El Grupo de Trabajo sobre
desapariciones forzadas lamentó este martes los pocos avances para frenar el
problema de las desapariciones de personas en México.
En la presentación de un informe
al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, los expertos que integran
esa instancia indicaron que el Estado mexicano no ha implementado la mayoría de
las recomendaciones formuladas por ese Grupo tras su última visita al país en
marzo de 2011.
Consideraron aún más preocupante
que la situación se haya incluso deteriorado desde la fecha de esa misión.
El informe señala que está
pendiente un diagnóstico nacional exhaustivo sobre el flagelo, tal como lo
solicitó esa instancia de la ONU.
El Grupo explicó que el
diagnóstico recomienda desarrollar medidas integrales que aborden la cuestión.
Subraya que la desaparición de 43
estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, además de
las investigaciones tardías y deficientes que le siguieron, demuestran con
crudeza la falta de reconocimiento de la dimensión de ese problema en el país.
Por otra parte, el Grupo de
Trabajo sobre desapariciones forzadas reconoció las reformas constitucionales
en derechos humanos y la adopción de la nueva Ley de Amparo y la Ley General de
Víctimas en México.
En ese sentido instó al Estado a
redoblar sus esfuerzos para garantizar la plena implementación.
Del mismo modo, valoró la emisión
de varias leyes locales en la materia y encomió la reforma constitucional de
2015 que faculta al Congreso de la Unión a emitir una ley general sobre la
desaparición de personas.
Otro de los puntos se refiere a
la preocupante situación de acceso a la justicia y el combate a la impunidad
que siguen siendo un reto en México. Subraya que la impunidad favorece la
perpetración de las desapariciones forzadas.
Un.org. 15/06/15
