El resumen del
informe que elaboró la Comisión de Inteligencia del Senado de EE. UU. sobre el
programa de detención e interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia
(Central Intelligence Agency, CIA) representa una contundente denuncia del uso
extendido y sistemático de la tortura por la CIA, señaló Human Rights
Watch. El resumen de 525 páginas, que ha sido parcialmente editado, se difundió
el 9 de diciembre de 2014 y forma parte de un informe confidencial de 6.700
páginas que la comisión aún no ha manifestado que tenga previsto divulgar el
texto completo.
El resumen documenta
numerosos datos tergiversados transmitidos por la CIA sobre la eficacia del
programa, y demuestra que funcionarios estadounidenses sabían que era ilegal.
Pone de manifiesto la necesidad de que el gobierno estadounidense divulgue oportunamente
el informe completo, refuerce la supervisión de la actuación de la CIA e
investigue y juzgue por las vías correspondientes a los altos funcionarios
responsables del programa de tortura, expresó Human Rights Watch.
“El informe del
Senado no debería simplemente quedar archivado en un estante o un disco rígido,
sino ser el punto de partida para que se investigue penalmente el uso de
tortura por funcionarios de EE. UU.”, indicó Kenneth Roth, director ejecutivo
de Human Rights Watch. “Si el gobierno de Obama no exige que los responsables
de torturas rindan cuentas por sus actos, la tortura podría convertirse en una
opción política cuando se produzca la próxima e inevitable amenaza para la
seguridad”.
Naturaleza y magnitud
de los abusos
El resumen concluye
que los abusos de la CIA fueron mucho más cruentos, sistemáticos y extendidos
de lo que se informó anteriormente; que muchas de las técnicas aplicadas en
interrogatorios de la CIA excedieron las autorizadas por el Departamento de
Justicia; y que la CIA comenzó a utilizar las técnicas mucho antes de haber
recibido autorización.
El resumen expone
numerosos datos que se informaron anteriormente sobre el programa de tortura de
la CIA, como el uso de posiciones forzadas con el propósito de causar dolor
físico y estrés, la exposición a encandilamiento y música a niveles
intolerables, la simulación de asfixia con agua (waterboarding) y arrojar
bruscamente a detenidos contra paredes o encerrarlos en ataúdes.
También contiene
nueva información que muestra que las torturas de la CIA fueron incluso más
despiadadas de lo que se creía antes. El organismo utilizó métodos de
inmovilización dolorosos, practicó medidas punitivas como la “alimentación por
vía rectal” o la “rehidratación rectal” y obligó a detenidos que tenían
fracturas en las piernas a permanecer de pie y encadenados a la pared. Las tácticas
afectaron gravemente a los detenidos, en particular cuando se combinaban con
privación del sueño y aislamiento, y se extendían durante períodos prolongados.
Uno de los detenidos se describe como “un hombre absolutamente doblegado”, y se
indica que otro está “al borde de un colapso total”.
El resumen ofrece
además evidencias que corroboran numerosos datos contenidos en trabajos
anteriores de Human Rights Watch sobre abusos de la CIA. A modo de ejemplo,
Human Rights Watch informó en 2012 sobre el uso de la CIA de la simulación de
asfixia con agua y otras torturas con agua practicadas a detenidos, lo cual
contradice abiertamente la afirmación de la CIA de que sólo había sometido a
tres detenidos a estas prácticas. Como se indica en la nota al pie 623 del
resumen, Human Rights Watch informó en 2012 que el detenido Mohammed Shoroeiya
(que también empleaba los nombres de Abd al-Karim o al-Shara'iya) había
aportado un testimonio detallado y creíble de que sufrió simulación de asfixia
con agua reiteradas veces durante los interrogatorios, en un centro de
detención de la CIA en Afganistán. El resumen corrobora la versión de que
Shoroeiya fue entregado extraoficialmente a la CIA en 2003, y señala que entre
los documentos de la CIA se incluye una fotografía donde se ve un dispositivo
de madera diseñado para la simulación de asfixia con agua, rodeado de cubas de
agua, en el centro de detención donde estuvo Shoroeiya. El resumen también
destaca que en una entrevista la CIA no pudo explicar la presencia de estos dispositivos
en el lugar.
Human Rights Watch
informó además sobre el caso de Khalid al-Sharif (que empleaba también el
nombre de “Abu Hazim”), quien describió haber sufrido un tipo de tortura con
agua muy similar a la simulación de asfixia con agua mientras estuvo detenido
bajo custodia de la CIA en Afganistán. El resumen describe, en las páginas 107
y 108, el testimonio de un lingüista de la CIA que, en 2003, presuntamente
habría informado este abuso al inspector general de la CIA, quien a su vez en
2001 remitió la denuncia a la Fiscalía Federal de EE. UU. para el Distrito Este
de Virginia como posible delito penal. Si bien no resulta claro cuál fue el
desenlace de esta remisión, ni si acaso sucedió algo, el informe del inspector
general desestimó el señalamiento del lingüista y concluyó que no había
evidencias que pudieran corroborarlo. Sharif, al igual que varios otros
detenidos por la CIA, ha señalado que ningún funcionario estadounidense intentó
entrevistarlo en ningún momento sobre los abusos padecidos mientras estuvo a
disposición de la CIA.
La CIA sabía que las
técnicas eran ilegales
El informe revela
nuevas evidencias de que la CIA conocía perfectamente la ilegalidad de las
técnicas que estaba aplicando. En la página 33, el resumen señala que abogados
sénior de la CIA distribuyeron de manera interna un borrador de una carta
dirigida al fiscal general John Ashcroft, de fecha 8 de julio de 2002, donde se
reconocía expresamente que las tácticas que luego se conocieron como “técnicas
intensivas de interrogatorio” violaban la Ley sobre Tortura de EE. UU. El
borrador –que no queda claro si llegó a ser enviado en algún momento– pedía que
el Departamento de Justicia otorgara a la CIA una “renuncia formal anticipada
al derecho a iniciar acciones penales”. Es decir, la CIA pretendía que el
Departamento de Justicia se comprometiera a no proceder penalmente en ningún
momento, o a otorgar inmunidad.
El documento refuta
las anteriores afirmaciones de funcionarios de la CIA, quienes aseveraban que
no sabían si las tácticas eran lícitas y que habían actuado de buena fe según
los consejos de asesores legales del Departamento de Justicia. En vez de ello,
el documento aclara que altos funcionarios de la CIA sabían que las tácticas
eran ilegales, y estaban intentando crear algún mecanismo de seguro legal para
estas acciones. Cuando sus intentos por obtener algún tipo de renuncia
anticipada a la acción penal se vieron frustrados, solicitaron y consiguieron
otro tipo de garantía, a través de una serie de memorandos legales –los denominados
“Memorandos de Tortura” – elaborados por la Oficina de Asesoramiento Legal del
Departamento de Justicia y por abogados de la Casa Blanca a partir de agosto de
2002, y que pretendían autorizar las técnicas.
Diversos funcionarios
actuales y anteriores de la CIA han intentado justificar el uso de prácticas
abusivas contra detenidos sobre la base de estos memorandos. Las nuevas
evidencias de que la CIA conocía la ilegalidad de las técnicas rebate cualquier
afirmación de altos funcionarios de la CIA de que simplemente estaban actuando
de buena fe y seguían el asesoramiento legal recibido, destacó Human Rights
Watch.
Asimismo, los
memorandos no fueron una interpretación honesta de la legislación que prohíbe
la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino una tentativa
intricada de justificar lo injustificable. Constituye un atropello absoluto que
los abogados que procuraron dar sustento legal a este programa de tortura, y se
convirtieron en cómplices de su ilegalidad, no hayan enfrentado consecuencias
disciplinarias ni penales, indicó Human Rights Watch.
“Ahora se sabe que
funcionarios de la CIA sabían desde un primer momento que las técnicas que
utilizaban eran ilegales”, indicó Roth. “Es de un cinismo total que la CIA
continúe invocando los ‘Memorandos de Tortura,’ como si realmente hubiera
confiado de buena fe en los argumentos pseudojurídicos que contienen”.
Obstrucción de
medidas de supervisión por la CIA
El resumen muestra
los extremos a los cuales recurrió la CIA para encubrir sus delitos y obstruir
el proceso democrático, lo que incluyó efectuar declaraciones falsas al
Departamento de Justicia, la Casa Blanca y el Congreso sobre la magnitud,
naturaleza, éxito y necesidad del programa. A su vez, el resumen muestra que
altos funcionarios de la Casa Blanca sabían desde un principio que el programa
era ilegal, y que el gobierno incluso ocultó el programa a miembros sénior del
propio Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa.
A instancia de la
Casa Blanca, indica el resumen, los Secretarios de Estado y Defensa, quienes a
su vez son directores del Consejo de Seguridad Nacional, no fueron informados
sobre los pormenores del programa hasta septiembre de 2003. El informe describe
un mensaje de correo electrónico de la CIA de 2003, donde se indica que “[el
secretario de Estado Colin] Powell se enfurecería si tomara conocimiento de lo
que ha estado ocurriendo”.
La Comisión de
Inteligencia del Senado inició el estudio en 2009, luego de que la CIA
destruyera 92 grabaciones de video de interrogatorios a presuntos terroristas
practicados por la CIA. A pesar de la función de supervisión que corresponde a
la comisión, ninguno de sus miembros, a excepción del entonces presidente y
vicepresidente, fueron informados sobre el programa, que comenzó en 2002, hasta
septiembre de 2006, horas antes de que el presidente George W. Bush diera a
conocer el programa públicamente.
Los esfuerzos de la
CIA por eludir cualquier control aparentemente no habrían terminado allí. En
marzo de 2014, la presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado Dianne
Feinstein informó que la CIA había ingresado en las computadoras de personal de
la comisión durante el transcurso de la investigación. El inspector general de
la CIA remitió esta cuestión al Departamento de Justicia para que iniciara
acciones legales, pero este se excusó. El director de la CIA, John Brennan, que
había desestimado en varias ocasiones señalamientos de irregularidades de la
CIA, ofreció sus disculpas el 31 de julio, luego de que una investigación
interna determinara que esta agencia había vigilado las computadoras de
personal de la comisión.
“La CIA ha intentado
encubrir su programa de tortura obstaculizando de manera sistemática cualquier
supervisión y transmitiendo mensajes falsos al público”, dijo Roth. “El
Congreso y el Presidente deberían aprovechar esta oportunidad para intensificar
el control de la actuación de la CIA y asegurar que sea compatible con el
estado de derecho”.
Necesidad de rendición
de cuentas
En el segundo día de
su mandato, en enero de 2009, el presidente Barack Obama firmó un decreto por
el cual dispuso el cierre de los centros de detención secretos de la CIA y puso
fin al uso de “técnicas intensivas en los interrogatorios”, que no es más que
un eufemismo para referirse a torturas y otros tratos crueles o inhumanos. Si
bien la tortura y otros maltratos de personas bajo custodia constituyen actos
violatorios del derecho estadounidense e internacional, ningún funcionario de ese
país responsable de haber creado o implementado el programa ha sido llevado
ante la justicia. “Es inadmisible que el presidente Obama se niegue a permitir
que se juzgue siquiera a una persona que haya autorizado, implementado o
encubierto las torturas”, advirtió Roth.
Si bien los nombres
de los países que cooperaron con el programa de EE. UU. fueron eliminados del
resumen, existen pruebas de peso de que la CIA envió a prisioneros al menos a
ocho países, incluidos Afganistán, Polonia, Rumania, Lituania, Tailandia,
Marruecos, Jordania y Egipto.
Estados Unidos con
frecuencia ha presionado a otros gobiernos para que juzguen graves violaciones
de derechos humanos perpetradas por funcionarios de estos. Además de transmitir
el mensaje de que EE. UU. no tolerará que detenidos sean abusados en su
territorio, el procesamiento creíble e imparcial de casos de tortura que
impliquen a EE. UU. será crucial para la credibilidad estadounidense al
reclamar justicia en otros países.
En 2009, el
Departamento de Justicia inició una investigación, a cargo del Fiscal Especial
John Durham, que se anunció como una investigación penal rigurosa de abusos
cometidos contra detenidos bajo custodia de la CIA. No obstante, la
investigación examinó solamente abusos que excedían las técnicas de
interrogatorio que habían sido autorizadas por el Departamento de Justicia, a
pesar de que el presidente Obama ha reconocido que algunas de las técnicas
autorizadas constituyeron tortura.
Durham estudió 101
casos de abusos de la CIA, incluidos los de dos detenidos que murieron mientras
se encontraban bajo custodia de esta agencia. No obstante, el Departamento de
Justicia dio por concluida la investigación en agosto de 2012, sin presentar
cargos contra ningún responsable. A su vez, según parece EE. UU. no entrevistó
en ningún momento para la investigación a numerosos ex detenidos de la CIA que
presuntamente habrían sufrido algunos de los abusos más graves durante su
detención. El gobierno estadounidense se ha negado a responder preguntas
relativas a si entrevistó a algún ex detenido de la CIA para la investigación
de Durham. Que no se hayan llevado a cabo tales entrevistas suscita serios
interrogantes con respecto al cumplimiento de EE. UU. de su obligación de
efectuar una averiguación exhaustiva y justa de posibles violaciones de
conformidad con la Convención contra la Tortura, advirtió Human Rights Watch.
“El resumen del
informe del Senado debería ser el comienzo, y no el final, de un proceso que
permita llevar ante la justicia a quienes cometieron torturas en nombre del
pueblo estadounidense”, expresó Roth. “Se requerirá de gran liderazgo
presidencial para que se avance hacia los pasos siguientes”.
Hrw.org. Washington, D.C., Estados Unidos. 11/12/14
