Amnistía
Internacional saluda la liberación de Alfonso Martín del Campo Dodd, víctima de
detención arbitraria y tortura, tras haber permanecido casi 23 años en la
cárcel. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
ordenó su libertad inmediata y reconoció que las pruebas presentadas en el
expediente demuestran que Alfonso fue torturado para obligarlo a
auto-incriminarse por el homicidio de su hermana y su cuñado en 1992.
Esta decisión
revierte especial importancia en el contexto actual por el que atraviesa
México, en el que ha sido documentada una situación generalizada de tortura y
malos tratos. La organización reconoció que el fallo de la SCJN refrenda su
compromiso con la protección de los derechos humanos, específicamente la
prohibición absoluta de la tortura.
Alfonso Martín del
Campo fue detenido arbitrariamente el 30 de mayo de 1992 en el Distrito Federal
y sometido a golpes, asfixia y amenazas por agentes de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Años más tarde, un agente de la
policía confesó haberlo torturado junto con otros policías. A pesar de ello,
las autoridades ignoraron ésta y otras pruebas, incluyendo peritajes médicos,
que indicaban que fue torturado. El caso de Alfonso es emblemático porque
evidencia las múltiples falencias dentro del sistema de justicia penal en
México que permiten que las detenciones arbitrarias y las pruebas obtenidas
bajo tortura generen aún más injusticias.
“En el derecho
internacional de los derechos humanos, la prohibición de tortura y otros tratos
inhumanos, crueles y degradantes conlleva la obligación de no admitir
confesiones obtenidas bajo tortura. Esta es una medida efectiva para hacer
cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales” señaló
Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Amnistía
Internacional ha documentado muchos casos en los cuales los testimonios
obtenidos bajo tortura continúan siendo aceptados por jueces. Asimismo, las
alegaciones de tortura no se investigan adecuadamente. Los peritajes forenses
oficiales suelen ser deficientes y aquellos realizados por peritos
independientes suelen ser menospreciados. En el caso de Alfonso Martin del Campo,
su revisión por un perito independiente fue una prueba clave para constatar la
tortura que sufrió. Sin embargo, estas pruebas fueron ignoradas durante más de
dos décadas por las y los operadores de justicia tanto a nivel local como
federal.
“Las víctimas de
tortura en nuestro país merecen que los peritajes de expertos independientes
sean tomados en cuenta por las y los jueces para comprobar la tortura” señaló
Perseo Quiroz.
El caso de Alfonso
Martín del Campo fue documentado por varios órganos internacionales como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre
Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, los cuales confirmaron el uso de
tortura. La sentencia del más alto tribunal del país es prueba de la urgencia
de abordar el tema de la tortura como un flagelo generalizado dentro del
sistema de justicia, como lo ha señalado recientemente el Relator Especial de
Naciones Unidas sobre la tortura.
Amnistía
Internacional le recuerda a la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal su obligación de investigar a fondo el homicidio de la hermana y el
cuñado de Alfonso Martín del Campo y dar con los responsables. Además, el
Estado tiene la obligación de otorgar una reparación integral del daño a
Alfonso Martín del Campo debido a las violaciones a los derechos humanos que
sufrió.
Amnistía.org.mx. México, Distrito Federal, 19/03/15
