Informe del
Secretario General alerta sobre violaciones, esclavitud sexual y matrimonios
forzados
El Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas debería adoptar medidas para prevenir y
abordar la violencia sexual en los conflictos armados, lo que incluye promover
una mayor participación femenina en acciones de consolidación de la paz, indicó
hoy Human Rights Watch. El 13 de abril de 2015, el Secretario General de la ONU
Ban Ki-moon emitió un informe sobre hechos de violencia sexual relacionados con
conflictos que se produjeron en 19 países durante 2014, en el cual se describen
dificultades generadas como resultado de supervisión deficiente, servicios de
asistencia limitados y falta de rendición de cuentas.
En el informe, el
Secretario General instó al Consejo de Seguridad a integrar el seguimiento de
la violencia sexual en el monitoreo y las visitas a países afectados por
conflictos, así como a adoptar acciones y medidas preventivas para asegurar que
haya rendición de cuentas, incluidas sanciones y remisiones a la Corte Penal
Internacional. El informe recomienda que los gobiernos apoyen y protejan a las
voces independientes, incluidas organizaciones de mujeres, periodistas y
defensores de derechos humanos, y que mejoren la provisión de servicios integrales
de salud, económicos, legales y de reinserción.
“En conflictos en
todo el mundo, ejércitos y grupos armados apelan a la violencia sexual como una
táctica de guerra con secuelas devastadoras”, señaló Nisha Varia, directora de
incidencia en derechos de la mujer de Human Rights Watch. “El Consejo de
Seguridad de la ONU no debería eludir sus responsabilidades frente a las
víctimas de estos hechos y debería adoptar medidas decisivas para ayudarlas y
para castigar a los responsables de violencia sexual”.
El informe prepara el
terreno para el debate que llevará a cabo más adelante durante abril el Consejo
de Seguridad sobre la violencia sexual en los conflictos, e incluye un análisis
específico del combate al extremismo violento. El documento asevera que la
violencia sexual relacionada con conflictos es un elemento central de la
ideología y la actuación de organizaciones extremistas como Boko Haram y Estado
Islámico (conocido también como ISIS), y recomienda dar mayor prioridad a esta
amenaza. El informe destaca la importancia de que los gobiernos consulten a
mujeres en sus acciones destinadas a contrarrestar el extremismo violento y
aseguren que estos esfuerzos “respeten derechos humanos fundamentales”.
Human Rights Watch ha
documentado evidencias de que en Nigeria Boko Haram secuestró y violó
sexualmente a mujeres y jóvenes, y las obligó a contraer matrimonio, y de que
una vez que las mujeres escaparon, el gobierno nigeriano brindó medidas
inadecuadas de protección y asistencia. En el Kurdistán iraquí, Human Rights
Watch entrevistó a mujeres y jóvenes que habían escapado tras haber sido
raptadas por ISIS y que describieron cómo esta organización extremista
utilizaba de manera sistemática la violencia sexual, incluido el matrimonio
forzado y la esclavitud sexual, contra mujeres y jóvenes yazidíes.
El acceso gravemente
inadecuado a servicios para víctimas y vías de reparación es un problema que se
observa tanto en los países en conflicto como en aquellos que han dejado atrás
conflictos y que son analizados en el informe del Secretario General. Los
marcos jurídicos nacionales y las normas sociales pueden exacerbar estos
problemas, como sucede por ejemplo en Afganistán, donde las víctimas de
violencia sexual pueden ser juzgadas penalmente por “delitos contra la moral” y
podrían perder la vida como resultado de las llamadas ejecuciones de honor.
“Los gobiernos han
asumido compromisos concretos con quienes han sobrevivido a hechos de violencia
sexual durante conflictos, pero no los están cumpliendo debidamente”, observó
Varia. “Los gobiernos deberían mejorar el acceso a la totalidad de servicios de
salud reproductiva y psicosociales, así como a opciones de resarcimiento y
reparación en la justicia”.
Un problema
persistente es que muchos casos de violencia sexual ocurridos durante
conflictos no se denuncian, entre otros motivos, debido al estigma asociado con
estos hechos, la falta de acceso por parte de veedores, la insuficiencia de
medios de denuncia seguros y la respuesta poco enérgica de los gobiernos,
señaló Human Rights Watch. El informe del Secretario General hace alusión a 117
incidentes de violencia sexual en Sudán que afectaron a 206 víctimas en 2014.
No obstante, las investigaciones de Human Rights Watch indican que las cifras
serían considerablemente mayores y que muchos casos no están siendo registrados
o reconocidos oficialmente por la ONU. Entre estos se incluyen los ataques
perpetrados por miembros del Ejército sudanés en Tabit, durante los cuales al
menos 221 mujeres y niñas fueron violadas sexualmente, conforme se documentó en
un informe reciente de Human Rights Watch. El gobierno sudanés ha puesto freno
a una investigación creíble y al acceso por parte de víctimas a servicios, y
pese a ello el Consejo de Seguridad no ha adoptado medidas en respuesta.
El informe tampoco
aborda en forma suficiente la explotación y los abusos sexuales por parte de
miembros de fuerzas de paz, indicó Human Rights Watch. Por ejemplo, el informe
describe hechos extendidos de violencia sexual y denuncias de matrimonio forzado
en Somalia, y alude a casos en los cuales han estado implicados miembros del
Ejército nacional, milicias aliadas, policías e integrantes del grupo armado Al
Shabab. No obstante, el informe no enumera ni formula recomendaciones con
respecto a soldados de la Unión Africana que, según comprobó Human Rights
Watch, cometieron actos de explotación y abuso sexual. La Representante
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia
sexual en los conflictos debería abordar este tema y los casos de explotación
sexual por miembros de fuerzas de paz en general.
El informe otorga
visibilidad a la violencia sexual contra lesbianas, gais, bisexuales y personas
transgénero e intersexuales (LGBTI), incluso en Irak y en Siria. Los
proveedores de asistencia humanitaria y los gobiernos deberían adoptar medidas
más contundentes de protección, incluso en contextos de desplazamiento y
reasentamiento, aseveró Human Rights Watch.
Los altos niveles de
impunidad de actos de violencia sexual en Nepal y Sri Lanka ocurridos a lo
largo de sus prolongados conflictos internos demuestran el impacto duradero que
puede tener la violencia sexual vinculada con conflictos, la necesidad de que
se lleven a cabo investigaciones creíbles de denuncias sobre casos de violencia
y la importancia de que se brinde reparación a las víctimas.
El informe hizo
hincapié en la necesidad de que haya una participación genuina de las mujeres
en todas las iniciativas de consolidación de la paz, incluso en procesos de
solución de conflictos. Si bien han transcurrido 15 años desde que el Consejo
de Seguridad reconoció a las mujeres, la paz y la seguridad como centrales para
su trabajo, en numerosos países las mujeres permanecen mayormente marginadas,
por ejemplo, de la planificación de campamentos para refugiados y de los
equipos de negociación.
Los países donde
actualmente se desarrollan conflictos y que fueron analizados en el informe
incluyen a Afganistán, la República Centroafricana, Colombia, la República
Democrática del Congo, Irak, Libia, Mali, Birmania, Nigeria, Somalia, Sudán del
Sur, Sudán, Siria y Yemen. Entre los países que han dejado atrás conflictos se
incluyen Bosnia-Herzegovina, Costa de Marfil, Liberia, Nepal y Sri Lanka.
“Las iniciativas de
prevención, las medidas de protección y la provisión de servicios no reportarán
resultados exitosos a menos que se diseñen en consulta con las personas a
quienes pretenden ayudar”, explicó Varia. “La participación y el liderazgo de
mujeres en la programación y la planificación son condiciones esenciales”.
Hrw.org. Nueva York, Estados Unidos. 14/04/15
