¿A cuántas personas
mata cada año la policía en Estados Unidos y bajo qué circunstancias? Estas son
algunas de las preguntas básicas que plantea la muerte por disparos de la
policía del joven afroamericano Michael Brown en Ferguson, Missouri, el año
pasado. La respuesta corta –y sorprendente— es que nadie lo sabe.
Un nuevo informe de
la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS) hace grandes esfuerzos para
explicar el porqué. Desde 2003, BJS ha recopilado datos de los estados para
producir un recuento nacional anual de las personas que han muerto cuando eran
arrestadas o bajo custodia policial, en el marco del programa de Muertes
Relacionadas a Detenciones Policiales. Pero según el nuevo informe, las grandes
diferencias en cómo los estados recopilan y registran sus datos han “resultado
en una subestimación significativa del número anual de muertes relacionadas a
la detención”. Como resultado, EE.UU. solo recoge datos de 35-50 por ciento de
las muertes relacionadas a detenciones en todo el país, e incluso esta cifra
podría estar sobreestimando la cobertura. Además, el sistema actual de
recopilación de datos no brinda datos útiles para examinar las tendencias en
las muertes en función del tiempo, la geografía, la demografía o ninguna otra
variable.
Esto es importante
porque sin datos precisos sobre los fallecidos, cuál es la agencia del orden
público involucrada y las circunstancias que rodean estos incidentes, el
liderazgo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los
diseñadores de políticas pasarán apuros para reducir el número de muertes
futuras.
La indignación
pública después de la muerte de Brown y otros casos llevó al Congreso de EE.UU.
a aprobar en diciembre una ley que clarifica las definiciones de los datos que
los estados están obligados a producir y añade una pequeña sanción económica
por incumplimiento. Ahora requiere explícitamente la recopilación de datos
sobre aquellos que pierden la vida mientras están “detenidos” por las autoridades
(por ejemplo, para ser interrogados), y no sólo durante el arresto o bajo
custodia policial. (Cabe recordar que Michael Brown no se encontraba en el
proceso de ser arrestado ni estaba en custodia policial cuando fue matado, así
que su muerte no hubiera sido contabilizada bajo los parámetros previos).
La nueva ley, aunque
supone un avance, no va lo suficientemente lejos, ya que no hace nada para
abordar los “obstáculos a la recopilación de información válida y confiable”
descritos en el informe de BJS.
Para superar esos
obstáculos, el Departamento de Justicia necesita proporcionar directrices
claras a los estados, a través de BJS, sobre cómo generar datos precisos y
válidos. La sanción económica por incumplimiento de los estados debería estar
supeditada al grado en que se ciñe a estas normas. De lo contrario, la ley no
producirá los resultados deseados.
Documentar el número
de personas que mueren a manos de las fuerzas del orden público no es un
problema esotérico. Existe una solución metodológica cuya implementación solo
requiere de voluntad política, en la forma de recursos y colaboración entre
agencias y jurisdicciones. Lo último que necesita EE.UU. son más datos malos
sobre cuántas personas mueren estando bajo custodia policial.
Brian Root. Hrw.org. 19/03/15
