2003, el procurador general de la
República adoptó un procedimiento especial para la realización de exámenes
médicos, a fin de documentar presuntos casos de tortura y otros malos tratos.
Este procedimiento se basa en el Protocolo de Estambul, una norma reconocida
por la ONU para documentar pruebas médicas de tortura. Pese a las miles de
denuncias recibidas, sólo se han llevado a cabo 472 exámenes médicos de este
tipo.
12. Es habitual que el ministerio público,
los peritos médicos y las comisiones de derechos humanos descarten denuncias
fundadas de tortura o minimicen su gravedad. Como promedio, sólo una de cada 20
presuntas víctimas de tortura y otros malos tratos que presentan quejas ante la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos es sometida a un examen forense
oficial por la Procuraduría General de la República (la situación es mucho peor
en el ámbito estatal).
13. Solamente uno de cada 8 exámenes
forenses concluye que existen indicios de tortura. Pero incluso en esos casos,
se paralizan las investigaciones poco después. El procurador general de la
República sólo presentó cargos en 12 casos de tortura entre 2006 y finales de
2013.
14. En mayo de 2014, tras una visita a
México, el relator especial de la ONU sobre la tortura observó: "Aún
persiste una situación generalizada del uso de tortura y malos tratos”.
Amnesty.org. 04/09/14
