Firmeza y tacto de la
ONU con desapariciones forzadas en México
“El Comité de la ONU contra las Desapariciones
Forzadas no es un tribunal y digo esto para evitar cualquier
malentendido”, enfatizo el experto
alemán Rainer Huhle al presentar este viernes 13 las recomendaciones al
gobierno de México, acosado por la proliferación alarmante de ese delito.
La advertencia, de
Huhle, uno de los 10 integrantes de ese cuerpo de la ONU (Organización de las
Naciones Unidas), precisó cómo son el lenguaje y los tiempos de la diplomacia
internacional aun en el caso candente de decenas de miles de desapariciones
como se ha denunciado en México.
El documento del
Comité describe “un contexto de desapariciones generalizadas” en gran parte de
México. Sostiene que muchas de ellas podrían caer en la categoría de
desapariciones forzadas y admite que ya
se perpetraban cuando entró en vigor, en
diciembre de 2010, la Convención Internacional para la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas.
El texto emplea el
modo condicional en los verbos para reconvenir al gobierno mexicano, en un tono
de suave reprensión, repitiendo, por ejemplo, “el Estado parte debería…” en
varias de sus recomendaciones.
Pero sin pasar por
alto, empero, ninguno de los aspectos más graves del delito.
“El análisis se me
hace muy puntual en todo”, aprobó la madre de un desaparecido, María
Guadalupe Fernández, quien es una integrante activa de Fuerzas Unidas por
Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México.
También el abogado
Michael Chamberlin, del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de
Larios, del estado nororiental de Coahuila, consideró “positivo que el Comité
reconozca el carácter generalizado de las desapariciones, porque dimensiona
correctamente la magnitud del fenómeno en México”.
Chamberlain aplaudió que el Comité “haga constar la falta de un registro preciso de las
desapariciones ligado a mecanismos de búsqueda eficientes y de oficio para
desapariciones recientes y del pasado, sensible a condiciones de género, edad y
nacionalidad”.
La ausencia de datos
precisos sobre el número de desaparecidos fue uno de los reclamos más firmes que
hizo el Comité, que estableció cómo prioridad que el Estado mexicano lo
solucione favorablemente en el plazo de un año.
Una de las
estimaciones, originada en el gobierno y divulgada por Amnistía Internacional,
eleva el número de desaparecidos en los últimos ocho años a unos 22.600.
“Esas cifras han
cambiado de magnitud varias veces”, dijo Huhle. “No podemos confiar en esos datos porque
desconocemos como se obtienen”, agregó el miembro del Comité, que examinó a
México durante una audiencia especial el 2 y el 3 de este mes, en esta ciudad
suiza.
“Después de un año,
esperemos que (las autoridades) nos digan que han logrado. Ellos deben
comprender que esto es una prioridad. Por supuesto, no esperamos tener un
cuadro perfecto en un año, pero para entonces tendrán que haber avanzado
algunos pasos”, completó.
El Comité también
fijo el plazo de un año para que México se ocupe del problema de los migrantes, en su mayoría procedentes de
América Central y algunos países sudamericanos, “que cruzan México en busca del
‘paraíso’ al norte del Rio Grande”, en el vecino Estados Unidos, refirió Huhle.
En este punto, el
Comité empleó un lenguaje más duro al declarar su “preocupación” por la
desaparición de migrantes, “incluyendo niños”, y “entre los cuales habría casos
de desapariciones forzadas”, dijo el documento de recomendaciones entregado
este viernes 13.
El tercer
emplazamiento del Comité que debe cumplirse en un año aborda que México “debería redoblar sus esfuerzos con
miras a la búsqueda, localización y liberación” de las personas desaparecidas.
Chamberlín también
consideró positivo para los activistas la demanda del Comité de que se armonice
la legislación del país, pese a su carácter federal, así como el señalamiento
de la impunidad en materia de desapariciones forzadas y como evaden las
autoridades la investigación de los casos, al disfrazarlos con otras figuras
delictivas.
Fernández, madre de
José Antonio Robledo Fernández, un ingeniero desaparecido en enero de 2009
cuando tenía 32 años, resaltó que el Comité “puso atención en un problema tan
grave que rebasó a México”.
Lo hizo, dijo,
mediante la implementación de mecanismos
“que no se queden en proyectos de mediano y largo plazo sino que sean
inmediatos, para que en verdad apoyen a todos los familiares que pululamos por
el país en búsqueda de nuestros seres queridos”.
Pero Fernández
disintió de la decisión del Comité de otorgar al Estado mexicano hasta 2018
para cumplir con sus recomendaciones, con la excepción de los tres
emplazamientos para cumplir en un año sobre el registro de desapariciones, los
migrantes y la búsqueda de las personas desaparecidas.
“Desconfió en verdad
que el Estado cumpla y satisfaga todas las recomendaciones del Comité en apoyo
a las victimas indirectas de esta emergencia nacional, y que ponga fin a todas
las violaciones de los derechos humanos e implemente normas que deben ser
inmediatas”, explicó.
Entre las lagunas del
Comité, Chamberlain destacó que no haya citado la falta de independencia de la
procuraduría (fiscalía) “como una de las
razones fundamentales para la impunidad en el caso de desapariciones”. Solo lo
mencionó en el caso de la justicia militar, aclaró el abogado.
Tampoco hizo alusión
a la falta de sanción a los funcionarios que incurren en negligencia o
corrupción, apuntó.
Chamberlin observó
que el Comité no consideró la crisis de credibilidad de las instituciones de
justicia en México. De hacerlo, hubiera instado al Estado a colaborar
plenamente con el grupo de expertos en materia de desapariciones forzadas de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esos expertos
realizarán varias visitas a lo largo de este año al país, como parte de las
medidas cautelares dictadas por la CIDH para seguir el caso de los 43
estudiantes de magisterio de La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el
estado de Guerrero, que desaparecieron el 26 de septiembre.
El grupo de la CIDH
se ocupará “no solo de investigar y
superar los fallos en la investigación, sino también de otorgar certeza a los
familiares de las victimas”, recordó Chamberlin.
El defensor de
derechos humanos reclamó “un papel más proactivo del Comité (de la ONU) y no
solo de observante de la grave situación en México”. “Al fin y al cabo, ¿de
cuántos otros estados se puede decir que existe una situación generalizada de
desapariciones?”, se preguntó.
Gustavo Capdevila. Ipsnoticias.net. México, D.F. 13/02/15
Las desapariciones
forzadas en México están generalizadas e impunes: ONU
El gobierno de México
indicó que las recomendaciones de un Comité de la ONU "no reflejan
adecuadamente la información presentada por México"
Las desapariciones
forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes,
denunció el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la
Desaparición Forzada, al presentar recomendaciones sobre el tema.
"¿Cuántas
desapariciones forzadas hay? No lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado
la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas", dijo Rainer Huhle, miembro del Comité y relator sobre el caso de México.
En respuesta, el
gobierno mexicano indicó en un comunicado que las recomendaciones del Comité de
la ONU "no reflejan adecuadamente la información presentada por México, ni
aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se
llevan a cabo para solventar los retos mencionados.
"Tal como lo
acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los
esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y
aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y
búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los
fines que persigue la Convención", agregó el mensaje oficial.
El Comité contra la
Desaparición Forzada de la ONU divulgó sus conclusiones sobre el reciente
examen a México, que señala que "la información recibida ilustra un contexto
de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio de México".
"El grave caso
de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en
el estado de Guerrero ilustra los graves desafíos que enfrenta México en
materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y
búsqueda de las personas desaparecidas", concluye.
Durante la evaluación
del caso de México, los días 2 y 3 de este mes, el caso de los estudiantes de
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa surgió en varios momentos del
interrogatorio, y los relatores hicieron hincapié en que era un caso
emblemático y un ejemplo de un problema mayor.
Huhle añadió que del
estudio de México se desprende que "en más de la mitad de los estados del
país se han dado casos de este atroz delito", y recordó que las denuncias
no son recientes, sino que se remontan a varios años atrás.
"Es por eso que
hablamos de impunidad. Porque es un problema de años y el Estado no ha hecho
suficiente para resolver", agregó en conferencia de prensa realizada en
Ginebra, Suiza.
Las conclusiones
indican: "El comité se muestra preocupado por la impunidad respecto de los
numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi
inexistencia de condenas por este delito".
"Las cifras
hablan por sí mismas si tenemos en cuenta que hablamos de miles de casos de
desapariciones forzadas y sólo seis personas han sido condenadas",
puntualizó el experto.
"Repito,
hablamos de miles de desapariciones, el Estado no debería buscar excusas y
debería implementar de inmediato todas nuestras recomendaciones",
enfatizó.
Recomendaciones
Entre las
recomendaciones, los expertos han destacado tres como las más acuciantes, por
las que México deberá responder sobre su implementación antes de un año,
mientras para el resto tendrá tres años.
La primera se refiere
a que México no cuente con un registro nacional sobre desapariciones forzadas,
"lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta
la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con
efectividad".
"(México)
debería adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de
personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas
confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas
encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito
aberrante", dijo.
La segunda se refiere
a que México debe redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las
desapariciones de migrantes que cruzan su territorio hacia Estados Unidos.
La tercera se centra
en "las serias dificultades que existen en la práctica en materia de
búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos y, en particular,
que la búsqueda de las personas desaparecidas no siempre se inicia de forma
inmediata".
"Sorprende la
falta de unidades científicas y forenses para buscar a los desaparecidos",
dijo Luciano Hazan, el segundo de los relatores.
Otra de las
recomendaciones "alienta enérgicamente" a México a reconocer la
competencia del comité para recibir y examinar denuncias presentadas por
individuos.
El documento también
sugiere "la necesidad de adoptar medidas para asegurar que, tanto a nivel
federal como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las
obligaciones consagradas en la Convención Internacional para la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas", pues no todos los
estados la incluyen en su normativa.
Finalmente, los
expertos solicitan que la legislación prevea específicamente la responsabilidad
penal de los superiores jerárquicos.
CNN México, México, D.F., 13/02/15
ONU señala desafíos sobre
desapariciones
En un documento de 11
páginas, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas dio a
conocer sus observaciones finales sobre el informe presentado por México los
días 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza, donde advierte que el “grave caso” de
los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, “ilustra los serios desafíos que
enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las
desapariciones forzadas y búsqueda de personas desaparecidas”.
En el apartado
Principales motivos de preocupación y recomendaciones, el comité de la ONU
destaca que los datos aportados por nuestro país ilustran un contexto de
desapariciones generalizadas en gran parte del territorio nacional, que en su
mayoría podrían calificarse como desapariciones forzadas.
En este sentido, hizo
un llamado al gobierno de México con el fin de que adopte las medidas
necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la
legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas
en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas.
Al respecto, lo
alienta a aprobar a la mayor brevedad posible una ley general que regule de
manera integral los aspectos de la desaparición forzada contenidos en la
convención, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación,
juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas, así como a la búsqueda y
situación legal de las personas desaparecidas. Asimismo, el Comité recomienda
que se garantice la participación de las víctimas de desaparición forzada, las
organizaciones de la sociedad civil y la CNDH en todo el proceso encaminado a
la adopción de esta ley”, manifestó.
El Comité de la ONU
agregó que se deben adoptar medidas legislativas para que a la brevedad
posible, la desaparición forzada sea tipificada como delito grave y tenga un
plazo prolongado de prescripción.
De igual forma,
recomendó la creación de un registro único de personas desaparecidas a nivel
nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar
políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar,
sancionar y erradicar este “delito aberrante”.
Indicó que el Estado
debe redoblar sus esfuerzos para prevenir e investigar las desapariciones de
migrantes, en cooperación con los países de origen y destino, y con la
participación de las víctimas y la sociedad civil.
El comité alienta al Estado
a que considere establecer en el ámbito de la PGR una unidad fiscal
especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con
recursos adecuados, en particular personal específicamente capacitado en la
materia”, señaló.
En sus conclusiones,
dadas a conocer este viernes, el Comité contra la Desaparición Forzada de
Naciones Unidas estableció como fecha
límite el 13 de febrero de 2018 para que México presente “información concreta
y actualizada acerca de la aplicación de todas sus recomendaciones”.
Recomendaciones
El Comité contra la
Desaparición Forzada de Naciones Unidas emitió el documento Principales motivos
de preocupación y recomendaciones:
Los datos aportados
por nuestro país ilustran un contexto de desapariciones generalizadas en gran
parte del territorio nacional, que en su mayoría podrían calificarse como
desapariciones forzadas.
La ONU hizo un
llamado al gobierno de México con el fin de que adopte las medidas necesarias
para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la
práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la convención
internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas.
El comité recomienda
que se garantice la participación de las víctimas de desaparición forzada, las
organizaciones de la sociedad civil y la CNDH en todo el proceso encaminado a
la adopción de esta ley.
Estableció como fecha limite el 13 de febrero de 2018 para
que México presente “información concreta y actualizada acerca de la aplicación
de todas sus recomendaciones.
