El
Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (CED, por sus
siglas en inglés), en sus observaciones finales sobre México, determinó que las
desapariciones se han generalizado en el país, e instó al Gobierno a tomar
medidas para prevenir las desapariciones y resolver los casos pendientes. El
CED también emitió recomendaciones específicas al gobierno. Sorprendentemente,
pocas horas después de que el CED publicó sus conclusiones y recomendaciones,
el gobierno mexicano contestó a las conclusiones al decir que "no aportan elementos adicionales"
para abordar el problema.
"El
gobierno mexicano no parece dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y
su posición en relación con estas recomendaciones puede indicar que va a
ignorar cualquier crítica a sus estrategias fallidas en materia de seguridad
pública. Esta decisión es extremadamente alarmante en el frágil contexto de
derechos humanos que enfrenta el país ", ha manifestado Amnistía
Internacional.
Amnistía
Internacional está profundamente preocupada de que la declaración del gobierno
implique un rechazo de las recomendaciones del CED. Con más de 23,000 casos no
resueltos de desapariciones, muchos de ellos, casos de desapariciones forzadas
cometidas por la policía y las fuerzas militares, las autoridades deberían
aceptar asistencia especializada y constructiva proporcionada por los expertos
de la ONU.
Las
conclusiones finales del CED se incluyen en un documento resultado de una
revisión a fondo del país durante su 8vo período de sesiones. En su análisis de
la situación, el Comité tuvo en cuenta toda la información relevante presentada
por el propio gobierno y por otras partes interesadas, como las víctimas y
organizaciones no gubernamentales que trabajan en este tema. La evaluación del
Comité saluda avances en el tema pero también incluye preocupaciones respecto a
las medidas (o falta de ellas) hasta
ahora implementadas por el gobierno.
El
Comité recomienda prevenir los actos de intimidación y hostigamiento hacia los
familiares de las personas desaparecidas así como hacia los defensores de
derechos humanos que les asisten; la aprobación de una ley general sobre
desaparición forzada que cumpla con los estándares internacionales en la
materia; bases de datos de ADN de personas desaparecidas y un registro de las
desapariciones en el que puedan ser identificados específicamente los casos que
constituyen desaparición forzada; un registro confiable de los detenidos y
garantías en la búsqueda inmediata de personas desaparecidas reportadas.
Actualmente, todos estos aspectos enfrentan serias fallas que dificultan la
investigación y perpetúan la impunidad casi total de estos crímenes.
Amnistía
Internacional insta al gobierno mexicano a aceptar pública y oficialmente todas
las recomendaciones formuladas por el CED, además de adoptar todas las medidas
necesarias para aplicar estas recomendaciones plenamente. La fase de ejecución
sólo puede tener éxito con la plena participación de las víctimas y las
organizaciones de la sociedad civil que trabajan junto con ellos.
Amnistía
Internacional saluda la petición del CED de visitar México para evaluar la
situación. La organización insta a las autoridades mexicanas a resolver con
prontitud a la solicitud para dar a los miembros del Comité todas las garantías
necesarias para realizar con éxito su tarea.
Amnistia.org.mx. México, Distrito Federal, 17/02/15
