A la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le preocupa que
cada vez más países justifiquen la violación de tratados internacionales de
derechos humanos con el fin de combatir el terrorismo en las zonas en conflicto
Esos instrumentos, de
los cuales la ONU es la representante legal, prohíben la tortura, el
encarcelamiento ilegal, el trato degradante de los prisioneros de guerra y las
desapariciones forzadas, entre otras cosas.
“Esta lógica abunda
en el mundo de hoy: torturo porque una guerra lo justifica. Espío a mis
ciudadanos porque el terrorismo, repugnante como es, así lo requiere”, declaró,
en una alusión indirecta a las potencias mundiales, el Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra’ad Al-Hussein.
“No quiero
inmigrantes nuevos, o discrimino a las minorías, porque mi identidad comunal o
mi forma de vida están amenazadas como nunca. Mato a los demás, porque los
demás me matarán a mí, y así sucesivamente”, añadió el jueves 5 en el Museo del
Memorial al Holocausto, en Washington.
El mundo necesita un
“liderazgo profundo e inspirador”, guiado por la inquietud por los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, destacó.
“Necesitamos líderes
que cumplan plenamente esas leyes y tratados redactados para erradicar todo
tipo de discriminación, la privación de millones, y las atrocidades y el exceso
en la guerra, sin excusas. Solo entonces podremos ayudarnos a salir de la serie
actual de graves, y aparentemente inagotables, crisis que amenazan con
absorbernos”, subrayó el funcionario internacional.
En 2014 la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos fue acusada de someter a
sospechosos de terrorismo a torturas que el organismo denomina “técnicas de
interrogatorio mejoradas”, entre ellas el submarino o simulacro de ahogamiento,
la privación del sueño y los apremios físicas.
Los países
occidentales, que participaron en ataques aéreos en Afganistán, Iraq, Libia y
Siria, justificaron miles de muertes de civiles como “daños colaterales”,
aunque en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU continúen
predicando la doctrina de los derechos humanos y lo sagrada que es la vida de
la población civil.
Varios países, entre
ellos Arabia Saudita, Jordania y Pakistán, aplican la pena de muerte para los
acusados de terrorismo y la flagelación pública de blogueros y disidentes
políticos como parte de su lucha antiterrorista.
A fines de enero la
organización extremista Estado Islámico se atribuyó el asesinato del piloto
Mu’ath al Kassassbeh de la Fuerza Aérea de Jordania, país que integró una
coalición que lanzó ataques aéreos contra sus fuerzas.
Como represalia,
Jordania ejecutó a dos presos vinculados a la red islamista Al Qaeda.
“Fue ojo por
ojo”, opinó una fuente jordana.
En diciembre, 117 de
los 193 estados miembros de la ONU adoptaron una resolución de la Asamblea
General que pide una moratoria sobre la pena de muerte. Pero las ejecuciones
continúan.
Para el secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, “la pena de muerte no tiene cabida en el siglo
XXI”.
Javier El-Hage,
abogado de la organización independiente de derechos humanos Human Rights
Foundation, con sede en Estados Unidos, dijo a IPS que apoya el llamado del
Alto Comisionado a un “mejor liderazgo” y al “replanteamiento mundial de la
educación” como las principales armas de las que el planeta podría beneficiarse
en la lucha contra las “causas de los peores conflictos y atrocidades”.
El comisionado Zeid
dijo que a niños y niñas se les deben enseñar qué son la “intolerancia y el
patrioterismo”, ”los terribles males que pueden producir”, y que “las figuras
de autoridad pueden aprovechar la obediencia ciega con fines perversos”.
Las peores
atrocidades “las causaron líderes intolerantes, patrioteros y autoritarios… que
mediante el monopolio en la educación y la información, con la represión de la
disidencia y los medios independientes, imponen agendas económicas,
nacionalistas, racistas o religiosas radicales de tal manera que aplastan los
derechos de las minorías y los disidentes de todo tipo”, afirmó El-Hage.
Por ejemplo,
argumentos nacionalistas, racistas o religiosos se utilizaron contra los judíos
en la Alemania nazi, los ucranianos en la Unión Soviética, los kurdos en
Turquía y los negros en la Sudáfrica del apartheid, e incluso en la mayor parte
del mundo occidental hasta la abolición de la esclavitud.
Estas ideologías
discriminatorias aun se emplean contra los pueblos uigures y tibetanos en China
y contra fieles cristianos y musulmanes por las dictaduras teocráticas de Medio
Oriente, ya sean aliadas de las democracias industrializadas, como Arabia
Saudita y Jordania, o no, como Irán y Siria.
Zeid dijo que la ley
internacional de derechos humanos representa una síntesis de la experiencia de
la humanidad con las atrocidades y las soluciones para impedirlas. Pero hoy,
con demasiada frecuencia, los gobernantes optan por violar esas leyes, se
quejó.
“En los años tras el
Holocausto se negociaron tratados específicos para” convertir en ley “las
obligaciones de protección de los derechos humanos. Países del mundo entero los
aceptaron y ahora, lamentablemente, con demasiada frecuencia los ignoran en la
práctica”, sostuvo.
Las represalias
contra atrocidades como el asesinato del piloto jordano tienen un impacto
limitado, según Zeid.
“Simplemente
bombardearlos o eliminar sus vías de financiación claramente no ha funcionado…
ya que estos grupos proliferaron y crecieron en fuerza. Lo que se necesita es
la incorporación de un tipo diferente de línea de batalla, una que libren principalmente
gobernantes y países musulmanes, basada en las ideas”, sugirió.
Zeid observó un
efecto en cadena en los derechos civiles y políticos en otros países.
“El espacio para la
disidencia en muchos países está colapsando bajo el peso de estrategias
antiterroristas mal ideadas o incluso abusivas. Los defensores de los derechos
humanos están, por tanto, bajo una enorme presión en muchas partes del mundo…
Corren el riesgo de la prisión o peor”, advirtió el funcionario.
Thalif Deen. Ipsnoticias.net. 06/02715
