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1553. Gobierno Espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México
Gobierno Espía: vigilancia sistemática a periodistas y
defensores de derechos humanos en México
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con
ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica, y SocialTIC, hemos documentado
76 nuevos intentos de infección con el malware Pegasus en contra de periodistas
y defensores humanos en México. Estos ataques, ocurridos entre enero de 2015 y
julio de 2016, se suman a los 12 intentos registrados en contra de científicos
y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria en 2016.
En cada caso, una o más personas recibieron mensajes con
enlaces infecciosos vinculados a la infraestructura de Pegasus.
Pegasus es un sofisticado malware de vigilancia que
solamente puede ser comercializado a gobiernos. En los últimos años, se ha
reunido evidencia de que al menos tres instancias del gobierno federal lo han
adquirido: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa
Nacional; esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de
vigilancia.
Cuando una persona es atacada con Pegasus, recibe un mensaje
SMS en su teléfono, el cual contiene un texto que busca persuadirlo de hacer
clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el
mensaje de un familiar o amigo. Si la persona hace clic en el enlace, su
teléfono recibe inadvertidamente un software malicioso que permite al atacante,
entre otras cosas, tener acceso a todos los archivos guardados en el
dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular.
A través de este informe hemos registrado que todos los
objetivos fueron atacados usando una infraestructura común, además de existir
coincidencias entre los mensajes recibidos por diferentes personas. Resulta
preocupante que el uso reiterado de estos ataques en contra de periodistas y defensores
de derechos humanos se dio durante coyunturas críticas de su labor; todas, con
un actor en común: el gobierno federal.
Por ejemplo, personal del Centro Prodh recibió intentos de
infección durante coyunturas como el décimo aniversarios de la represión en
Atenco, la discusión de la Ley General contra la Tortura o la presentación del
informe final del caso Ayotzinapa por parte del GIEI. En el caso de Aristegui
Noticias, los mensajes recibidos ocurrieron durante sucesos como la exoneración
del presidente Peña Nieto por el conflicto de interés de la casa blanca o la
publicación de reportajes relacionados con la figura presidencial.
Otro de los objetivos, Carlos Loret de Mola, recibió
intentos de infección cuando escribía sobre las ejecuciones extrajudiciales en
Tanhuato, Michoacán. Por su parte, personal del Instituto Mexicano para la
Competitividad fue objetivo de ataques con el malware Pegasus durante la
discusión de la ley 3 de 3, en tanto que dos periodistas de Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad recibieron mensajes tras la publicación del reportaje
sobre la red de empresas fantasma del gobierno de Javier Duarte, en el cual
colaboró la organización.
A la luz de las normas de derechos humanos y el marco
jurídico que regula la vigilancia gubernamental en México, los casos de
espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas
anticorrupción son absolutamente insostenibles jurídicamente. Por el contrario,
los hallazgos de este reporte apuntan a la comisión de graves delitos y violaciones
a derechos humanos. Debe, por tanto, llevarse a cabo una investigación
exhaustiva, seria, imparcial y transparente sobre los hechos denunciados y
castigarse a todos los responsables intelectuales y materiales.
El documento puede descargarse y está disponible bajo una
licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Ciudad de México, 19/06/17
‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas
y periodistas en México
Destacados defensores de derechos
humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados
por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que,
en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Entre los blancos del programa se encuentran abogados que
investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista
que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas
más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de
abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han
alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un
adolescente.
Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han
gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de
origen israelí.
El software conocido como Pegasus se infiltra en los
teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la
vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de
texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el
micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de
la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.
La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que
vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que
solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles
de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, según decenas de mensajes examinados por The
New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido
utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del
gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin
precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la
corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
“Somos los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan
Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien
redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3. Su iPhone y
el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un
análisis forense independiente. “La nuestra es una sociedad en la que la
democracia se ha deteriorado”, afirmó Pardinas.
Los ciberataques sofisticados en contra de ciudadanos son
indicativos de las luchas internas que se libran en México y despiertan
cuestionamientos legales y éticos sobre un gobierno que enfrenta fuertes
críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos.
Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede
autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los
funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa
solicitud. Es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación
judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas, comentaron
varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia.
“Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una
orden a la corte porque saben que no la obtendrían”, dijo Eduardo Guerrero, un
exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, una de
las agencias gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus. “¿Cómo
sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la
protección de los derechos humanos?”.
“Por supuesto que no se puede justificar esa intervención”,
agregó Guerrero. “Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para
hacerlo”.
Los intentos para realizar hackeos fueron muy
personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para
inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares. En el
caso de Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas de México, un
operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le imploró
darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. La
esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un mensaje en el que
le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.
El gobierno mexicano reconoce haber recabado información de
sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho. “Como en cualquier régimen
democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la
seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia”,
señaló un funcionario. No obstante, el gobierno “rechaza categóricamente que
alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de
comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas
anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.
Ya se sospechaba del uso de programas espías por parte del
gobierno mexicano, incluidos los intentos de hackeo a opositores políticos y
activistas cuyo trabajo ha afectado intereses corporativos en México.
Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno
sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó.
Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente
quién está detrás de los intentos específicos de hackeo.
Pero los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha
utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas
dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están
involucrados.
“Básicamente, es lo mejor que hay”, dijo sobre el análisis
Bill Marczak, el investigador sénior en Citizen Lab que confirmó que los
teléfonos de activistas y periodistas mexicanos tenían rastros del software.
Además, NSO Group asegura que es muy poco probable que los
cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el
programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las que
se ha instalado la tecnología.
NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos
en temas de derechos humanos antes de venderles el software. No obstante, una
vez que otorgan la licencia e instalan el hardware dentro de las agencias de
inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay manera de
saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están siendo
usadas.
La compañía simplemente le cobra a sus clientes
gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a
diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650.000 dólares,
además de la cuota de instalación de 500.000 dólares, según las propuestas de
comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.
Aunque NSO Group supiera que se está haciendo un mal uso de
su software, la empresa dice que no podría hacer mucho al respecto: no puede
entrar en las agencias de inteligencia, quitar el software y llevarse el
hardware. Más bien, NSO Group confía en que sus clientes cooperarán con una
inspección interna que realizaría la empresa, la cual entregaría los resultados
a la autoridad legal competente… por lo que los gobiernos terminan siendo los
responsables de vigilarse a ellos mismos.
Normalmente, el único recurso de la empresa es ir reduciendo
poco a poco el acceso del gobierno a las herramientas en el transcurso de
varios meses, o incluso años, al dejar de proporcionar nuevos parches o
actualizaciones del software.
Sin embargo, en el caso de México, NSO Group no ha condenado
ni ha reconocido que haya abuso de su software, a pesar de que se han
presentado evidencias en repetidas ocasiones que demuestran que sus
herramientas se han utilizado en contra de ciudadanos comunes y sus familias.
El paso de la esperanza a la intimidación
Desde hace mucho tiempo, los periodistas, defensores de los
derechos humanos y activistas anticorrupción en México han enfrentado peligros
enormes. Durante décadas los han seguido, acosado, amenazado e, incluso, asesinado
por realizar su trabajo; riesgos laborales más comunes en Estados autoritarios
que en los que forman parte de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, como es el caso de México.
El presidente Enrique Peña Nieto comenzó su mandato en 2012
con la promesa de dejar atrás la historia atribulada del país y poner a México
en el lugar que se merece dentro del escenario mundial por medio de reformas a
la educación, a las telecomunicaciones o al sector energético.
No obstante, para 2014 se habían desvanecido gran parte de
esas promesas tempranas por escándalos y crisis, entre ellos la desaparición de
43 estudiantes normalistas después de un enfrentamiento con la policía y las
acusaciones de que el mandatario y su esposa adquirieron una casa lujosa de un
constructor que después recibió varios contratos públicos.
Son escándalos que han derrumbado la imagen perfectamente
cuidada que Peña Nieto tuvo como candidato –un político enérgico dispuesto a
trabajar en conjunto con otros partidos para modernizar y mover a México– y lo
han pintado como un funcionario corrupto que desconoce la realidad que viven
los mexicanos. Ese cambio es el resultado, en buena medida, del trabajo de los
periodistas mexicanos que develaron los casos y de los activistas y defensores
que no han permitido que sean olvidados.
“Este era un gobierno que pasó de establecer la agenda a ser
reactivo”, dijo Carlos Loret de Mola, un popular conductor de televisión que
recibió ocho mensajes de texto que contenían código para infectar su teléfono
con el programa Pegasus. “Entonces vieron a los periodistas y pensaron: ‘Estos
están sacando estas cosas y nos hacen quedar mal, mejor los espiamos'”.
México todavía está muy lejos de ser como Turquía, la nación
que encarcela a más periodistas en todo el mundo. No es como China, un Estado
autoritario en donde se silencian las críticas y el gobierno considera que la
prensa libre es un peligro político. Pero, de igual manera, México vive una
crisis con respecto a esos temas.
El año pasado, fueron asesinados más periodistas que durante
cualquier otro año de este siglo; el 2017 ya va encaminado a romper ese récord.
“El hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta
tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que
exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos,
dice mucho de para quién trabaja el gobierno”, dijo Luis Fernando García,
director de R3D, un grupo de derechos digitales en México que ha ayudado a
identificar varios casos de abuso del programa Pegasus. “Definitivamente no es
a favor del pueblo”.
Un caso cercano al presidente
Quizá ningún otro periodista en México ha dañado más la
reputación del presidente Peña Nieto que Carmen Aristegui. Y pocos han pagado
tan caro por haberlo hecho.
Ella y su equipo sacaron a la luz en 2014 el escándalo de la
“Casa blanca”, una historia de intrigas de bienes raíces que involucraba un
arreglo especial para la primera dama por parte de un contratista del gobierno
que tiene una relación de vieja data con el mandatario.
La historia alcanzó una audiencia mundial y obligó a la
esposa del presidente a entregar la casa, lo cual representó una especie de
dilema ético para el gobierno mexicano; en otro país quizá habría resultado en
el nombramiento de un fiscal independiente o en una pesquisa legislativa. Al final
el presidente fue exculpado por la Secretaría de la Función Pública, mientras
que Aristegui perdió su trabajo. Su despido marcó el inicio de una campaña
prolongada de acoso y difamación en su contra: demandas, allanamientos de sus
oficinas, amenazas a su seguridad personal y el monitoreo de todos sus
movimientos.
“Se trata de un acto de venganza por el reportaje”, dijo
Aristegui en una entrevista reciente. “No se puede ver de otra manera”.
Así que le pareció sospechoso cuando en 2015 empezó a
recibir mensajes de texto de números desconocidos, en los cuales le urgían a
que diera clic a un enlace. Uno contenía un llamado de ayuda para encontrar a
un menor desaparecido; otro tenía una alerta por supuestos cargos desconocidos
a su tarjeta de crédito, y otro tenía la presunta nota de la embajada
estadounidense sobre su visa.
Cuando estos mensajes no fueron suficiente para que le diera
clic al hipervínculo y descargara el software de manera inadvertida, los
siguientes fueron más estridentes; incluso recibió uno que decía que la iban a
arrestar. Varios de los mensajes llegaron del mismo número telefónico, dando
muestra de los descuidos del operador.
Y siguieron intentándolo. En marzo, los mensajes de texto
también comenzaron a llegar al teléfono del hijo de 16 años de Aristegui,
Emilio. “La única razón por la que irían tras mi hijo es para intentar
encontrar algo en contra de mí, para causarme daño”, dijo Aristegui.
Después de su despido, por supuestos desacuerdos dentro de
la radiodifusora MVS Noticias, mantuvo su carrera publicando noticias en su
sitio web. Pero la situación le ha cobrado factura, en especial las demandas.
En una querella presentada por el presidente de MVS, un juez dijo que Aristegui
“excedió su libertad de expresión y de información” por la publicación de un
libro de su equipo de reporteros sobre el caso de la Casa Blanca.
En varias ocasiones han hackeado su sitio web y en noviembre
irrumpieron en sus oficinas. Los agresores fueron tan descarados que ni
siquiera se molestaron en usar máscaras y no han sido detenidos. Ella ha
decidido canalizar las amenazas, el acoso e incluso el espionaje en su trabajo.
“He optado por creer que mi trabajo público es lo que me
protegerá”, dijo Aristegui. “El gran reto para los periodistas y los ciudadanos
es que el miedo nos sirva y no nos conquiste”.
Amenazas vía mensajes de texto
Era el 21 de diciembre de 2015 y Pardinas estaba en la playa
con su familia, pero su teléfono no dejaba de sonar: al principio eran llamadas
de abogados con los que coordinaba la redacción de una propuesta legislativa… y
después un extraño mensaje de texto.
Habían pasado largos meses de una campaña para que se
aprobara una ley sin precedentes que obligaría a los servidores públicos de
México a divulgar sus declaraciones patrimoniales por posibles conflictos de
intereses financieros.
En noviembre, Pardinas también había presentado un estudio
sobre los costos políticos y económicos de la corrupción en México, que
confirmaba con hechos y cifras lo que casi todos los mexicanos saben: que la
corrupción está incapacitando al país. Después le dio seguimiento con entrevistas
en medios en los que llegó a burlarse de que el gobierno gastaba más en comprar
café que en el presupuesto de la oficina para combatir la corrupción.
El estudio, las entrevistas y un sinnúmero de reuniones con
políticos abrieron el camino para la llamada Ley 3de3, que Pardinas —director
general del Instituto Mexicano para la Competitividad— ayudó a redactar.
Entonces, en sus vacaciones navideñas, recibió el mensaje:
“En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del
velatorio, espero puedas venir”. Venía con un enlace adjunto. Pardinas pensó
que era raro que quien le envió un mensaje tan personal no estuviera entre los
contactos de su teléfono. Se lo mostró a su esposa y decidió hacer caso omiso.
Hacia mayo de 2016, el proyecto de 3de3 había conseguido más
de 630.000 firmas ciudadanas a favor, con lo que el congreso tuvo que
discutirla. Y entonces llegó otro mensaje. Este parecía venir del medio
informativo Uno TV, el cual envía boletines diarios a los usuarios de teléfono
celular de todo el país. Pero lo que le llamó la atención fue el titular: “La
historia de corrupción dentro del Instituto Mexicano para la Competitividad”.
Se alarmó porque era su organización, pero decidió no darle clic porque
sospechó que era un acto delictivo. Al día siguiente le llegaron más mensajes.
Lo que sucedió fue que, después de no tener éxito con él,
los responsables lo intentaron con su esposa. El mensaje, que también parecía
ser de Uno TV, decía que se habían filtrado videos que mostraban a Pardinas
mientras tenía relaciones sexuales con una colega. Pardinas llamó a su esposa y
le explicó que era un intento de acoso. “Esta gente otra vez”, respondió ella.
Al final la propuesta de ley fue aprobada, relativamente
intacta, por el congreso mexicano, excepto que el senado agregó una provisión
para que no solo los funcionarios sino ciudadanos que trabajaran en empresas
con contratos públicos –en total se verían afectados alrededor de 30 millones
de mexicanos– tuvieran que divulgar sus declaraciones patrimoniales. El
presidente Peña Nieto vetó la 3de3 con el argumento de que necesitaba ser
discutida con mayor profundidad.
Pardinas siguió con sus denuncias en las entrevistas, donde
nombraba a los legisladores que obstruían la ley y las empresas bien conectadas
que se beneficiaban con el dinero del gobierno. La iniciativa estaba atorada,
pero aun así llegó otro mensaje el 1 de agosto. Este tenía una amenaza: “Oiga
afuera de tu casa anda una camioneta con dos vatos armados, let tome fotos
vealos y cuídese (sic)”.
Pardinas, quien estaba en su oficina cuando llegó el
mensaje, se negó a caer una vez más. Pero llamó a su esposa para pedirle que se
asomara por la ventana para ver si afuera había una camioneta estacionada. No
había nada.
“Al final, mi esposa ya tenía un entrenamiento casi olímpico
en este asunto del hackeo”, bromeó Pardinas.
Gajes del oficio
A fines de abril de 2016, Mario Patrón estaba inquieto. La
mesa de la conferencia estaba llena de compañeros defensores de derechos
humanos, entre ellos el representante en México de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Todos fueron a discutir la bomba que estaba por caer el día
siguiente: un pánel internacional que fue a México para investigar la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas divulgaría su informe final.
Patrón sabía que los hallazgos iban a ser brutales para las autoridades.
Se acusaría al gobierno de negligencia e incompetencia,
incluso de actividades ilícitas en el manejo del caso. Como el resto de las
personas en el lugar, Patrón, cuya organización representa a los padres de los
estudiantes desaparecidos, se preguntaba cómo respondería el gobierno.
Sonó su teléfono y vio la pantalla. La noticia que había
estado esperando: “EL GOBIERNO DE MÉXICO SALE AL FRENTE DEL GIEI”, decía el
texto, con el acrónimo del grupo interdisciplinario que publicaría el informe.
Parecía ser la noticia que estaba esperando.
Le mostró el mensaje a su colega y dio clic al enlace. Pero
en vez de un artículo o un comunicado de prensa, el vínculo simplemente lo
redirigió a una página en blanco. Confundido, dejó la reunión y se fue de prisa
a su oficina para hacer llamadas e informarse de lo que estaba planeando el
gobierno. Y eso bastó para que cayera en la trampa.
Patrón es el director ejecutivo del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o Centro Prodh, posiblemente el grupo de
defensa de derechos humanos más respetado en todo México. Está involucrado en
varios de los casos más graves de abusos a los derechos humanos del país y ha
sido un gran crítico del gobierno.
Además de Patrón, otros dos abogados del grupo fueron
atacados con el software: Santiago Aguirre, el abogado principal de las
familias de los estudiantes desaparecidos, y Stephanie Brewer, una abogada
estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007.
“Siempre hemos sospechado que nos espían y nos escuchan”,
dijo Patrón, quien se percató de que la situación había empeorado
considerablemente desde que desaparecieron los normalistas. “Pero tener
evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están
amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para
intentar detenernos”.
Además de los estudiantes desaparecidos, el Centro Prodh
representa a una de las sobrevivientes de un ataque militar en el municipio de
Tlatlaya en 2014, donde el ejército arrasó con un supuesto escondite de un
cartel y asesinó a 22 personas; el Centro Prodh ha encontrado evidencias de que
los sucesos de aquella noche no se desarrollaron como una balacera, como
argumenta el Ejército, sino que fueron ejecuciones extrajudiciales perpetradas
por soldados.
Entre los clientes de la organización también se encuentran
las mujeres de Atenco, un grupo de once estudiantes universitarias, activistas
y vendedoras de mercado que la policía arrestó hace casi diez años, durante las
protestas sucedidas en el pueblo de San Salvador Atenco, y que fueron sometidas
a brutales abusos sexuales mientras las trasladaban a la cárcel.
Además del grave abuso de poder y la violación de las
mujeres, el caso es especialmente sensible porque el gobernador que ordenó la
represión en contra de los manifestantes fue Enrique Peña Nieto, el actual
presidente.
Brewer y otros abogados llevaron el caso ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y esperaron casi siete años. La comisión
falló a favor de las mujeres, ordenó al gobierno que les diera reparaciones y
que investigara con la debida diligencia las responsabilidades de las
autoridades hasta lo más alto de la cadena de mando, una directriz que podía
incluir a Peña Nieto. El caso después fue enviado ante la Corte Interamericana.
Fue entonces, poco después del décimo aniversario de los
ataques contra las mujeres, que Brewer recibió un mensaje de texto sospechoso
que cuestionaba por qué el Centro Prodh no defendía también a los soldados y
policías víctimas de abusos. La abogada, intrigada, abrió el enlace y este la
dirigió a una página web corrupta, un indicio del software Pegasus.
“Es parte de defender los derechos humanos en México”,
aseguró Brewer. “Son los gajes del oficio”.
Azam Ahmed reportó desde Ciudad de México y Nicole Perlroth
desde Boulder, Colorado. Paulina Villegas colaboró con el reportaje en Ciudad
de México.
Azam Ahmed y Nicole Perlroth, NYTimres.com, Estados Unidos, 19/06/2017
Niega Presidencia espionaje
El Gobierno de la República negó haber espiado a activistas,
periodistas y defensores de derechos humanos, como publicó The New York Times.
En un texto dirigido al diario, la Administración federal
condenó el intento de vulnerar el derecho a la privacidad de las personas.
"Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna
de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje
descrito en su artículo.
"Para el Gobierno de la República, el respeto a la
privacidad y la protección de datos personales son valores inherentes a nuestra
libertad, democracia y Estado de Derecho", indicó Presidencia.
Asimismo, el Gobierno federal llamó a las víctimas de
espionaje a presentar su denuncia ante la PGR.
ElNorte.com, Ciudad de México, 19/06/17
Condena HRW espionaje a activistas
El espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos
es injustificable, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de
Human Rights Watch (HRW).
"La información publicada por el New York Times (NYT)
es de la mayor gravedad porque constituye obviamente una invasión en la
privacidad de defensores de derechos humanos y periodistas", sostuvo.
"Un hecho de esta naturaleza es especialmente grave
porque no es posible justificarlo. Con una orden judicial se puede, en
cualquier parte del mundo, autorizar la intervención de las comunicaciones de
alguien que esté sujeto a una investigación penal, siempre con la autorización
de un juez. Acá estamos ante una situación absolutamente irregular y que ojalá
se logre esclarecer a la brevedad posible".
En entrevista, Vivanco, quien participa en la 47
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que es de
la mayor importancia que a raíz de la denuncia del NYT se haga una
investigación lo más rigurosa posible, para determinar el origen del espionaje
telefónico.
De probarse que el Gobierno mexicano es responsable del espionaje,
dijo, constituiría un grave abuso contra aquellos que ejercen el periodismo
independiente y de investigación en México y contra quienes defienden derechos
fundamentales.
Silvia Garduño. ElNorte.com, Cancún, México,19/06/17
1537. Asesinato de activista en Tamaulipas
El asesinato de una activista que lideraba la búsqueda de su
hija y de miles más en Tamaulipas, México expone el peligro al que se enfrentan
a diario quienes buscan a las más de 30.000 personas desaparecidas en el país.
Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, fue asesinada la noche
del 10 de mayo en el estado de Tamaulipas, en el norte de México. Miriam era
conocida por su trabajo con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas,
que son organizaciones formadas principalmente por familiares de víctimas de
desaparición forzada y desaparición por agentes no estatales.
“México se ha convertido en una zona muy peligrosa para
quienes tienen la valentía de dedicar su vida a la búsqueda de las personas
desaparecidas. El violento asesinato de Miriam Rodríguez debe investigarse de
manera independiente, imparcial y exhaustiva. Deben tomarse medidas serias para
defender a las personas que buscan a sus seres queridos. La pesadilla a la que
son sometidos al no saber la suerte o paradero de sus familiares y los peligros
que enfrentan en su labor, la que realizan dada la negligente respuesta de las
autoridades, son alarmantes,” ha manifestado Erika GuevaraRosas, directora para
las Américas de Amnistía Internacional.
México se ha convertido en una zona muy peligrosa para
quienes tienen la valentía de dedicar su vida a la búsqueda de las personas
desaparecidas.
Amnistia.org.mx. 11/05/17
ONU-DH: indignante el asesinato de la Sra. Miriam Rodríguez
en San Fernando, Tamaulipas
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena enérgicamente el asesinato de
la Sra. Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, el día de ayer en San Fernando,
Tamaulipas.
La Sra. Rodríguez impulsó la creación del Colectivo de
Personas Desaparecidas de San Fernando, Tamaulipas, luego de que ella misma
sufrió la desaparición de su hija Karen en marzo de 2014. De manera
extraordinaria y con gran valentía investigó por sus propios medios la
desaparición de su hija, logró encontrar parte de sus restos e identificar a
los responsables.
El asesinato de la Sra. Rodríguez fue cometido el día de las
madres, fecha que en últimos años se ha convertido en un emblema del reclamo de
justicia y visibilización de la lucha que llevan a cabo las familias de
personas desaparecidas, lo cual le provee de un simbolismo aún más
escalofriante.
La ONU-DH recuerda que el deber de protección implica que el
Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que todas las víctimas y
sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión,
máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber. En
este sentido, la ONU-DH realiza un enérgico llamado a las autoridades para que
brinden las adecuadas medidas de protección a la familia de la Sra. Rodríguez,
así como a las otras familias de personas desaparecidas en Tamaulipas,
particularmente considerando que dicho Estado encabeza las cifras, según
fuentes oficiales, de personas desaparecidas en México1.
La ONU-DH hace un llamado a las autoridades correspondientes
para que el asesinato de la Sra. Rodríguez sea debidamente investigado con
perspectiva de género y no quede en la impunidad. Más allá de su asesinato,
resulta impostergable atender los factores estructurales que han colocado a las
familias de personas desaparecidas en una grave situación de vulnerabilidad.
Adicionalmente, la ONU-DH exhorta a la sociedad civil, a los
medios de comunicación y a los colectivos de familias del resto de México a que
con su solidaridad y cobertura constantes se logre que quienes luchan en
Tamaulipas por encontrar a sus familiares tengan la atención y visibilidad que
la gravedad de su situación amerita.
Finalmente, la ONU-DH ofrece sus condolencias a la familia
de la Sra. Miriam Rodríguez, y reitera su disposición para trabajar con los
colectivos de familiares de personas desaparecidas tanto en Tamaulipas como en
el resto del país, así como con las autoridades correspondientes, tanto a nivel
federal como estatal y local.
Hchr.org.mx. Ciudad de México, 11/05/17
Expertos de la ONU condenan asesinato de una
defensora de DDHH y piden medidas efectivas para combatir la impunidad
Un grupo de expertos y
expertas de la ONU ha condenado el brutal asesinato de Miriam Rodríguez
Martínez, una madre que se convirtió en activista después de la desaparición de
su hija, la cual fue posteriormente hallada asesinada. Los expertos exhortan al
Gobierno de México a llevar a cabo una investigación justa e imparcial en este
caso, así como a atender la predominante impunidad que permite dichos ataques
contra defensores de derechos humanos.
A la Sra. Rodríguez Martínez le dispararon múltiples veces,
asesinándola en su casa en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 10 de
mayo de 2017, que en México es el Día de las Madres.
Luego de que su hija Karen, de 20 años, desapareciera en
2014, la Sra. Rodríguez llevó a cabo sus propias investigaciones conduciéndola a descubrir los restos de su
hija.
“Este es otro horrible ejemplo de la violencia que hay
contra aquellos que reclaman verdad y justicia en México. Este acto es más
grave dado que la Sra. Rodríguez habría solicitado protección a las
autoridades. Los responsables de este atroz crimen deben ser urgentemente
encontrados y llevados a la justicia,” dijeron los expertos, recordando sus
repetidas expresiones de preocupación acerca del aumento de los riesgos que
enfrentan las familias de personas desaparecidas, defensores de derechos
humanos así como abogados y periodistas en México.
La Vicepresidenta del Comité contra las Desapariciones
Forzadas, la Sra. Suela Janina, señaló que: “De las 375 peticiones de acción
urgente registradas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas desde
2012, 288 se relacionan con desapariciones en México. Hemos solicitado medidas de
protección en 134 de estos casos. El Comité ha expresado en muchas ocasiones su
profunda preocupación sobre la situación en México, donde las desapariciones
parecen ser generalizadas. Desde 2013, hemos repetidamente solicitado al
Gobierno de México que nos permita visitar el país pero no hemos recibido
respuesta positiva alguna.”
La Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias, Sra. Houria Es-Slami, destacó que: “Los Estados
tienen la responsabilidad de proteger a aquellos involucrados en la
investigación de las desapariciones forzadas, particularmente los familiares,
de todo acto de violencia, intimidación y represalias. Saludamos el anuncio
hecho el día 17 de mayo por el Presidente Peña Nieto de que se tomarán medidas
para fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, así como el
llamado para su pronta implementación para asegurar que los defensores,
incluyendo familiares de personas desaparecidas, puedan llevar a cabo su
trabajo en un ambiente seguro y propicio. Se deben brindar medidas de
protección a la familia de la Sra. Rodríguez así como a los miembros de su
colectivo y a otros grupos de familiares en busca de sus desaparecidos a lo
largo del país.”
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de
derechos humanos, Sr. Michel Forst, concluyó: “Los defensores de derechos
humanos en México siguen siendo atacados precisamente por el desempeño de sus
actividades legítimas. La impunidad sigue siendo el principal reto para la
protección de los defensores de los derechos humanos en México, y como tal debe
ser una prioridad para todas las ramas del Gobierno. Las recomendaciones hechas
por organismos internacionales de derechos humanos sobre la impunidad,
incluyendo la recomendación emitida por el Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre la creación del Consejo Asesor
para atender la impunidad en el país, deben ser atendidas.
Los expertos también expresan sus más sinceras condolencias
a la familia de la Sra. Miriam Rodríguez. Reiteran su solidaridad y apoyo a
todas las familias y colectivos de familias de personas desaparecidas que, a
través de su trabajo cotidiano, luchan para promover los derechos de todas las
personas ante la desaparición forzada y son con demasiada frecuencia objeto de
intimidación y violencia.
Ohchr.org. 19/05/17
1509. Anuncian quienes recibirán el XXV Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”
Cuernavaca, Mor., a 30 de Marzo del 2017
A los medios de comunicación,
A la opinión pública.
Reciban un cordial saludo a nombre de las organizaciones que este año nos hemos sumado al trabajo de organización y entrega del XXV Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo
El pasado viernes 24 de marzo se llevó a cabo la Sesión de Jurado de este Premio y al respecto les comunicamos lo siguiente:
Este año, en la Categoría Grupal de este premio, recibimos un total de 7 registros de candidaturas postuladas para recibir este Premio y que a continuación se enlistan.
Casa del Migrante El Samaritano
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local AC
Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO)
Comunidad Indígena de Tezontepec de Aldama
Familia Gómez Garduño
Fundacion Find AC
En la Categoría Individual de este Premio, se recibieron 9 candidaturas que se enlistan a continuación.
Alicia Colchado Ariza
Antonio Jorge Benito Guerrero de la Torre
Araceli Salcedo Jiménez
Gustavo Castro Soto
Jesús Alejandro Vera Jiménez
Hna. Leticia Gutiérrez Valderrama
María Herrera Magdaleno
Oscar Hernández Neri
Vidulfo Rosales Sierra
Este año el ganador en la categoría Grupal es: Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, y en la Categoría Individual: Hna. Leticia Gutiérrez Valderrama.
El Premio consiste en un Diploma y 10,000 pesos en la categoría Grupal y un Diploma y 5,000 pesos en la categoría Individual. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo sábado 22 de abril a las 4 PM en la capilla abierta de la Catedral de Cuernavaca.
También se invita al Foro “Situación de los Derechos Humanos en México” que se realizará el mismo 22 de abril a las 10am en lugar por confirmar. El panel se compondrá por el Mtro. Emilio Álvarez Icaza, las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la periodista Blanche Pietrich y la Hna. Leticia Gutiérrez Valderrama.
Comisión de Difusión del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo
Mayores informes con Soila Luna Pineda, Tel. (01777) 318-37-72 044 777 152-7315 o a través del correo electrónico fundaciondonsergio@gmail.com
Organizaciones y personas convocantes del XXV Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo:
Fundación Don Sergio Méndez Arceo
Católicas por el Derecho a Decidir AC
Centro Cuernavacense de Dialogo para el Desarrollo AC (CCIDD)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC
Centro de Estudio Ecuménicos AC
Centro Nacional de Comunicación Social AC
Augsburg College-Mexico AC
Centro Tlahuica de Lengua e Intercambio Cultural (CETLALIC)
Círculo Cultural Morelos AC
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC
Comisión de Justicia y Paz de la Familia Dominicana AC
Comité Cerezo México
Comunidad Educativa Cemanahuac AC
Comunidades de Base de CIVAC
Cultura Joven AC
Desarrollo Integral Autogestionario AC
Frente Cívico Pro Defensa del Ex-Casino de la Selva AC
Grupo de Mujeres del Grial, región México
Guardianes de los Arboles AC
Mujeres por México en Chihuahua AC
Sacerdotes y Amig@s de Don Sergio
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América
Latina AC (SICSAL)
Secretariado Social Mexicano AC
Servicios y Asesoría para la Paz AC (SERAPAZ)
Mtra. Adriana Hernández
Simpatizantes:
Bowerasa AC
Centro Antonio de Montesinos AC (CAM)
Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés
Comité de Solidaridad Monseñor Oscar A. Romero
Comunidades Eclesiales de Base-Subzona Noreste Morelos (GER)
Comunidad Dominicana de Cuernavaca
Dunamis Peace Institute
Grupo de Estudio y Reflexión—GER
Observatorio Eclesial AC
Proyecto Ecuménico para la Cooperación Internacional (EPIC)
Servicio, Paz y Justicia (SERPAJ-Cuernavaca)
Dr. Alejandro Herrera Ibáñez
Eloy Durán Valerio
Semblanzas:
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Ante un ambiente de violencia y constantes violaciones a los derechos humanos, en 2012, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, representantes de organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales, dan a conocer la conformación del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleros. Se gestó, pues, una asociación no gubernamental que busca incidir en el respeto de los derechos humanos de personas, pueblos y comunidades.
Ha acompañado a sistemas comunitarios de Agua, de pueblos indígenas, originarios y campesinos, como Ozumbilla, Xoloc, Acozac, Chalco, Amecameca. Destacan Tecámac y Coyotepec ya que han vivido un acoso por sus presidentes municipales y el gobierno del estado de México para municipalizar y privatizar el agua.
Desde 2013 apoya a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, que ha mantenido resistencia ante el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan; dicho proyecto atenta contra el derecho a la tierra, los usos y las costumbres de esta comunidad que ha sido hostigada con detenciones arbitrarias y violentas.
Los pueblos, organizaciones de municipios y comunidades del Estado de México, acompañados por el Comité de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, se han agrupado en una coordinación llamada Fuego de la Digna Resistencia. Ha sido esta articulación la que ha plantado cara al intento de legalizar la represión en el Estado de México a través de la Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública. Se logró Incidir para que la CNDH interponga una acción de inconstitucionalidad en contra de la aprobación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública. También se acompaña el caso de San Salvador Atenco, sitio donde el gobierno federal tiene prevista la construcción de un aeropuerto, aun cuando esto implique el desplazamiento y el desalojo de quienes habitan la zona.
Leticia Gutiérrez Valderrama
Leticia Gutiérrez es hermana Scalabriniana, congregación religiosa cuyo objetivo es la defensa de los y las migrantes. Al unirse a la congregación comenzó a trabajar por los derechos de los y las migrantes en el Centro Madre Assunta en Tijuana, donde conoció el drama que este fenómeno implica para las personas. Su trayectoria la ha llevado a ser Secretaría Ejecutiva de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, responsabilidad que ocupó durante 6 años, culminando en 2013. Momento que considera oportuno fundar la organización que hoy dirige: Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (SMR). La SMR en la actualidad brinda refugio, alimentación y cobijo, así como consultoría legal, servicios médicos y apoyo psicológico-espiritual a los y las migrantes que acuden en busca de apoyo para continuar su viaje, usualmente, hacia Estados Unidos. Leticia ha sabido vincular su talento organizativo en la participación y construcción de redes en favor de los derechos de los y las migrantes, a través de la articulación para el apoyo, así como para la incidencia política en pos de que se respete y humanice la migración; por ejemplo, al lograr la modificación del art. 67 y 138 de la Ley General de Población y al participar en la construcción de la Ley de Migración y la Ley de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, en favor de mayor garantías y respeto a los derechos de las personas migrantes.
Ha participado en diferentes foros que han culminado con eventos, documentos de análisis, propuestas que derivan en acciones concretas de alivio y defensa de los y las migrantes y en recursos que ayudan a concientizar a la población en general sobre la situación de las personas en tránsito. Su trabajo ha forzado a las autoridades a tomar medidas y a encarcelar a funcionarios involucrados en actividades criminales en contra de la población migrante. Su labor también la ha llevado a lidiar con segmentos de la sociedad que criminalizan y discriminan a las personas migrantes.
Comitecerezo.org. 30/03/17
https://www.comitecerezo.org/spip.php?article2747
1466. Consuelo Morales recibirá mañana el Premio Nacional de Derechos Humanos 2015
Esta ceremonia se inscribe en
el marco conmemorativo del Día de los Derechos Humanos
Por su destacada trayectoria en
la promoción efectiva y defensa de los derechos humanos, especialmente en favor de
personas desaparecidas en el estado de Nuevo León, Consuelo Gloria Morales Elizondo recibirá
mañana el Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, en ceremonia solemne que se llevará a cabo
en el Salón “Adolfo López Mateos”, de la residencia oficial de Los
Pinos.
El Presidente Enrique Peña
Nieto, acompañado por el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, entregará a la
galardonada el premio, consistente en una medalla de oro, que en su anverso lleva la inscripción “Premio
Nacional de Derechos Humanos” y en el reverso el nombre de la persona ganadora y la leyenda
“Por la promoción y defensa de los derechos fundamentales”, una cantidad en numerario y un
diploma.
Dicho Premio, que se entrega en
el marco conmemorativo del Día de los Derechos Humanos, es el reconocimiento que la sociedad
mexicana confiere, a través de la CNDH, a las personas que se han destacado en la promoción
efectiva y defensa de los derechos fundamentales.
También entregará una Mención
Honorífica a Sandra Jiménez Loza, por su dedicación en la defensa de los derechos humanos
de niñas, niños y adolescentes, así como de las personas con discapacidad.
Cndh.org.mx. México, Distrito Federal, 09/12/15
Premio Nacional de Derechos
Humanos 2015
EL CONSEJO DE PREMIACIÓN DEL
PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 6, fracción
XlV, 109, 110 y 111 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, 1,
3, 8, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28
y 29 del Reglamento sobre el Premio Nacional de Derechos Humanos, y
CONSIDERANDO
Que el Premio Nacional de
Derechos Humanos es el reconocimiento que la sociedad mexicana confiere, a
través del organismo constitucional
autónomo de derechos humanos, a las personas que se han destacado en la
promoción efectiva y defensa de los derechos
fundamentales;
Que el 4 de noviembre del año
en curso fue publicada la convocatoria correspondiente;
Que dicha convocatoria se
emitió al público en general, organismos públicos o privados, para proponer a
quien estimaran se haya destacado en la promoción
efectiva y en la defensa de los derechos humanos, en los términos de las bases correspondientes;
Que dicha convocatoria agotó su
término, habiendo estado vigente hasta las 18:30 horas del día 18 de noviembre
de 2015;
Que el Jurado formuló el
dictamen relativo al Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 y determinó
someter a consideración del Consejo de
Premiación conferir el Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, a la C.
Consuelo Gloria Morales Elizondo por su
destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa de los derechos
humanos en general y de las personas desaparecidas en
lo particular, así como que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
confiere una
Mención Honorífica, a la C.
Sandra Jiménez Loza por su dedicación en la defensa de los derechos humanos de
las niñas, niños y adolescentes, así como
de las personas con discapacidad;
El Consejo de Premiación aprobó
por unanimidad el dictamen del Jurado, mediante acuerdo adoptado en su sesión ordinaria número 2, de fecha 23
de noviembre del año en curso;
En virtud de lo anteriormente
expuesto, el Consejo de Premiación del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015
tiene a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se confiere el Premio
Nacional de Derechos Humanos 2015, a la C. Consuelo Gloria Morales Elizondo.
SEGUNDO.- Se confiere una
Mención Honorífica a la C. Sandra Jiménez Loza.
TERCERO.- La ceremonia de
entrega del Premio se verificará el día que determine el Titular del Poder
Ejecutivo Federal, en los términos que señala la
Ley.
CUARTO.- Se instruye al
Secretario del Consejo de Premiación del Premio Nacional de Derechos Humanos,
publicar el
presente Acuerdo en el Diario
Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, en su página web, así
como difundirlo a través de los medios masivos de comunicación.
México, D.F. a 23 de noviembre
de 2015.
Lic. Luis Raúl González Pérez
Presidente del Consejo de
Premiación.
Lic. Joaquín Narro Lobo,
Secretario del Consejo de
Premiación.
La Hna. Consuelo Morales recibe el Premio Nacional de Derechos Humanos 2015
La Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) anunció que aprobó por unanimidad entregar el Premio
Nacional de Derechos Humanos 2015 a Consuelo Gloria Morales Elizondo, fundadora
y directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) por su
trayectoria en la promoción efectiva y defensa de los derechos humanos,
especialmente de las personas desaparecidas.
“Este reconocimiento es para
las familias que diariamente superan el dolor, se arman de amor y de valor para
continuar la búsqueda de verdad y de justicia. No sólo a las familias de
personas desaparecidas, sino a todas esas víctimas que se atreven a alzar la
voz para denunciar injusticias y con su ejemplo inspirar a otras para luchas
contra la impunidad”, expresó la directora de CADHAC.
En 1993, la Hna. Consuelo
Morales funda CADHAC junto a otras personas y desde entonces esta organización
trabaja temas de violaciones a derechos humanos en los centros penitenciarios
de Nuevo León, tortura, los abusos policiacos y de autoridad, temas de violencia
contra la mujer, abusos a menores de edad, entre otros.
Desde el 2009, cuando la crisis
de violencia comenzó a golpear Nuevo León y comenzaron a llegar los primeros
casos de desaparición, la Hna. Consuelo Morales y su equipo hacen un importante
trabajo en la problemática de personas desaparecidas.
En junio de 2011 el poeta
Javier Sicilia visitó Monterrey junto con el Movimiento por la Paz en la
Caravana del Consuelo, y atestiguó cómo la Procuraduría General de Justicia de
Nuevo León (PGJNL) abrió sus puertas a las familias de personas desaparecidas y
a CADHAC. A partir de esa primera reunión CADHAC junto con la Agrupación de
Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo
León (AMORES), quienes luchan por encontrar a sus familiares desaparecidos, y
la Procuraduría estatal han trabajado en conjunto, método que recientemente fue
reconocido por la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de la ONU en enero 2015. En septiembre de este mismo año el Grupo de
Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de Naciones
Unidas reconoció en su informe la labor realizada en Nuevo León por CADHAC y
las autoridades.
Algunos logros obtenidos con
este método de trabajo bajo el liderazgo de la Hna. Consuelo Morales y las
familias de Amores son:
En diciembre del 2012 se
tipificó el delito de desaparición forzada en Nuevo León con los más altos
estándares internacionales.
En octubre del 2013 el Congreso
local aprobó una Ley Estatal de Víctimas apegada a la Ley General de Víctimas,
la cual se publicó en diciembre de ese mismo año.
Con la ayuda de expertos en la
materia, CADHAC y la PGJNL, se elaboró el Protocolo de Búsqueda de personas que
actualmente el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) de la
Procuraduría estatal utiliza para localizar personas que han sido reportadas
como desaparecidas en Nuevo León.
En marzo del 2014, la PGJNL
inauguró el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) que investiga el
paradero de personas en las primeras 72 horas de haber ocurrido la
desaparición. Las denuncias se pueden hacer las 24 horas, los 365 días del año.
En mayo del 2015 el Congreso
local aprobó la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición.
Hasta noviembre del 2015
tenemos a 151 personas desaparecidas localizadas (66 con vida y 85 por ADN).
Además existen 63 personas
consignadas y 17 sentenciadas por estos delitos.
Gracias a esta experiencia, la
Hna. Consuelo Morales reconoce que el diálogo es el instrumento más poderoso
para conseguir la incidencia que en verdad modifique políticas públicas para
mejorar una comunidad.
“Tenemos muchísimos retos y
objetivos por cumplir en el tema de desaparición y aunque hemos construido un
caminito resulta verdaderamente importante que el trabajo y la buena voluntad
de las autoridades para con la sociedad civil y las víctimas continúe. No
descansaremos hasta encontrar a todos y todas, conocer la verdad, obtener
justicia y la reparación del daño”, afirmó.
La directora de CADHAC sido
distinguida en 2010 con el Premio Nacional por la Igualdad y contra la
discriminación que otorga el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred); y en 2011, por su remarcable contribución al movimiento de derechos
humanos, fue distinguida con el reconocimiento Alison Des Forges, al Activismo
Extraordinario que otorga Human Rights Watch. En diciembre del 2014 recibió la
Medalla al Mérito Cívico “Presea Estado de Nuevo León”, máximo reconocimiento
que otorga Nuevo León.
En febrero del 2015 recibió el
Premio Franco Alemán de Derechos Humanos “Gilberto Bosques”, que otorgan las
embajadas de Alemania y Francia en México. Además recibió una medalla por parte
del Senado francés en mayo del 2015.
En 2015 aparece también en el
documental “Lo Que Reina en las Sombras”, del director Bernardo Ruíz como una
de las tres historias que relatan el impacto de la violencia derivada de la
“guerra contra el narcotráfico” en el norte de México.
Cadhac.org. Monterrey, Nuevo León, México, 25/11/15
¿Quién es la Hna. Consuelo Morales? Conoce su trayectoria
Si algo ha aprendido la Hna.
Consuelo Morales Elizondo en su trayectoria como defensora de derechos humanos
es que el amor es el motor que impulsa los cambios profundos en una sociedad.
Desde 1993, cuando fundó
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) bajo la convicción de
que ésta era su forma vivir una coherencia entre sus convicciones y su fe, la
Hna. Consuelo Morales ha dedicado su vida a buscar cambios que favorezcan la
justicia y la fraternidad, sobre todo a favor de los sectores más vulnerables
de la sociedad.
Su interés por ayudar a otras
personas nació prácticamente con ella. Desde que era niña, afirma, tuvo la
inquietud del servicio. Consuelo Morales nació en Monterrey, Nuevo León en
1948, es la mayor de dos hermanos y luego de un intercambio en Canadá en donde
estudió inglés, decidió entrar a una congregación regiomontana. Tenía 21 años.
Durante 7 años estuvo en
misiones en Veracruz y en otros estados, trabajando con comunidades indígenas y
campesinas. Todo esto confirmó su vocación de servicio, sin embargo, luego de 7
años decidió salir de la comunidad religiosa pues buscaba otro tipo de
compromiso social.
La búsqueda la llevó a la
Ciudad de México en donde estuvo trabajando algunos años con niñas abandonadas
en la Casa Hogar IMAN, ahora es Casa Hogar para Niñas DIF. En México estudió la
carrera de Trabajo Social en la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga.
Años después la Hna. Consuelo
Morales conoce la Congregación de Notre Dame, Canónigas de San Agustín y se
identifica plenamente por sus ideales de búsqueda de justicia.
En 1993, ya dentro de esta
comunidad y a sus 45 años, regresa a Monterrey, su ciudad natal y funda CADHAC.
CADHAC trabaja principalmente los temas de violaciones a derechos humanos en
los centros penitenciarios de Nuevo León, tortura, los abusos policiacos y de
autoridad, temas de violencia contra la mujer, abusos a menores, entre otros.
Desde el 2009, la Hna. Consuelo Morales y CADHAC hacen un importante trabajo en
la problemática de personas desaparecidas.
En junio de 2011 el poeta
Javier Sicilia visitó Monterrey junto con el Movimiento por la Paz en la
Caravana del Consuelo, y atestiguó cómo la Procuraduría General de Justicia de
Nuevo León (PGJNL) abrió sus puertas a las familias de personas desaparecidas y
a CADHAC. A partir de esa primera reunión CADHAC junto con la Agrupación de
Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo
León (AMORES), quienes luchan por encontrar a sus familiares desaparecidos, y
la Procuraduría estatal han trabajado en conjunto, método que recientemente fue
reconocido por la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de la ONU en enero 2015. En septiembre de este mismo año el Grupo de
Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de Naciones
Unidas reconoció en su informe la labor realizada en Nuevo León por CADHAC y
las autoridades.
Esta dinámica de trabajo, entre
familiares de víctimas, autoridades y sociedad civil, ha producido logros que
no existen en ninguna otra entidad de México:
Una de los principales
resultados ha sido el empoderamiento de las familias de personas desaparecidas,
quienes desde su dolor han construido una labor de activismo que ha aportado a
la prevención y reparación del daño para otras víctimas en Nuevo León.
En diciembre del 2012 se
tipificó el delito de desaparición forzada en Nuevo León con los más altos
estándares internacionales.
En octubre del 2013 el Congreso
local aprobó una Ley Estatal de Víctimas apegada a la Ley General de Víctimas,
la cual se publicó en diciembre de ese mismo año.
Con la ayuda de expertos en la
materia, CADHAC y la PGJNL, se elaboró el Protocolo de Búsqueda de personas que
actualmente el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) de la
Procuraduría estatal utiliza para localizar personas que han sido reportadas
como desaparecidas en Nuevo León.
En marzo del 2014, la PGJNL
inauguró el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) que investiga el
paradero de personas en las primeras 72 horas de haber ocurrido la
desaparición. Las denuncias se pueden hacer las 24 horas, los 365 días del año.
En 2014 el método de trabajo
que realizamos con la Procuraduría estatal comenzó a utilizarse para trabajar
con la Procuraduría de Tamaulipas.
La PGJNL adquirió equipo de
rastreo para la búsqueda y localización de personas (Geo Scanner) con el que ya
se han tenido buenos resultados.
A pesar de estos logros, hoy reconocemos que queda mucho
camino por recorrer.
En mayo del 2015 el Congreso
local aprobó la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición.
Hasta noviembre del 2015
tenemos a 151 personas desaparecidas localizadas (66 con vida y 85 por ADN).
Además existen 63 personas
consignadas y 17 sentenciadas por estos delitos.
Gracias a esta experiencia, la
Hna. Consuelo Morales reconoce que el diálogo es el instrumento más poderoso
para conseguir la incidencia que en verdad modifique políticas públicas para
mejorar una comunidad.
La Hna. Consuelo Morales ha
sido Presidenta de la Conferencia de religiosas Mexicanas, sede Arquidiócesis
de Monterrey y miembro de diversos consejos ciudadanos, entre ellos: el de la
organización Vertebra, el Consejo Permanente de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social, el Consejo del Grupo Humanitas, A.C., el Consejo Ciudadano de
la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, el
Comité de Ética de la Clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el
Equipo Coordinador de la Red de Organizaciones Civiles del Norte de México, y
actualmente forma parte del Consejo de OXFAM-México.
Ha sido distinguida en 2010 con
el Premio Nacional por la Igualdad y contra la discriminación que otorga el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); y en 2011, por su
remarcable contribución al movimiento de derechos humanos, fue distinguida con
el reconocimiento Alison Des Forges, al Activismo Extraordinario que otorga
Human Rights Watch. En diciembre del 2014 recibió la Medalla al Mérito Cívico
“Presea Estado de Nuevo León”, máximo reconocimiento que otorga Nuevo León.
En febrero del 2015 recibió el
Premio Franco Alemán de Derechos Humanos “Gilberto Bosques”, que otorgan las
embajadas de Alemania y Francia en México. Además recibió una medalla por parte
del Senado francés en mayo del 2015.
En 2015 aparece también en el
documental “Lo Que Reina en las Sombras”, del director Bernardo Ruíz como una
de las tres historias que relatan el impacto de la violencia derivada de la
“guerra contra el narcotráfico” en el norte de México.
Cadhac.org. Monterrey, Nuevo León, México, 27/11/15
1416. Defensores de los Derechos Humanos: Janet Figueroa Sánchez, defensora por la Justicia y la Verdad, Xalapa, Veracruz
Janet Figueroa es hija de Joaquín
Figueroa, ejecutado extrajudicialmente junto a compañeros de trabajo por
miembros de las Fuerzas Armadas en 2011. En su reclamo por la justicia, por su
padre y para los familiares de otros ejecutados de este caso, encontró
compadrazgos, corrupción y hostigamiento por parte de las autoridades del
estado de Veracruz. La defensora tuvo que desplazarse dentro del país para
mantener su seguridad.
“Mi nombre es Janet Figueroa
Sánchez, soy originaria de la Ciudad de Xalapa. Mi papá, Joaquín Figueroa
Vázquez, era mecánico, se dedicó cerca de 30 años a componer maquinaria pesada.
Él fue ejecutado extrajudicialmente el 17 de junio del 2011 en un operativo
denominado “Conago 1”, en el que el gobernador del estado, Javier Duarte,
respondió a la iniciativa del presidente Felipe Calderón para combatir a la
delincuencia organizada.
Los medios decían que el
operativo había sido exitoso, que 11 sicarios habían mordido el polvo. Por
todos lados se decía que los sicarios habían abierto fuego en contra de las
fuerzas del orden y que ellos habían respondido, Nada de esto era cierto, la
realidad era que habían modificado la escena del crimen, les habían sembrado
armas.
Fue un shock enterarnos de la
muerte de mi papá en esas condiciones,
sobre todo, porque lo estigmatizaron como delincuente. Decidimos denunciar el
homicidio, estábamos profundamente dolidos, indignados.
Nos dedicamos a buscar todos los
datos posibles, aunque esa investigación no tuvo muchos frutos, pues la gente
tenía muchísimo temor a hablar. Decidimos ir a la procuraduría de justicia del
estado a interponer una denuncia por homicidio, fue un proceso muy largo, era
ir en contra de lo que el gobierno decía. Fuimos a la CNDH a interponer una
queja porque habían participado fuerzas federales. A partir de ese día,
empezamos a recibir amenazas y hostigamientos.
El procurador nos mandó decir que
podíamos pedir lo que nosotros quisiéramos, incluso dinero, con la única
condición de que dejáramos las cosas como estaban. Que no continuáramos con la
denuncia penal ni con la queja en CNDH y que con eso nos iban a entregar lo que
quisiéramos.
En algún momento nos ofrecieron
quinientos mil pesos, pero no los aceptamos. Una de las periodistas, Regina
Martínez, que atendió nuestro caso y lo publicó tal cual era, fue asesinada. A
partir de eso y del constante hostigamiento, debimos dejar nuestra ciudad por
seguridad, para continuar el proceso en otro lugar.
Nosotros decidimos continuar con
el proceso a pesar del miedo que tenemos, y para eso, necesitamos estar vivos.
Las autoridades le apuestan a nuestro cansancio, las instituciones tienen un
absoluto desconocimiento de lo que son los derechos humanos.
Fue muy complicado asimilar que
era defensora de derechos humanos, no es algo que elegí, se hace porque se
tiene que hacer, me tocó hacerlo a mí. Tampoco es que fuera el sueño de mi
vida. Asesinan a gente inocente y entonces a ti te toca salir de frente y
denunciarlo, es difícil disfrutarlo cuando te lo imponen, cuando no es algo que
tú decidiste, pero bueno, se tiene que hacer y se hace.”
HazQueSeVean.org. 14/09/15
1394. Amenazas a Servicios Internacionales para la Paz (Sipaz)
Organizaciones
defensoras de derechos humanos demandaron medidas para asegurar la integridad y
seguridad personal de integrantes de SIPAZ
Un grupo de
organizaciones civiles de derechos humanos repudiaron las amenazas, el
hostigamiento y robo a integrantes del Servicio Internacional para la Paz
(SIPAZ), así como el allanamiento a sus oficinas comprendido entre los días del
14 al 18 de agosto de 2015; “situación que nos preocupa porque pone en grave
riesgo su integridad y seguridad personal” por lo que pidieron garantías para
los pacifistas así como la investigación a las amenazas y allanamientos
denunciados.
SIPAZ es una
organización de observación y acompañamiento internacional, desde 1995, se ha
desarrollado como un programa permanente y juega un papel de disuasión y
prevención de la violencia socio-política en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, para
aportar desde la perspectiva no violenta en la construcción de una paz positiva
en estos estados.
SIPAZ está conformado
por una coalición de 47 organizaciones internacionales, además de una junta
directiva procedentes de Europa y América.
Según la información
proporcionada por SIPAZ, entre el viernes 14 y la madrugada del 17 de agosto de
2015, fueron allanadas sus oficinas, encontrando una mesa de trabajo con claro
desorden, además una integrante del equipo había dejado dinero oculto para
reportar gastos de salidas. De ese dinero, faltan $4.196.00 pesos, y $210.00
pesos que se dejaron en la mesa en diferentes lugares.
Posteriormente, se
encontró una nota entre los papeles que decía “Cuidado guerita (sic)”.
Las puertas no estaban
forzadas, ni las ventanas, además de que no percibimos la falta de otro
material de valor, incluyendo computadoras.”
Así mismo, la noche del
17 al 18 de agosto de 2015, las oficinas fueron allanadas nuevamente, en esta
ocasión “Desapareció el sobre con los 210 pesos que se habían dejado el día
anterior (ver antecedentes), y otra pequeña cantidad de dinero en monedas,
ubicada en otro espacio de la oficina, también desapareció.”
“Nos preocupa que el
motivo de estas señales es dar a entender que tienen acceso a nuestras oficinas
y que no es delincuencia común. Con lo anterior vemos que se violentan los
derechos humanos específicamente a la integridad y al derecho a defender los
derechos humanos”.
En su oportunidad la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: […] los Estados
tienen el deber de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y
disfrute de los derechos establecidos en la Convención. El cumplimiento de
dicho deber está intrínsecamente ligado a la protección y al reconocimiento de
la importancia del papel que cumplen las defensoras y los defensores de
derechos humanos, cuya labor es fundamental para el fortalecimiento de la
democracia y el Estado de Derecho.
Artículo 1: “Toda
persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la
protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en los planos nacional e internacional”:
(Declaración sobre los
Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU
el 9 de diciembre de 1998, . 4 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs.
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008.
Serie C No. 192, Párrafo 87)
Por tal razón las
organizaciones firmantes, vemos con preocupación la situación de los defensores
y defensoras de los derechos humanos, por tanto exigimos al Gobierno mexicano:
Garantizar la
integridad y seguridad personal de las y los integrantes del Servicio
Internacional para la Paz.
Investigar de manera
urgente para identificar, procesar y sancionar a los responsables de estos
graves hechos, así como adoptar las medidas necesarias para proteger la
integridad y la labor de los defensores y las defensoras de los derechos
humanos.
Tome las medidas
necesarias para garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan
realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección, en contextos
seguros y libres de ataques u actos de violencia que pongan en riesgo su vida y
su seguridad.
Organizaciones
firmantes:
Organizaciones
Internacionales: Protection International Guatemala; Proyecto de Acompañamiento
internacional en Honduras (PROAH); FOR Peace Presence (Colombia); Peace
Brigades International – Equipo México; SweFOR México.
Red por la Paz. Comité
de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada (CDHFP), Centro de Derechos
Indígenas A.C. (CEDIAC), Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ),
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO),
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI), Centro
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Educación para la
Paz, A.C. (EDUPAZ), ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C.(ENLACE CC), y
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH).
Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua);
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal);
Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI)
(Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa
del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir,
A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y
Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C.
(CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”,
A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna
Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de
Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel
Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don
Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”,
A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña,
Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
(Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz
“Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos
“Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del
Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.
(León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca,
Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de
Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante
(Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C.
(CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF)
(Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara)
(Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de
Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco,
Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro
Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y
Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé
Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY
(Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC)
(Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C.
(CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la
Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité
Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal);
Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán,
Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.
(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de
Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos
Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de
Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de
las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco
(Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”,
A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”,
A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C.
(Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO)
(Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB)
(Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo,
A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos
de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal);
Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente
Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación
para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal);
Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.);
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de
Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J.
Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de
Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos
Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo
Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y
Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de
Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal),
Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA – León (León, Gto.); Proyecto
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal);
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
(Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de
Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y
Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de
Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C.
(Oaxaca, Oax.) Personas: Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel
Regeneración. 24/08/15.
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