El presidente de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Juan José Ríos
Estavillo, señaló que ante la crisis de derechos humanos en el país, debemos superar la confusión que hay respecto
a que los organismos públicos de
derechos humanos son responsables de la falta de observancia y vigencia de
estos derechos, cuando estas faltas son única y exclusivamente responsabilidad
de las autoridades.
Durante una entrevista
al finalizar el Tercer Informe de la
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca este 17 de agosto, Ríos
Estavillo dijo que en México tanto los organismo públicos como las organizaciones sociales defensoras
de derechos humanos han señalado que,
pese a que el país tiene un marco jurídico muy provechoso con altos
indicadores a nivel internacional, sigue siendo un reto el cumplimiento de
estas prerrogativas frente a la opacidad con que se manejan los gobernantes.
Agregó que las instituciones públicas de derechos
humanos son continuamente señaladas como
organismos que no cumplen con la función que se les encomendó, debido a que la
crisis que afrontamos en derechos humanos es originada por un rompimiento entre
las actuaciones del gobernante hacia las y los gobernados.
Ríos Estavillo
puntualizó que las autoridades actúan de forma discrecional, haciendo creer que
ellos como gobernantes pueden hacer lo que
quieran mientras no se los prohíba la ley, cuando en realidad deben
hacer únicamente lo que les marca la norma.
Además, dijo, estas autoridades pretenden
hacer creer que los responsables de las fallas en el sistema generadas por sus
actuaciones son responsabilidad de las autoridades de derechos humanos.
Ríos Estavillo insistió
en que la responsabilidad de los organismos públicos de derechos humanos es
defender la vigencia de éstos, así como
generar una cultura que permita dar poder a las y los ciudadanos, además que
los gobernantes visualicen que no hay mayor beneficio que el ejercicio del
poder público sujeto al mandato de la ley.
El también
presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Sinaloa sostuvo que para lograr el cumplimiento pleno de
los derechos humanos en el país hay que vencer
la impunidad, la cual es uno de los grandes problemas que existe, ya que alimenta la falta de acceso a la
justicia eficiente, generando descontento e inconformidad entre la población.
El presidente de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos recalcó que los gobernantes, pese a la
inconformidad, buscan continuamente subterfugios para cumplir la ley a modo,
confunden su posición con la de sus gobernados, además de que consideran que
los derechos humanos son un tema político, cuando en realidad los derechos
fundamentales están relacionados con las personas y su dignidad.
Ríos Estavillo asentó
que los gobernantes propician un ambiente de confusión debido a la
inconformidad que genera su actuar, pero dirigen la descalificación por las
fallas en su responsabilidad hacia los
organismo públicos defensores de derechos humanos, ya que estos se encuentran
en posición de observancia, pero quien tienen la responsabilidad de garantizar
los derechos y su ejercicio pleno son las autoridades.
El Doctor en Derecho explicó que los derechos
humanos requieren de la voluntad política de los gobernantes para que operen
adecuadamente las normas y garantías jurídicas existentes a fin de lograr la
protección plena a las prerrogativas fundamentales para que éstas puedan operar
como un coadyuvante al ejercicio del poder.
Ríos Estavillo lamentó
que la mayoría de los organismos públicos de derechos humanos tengan que
afrontar la falta de voluntad política para garantizar los derechos humanos, lo
que hace aún más difícil su trabajo, pues las autoridades no entienden que para lograr el desarrollo y una convivencia
pacífica es fundamental la garantía de los derechos humanos para todas y todos.
E-oaxaca.com.19/08/15
“Fracasan las políticas
de Derechos Humanos en México”
“En el país y en el
estado están fracasando las políticas de derechos humanos y cuando se agotan
todas las vías, lo que sigue es la insurrección”, vaticinó el ombudsman Arturo
Peimbert Calvo, durante el Tercer Informe de la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Según su diagnóstico,
“la defensa de los derechos humanos ha sido hasta ahora una válvula de escape
para la presión social ante el abuso de poder. De agotarse esta vía, de
persistir la insistencia de las autoridades para cancelar a la ciudadanía esta
opción, rebasadas las instituciones, divorciadas de la sociedad, lo que
quedaría es un escenario de confrontación y violencia que nadie desea”.
De entrada, el presidente
de la Defensoría cuestionó la presencia de las fuerzas armadas federales que
llegaron para quedarse en la entidad a petición del gobernador Gabino Cué y
que, paradójicamente, se instalaron en la calle llamada Derechos Humanos. Esa
vialidad la mantienen cercada y con las letrinas frente a la Defensoría.
“Esta clara y grave
alegoría nos dice a gritos que en el país y en el estado están fracasando las
políticas de derechos humanos”, dijo.
Peimbert Calvo calificó
a estos tiempos de “sombríos, donde el sofisma demagógico plantea con matices
reformistas, supuestamente trasformadores, el fortalecimiento de una fórmula
económica y política que supedita el agua, el aire, la tierra y todos sus recursos
a intereses particulares por encima de los intereses humanos, y que convierte a
las personas en mera mano de obra, en fuerza de trabajo, en fuente de energía,
reduciéndola al mismo nivel que una turbina”.
En esta época, dijo,
“la codicia institucionalizada atropella la cosmovisión originaria que plantea
sentirse parte de la tierra o del bosque y no los dueños, en tiempos del modelo
patrimonialista que deshumaniza a las personas, convirtiéndolas en objetos de
utilidad y rendimiento o, en su defecto, en obstáculos a superar por cualquier
vía”.
Según el panorama del
ombudsman, en este tiempo de alevosías y fracasos “no podemos asumirnos en el
autoengaño de un supuesto progreso mexicano que no alcanzamos a percibir, a
diferencia con la acendrada pobreza que contrasta con todo el discurso
público”.
Agregó: “No podemos
asumir que hemos avanzado en derechos humanos por contar con una ley de
vanguardia mundial que pone en la letra la preponderancia del mayor beneficio
en favor de la persona, el principio pro hómine o pro persona, cuando en los
hechos el interés humano es relegado al final de la lista, o simplemente es
excluido”.
Sólo en tiempo de
alevosías, añadió, se puede plantear que con leyes y decretos y nuevas
instituciones se solucionarán los graves problemas estructurales, cuando a los
agentes estatales encargados de impartir justicia les genera prurito el pobre,
el indígena, el campesino, el distinto, a quienes aún juzgan y condenan lejos
de las reformas e instrumentos novedosos que son enaltecidos con orgullo en
cada brindis oficial.
El titular de la
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo,
consideró que en estos tiempos “sombríos” también se ha desmantelado el campo
en México, y particularmente en Oaxaca.
“No sólo se decidió
dejar de invertir en la tierra y la generación del alimento; más grave aún, de
manera inconcebible observamos cómo desde la función pública, personas (como
Salomón Jara) que han enarbolado la lucha social y que han tenido la
oportunidad de impulsar el campo oaxaqueño, optaron por el subejercicio
presupuestal, atentando contra el derecho de toda una población a la
alimentación y al desarrollo”, aseguró.
El funcionario también
resaltó que el colapso “estrepitoso” de la política económica mexicana obliga a
que se autoexilien mixtecos y triquis, quienes deciden convertirse en
“esclavos” en lugares como San Quintín, porque en Oaxaca “su única posibilidad
es la inanición”.
Son, dijo, “tiempos de
alevosías en que los encargados de la justicia imponen penas o fianzas
multimillonarias a estos migrantes campesinos oaxaqueños, mientras los
secuestradores pagan nimiedades o los narcotraficantes escapan de las
cárceles”, en clara alusión a la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.
Al referirse a la
educación, Peimbert Calvo mencionó que se olvida que el hambre está en las
aulas; el fracaso en la política económica, social y agropecuaria en México y
en Oaxaca está concatenada a la crisis educativa.
Y sentenció: “Mientras
no se atienda integralmente el capítulo de la educación en México fracasará
cualquier reforma, cualquier decreto, cualquier institución nueva o vieja. Y en
lo que esta discusión se resuelve tenemos enfrente una población en estado de
indefensión por falta de educación y preparación frente a esta gravísima
crisis”.
El ombudsman finalizó
al asegurar que “Oaxaca es muestra clara de que por décadas el gobierno no
quiso educar a los oaxaqueños y eso ha traído como consecuencia que habitantes
de la entidad hayan y sean víctimas de las más graves violaciones sistemáticas
a los derechos humanos. Hoy el reto no está únicamente en cambiar las leyes, y
la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo el gobierno piensa resolver este
capítulo”.
Pedro Matías. Proceso.con.mx. 18/08/15
ww.proceso.com.mx/413208/2015/08/18/fracasan-las-politicas-de-derechos-humanos-en-oaxaca-ombudsman
