Representantes de al
menos 20 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) denunciaron ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno mexicano aún
no cuenta con una política integral para atender los casos de las
desapariciones forzadas, los feminicidios, e incluso, para evitar que la
Reforma Energética viole las garantías individuales de los menos favorecidos.
Los representantes de
las distintas ONGS también denunciaron la revictimización de los directamente
agredidos o de sus familias, ante la falta de mecanismos efectivos que permitan
castigar a los responsables y reparar el daño.
En el contexto del
154 periodo de sesiones de la CIDH, en Washington, DC, decenas de
organizaciones informaron a las y los comisionados sobre la grave crisis de
derechos humanos que se vive en México y acusaron que el Estado utiliza la
tortura sexual en contra de las mujeres para generar pruebas inculpatorias,
castigar a quienes participan en movimientos sociales, intimidación y
humillación.
Las organizaciones
presentaron el video de la campaña “Rompiendo el Silencio”, que es una
iniciativa impulsada por las 11 mujeres denunciantes de tortura en Atenco: Ana
María, Italia, Claudia, Cristina, Edith, Mariana, María Patricia, Norma,
Patricia, Gabriela y Yolanda.
El objetivo de la
campaña es “visibilizar el patrón sistemático de la tortura sexual que
enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por agentes policiales,
militares o marinos en la supuesta política de seguridad de Estado, donde en
aras de asegurar una protección a la sociedad, se tortura”.
Indicaron que en
México el tema de violencia sexual predomina cuando se habla de mujeres, cuando
se detiene a grupos de personas, las mujeres son objeto de tortura sexual.
“La tortura sexual en
México es el resultado de la violencia de género. El requerimiento de una
prueba física para probar la violación provoca que las mujeres no denuncien las
agresiones”, dijo María Luida Aguilar del Centro Tlachinollan.
Añadió que los
procesos de justicia son lentos y revictimizan a las mujeres y solicitó “que el
gobierno mexicano instituya un mecanismo de diálogo con la sociedad civil para
los casos de tortura y tortura sexual”.
Por su parte la
Comisionada Tracy Robinson, relatora de los Derechos de las Mujeres de la CIDH
celebró la campaña “Rompiendo el Silencio” y recordó que ésta es la tercera vez
que la Comisión escucha audiencias en materia de tortura hacia las mujeres en
México.
Tracy Robinson
cuestionó al Estado para que informe acerca de las iniciativas que maneja en el
tema de prevención de la tortura sexual.
“Quería hacer una
pregunta al Estado, me interesa información más específica en cuanto a la
tortura sexual, me interesa ver iniciativas de prevención, no sólo después de
suceder el hecho, quiero escuchar más su notificación de la tortura sexual y
cómo lo aborda el gobierno de México”, indicó.
Por su parte, el
Comisionado Felipe González solicitó al gobierno mexicano realizar un mayor
esfuerzo para detener la tortura sexual en el país y recordó que debe ser un
tema prioritario en la administración federal.
“Es indispensable que
se hagan esfuerzos de enorme magnitud por parte del Estado para detener esta
práctica [tortura], debe ser un tema prioritario para México”, sostuvo.
Tras escuchar los
argumentos, la Comisionada Rosa Celorio pidió al gobierno mexicano informar
sobre los protocolos de perspectiva de género que utiliza en las detenciones de
mujeres.
“Quiero saber acerca
de los protocolos de investigación del gobierno, cómo manejan la perspectiva de
género y qué tipo de participación han tenido las organizaciones en estos
protocolos”, refirió
Los desaparecidos
En el tema de las
desapariciones forzadas, los activistas señalaron que, en algunos casos, las
autoridades están coludidas con el crimen organizado como quedó de manifiesto
con el caso de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa, Guerrero.
“El gobierno pretende
ignorar el problema, cuando se les habla de las desapariciones forzadas nos
descalifican”, expuso Gabino Gómez Escárcega, del Centro de Derechos Humanos de
las Mujeres en Chihuahua.
Aseguró que de 2010 a
2014 se han encontrado 90 fosas en Chihuahua y 200 en Guerrero. “De norte a
sur, México es un cementerio humano y la tragedia continúa”.
En su turno, Vidulfo
Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña – Tlachinollan,
por su parte, pidió a la CIDH que intervenga para que el caso de los 43
normalistas desaparecidos en Iguala, hace casi seis meses, se considere como
desaparición forzada.
“Solicitamos la
intervención de la Comisión para pedir al gobierno que considere el caso
Ayotzinapa como desaparición forzada, porque actualmente ninguna de las
personas acusadas en el caso Iguala se encuentra procesada por desaparición
forzada, sólo por secuestro”, dijo.
A la sesión
denominada “Denuncias sobre hechos de desaparición forzada e impunidad en
México” acudieron familiares de desaparecidos quienes recriminaron la
indiferencia y en algunos casos omisión por parte del Gobierno mexicano en este
tema, así como la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiacos.
Diana Iris García,
madre de Daniel Cantú, quien desapareció en el año 2007 en Ramos Arizpe,
Coahuila, denunció una revictimización por parte de las autoridades.
“Nos enfrentamos a la
revictimización de parte de las autoridades, no hay una búsqueda científica,
sólo de oficio, no hay investigación proactiva”, indicó.
Leticia Hidalgo,
madre de Roy Rivera, estudiante desaparecido por un comando que vestía
uniformes federales, pidió a la CIDH que inste al Gobierno mexicano a
implementar mecanismos más eficientes en la búsqueda, por que de lo contrario,
advirtió, habrá más desapariciones y muertes.
“Vivimos entre los
muertos más los que nos esperan. El Estado dice que los desaparecidos están
muertos y no los buscan. Les pido nos apoyen a empujar las búsquedas de campo,
en donde no menosprecien nuestra participación”, señaló.
Lilia Fragoso, esposa
de David Fuentes, desaparecido el 9 de febrero de 2013 en Urique, Chihuahua,
reclamó la falta de ayuda por parte del gobierno.
“El gobierno no
realiza la búsqueda de nuestros familiares, la Fiscalía sólo los tiene como
reporte de desaparición. Les estoy pidiendo [a la CIDH] que nos ayuden a
resolver el problema, ya que para el gobierno es un problema inexistente”.
Por su parte,
representantes de la CIDH solicitaron al Estado mexicano no perseguir ni
estigmatizar la labor de los defensores de derechos humanos en el país.
De acuerdo con los
defensores de derechos humanos “más de 14 dirigentes sociales han sido
procesados por defender sus derechos y cuatro de ellos están recluidos en
penales de máxima seguridad, como es el caso de Marco Antonio Suástegui, vocero
del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la Presa La Parota (Cecop).
También se refirieron a las declaraciones de las autoridades donde descalifica
los informes de organismos internacionales.
Prodigy.msn.com, México, Washington, Estados Unidos, 21/03/15
"México no es un
cementerio humano"
El secretario de
Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, rechazó que México sea “un
cementerio humano” como lo señalaron 20 organizaciones de todo el país ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados
Unidos.
México es mucho más
que eso. Estamos evolucionando en todos los indicadores, la violencia se está
abatiendo, estamos modificando nuestras leyes para hacer realidad el México en
paz que todos queremos”, detalló.
Meade aseguró que el
Gobierno mexicano está en la disposición de corregir los problemas que señalan
las organizaciones y que ya hay avances.
Le damos la
bienvenida a todos los informes que hemos recibido y a las recomendaciones (…)
las observaciones que hacemos enriquecen el trabajo de los Relatores, y en la
medida que las Relatorías sean exigentes con México, y México exigentes con los
Relatores, el trabajo tendrá mayor impacto”, indicó.
La SRE, dijo que al participar en el 154 período de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, los representantes
del Estado mexicano refrendaron su compromiso con proteger los derechos de
todas las personas en el país y recordaron que las acciones estructurales que
están marcha para el fortalecimiento de las capacidades normativas e
institucionales buscan recoger estándares internacionales en la materia.
Por último, la CIDH
convocó al Estado mexicano a participar en cinco audiencias públicas temáticas
respecto de la situación de los derechos humanos en el estado de Guerrero,
desaparición forzada, violencia sexual, la reforma energética y los derechos
económicos, sociales y culturales, y el acceso a la justicia para migrantes.
Prodigy.com. Washington, Estados Unidos. 21/03/15
