México: El nuevo
Presidente debe romper con el legado de violaciones de derechos humanos
Nota: El presente
comunicado acompaña una carta abierta que puede ser descargada aquí
El presidente de
México Enrique Peña Nieto debe tomar medidas concretas e inmediatas para
abordar algunos de los temas más urgentes del país en materia de derechos
humanos, incluyendo los abusos en el contexto de la crisis de seguridad
pública, manifestó Amnistía Internacional hoy en una carta abierta al
presidente.
Según las
investigaciones de Amnistía Internacional, las violaciones de derechos humanos
como las desapariciones forzadas, la tortura, las detenciones arbitrarias y la
falta de acceso a la justicia se volvieron rutinarias durante la anterior
administración.
“El discurso positivo
hacia los derechos humanos de Peña Nieto, incluyendo el compromiso de impulsar
la Ley General de Víctimas y reformar las leyes para perseguir las
desapariciones forzadas son bienvenidos, pero no dejan de ser promesas y las
buenas intenciones no son suficientes para erradicar y prevenir las violaciones
de derecho humanos,” declaró Javier Zúñiga, Consejero Especial de Amnistía
Internacional.
“Como comandante en
jefe de las fuerzas armadas, un muy buen primer paso del presidente Peña Nieto
podría tomar es instruirlas para respetar los derechos humanos o asumir las
consecuencias de no hacerlo".
Durante las
elecciones, Enrique Peña Nieto respondió a una carta que Amnistía Internacional
envió a la y los candidatos a la Presidencia de la República realizando una
serie de compromisos políticos en caso de ser elegido.
"Queremos
recordar al nuevo presidente sus promesas de campaña y ver acciones concretas,
incluyendo el desarrollo de un programa de derechos humanos elaborado
conjuntamente con todos los actores relevantes de la sociedad, incluyendo el
poder judicial, las autoridades locales y quienes defienden derechos humanos;
un plan que incluya propuestas concretas para abordar la crisis de derechos
humanos de México,” añadió Javier Zúñiga.
"El tiempo se
acaba para México. El presidente Peña Nieto no debe malgastar otros seis años
con políticas de derechos humanos fallidas que añadan más víctimas a las
dejadas por el presidente Calderón.”
La carta de Amnistía
Internacional detalla varios asuntos prioritarios que el nuevo presidente debe
abordar inmediatamente para reforzar el respeto y protección a los derechos
humanos en México, incluyendo:
Seguridad Pública: Durante los últimos
años, los abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y
policiales en el contexto de operaciones para luchar contra el crimen
organizado se han vuelto sistemáticos, como también la falta de investigaciones
efectivas sobre los abusos. La decisión de Peña Nieto de apoyar la Ley General
de Víctimas es un importante reconocimiento a los derechos de miles de víctimas
de la violencia, pero es esencial que todas las iniciativas de seguridad
pública protejan los derechos humanos y la justicia en la práctica y no sólo de
forma retórica.
Justicia militar: El despliegue de más
de 50,000 soldados y marinos en tareas de cumplimiento de la ley ha significado
un fuerte aumento en las denuncias de violaciones de derechos humanos. Estas
denuncias han sido tratadas por el sistema de justicia militar, lo cual ha significado
una sistemática negación de justicia para las víctimas. Las recientes
sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que excluyen los casos
de violaciones de derechos humanos del fuero militar son un paso positivo. Sin
embargo, el Código de Justicia Militar debe ser reformado para garantizar que
todas las denuncias de abusos sean investigadas, perseguidas y juzgadas por el
sistema de justicia civil.
Personas defensoras
de derechos humanos: El presidente debe clarificar el compromiso del gobierno
de financiar y apoyar plenamente el nuevo mecanismo de protección establecido
mediante consultas con organizaciones de periodistas y defensores de derechos
humanos. La nueva administración debe asegurar también investigaciones
efectivas sobre los ataques y actos de hostigamiento contra personas defensoras
de derechos humanos y periodistas, incluyendo los casos en los que haya
funcionarios públicos implicados.
Migrantes: Peña Nieto debe
especificar medidas nuevas y efectivas para hacer frente a la ola de
asesinatos, desapariciones, violaciones y otros abusos de derechos humanos
cometidos por grupos criminales, a menudo actuando en colusión con funcionarios
públicos, contra los migrantes en México
Tortura: La tortura y los
malos tratos se han convertido en prácticas sistemáticas durante la
administración de Calderón. La información obtenida bajo tortura todavía es
aceptada por los tribunales de justicia y de todas las quejas presentadas sólo
unas pocas dan lugar a investigaciones completas. La propuesta de reformar el
marco legal para combatir la tortura a nivel federal y estatal es positiva pero
sólo mediante la implementación de una serie de políticas y acciones concretas
se podrá comenzar a erradicar la tortura.
Desapariciones: El nivel de
secuestros y desapariciones en México es estremecedor, como también lo es la
falta de investigación en la mayoría de los casos. La propuesta para reformar
el marco legal para combatir las desapariciones forzadas es un paso positivo.
Esta propuesta debe cumplir con los estándares internacionales de derechos
humanos y el gobierno debe asegurar una mejoría radical en las medidas para
investigar exhaustivamente todas las denuncias de desaparición, incluyendo
establecer una base de datos nacional que ayude a identificar y localizar a las
víctimas.
Sistema de Justicia: Más del 98% de los
crímenes, incluyendo los abusos de derechos humanos terminan en la impunidad.
Las autoridades deben asegurar las reformas en curso en el sistema de justicia
mejoren la capacidad y fiabilidad de las medidas judiciales para hacer rendir
cuentas a los responsables al tiempo que se garanticen los derechos de víctimas
y acusados.
Violencia contra las
mujeres:
Los recientes avances legislativos no han significado una reducción de los
casos de violencia contra las mujeres. El presidente prometió a Amnistía
Internacional actuar sobre este asunto de gran importancia pero es preocupante
que el Pacto por México no propone ninguna medida concreta para ello. El
gobierno debe tomar un papel de liderazgo para reforzar la prevención,
investigación y castigo de la violencia contra las mujeres y el respeto a los
derechos de las mujeres.
Pueblos Indígenas: El compromiso del
Presidente Peña Nieto de combatir la discriminación contra uno de los grupos
más marginalizados de la sociedad es positivo, pero cualquier política que se
adopte debe asegurar que las comunidades indígenas estén en el centro de las
decisiones sobre su propio desarrollo y sus derechos sean respetados.
Corte Interamericana
de Derechos Humanos: El gobierno de Peña Nieto debe cumplir con todas las
sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
condenaron a México durante la última administración.
Amnistía Internacional.
18/12/12