Janet Figueroa es hija de Joaquín
Figueroa, ejecutado extrajudicialmente junto a compañeros de trabajo por
miembros de las Fuerzas Armadas en 2011. En su reclamo por la justicia, por su
padre y para los familiares de otros ejecutados de este caso, encontró
compadrazgos, corrupción y hostigamiento por parte de las autoridades del
estado de Veracruz. La defensora tuvo que desplazarse dentro del país para
mantener su seguridad.
“Mi nombre es Janet Figueroa
Sánchez, soy originaria de la Ciudad de Xalapa. Mi papá, Joaquín Figueroa
Vázquez, era mecánico, se dedicó cerca de 30 años a componer maquinaria pesada.
Él fue ejecutado extrajudicialmente el 17 de junio del 2011 en un operativo
denominado “Conago 1”, en el que el gobernador del estado, Javier Duarte,
respondió a la iniciativa del presidente Felipe Calderón para combatir a la
delincuencia organizada.
Los medios decían que el
operativo había sido exitoso, que 11 sicarios habían mordido el polvo. Por
todos lados se decía que los sicarios habían abierto fuego en contra de las
fuerzas del orden y que ellos habían respondido, Nada de esto era cierto, la
realidad era que habían modificado la escena del crimen, les habían sembrado
armas.
Fue un shock enterarnos de la
muerte de mi papá en esas condiciones,
sobre todo, porque lo estigmatizaron como delincuente. Decidimos denunciar el
homicidio, estábamos profundamente dolidos, indignados.
Nos dedicamos a buscar todos los
datos posibles, aunque esa investigación no tuvo muchos frutos, pues la gente
tenía muchísimo temor a hablar. Decidimos ir a la procuraduría de justicia del
estado a interponer una denuncia por homicidio, fue un proceso muy largo, era
ir en contra de lo que el gobierno decía. Fuimos a la CNDH a interponer una
queja porque habían participado fuerzas federales. A partir de ese día,
empezamos a recibir amenazas y hostigamientos.
El procurador nos mandó decir que
podíamos pedir lo que nosotros quisiéramos, incluso dinero, con la única
condición de que dejáramos las cosas como estaban. Que no continuáramos con la
denuncia penal ni con la queja en CNDH y que con eso nos iban a entregar lo que
quisiéramos.
En algún momento nos ofrecieron
quinientos mil pesos, pero no los aceptamos. Una de las periodistas, Regina
Martínez, que atendió nuestro caso y lo publicó tal cual era, fue asesinada. A
partir de eso y del constante hostigamiento, debimos dejar nuestra ciudad por
seguridad, para continuar el proceso en otro lugar.
Nosotros decidimos continuar con
el proceso a pesar del miedo que tenemos, y para eso, necesitamos estar vivos.
Las autoridades le apuestan a nuestro cansancio, las instituciones tienen un
absoluto desconocimiento de lo que son los derechos humanos.
Fue muy complicado asimilar que
era defensora de derechos humanos, no es algo que elegí, se hace porque se
tiene que hacer, me tocó hacerlo a mí. Tampoco es que fuera el sueño de mi
vida. Asesinan a gente inocente y entonces a ti te toca salir de frente y
denunciarlo, es difícil disfrutarlo cuando te lo imponen, cuando no es algo que
tú decidiste, pero bueno, se tiene que hacer y se hace.”
HazQueSeVean.org. 14/09/15
