La escandalosa falta de
investigaciones sobre la matanza de 72 migrantes en México hace cinco años da
luz verde a grupos criminales que aterrorizan y asesinan a quienes cruzan el
país en busca de seguridad y una mejor vida, dijo Amnistía Internacional.
El 22 de Agosto de
2010, 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sur América fueron asesinados dentro
de un rancho en San Fernando, Tamaulipas, cerca de la frontera de México con
Texas. Desde entonces, las autoridades han arrestado a un número de individuos
pero no han publicado información sobre si alguien ha sido sentenciado.
Se cree que los
responsables son miembros de bandas criminales y se sospecha que muchos de
ellos trabajaban en colusión con agentes de seguridad locales.
“La masacre de San
Fernando pinta una horrenda imagen sobre el estado de los derechos humanos en
México, donde ser migrante parece ser razón suficiente para que los criminales
te hostiguen, torturen y asesinen,” dijo Carolina Jiménez, Directora adjunta de
Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
“En medio de la brutal
‘guerra contra las drogas” en México, muchas rutas utilizadas por los migrantes
para llegar a los Estados Unidos se han convertido en zonas de riesgo. La
interminable lista de violaciones y abusos a los derechos humanos contra
personas en movimiento en los últimos años demuestra la necesidad urgente de un
plan regional para proteger a aquellos que hacen uno de los viajes más
peligrosos en busca de una mejor vida, libre de pobreza y violencia.”
No se conoce mucho
sobre las horas finales de las 72 personas que fueron asesinadas a sangre fría
en San Fernando. Los únicos detalles han surgido del testimonio del único
sobreviviente de la masacre, quien ha dicho que ha recibido amenazas de muerte.
Eva Nohemi Hernández Murillo, una mujer de 25 años proveniente de Honduras, es
una de las víctimas de la masacre de San Fernando. Viajaba a Estados Unidos con
la esperanza de proveer a sus tres hijos de mejores oportunidades.
Eva Nohemi habló por
teléfono por última vez con su madre, Elida Yolanda, dos horas antes de que un
grupo de hombres armados interceptara la camioneta en la que viajaba con otros
migrantes.
“Me enteré de lo que
había pasado cuando prendí la televisión para ver las noticias dos días después
de la masacre. Vi un cuerpo que parecía de Eva Nohemi pero no podía creer que
era ella hasta que el gobierno lo confirmó cuatro años después,” dijo Elida
Yolanda.
“Todo lo que pido es
una investigación para saber que pasó con mi hija. No quiero ver a más gente
muriendo.”
Las investigaciones
sobre la masacre han sido insuficientes. Las autoridades locales y federales no
han coordinado esfuerzos o informado a los familiares de las victimas de
progresos. También han habido demoras extremas en la identificación de las
víctimas – y algunos de los restos fueron enviados a los familiares
equivocados.
Las autoridades también
han fallado en proveer a las familias de las víctimas de protección ante las
amenazas que muchos han recibido por reclamar justicia.
Desde la masacre de San
Fernando, cientos de otros hombres, mujeres y niños que intentaban llegar a los
Estados Unidos vía México han sido hostigados,desaparecidos, secuestrados,
violados, forzados a ejercer trabajo sexual o asesinados.
Entre Abril y Mayo de
2011, las autoridades Mexicanas descubrieron 193 cuerpos en 47 fosas comunes en
San Fernando en hechos que todavía tienen que ser investigados efectivamente.
Un año mas tarde, los
torsos de 49 personas, muchasde las cuales se sospecha eran migrantes
irregulares, fueron encontrados en la ciudad de Cadereyta, en el estado vecino
de Nuevo León.
“¿Cuántos más migrantes
tienen que ser asesinados en México para que las autoridades tomen acción?. No
hay tiempo que perder, las autoridades Mexicanas deben aumentar los esfuerzos
para investigar estas masacres y llevar a los responsables a la justicia,
proveer a los familiares de reparaciones y tomar pasos concretos para prevenir
más muertes,” dijo Carolina Jiménez.
Amnistia.org.mx. 21/08/15
