La organización
también ha pedido una investigación inmediata sobre las denuncias de que
policías golpearon y amenazaron a los manifestantes durante su detención.
"La evidencia
contra los 11 manifestantes es tan débil que es muy difícil entender por qué
todavía están detenidos, sobre todo en instalaciones de alta seguridad siendo
tratados como criminales de alta peligrosidad. Tales actos plantean la cuestión
de si existe un intento deliberado para desalentar las protestas
legítimas", dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de
Amnistía Internacional.
Las tres mujeres y
ocho hombres fueron acusados de asociación delictuosa, motín y el intento de
homicidio de un oficial de policía. La única prueba que los incrimina es el
testimonio de los cinco policías que les detuvieron. A menos que se presenten
pruebas suficientes para apoyar los cargos, los manifestantes deben ser
liberados.
"Si la fiscalía
persigue la investigación, debe presentar prueba suficiente contra los
manifestantes, situación que no ha sucedido hasta ahora. A falta de pruebas
suficientes, esos cargos nunca debieron presentarse en primer lugar"
La mayoría de los
detenidos que tuvieron acceso a abogados de su elección informaron que los
agentes de policía les golpearon y amenazaron durante su detención. De acuerdo
a sus abogados, los manifestantes tienen moretones y cicatrices alrededor de
sus ojos y en sus brazos.
Las tres mujeres
continúan siendo representadas por abogados designados por el Estado. Su estado
de salud se desconoce. Fueron encarceladas en la prisión de alta seguridad más
remota en el estado de Nayarit, a 700 kilometros de distancia de la ciudad de
México, donde el contacto con familiares y abogados es extremadamente limitado.
"En vez de
presentar cargos infundados contra los manifestantes, la Procuraduría General
de la República debe centrarse en establecer el paradero de los 43 estudiantes
desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia", dijo Erika
Guevara Rosas.
Información Adicional
Cuarenta y tres
estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, estado
de Guerrero, desaparecieron desde septiembre 26 de 2014.
Fueron detenidos por
la policía local en la ciudad de Iguala y, de acuerdo con la investigación
oficial, entregados a una banda criminal. Anteriormente se habían hecho graves
denuncias de violaciones de derechos humanos y de la colusión entre las
autoridades locales y el crimen organizado, pero las autoridades federales y
estatales decidieron no tomar ninguna acción.
Desde su
desaparición, varias fosas comunes han sido encontrados en Guerrero. Los
exámenes forenses están en curso, pero hasta ahora ninguno de los restos
humanos descubiertos pertenece a los estudiantes desaparecidos.
Amnistía
Internacional ha documentado otros casos de abuso policial durante las
manifestaciones en la ciudad de México.
El 1 de diciembre de
2012 y 2 de octubre de 2013, algunos manifestantes fueron arrestados
arbitrariamente y acusados de delitos
graves. La mayoría fueron juzgados y absueltos meses después por falta de
pruebas. Algunos sufrieron tortura u otras formas de malos tratos durante su
arresto o durante su detención. Aunque los casos fueron documentados
adecuadamente, nadie ha rendido cuentas por estos violaciones de derechos
humanos.
Amnistia.org.mx. México, D.F., 28/11/14
