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1116. Organismos civiles proponen 5 acciones "urgentes" ante inseguridad

Asociaciones civiles plantean medidas como establecer el mando único policial, evitar la infiltración del crimen y combatir la corrupción
Organizaciones ciudadanas especializadas en temas de seguridad y justicia pidieron a las autoridades a concretar por lo menos "cinco acciones urgentes" para enfrentar la crisis de violencia ante casos recientenes como el de Ayotzinapa, en el que policías de Iguala atacaron y desaparecieron a 43 normalistas.
Las asociaciones emitieron un "manifiesto ciudadano" en el cual demandaron a los tres poderes públicos y a las fuerzas políticas "acciones contundentes con resultados concretos, medibles y cuantificables" con el objetivo de encarar el "recrudecimiento de la crisis de seguridad durante los últimos meses en varias entidades de la República mexicana".
"¡No más promesas!", enfatizaron en el texto titulado "Manifiesto Ciudadano por la Seguridad y la Justicia", firmado por Alto al Secuestro, CIDAC, México SOS, México Unido Contra la Delincuencia, Observatorio Nacional Ciudadano y más de 50 organizaciones civiles y empresariales.
A inicios de mes, el presidente Enrique Peña Nieto y las dirigencias nacionales de los principales partidos manifestaron su interés de pactar un nuevo compromiso para fortalecer a las instituciones y concretar "cambios de fondo".
A continuación te presentamos las acciones urgentes propuestas por las asociaciones en el también llamado "Posicionamiento Juárez", por haber sido acordado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 4 de noviembre.
1. Mando único estatal
Las organizaciones llamaron a emprender las reformas necesarias para establecer en cada entidad un solo responsable directo de las corporaciones (municipales y estatales), para conseguir una coordinación eficaz y la renovación integral de las policías.
2. Legislación pendiente
El Manifiesto ciudadano por la seguridad y la justicia considera inaplazable aprobar y poner en marcha nuevas leyes en materia de delincuencia organizada, ejecución penal, mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y de justicia para adolescentes.
Además, el pacto plantea promover reformas a la Ley de Amparo y la armonización de la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas.
3. Sin privilegios para criminales
"Es urgente unificar los criterios judiciales existentes para no privilegiar el derecho de un criminal cuando se afecta a la ciudadanía en su conjunto. Demandamos la ponderación de los derechos de la víctima e imputado en igualdad de circunstancias", enfatiza el Posicionamiento Juárez.
4. Dinero sucio
Las asociaciones exigieron a los partidos políticos "un compromiso eficaz, radical y sin ambigüedades" para evitar que las campañas políticas de todos los niveles sean financiadas por la delincuencia organizada o por cualquier otro recurso de procedencia ilícita.
El texto señala que se debe permitir una vigilancia estricta de parte de la sociedad civil, y establecer controles de rendición de cuentas —administrativos, financieros y de calidad moral— sobre la probidad de los candidatos.
"La sociedad no está dispuesta a que se repita el caso de Iguala y el de muchos municipios, estados y regiones, en donde están coludidas las autoridades (electas desde la filiación partidista) y criminales de la delincuencia organizada", enfatizó.
5. Anticorrupción
Las ONG afirman que es necesario cumplir sin dilación los compromisos para abatir la corrupción, a través de un programa encabezado por el propio presidente de la República y con el acompañamiento de la sociedad civil. "No más fiscalías", pidió sobre este punto el manifiesto
Cnnméxico.com. 13/11/14

368. La Resolución de Conflictos en la Reforma Constitucional del 2008



Paz en la Sociedad Contemporánea
La Resolución de Conflictos en la Reforma Constitucional del 2008
José Zaragoza Huerta
Sin duda que la reforma constitucional del año 2008 denominada de seguridad y justicia introduce un paradigma en la solución de conflictos que se presenta entre las personas y que son sometidos a un tercero en este caso, al estado para su resolución.
Cada vez que se da la resolución jurisdiccional en la cual una de las partes del conflicto debe someterse a la solución del mismo queda, en la mayoría de las ocasiones en desacuerdo con la misma.
Ante esta situación el legislador mexicano eleva a rango constitucional la justicia restaurativa, que no es otra cosa que pretender que las cosas vuelvan hasta antes del conflicto que se somete a una resolución.
En este sentido toma protagonismo la vía por la cual se acede a la misma esto es los métodos alternos de solución de conflictos que, con independencia de cualquier otra terminología, su fundamentación es el acuerdo de voluntades entre las partes de un conflicto, es decir que, paradójicamente esta reforma “penal" se sustenta en un principio de derecho civil donde la voluntad de las partes es la máxima autoridad. Esto es, que hoy más que nunca se observa en la mencionada reforma el principio de última ratio del derecho penal donde la subsidiariedad y fragmentariedad son premisas centrales.
Mucho se ha dicho que el aporte de esta reforma implica el la resolución de conflictos a través de juicios orales lo cual es erróneo pues la innovación es precisamente no ir al propio juicio oral en la medida de lo posible y que, por el contario esto se pueda resolver antes del mismo por tanto, habrá que adecuar los modelos educativos e incidir en la cultura ciudadana de la solución de conflictos a través del avenimiento, del acuerdo, del consenso y no de la confrontación.
Se ha demostrado estadísticamente que a partir de dicha reforma los estados que ha iniciado su andadura tienen un mayor índice de solución de conflictos que son sometidos vía los MASC.
Para ir finalizando no queremos perder la ocasión para reiterar que las modernas sociedades apuestan, en definitiva por estas vías, siendo necesario entonces, que la reforma constitucional permee en todas las entidades pues de lo contrario, se deja en un estado de indefensión y de falta de de acceso a la justicia a la ciudadanía, lo que viene a vulnerar sus derechos humanos que, por cierto, también cobran protagonismo a partir de la reforma constitucional del presente año.
José Zaragoza Huerta. Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España. Maestro en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autor de numerosas publicaciones entra las que destacan los libros: "Los Derechos Humanos en la Sociedad Contemporánea", "Derecho Penitenciario Español", "El Sistema Penitenciario Mexicano" y "Los Derechos Humanos de las Reclusas" publicados por editorial La&Go, Lazcano y Porrúa respectivamente. Conferencista en Chile, España, Italia, Bolivia, R. Dominicana, Estados Unidos de América y México. Actualmente Presidente del Comité Doctoral de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Responsable de la línea de investigación en Derecho Penitenciario, Derecho Penal y Criminología de la UANL. dr.zaragoza@yahoo.com.mx 

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