México no logró hoy
colmar las expectativas del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que
reiteradamente le cuestionó respecto al número total de personas desaparecidas
por la fuerza en el país.
México compareció hoy
ante el Comité que, regularmente, examina en Ginebra a los 44 Estados Parte de
la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas.
Una y otra vez los
miembros del Comité, y especialmente los dos relatores, Luciano Hazan y Rainer
Huhle, preguntaron a la delegación mexicana sobre los registros oficiales o
oficiosos de cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país.
Y, de éstas, cuántas
eran mexicanos, cuántas emigrantes mexicanos o centroamericanos que intentaban
llegar a Estados Unidos, y si se está creando un banco genético de esos
extranjeros, cuántos niños y cuántas mujeres.
Los relatores
explicaron que, si no se sabe cual es el problema, no se puede crear la
legislación adecuada ni tampoco programas concretos para implementar una
política de lucha contra esa lacra.
Todas estas
cuestiones quedaron en el aire, dado que la delegación se limitó a dar algunos
datos aislados sobre resolución de casos o funcionarios apartados de sus
funciones al estar relacionados con en este delito, pero sin establecer
exactamente en qué periodo ocurrió.
El único dato preciso
lo aportó la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención
del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, quien informó que
actualmente se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, de acuerdo
con los registros desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el pasado 31 de
octubre.
Pero no especificó de
qué tipo de desapariciones se trata, desde cuándo y si se puede hablar o no de
delito.
Con anterioridad,
además, señaló que se habían localizado 18 mil personas hasta el 31 de octubre
del 2014, “el 69 por ciento”.
Cuestionada la
delegación para que aclarara estas cifras, la pregunta quedó de nuevo sin
respuesta.
Con respecto al caso
de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala
(Guerrero), los relatores no hicieron especial hincapié pues dejaron claro que,
si bien éste es un caso muy emblemático, la revisión en el Comité no es el foro
adecuado para tratarlo y ejemplo de un problema que, lamentablemente, es mayor.
No obstante, el caso
de los 43 estudiantes que desaparecieron tras una orden de las autoridades de
Iguala y a manos del cártel Guerreros Unidos, estuvo presente.
El primero en
referirse al caso fue el propio jefe de la delegación mexicana, el subsecretario
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México, Juan Manuel Gómez Robledo, quien pidió un minuto de
silencio para ellos.
En la sala estaban
dos padres de los 43 estudiantes, Hilda Legideño y Bernabé Abraján, quienes
escucharon las explicaciones dadas en distintas ocasiones por los 27 miembros
de la delegación mexicana.
El escepticismo de
Legideño y Abraján quedó en evidencia en varias ocasiones en la que sus cabezas
se movían en un gesto de negación al escuchar algunas explicaciones.
En un encuentro
posterior con la prensa, Legideño denunció la inacción del Gobierno mexicano y
los engaños de las autoridades.
“Hay inconsistencias
en las investigaciones, se está tapando al Gobierno porque fueron policías los
que se llevaron a nuestros hijos, ¿por qué no se les investiga?”, se preguntó.
Legideño agregó que,
durante las intervenciones de los representantes del Gobierno mexicano, les
escuchó hablar de apoyo a los familiares de desaparecidos, pero dijo que “eso
es falso”.
“Hoy decidimos venir
aquí para que nos apoyen a que se haga Justicia y que se acabe este tormento”,
indicó, por su parte Bernabé.
Huhle hizo referencia
al hecho de que durante la búsqueda de los 43 estudiantes se han encontrado
fosas comunes con más de 40 cuerpos, lo que le dio pie a reiterar cuestiones
sobre la “guerra sucia” de los años 70 y 80.
Otro de los temas más
recurrentes durante las diferentes rondas de preguntas y respuestas fue el de
la protección a los familiares de las personas desaparecidas o de los testigos
de algunos casos, “dado que queremos evitar la revictimización”, especificó
Hazan.
También estuvo entre
los asuntos más reiterados la reforma constitucional que permitirá que haya una
sola legislación en la Federación mexicana sobre las desapariciones forzadas,
dado que, hasta la fecha, cada estado tiene su propia legislación y algunos ni
tan siquiera incluyen ese delito.
Sinembargo,mx. México, DF, 02/02/15
