-Coincide la ONU con
las propuestas presentadas por el
Ombudsman mexicano
ante el Comité, en Ginebra
- Afirma la CNDH que
su adopción e implementación representaría la posibilidad de lograr avances en
la materia
-El Comité de la ONU
señala que México cuenta con una sociedad civil y una Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, dinámicas, que contribuyen a la vigilancia y aplicación de la
Convención internacional
La Comisión Nacional
de los Derechos Humanos saluda las observaciones finales dadas a conocer hoy
por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en la ciudad
de Ginebra, sobre el informe presentado por México a principios de febrero,
pues su adopción e implementación representaría la posibilidad de lograr
avances en el combate a ese lacerante problema.
Las Observaciones del
Comité de la ONU son coincidentes, en lo esencial, con las consideraciones y
propuestas que el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, presentó a ese
órgano internacional, en días pasados, en Ginebra, Suiza.
La CNDH considera que
el acatamiento de las observaciones del Comité contra la
Desaparición Forzada
de las Naciones Unidas resarciría, en buena parte, el problema de la falta de
congruencia entre lo dispuesto por las normas mexicanas y la realidad imperante
en nuestro país.
Destaca el Comité la
importancia de construir un Registro Único de Personas
Desaparecidas, que
permita contar con información confiable, con criterios claros y homogéneos,
que posibilite identificar cuáles casos pueden ser de desaparición forzada y
cuáles de desaparición cometida sin participación de agentes estatales.
Al dar a conocer sus
18 recomendaciones al Gobierno mexicano para atender los casos de desaparición
forzada, donde tomó en cuenta las propuestas presentadas por el Ombudsman
nacional, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas reconoció
que México cuenta con una sociedad civil y una Comisión Nacional de los Derechos
Humanos dinámicas, que contribuyen significativamente a la vigilancia y aplicación
de la Convención Internacional en la materia.
Esta Comisión
Nacional considera que el Comité valoró su señalamiento en el sentido de que en
México existe un serio problema de desapariciones en algunas regiones del país.
El caso de los 43
estudiantes de Iguala sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014
ilustra, desde la perspectiva del Comité y en concordancia con lo expuesto por la
CNDH, los desafíos que enfrenta el Estado en la prevención, investigación y
sanción de este delito, así como la búsqueda de las personas desaparecidas.
Entre las
recomendaciones del Comité, coincidentes con las propuestas de la CNDH, destacan:
que se garantice la participación de las víctimas de desaparición forzada, las organizaciones
de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en todo el
proceso de adopción de la ley general que regule de manera integral los aspectos
de la desaparición forzada; que el Gobierno mexicano reconozca la competencia
del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales;
contar con registros uniformes de todas las personas privadas de libertad.
En particular, la
CNDH señala la importancia de que el Comité observe la necesidad de avanzar en
una Ley General en la materia, además de que se adopten medidas legislativas
para asegurar que, a la brevedad, la desaparición forzada sea tipificada, tanto
a nivel federal como estatal, y que se ajuste a la definición contenida en la Convención,
teniendo en cuenta el carácter continuo del mismo.
El Comité también se
pronuncia porque, en el marco de la Recomendación 26/2001 de este Organismo
nacional, se garantice que todas las víctimas, se relacionen o no con los casos
corroborados por la CNDH, reciban reparación adecuada, que incluya los medios para
su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género.
Debe también
destacarse que el Comité contra la Desaparición Forzada reconoció que el Estado
mexicano ha ratificado la totalidad de los instrumentos fundamentales de derechos
humanos de las Naciones Unidas y casi todos sus protocolos facultativos.
Además, valoró
positivamente que se haya otorgado rango constitucional a los derechos humanos
reconocidos en los tratados internacionales en los que México es parte, y saludó
la aprobación de la Ley General de Víctimas y la Ley de Amparo, ambas de 2013.
Cndh.org.mx. México, D.F., 13/02/15
