Venezuela no ha
investigado eficazmente ni puesto en manos de la justicia a los responsables de
la muerte de 43 personas y de las heridas y las torturas sufridas por cientos
más durante las protestas de 2014, lo cual equivale a dar vía libre a más
abusos y actos de violencia, dice Amnistía Internacional en el nuevo informe
que publica la organización.
Los rostros de la
impunidad. A un año de las protestas, las víctimas aún esperan justicia examina
las historias de las personas que murieron o fueron detenidas arbitrariamente y
torturadas bajo custodia en el transcurso y después de las protestas que
sacudieron el país entre febrero y julio de 2014. Entre los muertos y heridos había
manifestantes, transeúntes y miembros de las fuerzas de seguridad. Algunas
personas aún siguen detenidas en espera de juicio.
“En Venezuela, la
gente debe poder protestar pacíficamente sin miedo a perder la vida o a que la
detengan ilegalmente”, ha dicho Erika Guevara Rosas, directora del Programa
Regional para América de Amnistía Internacional.
“Cada día que pasa
sin que se aborde la serie de abusos contra los derechos humanos perpetrados
durante las protestas es otro día de desgarradora injusticia para las víctimas
y sus familias. Es preciso poner fin a esta situación.”
Durante las protestas
se detuvo a 3.351 personas, en muchos casos arbitrariamente. La mayoría
quedaron en plena libertad, se presentaron cargos contra 1.404, y 25 siguen
detenidas en espera de juicio.
Amnistía
Internacional tuvo acceso a los expedientes de cinco personas detenidas con
cargos, y concluyó que su detención había sido arbitraria. Actualmente dos de
estas personas están en libertad en espera de juicio.
Según los indicios,
miembros de la policía permitieron a grupos armados pro gobierno que cometieran
abusos contra manifestantes y transeúntes, e incluso que entraran ilegalmente
en viviendas portando armas de fuego.
Guillermo Sánchez
falleció después de que un grupo de civiles armados pro gobierno le golpearan y
dispararan en La Isabelica (ciudad de Valencia, estado Carabobo), en marzo de
2014. Su esposa Ghina y sus dos hijos tuvieron que huir del país tras recibir
amenazas de muerte por exigir justicia, y siguen esperando que quienes mataron
a Guillermo sean identificados y procesados.
Los familiares de
otras víctimas y sus abogados también han denunciado haber sido hostigados e
intimidados por sus campañas para conseguir justicia y reparaciones. Defensores
y defensoras de los derechos humanos que han denunciado graves abusos también
han sido objetivo de ataques.
Después de las protestas
ha continuado el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y las
detenciones arbitrarias. En las últimas semanas se ha producido la detención en
dudosas circunstancias del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma (el 19 de
febrero), y la muerte de un joven de 14 años a manos de la policía en Táchira
(el 24 de febrero).
En lugar de resolver
estos problemas, a finales de enero de 2015 el Ministerio del Poder Popular
para la Defensa emitió una resolución que permite la actuación de todos los
componentes de las fuerzas armadas en el control del orden público, incluidas
las protestas públicas, facultándolas además para el uso de armas de fuego en
tales circunstancias.
“El uso innecesario o
desproporcionado de la fuerza es precisamente lo que exacerbó la oleada de
acontecimientos trágicos del año pasado. En lugar de añadir leña al fuego
publicando resoluciones para que el ejército tome las calles, las autoridades
de Venezuela deberían enviar un inequívoco mensaje de tolerancia cero al uso
excesivo de la fuerza”, ha dicho Erika Guevara.
Personas muertas y
heridas durante las protestas
El informe de
Amnistía Internacional documenta los sucesos de febrero de 2014, cuando miles
de manifestantes contra el gobierno tomaron las calles, murieron 43 personas
–entre ellas ocho funcionarios encargados de hacer cumplir la ley– y resultaron
heridas otras 878, incluidos casi 300 efectivos de las fuerzas de seguridad.
El informe recopila
el testimonio de víctimas con pruebas fotográficas, estableciendo que las
fuerzas de seguridad golpearon, torturaron e incluso dispararon con fuego real
a los manifestantes.
Tortura y otros malos
tratos bajo custodia
Amnistía
Internacional ha documentado decenas de casos de personas detenidas que fueron
sometidas a tortura y otros malos tratos –golpes, quemaduras, agresiones
sexuales, asfixia, descargas eléctricas y amenazas de muerte– mientras estaban
bajo custodia.
El 27 de febrero de
2014, Wuaddy Moreno regresaba a su casa después de celebrar un cumpleaños
cuando lo detuvieron como sospechoso de participar en las protestas.
Unos Guardias
Nacionales lo golpearon y le infligieron
quemaduras en una plaza de La Grita (estado de Táchira) y, tras llevárselo
detenido , lo dejaron en libertad sin cargos. Los agentes autores de los
abusos, que siguen en servicio activo,
intimidaron y acosaron a Wuaddy y a sus familiares cuando éstos reclamaron
justicia.
Miles de personas
detenidas
Entre las personas
que siguen recluidas se encuentra Leopoldo López, líder de la oposición, Daniel
Ceballos, alcalde de la localidad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, y
Rosmit Mantilla, activista LGBTI, todos del partido de oposición Voluntad
Popular. Los tres deben quedar en libertad.
Recientemente, han
quedado en libertad dos personas detenidas de forma arbitraria. Se trata del
abogado Marcelo Crovato, que fue puesto bajo arresto domiciliario el 25 de
febrero, y Christian Holdack, en
libertad con régimen de presentación
desde el 17 de marzo.
Investigaciones
En la mayoría de los
casos, los responsables de los abusos no han comparecido ante la justicia.
El Ministerio Público
ha investigado 238 informes de violaciones de derechos humanos, pero sólo ha
presentado cargos en 13 casos.
Asimismo, la Fiscal
General ha declarado que hay 30 policías acusados de la muerte de manifestantes,
uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos. Hasta ahora, tres
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han sido declarados culpables
de malos tratos, y 14 se encuentran detenidos. Contra otro hay una orden de
captura que aún no se ha hecho efectiva. Los 12 restantes están en libertad
condicional.
Amnistía.org.mx. 25/03/15
