La Oficina en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)
conmemora un nuevo aniversario de la aprobación de la “Declaración sobre la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas” por la Asamblea General de la ONU en 1992.
Dicho documento fue una guía para la tarea encargada al Experto Independiente
en este tema, y es pilar fundamental de la Convención Internacional sobre la
misma materia, así como instrumento esencial de la labor del Grupo de Trabajo
de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI), todos
ellas normas vigentes y mecanismos plenamente aceptados por México. La
efeméride acontece además pocas semanas después del quinto aniversario de la
sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el
caso Radilla Pacheco vs. México, desaparecido desde hace 40 años.
La Declaración ha
sido la herramienta siempre invocada por los familiares de las víctimas de
desaparición forzada, los activistas y las organizaciones defensoras de los
derechos humanos en sus exigencias frente a las autoridades para el
cumplimiento estricto de sus obligaciones internacionales.
“Bajo la égida de la
Declaración se forjó un movimiento de familias y activistas valiente, activo y
solidario. Nos acercamos a fechas en las que las ausencias duelen más que nunca
y por ello hacemos explícito nuestro reconocimiento y admiración a la
perseverancia que todas ellas y ellos demuestran cada día, recordándonos que
todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana y
su comisión afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la
primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales", dijo Javier Hernández Valencia, Representante de la ONU-DH
en México.
El trabajo de la
ONU-DH en México se desarrolla en un contexto en el cual no debemos perder de
vista que las desapariciones de los estudiantes normalistas ocurridas en
Iguala, Guerrero, siendo un acontecimiento que se configura como una violación
muy grave a los derechos humanos, se suma a una historia reciente de México en
la que numerosas desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos
humanos siguen afligiendo a muchas familias y se añaden a las desapariciones
cometidas en la etapa de la así denominada “Guerra Sucia”, tal como señaló el
GTDFI en su informe de visita al país en 2011.
Para abordar el reto
que ello representa, la ONU-DH ha impulsado y acompañado diferentes procesos
como la adopción de la primera legislación especial sobre declaración de
ausencia de personas desaparecidas en Coahuila; los esfuerzos en Nuevo León de
víctimas, familias, organizaciones y las propias autoridades estatales para
generar y fortalecer los espacios de diálogo y acción eficaz en aras de lograr
progresos en las investigaciones; y el retiro de la reserva a la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que impedía que las
desapariciones forzadas perpetradas por militares fueren del conocimiento de
las autoridades civiles y que fue un reclamo del movimiento de derechos
humanos. Las distintas experiencias, con todas sus complejidades y particularidades,
confirman no sólo la pertinencia de la agenda
delineada en las recomendaciones internacionales que ha recibido México,
sino además, de manera destacada, el rol invaluable e insustituible que tienen
las familias y las organizaciones en las transformaciones institucionales que
deben emprenderse, de cara al esfuerzo de implementación que le corresponde al
Estado. Lo anterior supone, además, que las propias autoridades respeten el
derecho de las personas a defender los derechos humanos de las personas desaparecidas.
El Estado debe abstenerse de acciones que interfieran con su labor, tales como
injerencias arbitrarias, descalificaciones públicas o cualquier otro tipo de
acción indebida frente el ejercicio legítimo de los derechos consagrados en la
Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos
y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales universalmente reconocidos.
Para la ONU-DH abrir
una ruta que ayude a remontar los retos inmediatos y, al mismo tiempo, aborde
los problemas de fondo, cuyo asidero es esa “combinación de condiciones
inaceptables de debilidad institucional” crudamente referida por el Presidente
de la República, implica asumir la urgencia y acelerar la implementación de las
recomendaciones pendientes formuladas al Estado mexicano por los organismos
internacionales de derechos humanos, así como la propia sentencia de la CoIDH
en el caso de Rosendo Radilla Pacheco. La agenda incluye: emitir una ley
general e integral en la materia; el reconocimiento nacional de la figura de
declaración de ausencia por desaparición; el combate efectivo a la impunidad;
el fortalecimiento de servicios forenses independientes; la instauración de un
mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas; la instauración de
bancos genéticos; la protección de víctimas y testigos; la regulación apropiada
del uso de la fuerza; el registro de personas detenidas y el reconocimiento de
la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y
examinar comunicaciones de personas que aleguen ser víctimas de una
desaparición.
Hchr.org.mx. México, Distrito Federal, 18/12/14
