Informe Mundial 2019 de Human Rights Watch: los ataques de los autócratas a los derechos
enfrentan nuevas resistencias
Las nuevas alianzas de gobiernos y los grupos de la sociedad civil
obtienen victorias
Berlín, Alemania. Existe una creciente tendencia mundial de
contraataque frente a los abusos de los autócratas que acaparan los titulares,
dijo Human Rights Watch en el lanzamiento de su Informe Mundial 2019. Tanto en
la Unión Europea como en las Naciones Unidas y en todo el mundo, coaliciones de
Estados, a menudo respaldadas por grupos de la sociedad civil y protestas
populares, están resistiéndose a los populistas que violan los derechos
humanos.
En la 29ª edición del Informe
Mundial 2019, de 674 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de
derechos humanos en más de 100 países. En su ensayo introductorio, el director
ejecutivo Kenneth Roth afirma que la gran novedad del último año no ha sido la
persistencia de las tendencias autoritarias sino la creciente oposición que
enfrentan. Esta resistencia ha quedado de manifiesto en los esfuerzos por
desafiar los ataques contra la democracia en Europa, evitar un baño de sangre en
Siria, garantizar la rendición de cuentas de los responsables de la campaña de
limpieza étnica contra los musulmanes rohinyá en Birmania, detener los
bombardeos y bloqueos dirigidos por Arabia Saudita de civiles yemeníes,
defender la prohibición de larga data de las armas químicas, convencer al
presidente de la República Democrática del Congo Joseph Kabila para que
aceptase los límites constitucionales a su mandato, y exigir una exhaustiva
investigación del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.
“Los mismos populistas que
están propagando el odio y la intolerancia también están estimulando una
resistencia que sigue ganando batallas”, dijo Roth. “El triunfo en ningún caso
está garantizado, pero las victorias en el último año sugieren que los excesos
de los regímenes autocráticos están
avivando un poderoso contraataque a favor de los derechos humanos.
En Europa, el apoyo a los
derechos adoptó muchas formas, tanto en las calles como en las instituciones.
Grandes multitudes en Budapest protestaron contra las medidas del líder húngaro
Victor Orbán para cerrar la Universidad Centroeuropea, un bastión académico de
investigación y librepensamiento, y promulgar la denominada “ley de esclavitud”
que incrementa las horas extraordinarias permitidas y autoriza demoras de tres años
en el pago de estas horas.
Septiembre marcó un hito para
la UE, cuando el Parlamento Europeo respondió al régimen cada vez más
autoritario de Orbán mediante una votación para lanzar un proceso que podría
desembocar en sanciones políticas bajo el artículo 7 del Tratado de la UE. Casi
el 70 por ciento de los miembros del Parlamento Europeo de un amplio espectro
de partidos apoyaron esta medida sin precedentes. En medio de las discusiones
sobre la posible vinculación del próximo presupuesto quinquenal de la UE,
previsto para fines de 2020, al respeto por los estándares democráticos, la
medida del Parlamento apunta a que Hungría, uno de los mayores receptores per
cápita de fondos de la UE, ya no podrá depender de la generosidad de Europa si
continúa socavando las libertades democráticas fundamentales de la UE.
Decenas de miles de polacos
tomaron repetidamente las calles para defender a sus tribunales de los intentos
del partido gobernante de socavar su independencia. Los jueces de Polonia se
negaron a abandonar sus puestos pese a la campaña de purga del líder del
partido Ley y Justicia, Jarosław Kaczyński; el Tribunal de Justicia de la UE
respaldó posteriormente su negativa a ser destituidos y, como resultado, fueron
restituidos por las autoridades.
Más allá de sus fronteras, la
UE y algunos Estados miembros demostraron un liderazgo notable en cuestiones de
derechos humanos. Los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda, junto con
Canadá, tomaron la iniciativa para garantizar que el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU se resistiera a la fuerte presión de Arabia Saudita para
evitar el escrutinio de presuntos crímenes de guerra cometidos en Yemen. Tras
el asesinato de Khashoggi, Alemania impidió que 18 funcionarios saudíes
ingresaran en el área Schengen de 26 naciones, mientras que Alemania, Dinamarca
y Finlandia detuvieron la venta de armas al reino. (Estados Unidos y Canadá
también impusieron sanciones específicas contra muchos de los saudíes
implicados en el asesinato). Esta presión puede haber contribuido al acuerdo de
la coalición liderada por Arabia Saudita durante las negociaciones dirigidas
por la ONU a un alto el fuego en los alrededores del puerto de Hodeidah en
Yemen, un punto de acceso crítico para la población amenazada por la hambruna.
La canciller alemana, Angela
Merkel, y el ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, criticaron
públicamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al presidente de China, Xi
Jinping, y al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, por quebrantar los
derechos humanos y reprimir a la oposición política, activistas y periodistas.
Durante los próximos dos años, Alemania será un miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de la ONU, brindando oportunidades para que Berlín lidere
con el ejemplo.
En EE.UU., el presidente Donald
Trump intentó movilizar su base de apoyo tratando de retratar a los
solicitantes de asilo que huyen de la violencia en Centroamérica como una
crisis. El Partido Demócrata de oposición ganó el control sobre la Cámara de
Representantes en las elecciones de mitad de período, en parte por el rechazo
que los votantes mostraron a esa campaña de propagación del miedo.
Otras transferencias de poder
reflejaron preocupaciones en cuestiones de derechos humanos. Los votantes en
Malasia y las Maldivas expulsaron a sus líderes corruptos. El primer ministro
de Armenia renunció en medio de masivas protestas por presunta corrupción. Bajo
la presión popular, Etiopía reemplazó un gobierno que durante mucho tiempo fue
abusivo por uno nuevo dirigido por un primer ministro que ha lanzado un
impresionante programa de reformas. Legisladores, tribunales y los ciudadanos
de Sri Lanka rechazaron un “golpe constitucional” por parte del actual
presidente y su antecesor.
La tendencia no es sólo
positiva. Los actuales autócratas intentan socavar la democracia demonizando a las
minorías vulnerables y convirtiéndolas en chivos expiatorios para reforzar su
apoyo popular, dijo Human Rights Watch. Estos líderes debilitan los controles
institucionales al poder del gobierno, incluyendo un poder judicial
independiente, medios de comunicación libres y grupos cívicos comprometidos. El
costo humano puede ser enorme, como demuestran la crisis humanitaria en la
Venezuela otrora rica en petróleo, los miles de asesinatos extrajudiciales como
parte de la “guerra contra las drogas” en Filipinas o la detención arbitraria
en China para adoctrinamiento forzado de aproximadamente 1 millón de uigures y
otros musulmanes, según estimaciones fidedignas.
En el último año China
intensificó su represión a los peores niveles vistos desde la masacre de manifestantes
en 1989 del movimiento democrático de la Plaza Tiananmen. Xi eliminó los
límites de mandato a su presidencia y amplió enormemente el operativo de
vigilancia de los ciudadanos ordinarios en China. Las autoridades ampliaron su
ataque a la libertad de expresión deteniendo a periodistas, procesando a
activistas, reforzando el control ideológico sobre las universidades y
expandiendo la censura en Internet.
El hecho de que los autócratas
no brinden protección para los derechos humanos fundamentales ha facilitado que
líderes despiadados eludan las consecuencias de atrocidades masivas, como los
ataques de Siria contra civiles en áreas controladas por fuerzas
antigubernamentales y el bombardeo y bloque indiscriminado y desproporcionado
por parte de la coalición liderada por Arabia Saudita de civiles yemeníes. Sin
embargo, la creciente oposición mundial aumentó el costo de tales acciones,
señaló Human Rights Watch.
El Consejo de Derechos Humanos
de la ONU votó abrumadoramente a favor de la adopción de una resolución histórica, presentada
conjuntamente por la Organización de Cooperación Islámica y la UE, para crear
un mecanismo para recopilar, preservar y analizar pruebas de los crímenes
internacionales más graves cometidos en Birmania desde 2011, con el objetivo de
preparar casos para futuros procesamientos.
En Siria, las fuerzas
gubernamentales respaldadas por Rusia, Irán y el grupo armado Hezbolá
recuperaron el control sobre la mayor parte del país. La presión europea sobre
Rusia ayudó a frenar un ataque total en la provincia de Idlib, en el noroeste
del país, donde era probable otro baño de sangre conforme la alianza militar
sirio-rusa amenazaba con volver a bombardear indiscriminadamente a los 3
millones de civiles que habitan en la provincia. En septiembre Putin aceptó un
alto el fuego que, si bien precario, sigue resistiendo, lo que demuestra que
incluso en una situación tan complicada, una acción internacional concertada
puede salvar vidas.
La presión de otros países
africanos fue clave para persuadir al presidente congoleño, Kabila, de que
finalmente programó elecciones para su sucesor, dos años después de que
terminara su límite de dos mandatos, aunque ahora hay una disputa sobre los
resultados electorales anunciados por la comisión electoral dominada por el
gobierno. La amenaza de la retirada masiva de África de la Corte Penal
Internacional (CPI) perdió aún más fuerza tras la resistencia de países y
grupos cívicos africanos.
Gran parte de este contraataque
tuvo lugar en la ONU, incluso a pesar de que los líderes autocráticos
intentaron debilitar su multilateralismo y los estándares internacionales que
establece. Más allá de sus importantes acciones en Birmania y Yemen, el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU adoptó por primera vez una resolución que
condenaba la severa represión en Venezuela bajo la presidencia del presidente
Nicolás Maduro. Cinco gobiernos de América Latina y Canadá instaron a la CPI a
abrir una investigación de los delitos en Venezuela, la primera vez en que un
gobierno ha solicitado una investigación de la CPI sobre delitos que tuvieron
lugar completamente fuera de su territorio.
“El terreno de batalla para
proteger los derechos humanos ha cambiado, con la desaparición en acción de
muchos participantes tradicionales, algunos de los cuales incluso cambiaron de
bando”, dijo Roth. “Pero han surgido coaliciones efectivas para oponerse a los
gobiernos que no rinden cuentas ante sus pueblos ni respetan sus derechos”.
Hrw.org. Alemania, 17/01/19
Informe Mundial 2019
Revisión anual de los derechos humanos en todo el mundo.
El Informe Mundial 2019 es el
29º examen anual de Human Rights Watch sobre las prácticas de derechos humanos
en todo el mundo. Resume problemas clave de derechos humanos en más de 100
países y territorios en todo el mundo, aprovechando eventos desde finales de
2017 hasta noviembre de 2018.
En su ensayo principal,
"Los autócratas del mundo se enfrentan a una creciente resistencia",
el Director Ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, sostiene que si bien
los autócratas y los defensores de los derechos a menudo tomaron los titulares
en 2018, los defensores de los derechos rechazaron y ganaron fuerza de manera
inesperada.
El libro de 674 páginas refleja
el extenso trabajo de investigación que el personal de Human Rights Watch
emprendió en 2018, generalmente en asociación con activistas de derechos
humanos y grupos en el país en cuestión. También refleja el trabajo de nuestro
equipo de defensa, que supervisa los desarrollos de políticas y se esfuerza por
persuadir a los gobiernos e instituciones internacionales para que controlen
los abusos y promuevan los derechos humanos.
México
Eventos de 2018
El presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre de 2018, heredó una
catástrofe de derechos humanos arraigada en la violencia extrema del crimen
organizado y el abuso generalizado de los militares, la policía y los fiscales.
La administración de su predecesor, el ex presidente Enrique Peña Nieto
(2012-2018), hizo pocos progresos en la mejora de las prácticas de derechos
humanos. Las fuerzas de seguridad continuaron cometiendo ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. La impunidad por estos
crímenes siguió siendo la norma. Las leyes promulgadas en 2017 podrían ayudar a
resolver los problemas de tortura y desapariciones, pero la implementación se
ha retrasado.
Sistema de justicia criminal
El sistema de justicia penal no
suele proporcionar justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones
de los derechos humanos. Las causas del fracaso incluyen la corrupción, la
capacitación y los recursos inadecuados y la complicidad de los fiscales y
defensores públicos con delincuentes y funcionarios abusivos.
En 2013, México promulgó una
ley federal de víctimas con el fin de garantizar la justicia, la protección y
la reparación de las víctimas de delitos. Las reformas destinadas a reducir la
burocracia y mejorar el acceso a las reparaciones se aprobaron en enero de
2017. Sin embargo, las víctimas informan que las demoras burocráticas siguen
obstaculizando el acceso.
Abusos militares e impunidad
México ha confiado en gran
medida en el ejército para combatir la violencia relacionada con las drogas y
el crimen organizado, lo que ha llevado a violaciones generalizadas de los
derechos humanos por parte de personal militar. Entre diciembre de 2012 y enero
de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4,600
quejas sobre presuntos abusos cometidos por militares.
En 2014, el Congreso reformó el
Código de Justicia Militar para exigir que los abusos cometidos por miembros de
las fuerzas armadas contra civiles sean manejados por el sistema de justicia
penal civil y no por el sistema militar, que tiene un historial de no haber
responsabilizado a los miembros de las fuerzas armadas. Sin embargo, la
búsqueda de justicia por estas violaciones sigue siendo difícil de alcanzar.
Una investigación realizada por la Oficina de Washington para América Latina
(WOLA) encontró que los fiscales civiles habían abierto 505 investigaciones
entre 2012 y 2016 sobre delitos y violaciones de derechos humanos cometidas por
soldados, pero solo obtuvieron 16 condenas.
En noviembre de 2018, el
Tribunal Supremo anuló la Ley de Seguridad Interior, que entró en vigencia en
diciembre de 2017, porque "normalizó el uso de las fuerzas armadas en
cuestiones de seguridad pública", que el tribunal dictaminó inconstitucional
y en violación de Las obligaciones internacionales de México. La ley habría
otorgado a las fuerzas armadas una amplia autoridad para participar en
operaciones de seguridad pública, incluida la capacidad de operar sin un
control civil efectivo, y habría considerado que la información generada por
estas actividades de "seguridad interna" es un asunto de
"seguridad nacional", por lo tanto limitando el acceso público. Sin
embargo, la misma semana de ese fallo, López Obrador anunció que su gobierno
buscará cambiar la constitución para crear una Guardia Nacional controlada por
los militares para preservar la seguridad pública.
Tortura
La tortura se practica
ampliamente en México para obtener confesiones y extraer información. Se aplica
con mayor frecuencia en el período comprendido entre la detención de las
víctimas, a menudo arbitrariamente, y la entrega a los fiscales civiles, un
período en el que a menudo se las mantiene recluidas en régimen de
incomunicación en las bases militares o en los lugares de detención ilegales.
Según una encuesta de más de
64,000 personas encarceladas en 338 prisiones mexicanas ubicadas en todo el
país en 2016, realizada por la oficina nacional de estadísticas de México
(INEGI), el 64 por ciento de la población carcelaria reportó haber sufrido
algún tipo de violencia física en el momento de su arresto: el 19 por ciento
informó haber recibido descargas eléctricas; El 36 por ciento se ahoga, se
sostiene bajo el agua o se ahoga; y el 59 por ciento de ser golpeado o pateado.
Además, el 28 por ciento informó que se les amenazó con dañar a su familia.
Entre diciembre de 2012 y enero
de 2018, la Oficina del Fiscal General abrió más de 9,000 investigaciones sobre
tortura. Sin embargo, los torturadores rara vez son llevados ante la justicia.
Las investigaciones adolecen de
graves deficiencias. En marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos de México publicó una investigación que
afirmaba que había encontrado "motivos sólidos para concluir" que al
menos 34 detenidos habían sido torturados durante la investigación de la
desaparición en 2014 de 43 estudiantes de Ayotzinapa. En mayo, un juez federal
estableció que los fiscales no habían investigado adecuadamente las pruebas de
tortura a detenidos en el caso Ayotzinapa. Al menos 10 agencias gubernamentales
presentaron recursos contra el fallo, que, en el momento de redactar este
informe, seguía pendiente.
En abril de 2017, la
legislatura mexicana aprobó la Ley para investigar, prevenir y sancionar la
tortura, con el objetivo de frenar la tortura y excluir los testimonios
obtenidos mediante tortura en procesos judiciales. Al momento de redactar este
informe, la implementación de la ley seguía pendiente. Aunque la ley requería
que la Oficina del Fiscal General tuviera la infraestructura para un registro
nacional de torturas en diciembre de 2017, no lo había hecho hasta agosto de
2018.
Desapariciones Forzadas
Desde 2006, las desapariciones
forzadas por parte de las fuerzas de seguridad han sido un problema
generalizado. Las organizaciones criminales también han sido responsables de
muchas desapariciones.
En octubre de 2018, el ministro
del interior declaró que el paradero de más de 37,400 personas desaparecidas
desde 2006 sigue siendo desconocido. Según la CNDH, se han encontrado más de
3,900 cuerpos en más de 1,300 tumbas clandestinas desde 2007.
Los fiscales y la policía
rutinariamente no toman las medidas básicas de investigación para identificar a
los responsables de las desapariciones forzadas, a menudo pidiéndoles a las
familias de las personas desaparecidas que investiguen por su cuenta. Desde
2013, la Oficina del Procurador General ha tenido una oficina especializada
para investigar y procesar las desapariciones. En agosto de 2018, había abierto
1.255 investigaciones, pero solo presentó cargos en 11 casos. No reportó
ninguna condena.
En noviembre de 2017, el
Congreso aprobó una ley sobre desapariciones que estableció una definición
nacional única para el delito y ordenó la creación de entidades para facilitar
la investigación y el procesamiento de las desapariciones. Estos incluyen la
Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que se creó en marzo de 2018 para coordinar
los esfuerzos de búsqueda en el campo, y el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB),
establecido en octubre de 2018 para coordinar las instituciones estatales
involucradas en la búsqueda de los desaparecidos.
Sin embargo, al momento de
escribir estas entidades aún no estaban completamente operativas. En julio de
2018, el Consejo de Ciudadanos del Sistema Nacional de Búsqueda, un organismo
asesor creado por la ley de desapariciones, informó que el CNB no estaba
recibiendo los recursos necesarios para cumplir su mandato. El consejo también
criticó la falta de coordinación entre las instituciones y expresó su
preocupación de que la mayoría de los estados se quedan atrás en la
implementación de la ley. Solo 13 de los 32 estados habían creado una oficina
del fiscal especializado y solo 9 de los 32 estados tenían comisiones u
oficinas locales de búsqueda, a pesar de que la ley ordenaba la creación de
esas entidades para febrero y abril de 2018, respectivamente.
Las familias de las víctimas
han denunciado repetidamente serios defectos en la identificación y
almacenamiento de cadáveres. En septiembre, los medios informaron que en el
estado de Jalisco, los vecinos se quejaron de los olores a cadáveres en
descomposición y fugas de sangre después de que la oficina del fiscal del
estado estacionara un remolque de refrigeración lleno de cadáveres no identificados
en su vecindario porque la morgue estaba llena. El ex director de servicios
forenses declaró que las autoridades habían usado remolques de refrigeración
durante al menos dos años para almacenar más de 250 cuerpos. El fiscal de
derechos humanos afirmó que las autoridades habían tomado información y
muestras adecuadas para permitir la identificación de solo 60 cuerpos.
En mayo de 2018, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció una
"ola de desapariciones forzadas" de al menos 23 personas en Nuevo
Laredo, estado de Tamaulipas, entre febrero y mayo. La Comisión Ejecutiva para la
Asistencia a las Víctimas (CEAV) indicó que el personal de la Marina
probablemente estuvo involucrado en las desapariciones. Sin embargo, los
fiscales realizaron esfuerzos de búsqueda limitados, y solo después de que un
juez federal, actuando en una apelación de las familias de las víctimas, les
ordenó hacerlo. Al momento de escribir, el juez había impuesto 10 multas a la
Armada y cinco a la Oficina del Fiscal General porque no respondían a sus
preguntas.
Asesinatos extrajudiciales
Los asesinatos ilegales de
civiles por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas "se producen a un
ritmo alarmante" en medio de una atmósfera de "impunidad sistemática
y endémica", según el relator especial de las Naciones Unidas sobre
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en 2014.
Sin embargo, no hay información
confiable sobre el número de ejecuciones extrajudiciales. La gran mayoría de
los homicidios nunca son procesados. Las autoridades gubernamentales solo
registran el número de homicidios y no las circunstancias en que se produjeron.
El Departamento de Defensa dejó de registrar el número de civiles que mató a
partir de 2014.
Ataques a periodistas
Los periodistas,
particularmente aquellos que informan sobre el crimen o critican a los funcionarios,
a menudo enfrentan hostigamiento y ataques por parte de las autoridades
gubernamentales y los grupos criminales. Muchos periodistas son conducidos a la
autocensura como resultado. Un estudio realizado en 2017 por investigadores de
la Universidad de Miami y la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México
mostró que casi el 70 por ciento de los periodistas dijeron que habían
participado en la autocensura por temor a su seguridad personal.
Entre enero de 2000 y agosto de
2018, 110 periodistas fueron asesinados y 25 desaparecidos, según la Oficina
del Fiscal General. La CNDH puso ese número aún más alto: reportó 148
periodistas asesinados desde 2000 y 21 desaparecidos desde 2005. Informes de
los medios de comunicación indicaron que ocho periodistas fueron asesinados entre
enero y septiembre de 2018.
En 2012, el gobierno federal
estableció el Mecanismo Nacional de Protección para emitir y coordinar la
implementación de medidas de protección para periodistas y defensores de
derechos humanos amenazados. Entre octubre de 2012 y julio de 2018, 418
periodistas solicitaron y 357 fueron autorizados a recibir medidas de
protección. Sin embargo, la protección ha tardado en llegar y, en algunos
casos, ha sido insuficiente. En agosto de 2018, la CNDH y la Oficina Mexicana
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
expresaron su preocupación por la falta de recursos para el mecanismo.
Las autoridades rutinariamente
no investigan los crímenes contra periodistas de manera adecuada, a menudo
descartando su profesión como un motivo. La CNDH informó en 2016 que el 90 por
ciento de los delitos contra periodistas en México desde el año 2000 han
quedado impunes, incluido el 82 por ciento de los asesinatos y el 100 por
ciento de las desapariciones. Desde su creación en julio de 2010, la Oficina
del Fiscal Especial federal abrió más de 1,000 investigaciones sobre delitos
contra periodistas. A partir de agosto de 2018, presentó cargos en 152 casos y
obtuvo solo siete condenas, de las cuales solo una fue por homicidio.
Derechos de las mujeres y las niñas
Las leyes mexicanas no protegen
adecuadamente a las mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual.
Algunas disposiciones, incluidas aquellas que hacen que la severidad de los
castigos por algunos delitos sexuales dependientes de la "castidad"
de la víctima, contradigan las normas internacionales.
Dieciocho de los 32 estados de
México establecen en sus constituciones que existe un derecho a la vida desde
el momento de la concepción. Aunque la Corte Suprema dictaminó en 2010 que
todos los estados deben proporcionar anticoncepción de emergencia y acceso al
aborto para las víctimas de violación, muchas mujeres y niñas enfrentan serias
barreras para acceder a los abortos después de la violencia sexual, incluida la
intimidación oficial. Según un estudio realizado por el Grupo de Información
sobre Reproducción Electiva (GIRE), entre 2007 y 2016, México condenó a 98
mujeres por abortos.
En julio, el Comité de la ONU
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó al estado a
tomar medidas para combatir la discriminación de las mujeres, incluso en el
lugar de trabajo, y para prevenir la violencia de género y el tráfico de
mujeres y niñas.
Migrantes y solicitantes de asilo
Los migrantes que viajan a
través de México son frecuentemente víctimas de abusos y violaciones de
derechos humanos. En algunos de estos casos hay denuncias de que las
autoridades gubernamentales están involucradas. Entre diciembre de 2012 y enero
de 2018, la CNDH recibió más de 3,000 denuncias de abusos contra migrantes. Y
un informe de WOLA de 2017, que citaba números oficiales, indicaba que había
habido 5,294 informes de delitos contra migrantes entre 2014 y 2016 en cinco
estados solamente.
Es muy probable que tales
crímenes no sean reportados severamente debido al temor a las autoridades, a
las represalias y por razones prácticas: las oficinas de los fiscales donde se
pueden hacer informes tienden a estar lejos de los lugares donde se cometen los
delitos.
Según las estadísticas del
gobierno, las detenciones de niños no acompañados de los países del Triángulo
del Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron significativamente
menores en 2017 y 2018 en comparación con 2016, y las tasas de reconocimiento
de asilo para los niños no acompañados de estos países han aumentado en los
últimos años. Aun así, menos del 1 por ciento de los detenidos cada año recibió
protección internacional, muy lejos de la necesidad probable: el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha estimado que
la mitad de los niños no acompañados que llegan a México desde el norte
Triángulo tiene solicitudes de asilo plausibles que deben ser consideradas
seriamente.
Orientación Sexual e Identidad de Género
Ciudad de México y 11 estados
adicionales han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. En
otros estados, las parejas del mismo sexo deben presentar una demanda
constitucional (amparo) para poder casarse; una decisión de la Corte Suprema de
2015 que sostiene que la definición de matrimonio como solo entre un hombre y
una mujer viola la constitución, significa que los fallos en tales casos deben
estar a su favor. En septiembre de 2018, una pareja del mismo sexo en Michoacán
pudo obtener un certificado de nacimiento para su hijo en el que las dos madres
figuraban como padres.
En 2016, la Presidenta Peña
Nieto encargó a la Secretaría de Educación que incluyera el tema de la
diversidad sexual en sus nuevos materiales educativos, que cumplió en 2018.
En octubre de 2018, la Corte
Suprema falló a favor de un solicitante de personas transgénero que buscaba
cambiar su marcador de género a través de medios administrativos en el Registro
Civil de Veracruz. El fallo, que citó una opinión consultiva de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho al reconocimiento legal de
género, sugirió que la corte podría defender los derechos de las personas
transgénero en un próximo caso que podría crear una jurisprudencia vinculante.
Derechos de la discapacidad
En sus observaciones finales de
2014 sobre México, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad descubrió que, a pesar de las nuevas leyes y
programas que protegen los derechos de las personas con discapacidad, subsisten
graves lagunas, incluso en el acceso a la justicia, la situación legal y el
derecho a votar; acceso a edificios, transporte y espacios públicos; la violencia
contra las mujeres; y educación.
México no hizo ningún progreso
en la implementación del derecho a la capacidad legal de las personas con
discapacidad.
En octubre de 2018, la segunda
sala de la Corte Suprema de México dictaminó que no admitir a un grupo de niños
con discapacidades en escuelas comunitarias y colocarlos en escuelas especiales
separadas violaba la Constitución de México.
Actores Internacionales Claves
En septiembre de 2017, el
Comité de Trabajadores Migrantes de las Naciones Unidas expresó su preocupación
por las "graves irregularidades" en la identificación de las víctimas
y los responsables de los asesinatos masivos de migrantes cometidos entre 2010
y 2012 en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. También instó al estado a
garantizar los derechos de los migrantes en tránsito y pidió a las autoridades
mexicanas que "utilicen únicamente la detención de migrantes como último
recurso", para mejorar las condiciones de detención y "poner fin de
inmediato a" la Detención de niños migrantes.
En abril de 2018, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU instó a México a mejorar
su protección de los defensores de los derechos humanos, así como a implementar
medidas para abordar la pobreza, la desigualdad y la discriminación, y en julio
de 2018, el Comité de la ONU sobre La Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer expresó preocupación por los informes de esterilización forzada de
mujeres con discapacidad en México.
Desde 2007, los Estados Unidos
han asignado casi US $ 2,9 mil millones en ayuda a través de la Iniciativa
Mérida para ayudar a México a combatir el crimen organizado. En 2015, el
secretario de estado de EE. UU. Retuvo $ 5 millones en ayuda de seguridad y
dijo que el Departamento de Estado no pudo confirmar que México cumplió con los
criterios de derechos humanos del acuerdo, pero México recibió la ayuda
completa de Mérida en los años siguientes. En 2018, el Congreso asignó $ 145
millones para la ayuda de Mérida.
Hrw.org. 17/01/19
