1629. La ONU lucha por un mundo más justo y menos desigual

Reducir la desigualdad en el mundo, tanto y dentro fuera de los países, es uno de los diecisiete objetivos que persigue la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el programa de las Naciones Unidas que busca un futuro mejor y más sostenible para todas las personas. Sin embargo, la inequidad sigue creciendo sin parar: ¿qué podemos hacer para evitarla?

La desigualdad es un desequilibrio arraigado. El Secretario General de la ONU, António Guterres, trató recientemente este tema durante una rueda de prensa en Nueva York en la que aseguró  que la marca más vendida hoy en día es el miedo y que ello se debe a la desigualdad y la marginación de millones de personas.

Otro punto de vista sobre el mismo tema es el que nos ofrece la directora ejecutiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Lise Kingo, quien respalda los esfuerzos del sector privado para hacer negocios de manera responsable, cuando escribió en su boletín anual que durante 2018 vimos como “un pequeño grupo de individuos se está enriqueciendo exponencialmente a medida que miles de millones se quedan atrás en la pobreza".

Al debate se sumó Richard Kozul-Wright, director de la División de Globalización y Estrategias de Desarrollo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo quien manifestó que las altas tasas de empleo en muchas economías ocultan el hecho de que los salarios y las condiciones de trabajo no están mejorando y que, aunque los salarios han estado estancados durante una década, los dividendos de las acciones se han ido recuperando, beneficiando a los titulares de activos financieros.

Sus observaciones se produjeron tras el lanzamiento en enero del informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial (WESP) de 2019, que mostró un crecimiento desigual (tanto entre los países como dentro de ellos) que a menudo no llega a donde más se necesita.

En cuanto a la región, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicado en enero indica que durante el año 2017 el 30,2% de la población, alrededor de 184 millones, vivía en condiciones de pobreza, en tanto que un 10,2%, unos 62 millones, se encontraba en condiciones de pobreza extrema, el porcentaje más alto desde el año 2008. El informe también destaca que desde el inicio del siglo XXI disminuyó notablemente la desigualdad de los ingresos en la región.

Centro de Noticias ONU.org. Naciones Unidas, 08/02/2019

https://news.un.org/es/story/2019/02/1450741

1405. Informe: “Justicia fallida en el Estado de Guerrero” de la Open Society Justice Initiative

En el informe Justicia fallida en el estado de Guerrero de la Open Society Justice Initiative  -con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro Prodh-,  entra a fondo para describir la impunidad y las carencias que han hecho posible que hoy Guerrero sea la entidad con mayores retos políticos y estructurales para investigar, perseguir, sancionar y reparar casos de atrocidades y violaciones masivas de los derechos humanos.

Entre las recomendaciones que también incluye el documento resaltan la necesidad de garantizar que la Comisión de Derechos Humanos en el estado sea reformada por el Congreso local y mejorar la recopilación de datos en el sistema de justicia; crear una vicefiscalía independiente especializada en violaciones a derechos humanos; crear servicios periciales independientes de autoridades políticas y de la fiscalía general y reformar la ley contra la tortura, entre otros.

El informe resalta: “Los acontecimientos de septiembre de 2014 revelaron rasgos de cacicazgo, autoritarismo, criminalidad, corrupción, impunidad descarada e incompetencia. El repentino desmoronamiento del sistema que ocurrió a la vista de México y del mundo entero provocó protestas y representó la posibilidad de inestabilidad política. Pero también pudo haber representado una oportunidad. Guerrero corre el riesgo de hundirse en una crisis y una disfunción profundas, a menos que sus nuevos líderes estén dispuestos a reconocer las fallas estructurales e iniciar una serie de reformas que obligan a desafiar a los intereses criminales y políticos arraigados. Únicamente un cambio así de dramático podría resultar, un día, en el ?n de la historia de atrocidades de Guerrero”.

CentroProdh.org.mx. Guerrero, 03/09/2015

http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1639:justicia-fallida-en-el-estado-de-guerrero-de-la-open-society-justice-initiative&catid=209:front-rokstories&lang=es

Datos sobre la violencia y la impunidad en Guerrero

Justicia fallida en el Estado de Guerrero

983. De víctimas a defensores de Derechos Humanos

Es común encontrar en México casos de personas cuyas vidas corrían con normalidad hasta que por azares del destino tuvieron que enfrentarse a la impunidad e injusticia que se vive en nuestro país; cuando te conviertes en víctima de violaciones a derechos humanos, y el camino por la búsqueda de la justicia se vuelve para muchos el inicio de una nueva vida, distinta y más tortuosa de la que estaban acostumbrados a llevar. Es así que resulta terriblemente fácil encontrar a madres, hijas, hijos, padres, hermanos y hermanas, quienes en su mayoría son personas  sin ningún tipo de vocación jurídica que terminan convirtiéndose en verdaderos defensores de sus propias causas, en aquellos casos donde el Estado mexicano ha transgredido total y arbitrariamente los derechos humanos de algún familiar e incluso los derechos propios.

Tal es el caso de Nino Colman Hoyos Henao, un ingeniero en informática, mexicano naturalizado de origen colombiano, quien nunca hubiera imaginado que su sueño de vivir en México para obtener una vida mejor se frustraría hace justamente cinco años, cuando un 11 de agosto del año 2009 alrededor de las 16:00 horas fue detenido arbitrariamente en la calle de Hamburgo, en la Ciudad de México, al salir de su centro de trabajo por aproximadamente 12 policías judiciales pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Fue interceptado por dos de ellos, quienes sin identificarse como autoridad, le mostraron por segundos una hoja y le informaron que estaba detenido. Acto seguido lo subieron al menos tres personas en la parte trasera de un automóvil Tsuru sin logo o registro institucional alguno. Tiempo después Nino Colman se enteró que la hoja que le mostraron era una simple orden de localización más no de aprehensión.

Durante el trayecto, antes de trasladarlo a la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro (en adelante FAS), se detuvieron en la glorieta del Ángel de la Independencia con dirección hacia el norte de la ciudad y lo esposaron. La persona que iba con él en la parte trasera del vehículo lo inclinó y metió la cabeza de éste debajo de su pierna. Enseguida, Nino fue amenazado para que confesara un delito del cual aún no tenía conocimiento, diciéndole cosas como: “ya valiste madre, aquí en México las cosas son diferentes”; “nos contrataron para matarte”, y “vas a ver cómo te hacemos confesar”, entre otras.

Al llegar a la FAS lo bajaron del vehículo, esposado y con la cabeza cubierta con una chamarra, en una postura inclinada y caminando rápido. Lo ingresaron a las oficinas de la Policía de Investigación y allí continuaron con las amenazas y preguntas relacionadas con la víctima del delito, una presunta secuestrada, y dado que no sabía nada, se molestaban y continuaban golpeándolo con el puño cerrado en la cabeza y en el cuello, situación que se repitió muchas veces. Al no poder contestar a sus preguntas por desconocimiento del tema, continuaron insultándolo y amenazaban con que “irían por su mamá y le mocharían los dedos si no decía dónde está la muchacha”. A partir de ese día comenzaría para Nino Colman y para su madre, la señora Francia Nelly Henao Agudelo, el calvario de sus vidas.

Nino Colman llegó a México en el año 2000 por invitación de un amigo para que laboraran juntos en el área de informática y mantenimiento de equipos de cómputo, sin embargo, al cabo de aproximadamente tres años Nino se independizó e incluso se estableció en la plaza de la computación en la Ciudad de México, ofreciendo servicios de reparación y mantenimiento de computadoras; ello le permitía trabajar en distintos lugares de manera flexible y por lo tanto obtener mayores ingresos.

Ante la suerte económica que estaba teniendo Nino, decidió invitar a su madre a venirse a vivir a México con la promesa de que mientras él estuviera trabajando aquí su madre ya no iba a trabajar más, “porque ya mi cabecita se había puesto blanca y ya iba a descansar”, según relató la señora Francia Henao Agudelo. En general, Nino y su madre vivían sin inconvenientes de ningún tipo, todo lo contrario, tenían una vida feliz llena de muchos proyectos de vida. Nino además estaba ahorrando para comprarse una casa e incluso tenía planes de matrimonio con su novia. Lamentablemente, la vida en México como la conoció tanto Nino Colman, como la señora Francia, daría un giro de 180º grados después del 11 de agosto del 2009, pues a partir de ese momento Francia se convertiría no sólo en la defensora más cercana del caso de su hijo sino que además tuvo que conseguir un empleo para asumir sus propios gastos y los gastos que generara la defensa de su hijo.

Después de la detención, la impresión de Francia al verlo hasta el día siguiente con moretones en el cuerpo y apenas pudiendo sostener la cabeza sobre su cuello la hicieron derrumbarse, se puso a llorar y gritar, pero al mismo tiempo sin conocer el sistema jurídico mexicano y con apenas unos centavos en la bolsa, empezó a preguntar entre la gente de la Procuraduría que podía hacer. Fue hasta que un desconocido le dio el teléfono de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), marcó inmediatamente solicitando ayuda para su hijo, gracias a ello Nino fue trasladado a un hospital público para ser atendido ya que presentaba un intenso dolor en el cuello a causa de la tortura que sufrió. A partir de ese momento quedó abierto el expediente de queja por los actos de tortura, privación arbitraria de la libertad, seguridad personal en contra de policías judiciales de la FAS.

Durante el proceso de investigación, la CDHDF recabó las evidencias suficientes para acreditar que efectivamente Nino Colman fue víctima de tortura, con base en diversos exámenes médicos y psicológicos practicados por médicos de dicha institución, por lo que en el año 2013 se emitió la Recomendación 2/2013, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), donde se recomendó entre otras cosas: 1) Se integre una averiguación previa en la que se investiguen los hechos de tortura y a los servidores públicos relacionados con la Recomendación. 2) Se diera vista a la Contraloría Interna a fin de que investigue y determine las responsabilidades del personal ministerial que tuvo a su cargo la tramitación de la averiguación previa en la que el agraviado tuvo la calidad de probable responsable (FSIP/T3/1758/07-12). 3) Se diseñe un mecanismo que permita operativizar el fortalecimiento de las labores de supervisión y seguimiento del personal ministerial y los agentes de la Policía de Investigación a cargo de las investigaciones. 4) Se repare integralmente a NINO COLMAN HOYOS HENAO por el daño material y moral provocado, brindándole a su vez la asistencia legal necesaria en su calidad de víctima del delito de tortura. A la fecha, la PGJDF no ha querido aceptar la recomendación, pese a la insistencia de los representantes legales y de la propia CDHDF, por lo que ningún punto recomendatorio se ha cumplido.

Si bien se abrió una averiguación previa en contra de los policías aprehensores por la tortura y por el robo de pertenencias personales que Nino llevaba consigo al momento de su detención, y que nunca le fueron entregados, dicha averiguación se ha intentado archivar en tres ocasiones distintas, con la notoria intención de dejar en la impunidad a los perpetradores de la tortura de la que fue víctima Nino. Debido a que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos conoció del caso en el año 2011 y asumió la defensa del caso, particularmente por el tema de tortura, no ha sido posible cerrar la investigación ya que en todas las ocasiones se ha impugnado la determinación del ministerio público a cargo de la investigación del no ejercicio de la acción penal.

Por otra parte, Nino también fue víctima del servicio deficiente y deplorable que se obtiene al acudir a la defensoría pública de oficio, pues su caso que inicialmente fue tomado por un abogado particular quien al no presentarse a una de las audiencias, Nino tomó la decisión de solicitar la defensa de una defensora de oficio. No obstante, la defensora de oficio fue omisa primero en estudiar diligentemente el expediente penal de Nino para poder establecer una defensa adecuada renunciando al tiempo que le concedía la ley para poder enterarse de lo que constaba en el expediente, que hasta ese momento estaba integrado en más de cinco mil hojas.

Al no tener conocimiento detallado del caso y sin tomar en cuenta que aún quedaban actuaciones jurídicas por desahogar que eran necesarias e importantes para acreditar la inocencia del señor Nino Colman, y peor aún que habiendo pruebas ilícitas dentro del expediente nunca se percató de ello, y finalmente, al décimo día de haber asumido la defensa del caso acordó con el juez dar por concluida la etapa del procedimiento donde se podían presentar y desahogar las pruebas necesarias para desvirtuar la responsabilidad de Nino Colman.

Además, la defensora pública nunca informó a Nino del alcance jurídico de dicha situación, aún cuando faltaban varias actuaciones que se podían realizar para su adecuada defensa. Por esta razón, por cuenta propia el señor Colman realizó promociones ante el Juzgado, que lamentablemente no tuvieron efecto favorable en virtud de que ya no era el tiempo procesal oportuno, siendo la falta de una defensa adecuada por parte de la defensora de oficio el motivo principal por el que Nino Colman fue finalmente sentenciado a 60 años de prisión por el delito de secuestro.

Nino fue asistido por dos defensores de oficio más en el proceso de apelación de su sentencia condenatoria, sin embargo, ello le ha dificultado un ejercicio adecuado de su derecho a una defensa, debido a la discontinuidad de la misma por parte de los defensores de oficio. A causa de esta defensa defectuosa, Nino se ha visto obligado a promover recursos legales por sí mismo, sin la asistencia de los defensores de oficio que argumentaban una carga excesiva de trabajo. Actualmente, está pendiente de presentar un amparo directo en contra de la resolución de apelación. Al respecto, es oportuno señalar que de acuerdo con la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, se considera que el derecho a la defensa no se agota con la sola presencia de un abogado en las actuaciones policiales o judiciales, sino que se requiere que sea eficaz, es decir, que desarrolle sus funciones no solo formalmente, sino que lleve efectivamente la defensa encargada.

Por lo que es factible concluir que la defensa y protección del derecho al debido proceso y parte de las garantías procesales implícitas en él no sólo correrán a cargo de las autoridades jurisdiccionales, sino que el abogado defensor deberá estar en actitud de brindar servicios jurídicos de calidad que hagan posible una defensa adecuada y efectiva que garantice la solución más justa al caso. Especialmente, tratándose de defensores de oficio, es decir, abogados proporcionados y pagados por el Estado, lo que les añade la calidad de servidores públicos, reforzando a su vez su obligación de debida diligencia durante su actuación como defensor público.

A lo largo de estos cinco años, Nino Colman junto con su madre, pese a todos los obstáculos y barreras que han tenido que afrontar en un sistema jurídico que en un inicio era completamente desconocido para ellos, han mantenido su lucha activa en la búsqueda de la verdad, justicia y libertad para un inocente que injustamente está pagando la condena de un delito que jamás cometió. Ambos están convencidos que no pararán hasta que la verdad salga a relucir, primero para que se ponga en libertad a Nino, reconociendo su total inocencia, segundo para que se continúen con las investigaciones para dar con los verdaderos responsables del secuestro que se le imputó a Nino Colman, y finalmente para que los responsables de la tortura y de la detención ilegal y arbitraria sean sancionados conforme a derecho.

Hoy, a cinco años de comenzar esta lucha, Nino está buscando estudiar la carrera de derecho en el interior del penal donde se encuentra recluido, con el deseo de convertirse en un abogado que luche por causas injustas como la que él y su madre han tenido que vivir los últimos cinco años de su vida, para que nadie más tenga que sufrir la injusticia que a ellos les ha cambiado la vida.

Natalia Pérez Cordero. animalpolitico.com. 11/08/14

http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2014/08/11/de-victimas-defensores-de-derechos-humanos/#axzz39R835eyq

921. Reina Impunidad en México

Dejan impunes 93% de delitos

México, Distrito Federal. En México reina la impunidad. Datos oficiales así lo demuestran: de cada 100 denuncias del fuero común, únicamente siete resultan en una sentencia condenatoria.

Esto implica un 93 por ciento de impunidad en ilícitos como robos a casa o vehículo, homicidios, secuestros, extorsiones, violaciones sexuales, lesiones y delitos patrimoniales.

De acuerdo con cifras de la PGR presentadas en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, hubo 19.9 millones de denuncias entre 2000 y 2012.

En contraste, en ese periodo, sólo se dictaron 1.4 millones de sentencias condenatorias.

Sin embargo, estas cifras no consideran el alto número de delitos que no son denunciados, de lo que se desprende que la impunidad es incluso mayor.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública arroja una cifra negra de ilícitos no reportados equivalente al 92.1 por ciento.

"El bajo índice de denuncias por la comisión de delitos, así como los obstáculos y costos para el avance y eficacia en cada etapa del proceso de investigación de los delitos en ambos niveles, se ha traducido a lo largo de los años en impunidad", reconoce la Procuraduría.

Otro de los factores claves en la impunidad, señala, es la persecución de delitos menores en lugar de los graves, como el homicidio o el robo con violencia.

De hecho, el 60 por ciento de las sanciones se dan por ilícitos menores, mientras que sólo 12 por ciento son resultado de los de alto impacto.

"El país no muestra una política criminológica focalizada y proporcional.

"Sería deseable que una proporción relativamente alta de los recursos del sistema se dedicara a perseguir, procesar y sancionar con prisión los delitos de alto impacto", señala el diagnóstico de la PGR.

En lo que se refiere a ilícitos del fuero federal, el documento destaca que las denuncias presentadas tuvieron una tasa de sentencia del 14.33 por ciento.

De 1999 a 2012, se presentaron 2 millones 101 mil 660 denuncias ante el Ministerio Público de la Federación.

No obstante, sólo se lograron 301 mil 141 sentencias condenatorias.

"El aumento de denuncias en los últimos años no ha sido directamente proporcional al total de sentencias dictadas; por el contrario, ha disminuido", reconoce la PGR.

Entre los ilícitos reportados, figuran ataques a las vías generales de comunicación, contrabando, defraudación fiscal, delitos ecológicos, narcotráfico, portación ilegal de armas de fuego, lavado de dinero y piratería, entre otros.

Proyectan en 3 años disminuir impunidad

La PGR busca que, para 2018, la impunidad disminuya en uno por ciento.

Entre los objetivos del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, la dependencia pretende elevar del 58.6 al 59.7 por ciento el número de averiguaciones previas que concluyan en sentencia condenatoria.

Además, proyecta que el cumplimiento de orden judiciales, cuando se detiene a personas vinculadas con un delito, se incremente del 33.5 al 37.35 por ciento.

Para ayudar a reducir la impunidad, en especial en casos de violencia contra las mujeres, la PGR propone una estrategia de cuatro puntos, que incluye la mejora del desarrollo profesional de los servidores públicos, y el fortalecimiento de mecanismos para recepción, atención y seguimiento de denuncias.

Así como fortalecer el servicio profesional de carrera y combatir los excesos del uso de la fuerza.

En el Programa también se propone que las promociones y estímulos que se otorguen al servidor público, sean con base en su desempeño.

Además, se busca establecer un mecanismo de verificación que, de manera aleatoria, vigile la calidad en la actuación del agentes del Ministerio Público, la cual sea vinculada con un "sistema de consecuencias".

Para fomentar la cultura de la denuncia, la PGR se comprometió a impulsar un trato "personal y digno" a los denunciantes, a quienes se les mantendrá informados sobre el estatus de su denuncia.

En materia de Derechos Humanos se impartirá al personal capacitación en uso legítimo de la fuerza, y se promoverá una cultura de valores y vocación.

Admiten ineficacia del MP

Además de la impunidad, la PGR reconoce la alta ineficacia de las agencias del Ministerio Público.

De acuerdo con cifras presentadas por la PGR en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, entre 1999 y 2012, el 68 por ciento de las denuncias dio inicio a una averiguación previa.

Mientras, en el mismo periodo, integrar una averiguación previa tomó a los agentes del Ministerio Público (MP) un tiempo promedio de ocho meses.

"Se advierten deficiencias en la integración de una política pública criminal incorporada a la función de perseguir e investigar los delitos. Esto se observa en cada una de las etapas del proceso penal y los procedimientos que lo integran, es decir, desde la presentación de denuncias, la integración de las averiguaciones previas, las consignaciones y las sentencias condenatorias", advierte la dependencia.

Por delitos federales, se indica en el documento, en el 35.13 por ciento de los casos se consignó al probable responsable, y en el 35.52 por ciento se determinó el no ejercicio de la acción penal.

No obstante, se envió el 23.51 por ciento de las averiguaciones previas a reserva, conocida como "la antesala de la terminación formal de la investigación", es decir, el expediente se mantiene "en espera" mientras se encuentran los elementos para acreditar el delito. 

El Programa Nacional también critica que sólo poco más de la mitad de los mandamiento judiciales -el 55.73 por ciento- se cumplimenten; es decir, que aún cuando existe un probable responsable de un delito, éste no sea detenido.

En cuanto al incumplimiento de las órdenes judiciales, la PGR también admite la falta de capacitación de los agentes ministeriales.

"Las cifras también reflejan problemas endémicos del sistema de procuración de justicia por lo que es necesario elaborar y ejecutar programas de capacitación y actualización para ministerios públicos, peritos y agentes investigadores, así como programas para formación de nuevos elementos".

Por ello, en el informe, la Procuraduría General considera que el aumento de denuncias en los últimos años, no ha sido directamente proporcional al total de sentencias dictadas, ya que por el contrario han disminuido.

Además de que uno de los factores claves en la impunidad, es la persecución de delitos menores, en lugar de delitos graves.

"Sería deseable que una proporción relativamente alta de los recursos del sistema se dedicara a perseguir, procesar y sancionar con prisión los delitos de alto impacto", indica el documento.

Diana Baptista. El Norte.com. 28/12/13

http://www.elnorte.com/nacional/articulo/780/1559061/

Sin confianza en la justicia

México, Distrito Federal. De 1999 al 2012, solo 14.3% de las averiguaciones federales fue resuelta y con una sentencia condenatoria, esto evidencia la pobre capacidad de investigación del Ministerio Público Federal y las agencias locales.

Los mexicanos no confían en el sistema de justicia. No confían porque hay pocos resultados y mucha corrupción.

Por eso, en México tan solo 7 de 100 delitos son denunciados e investigados por el Ministerio Público, de acuerdo a los resultados de las encuestas de victimización del Inegi.

Y es que, un delito denunciado está muy lejos de ser resuelto.

Las cifras revelan que de 1999 al 2012, únicamente 14.3 por ciento de las averiguaciones federales terminó resuelta y con una sentencia condenatoria, lo cual evidencia la pobre capacidad de investigación del Ministerio Público Federal y las agencias locales.

A nivel estados es peor. En los últimos 12 años solo 7.1 por ciento de las averiguaciones en las procuradurías terminaron en sentencia.

En promedio, en México los ministerios públicos tardan 223 días en integrar y decidir qué hacer con una averiguación previa.

En más del 30 por ciento de los casos, el expediente se va a la “reserva”. Un diagnóstico elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) acepta que esa reserva es la “antesala” para que los expedientes terminen desechados.

Durante la presentación del Programa Nacional de Justicia 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que el panorama para los siguientes años es “complejo”.

El número de los delitos que se cometen y de las víctimas que los sufren contrastan con un sistema que no da resultados.

“En los eslabones del sistema de justicia se perciben ineficiencias, incertidumbre y altos costos. Esta situación se ha visto reflejada en los altos índices de impunidad, de corrupción y en el ineficiente desempeño de las instituciones de justicia en México”, sentencia el diagnóstico de la PGR.

El estudio cita las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las cuales evidencian un incremento de la actividad delictiva.

Por ejemplo, en el 2012 se cometieron 27 millones 769 mil delitos de todo tipo, 5 millones más que en el 2010.

El número de víctimas ascendió a 21 millones 603 mil, casi 4 millones por encima del registro del 2010.

En contraste, la eficacia institucional decreció. En el 2012, 25 millones 573 mil delitos quedaron impunes. Solo se investigaron el 7.9 por ciento.

Por si fuera poco, de los delitos que se llegan a resolver, el 60 por ciento son éxitos menores. Solo 12 por ciento de casos resueltos son delitos graves de alto impacto como homicidio, violación o robo con violencia.

La PGR también reveló que del 2004 al 2012, el 45 por ciento de las órdenes de aprehensión giradas por jueces federales no se han cumplimentado, es decir.

“El bajo índice de denuncias, así como los obstáculos y costos para el avance (...) se ha traducido a lo largo de los años en impunidad”, indica el diagnóstico.

Los objetivos

El Programa Nacional de Justicia 2013-2018 pretende:

1. Impulsar la creación de la Ley General de Fundamentos Penales

2. Diseñar el Plan Maestro de implantación de la reforma penal

3. Elaborar un nuevo registro de usuarios de telefonía celular para combate a extorsión

4. Elaborar propuesta para modificar el proceso de Control de Confianza

5. Consolidar bancos de datos de huella balística, genética y de identificación de voz

6. Recuperar confianza de ciudadanos con resultados

Las fallas

El diagnóstico realizado a la PGR por la actual administración arrojó múltiples problemas:

1. No existe capacidad institucional para establecer esquemas de colaboración entre áreas

2. Faltan perfiles adecuados para la selección y formación de servidores públicos

3. Hay aislamiento y dispersión de los sistemas de información

4. Falta compromiso por parte de los funcionarios

5. Existe una pésima política de presupuesto

Carolina Hernández. Reporte Indigo.com  18/12/13

http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/sin-confianza-en-la-justicia

852. El indulto al maestro indígena Patishtán revela la necesidad de una revisión completa de los juicios injustos

El indulto al maestro indígena Patishtán revela la necesidad de una revisión completa de los juicios injustos

México, Distrito Federal. La decisión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de otorgar el indulto al profesor indígena tzotzil Alberto Patishtán, encarcelado durante más de una década tras un juicio injusto, no debe ser solamente un reconocimiento tardío de la injusticia cometida contra él, sino que debe impulsar una revisión completa a los innumerables casos de juicios injustos, manifestó Amnistía Internacional.

“Alberto es un hombre inocente que fue retenido en prisión por 13 años. El indulto presidencial es un gran alivio para Alberto Patishtán y su familia, pero está muy lejos de acercarse a la verdad, justicia y reparación. Las personas responsables de su juicio injusto y encarcelamiento deben rendir cuentas,” dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

“Las cárceles de México están pobladas por incontables casos como el de Patishtán. Su liberación debe ser sólo el primer paso hacia una revisión total de los casos y a la adopción de medidas que pongan fin a la discriminación e inequidad en el acceso a la justicia”, añadió Zúñiga.

Este indulto presidencial es el resultado de años de campaña por parte de Alberto Patishtán y su familia, sus abogados y el apoyo de personas y organizaciones de la sociedad civil.

Alberto Patishtán fue condenado en 2002, después de que una corte en el estado de Chiapas lo declarara culpable del asesinato de siete policías durante una emboscada en junio de 2000. Fue condenado a 60 años de prisión por homicidio agravado y robo, entre otros cargos.

Amnistía Internacional está convencida de que Alberto Patishtán no participó en el crimen y que la investigación y el subsecuente proceso judicial tuvieron graves errores. En ese sentido, la organización considera que las autoridades mexicanas deben conducir una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los homicidios cometidos en el año 2000, por los que Alberto Patishtán fue condenado.

“El caso de Alberto Patishtán es sólo un ejemplo de un patrón sistemático: Después ser acusado por un crimen que no cometió, no tuvo acceso a un abogado defensor competente, un fiscal independiente o un juez imparcial. Como resultado, tuvo que pasar 13 años en prisión. Esto es indignante”, dijo Javier Zúñiga.

A través de los años, la organización ha denunciado cómo las personas que viven en la pobreza en México significa reciben una menor protección a sus derechos humanos. Esto es especialmente cierto cuando se trata del acceso a la justicia y al debido proceso. Las personas indígenas, la mayoría de las cuales también viven en situación de pobreza, se ven afectadas desproporcionadamente por esta situación.

Otro ejemplo es el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, dos activistas indígenas que fueron liberados de prisión en noviembre de 2012 después de pasar tres años encarcelados bajo cargos falsos en represalia por su trabajo defendiendo el acceso al agua en Atla, en el estado de Puebla.

“La resolución positiva del caso de Alberto Patishtán será sólo una gota en el océano si el gobierno mexicano falla en reconocer que se trata de un problema sistémico y en tomar medidas urgentes para hacerle frente”, dijo Javier Zúñiga.

Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno para garantizar que los derechos humanos de todas las personas involucradas en procesos judiciales sean plenamente respetados, sin discriminación de ningún tipo.

“Los fiscales y jueces a nivel local, estatal y federal deben ser imparciales. La defensa jurídica debe ser gratuita y eficaz para todas las personas, en particular para las más vulnerables. Todas las personas deben ser consideradas inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un juicio de acuerdo a las normas internacionales”, concluyó Javier Zúñiga.

AmnistíaInternacional.org. 31/10/13

http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/mexico-indulto-maestro-indigena-necesidad-revision-juicios-injustos-2013-10-31

831. Contra el periodismo: ¿Por qué el divorcio entre el Poder Judicial del DF y la opinión ciudadana?

Monterrey, Nuevo León. Disfrazados de demandas de daños morales, hoy se tramitan en juzgados del Tribunal Superior de Justicia del DF juicios que atentan directamente contra el periodismo del País.

¿Es ilícito difundir escenas que suceden en audiencias públicas? El periodista de un comportamiento público ¿puede tener responsabilidad?

Es el caso de demandas contra Roberto Hernández, Layda Negrete, Cinépolis y otros, por la proyección de "Presunto Culpable"; el testigo del juicio, los policías y la familia del asesinado reclaman más de 3 mil millones de pesos, por lo que han sufrido debido a su exhibición.

Estos juicios llevan "ventilándose" varios años en tribunales del DF, bueno, no "ventilándose", porque las audiencias han sido "cerradas", para evitar, dicen los jueces, que el interés público "los mediatice"; vaya contradicción: portazo judicial a un interés legítimo ciudadano, vetando la actividad periodística.

Por supuesto tampoco han permitido los jueces que se videograben estas audiencias, quedando con vida para el proceso únicamente lo que el juzgador quiere ingresar al expediente, llevándose el aire gestos, ademanes, comentarios que son vitales para una comprensión del caso; ¿cómo van a fundamentar las sentencias? ¡En expedientes! Integrados sin técnica y a modo.

¿Por qué ese divorcio entre el Poder Judicial del DF y la opinión ciudadana? "Presunto Culpable" es el documental más visto en la historia del País, que más premios ha ganado internacionalmente, incluyendo un Emmy, el galardón de mayor prestigio intelectual, por mejor investigación periodística del mundo.

El fuerte rechazo que el público sintió por cómo fue llevado el juicio en "Presunto Culpable" sólo puede compararse con el abismo que parece existir entre los tribunales y su público; ¿cómo explicar la ratificación al juez de la película?

Entre tanto los demandados viven con la pesadilla de la condena, que cobra fuerza con las actuaciones de los tribunales en los juicios: parece que una sola pluma redactó las múltiples demandas, resoluciones judiciales con texto copiado, decretar privadas audiencias en principio públicas, etc.

Años de Roberto y Layda perdidos para otra actividad distinta a la atención de juicios en su contra. ¿Cuántos estudios y artículos periodísticos se han frustrado?

¡Qué ironía para el Tribunal que sea uno de sus juzgados el que viole la censura, judicialmente decretada, al tener que exhibir "Presunto Culpable" como prueba de juicio, en una audiencia que se llevará a cabo el 5 de noviembre! ¡Qué contrasentido que la actuación del Tribunal provoque mayor difusión del filme que dice los denigra!

¿No estamos ante un caso en que las demandas deben de ser desechadas de plano, por que los actores no tienen acción al invocar su propio dolo? Otro comportamiento en el juicio filmado les hubiera rendido diferente imagen. Al abogado defensor, Rafael Heredia, el mismo documental, por lo contrario, le ha rendido magníficos bonos.

¿No estamos también ante un conflicto de intereses al pedirle al juez se pronuncie sobre un documental que el Tribunal considera dañino a su imagen? ¿Puede ser imparcial este juez?

El que no se hayan desechado de plano estos juicios, que les haya dado entrada el Tribunal, atenta contra el periodismo, pilar de la libertad de expresión, garantía fundamental en México y en el mundo.

El Tribunal censura el trabajo periodístico y castiga a sus autores al declararse competente de conocer estos juicios, que, para colmo de la frivolidad, demandan cifras absurdas como compensación por daños causados consecuentes del comportamiento de los mismos demandantes.

La pregunta no es ¿por qué se comportaron así si sabían que los estaban filmando? La gran duda es ¿cómo se comportan cuando no los están filmando? En ese sentido "Presunto Culpable" no es realista, la realidad es mucho peor.

Ernesto Canales Santos. Presidente de Renace.

Ernesto Canales Santos. El Norte.com. 24/10/13

www.elnorte.com 

580. Carta de Amnistía Internacional al Presidente de México Enrique Peña Nieto

México: El nuevo Presidente debe romper con el legado de violaciones de derechos humanos

Nota: El presente comunicado acompaña una carta abierta que puede ser descargada aquí

El presidente de México Enrique Peña Nieto debe tomar medidas concretas e inmediatas para abordar algunos de los temas más urgentes del país en materia de derechos humanos, incluyendo los abusos en el contexto de la crisis de seguridad pública, manifestó Amnistía Internacional hoy en una carta abierta al presidente.

Según las investigaciones de Amnistía Internacional, las violaciones de derechos humanos como las desapariciones forzadas, la tortura, las detenciones arbitrarias y la falta de acceso a la justicia se volvieron rutinarias durante la anterior administración.

“El discurso positivo hacia los derechos humanos de Peña Nieto, incluyendo el compromiso de impulsar la Ley General de Víctimas y reformar las leyes para perseguir las desapariciones forzadas son bienvenidos, pero no dejan de ser promesas y las buenas intenciones no son suficientes para erradicar y prevenir las violaciones de derecho humanos,” declaró Javier Zúñiga, Consejero Especial de Amnistía Internacional.

“Como comandante en jefe de las fuerzas armadas, un muy buen primer paso del presidente Peña Nieto podría tomar es instruirlas para respetar los derechos humanos o asumir las consecuencias de no hacerlo".

Durante las elecciones, Enrique Peña Nieto respondió a una carta que Amnistía Internacional envió a la y los candidatos a la Presidencia de la República realizando una serie de compromisos políticos en caso de ser elegido.

"Queremos recordar al nuevo presidente sus promesas de campaña y ver acciones concretas, incluyendo el desarrollo de un programa de derechos humanos elaborado conjuntamente con todos los actores relevantes de la sociedad, incluyendo el poder judicial, las autoridades locales y quienes defienden derechos humanos; un plan que incluya propuestas concretas para abordar la crisis de derechos humanos de México,” añadió Javier Zúñiga.

"El tiempo se acaba para México. El presidente Peña Nieto no debe malgastar otros seis años con políticas de derechos humanos fallidas que añadan más víctimas a las dejadas por el presidente Calderón.”

La carta de Amnistía Internacional detalla varios asuntos prioritarios que el nuevo presidente debe abordar inmediatamente para reforzar el respeto y protección a los derechos humanos en México, incluyendo:

Seguridad Pública: Durante los últimos años, los abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y policiales en el contexto de operaciones para luchar contra el crimen organizado se han vuelto sistemáticos, como también la falta de investigaciones efectivas sobre los abusos. La decisión de Peña Nieto de apoyar la Ley General de Víctimas es un importante reconocimiento a los derechos de miles de víctimas de la violencia, pero es esencial que todas las iniciativas de seguridad pública protejan los derechos humanos y la justicia en la práctica y no sólo de forma retórica.

Justicia militar: El despliegue de más de 50,000 soldados y marinos en tareas de cumplimiento de la ley ha significado un fuerte aumento en las denuncias de violaciones de derechos humanos. Estas denuncias han sido tratadas por el sistema de justicia militar, lo cual ha significado una sistemática negación de justicia para las víctimas. Las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que excluyen los casos de violaciones de derechos humanos del fuero militar son un paso positivo. Sin embargo, el Código de Justicia Militar debe ser reformado para garantizar que todas las denuncias de abusos sean investigadas, perseguidas y juzgadas por el sistema de justicia civil.

Personas defensoras de derechos humanos: El presidente debe clarificar el compromiso del gobierno de financiar y apoyar plenamente el nuevo mecanismo de protección establecido mediante consultas con organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos. La nueva administración debe asegurar también investigaciones efectivas sobre los ataques y actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluyendo los casos en los que haya funcionarios públicos implicados.

Migrantes: Peña Nieto debe especificar medidas nuevas y efectivas para hacer frente a la ola de asesinatos, desapariciones, violaciones y otros abusos de derechos humanos cometidos por grupos criminales, a menudo actuando en colusión con funcionarios públicos, contra los migrantes en México

Tortura: La tortura y los malos tratos se han convertido en prácticas sistemáticas durante la administración de Calderón. La información obtenida bajo tortura todavía es aceptada por los tribunales de justicia y de todas las quejas presentadas sólo unas pocas dan lugar a investigaciones completas. La propuesta de reformar el marco legal para combatir la tortura a nivel federal y estatal es positiva pero sólo mediante la implementación de una serie de políticas y acciones concretas se podrá comenzar a erradicar la tortura.

Desapariciones: El nivel de secuestros y desapariciones en México es estremecedor, como también lo es la falta de investigación en la mayoría de los casos. La propuesta para reformar el marco legal para combatir las desapariciones forzadas es un paso positivo. Esta propuesta debe cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y el gobierno debe asegurar una mejoría radical en las medidas para investigar exhaustivamente todas las denuncias de desaparición, incluyendo establecer una base de datos nacional que ayude a identificar y localizar a las víctimas.

Sistema de Justicia: Más del 98% de los crímenes, incluyendo los abusos de derechos humanos terminan en la impunidad. Las autoridades deben asegurar las reformas en curso en el sistema de justicia mejoren la capacidad y fiabilidad de las medidas judiciales para hacer rendir cuentas a los responsables al tiempo que se garanticen los derechos de víctimas y acusados.

Violencia contra las mujeres: Los recientes avances legislativos no han significado una reducción de los casos de violencia contra las mujeres. El presidente prometió a Amnistía Internacional actuar sobre este asunto de gran importancia pero es preocupante que el Pacto por México no propone ninguna medida concreta para ello. El gobierno debe tomar un papel de liderazgo para reforzar la prevención, investigación y castigo de la violencia contra las mujeres y el respeto a los derechos de las mujeres.

Pueblos Indígenas: El compromiso del Presidente Peña Nieto de combatir la discriminación contra uno de los grupos más marginalizados de la sociedad es positivo, pero cualquier política que se adopte debe asegurar que las comunidades indígenas estén en el centro de las decisiones sobre su propio desarrollo y sus derechos sean respetados.

Corte Interamericana de Derechos Humanos: El gobierno de Peña Nieto debe cumplir con todas las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron a México durante la última administración.

Amnistía Internacional. 18/12/12

http://amnistia.org.mx/nuevo/2012/12/18/mexico-el-nuevo-presidente-debe-romper-con-el-legado-de-violaciones-de-derechos-humanos/

560. Destaca México por Mala Justicia

México, Distrito Federal. Los sistemas de justicia criminal y civil de México, así como la capacidad del Estado para proporcionar orden y seguridad a sus habitantes, están entre los peores del mundo.
Lo anterior, de acuerdo con el Índice sobre Aplicación de la Ley 2012, publicado el 28 de noviembre por el Proyecto Mundial de Justicia (WJP, por sus siglas en inglés), una organización multinacional patrocinada por decenas de empresas y asociaciones estadounidenses entre las que destaca la Fundación Bill y Melinda Gates.
De los 97 países investigados, México ocupa el lugar 91 en impartición de justicia penal, el 91 en orden y seguridad y el 87 en sistema de justicia civil, por debajo de naciones en peores condiciones económicas, como Tanzania, Senegal, Sri Lanka, Etiopía, Malawi y Sierra Leona.
Entre 18 países de América Latina, sólo Venezuela salió peor calificada en estos rubros, mientras que Chile y Uruguay obtuvieron los mejores resultados, aunque cabe aclarar que en el caso de México, no se distingue entre la justicia federal y los 32 sistemas estatales.
El estudio también evalúa el tema de la corrupción. En esta materia el escenario no fue más halagador, pues México ocupó el lugar 74 del índice, aunque en este caso se ubicó por encima de cuatro naciones latinoamericanas.
"El sistema de justicia criminal está en el lugar 91 principalmente por debilidades en los sistemas de investigación y adjudicación, discriminación rampante contra grupos vulnerables, corrupción entre jueces y procuradurías y violación de los derechos de debido proceso de los acusados", explica el informe.
"La corrupción es un problema serio en todas las ramas del Gobierno, y las fuerzas de seguridad batallan para garantizar la seguridad de los ciudadanos contra el crimen y la violencia", agrega, "y también causa preocupación el fracaso recurrente para perseguir a funcionarios responsables de actos de corrupción".
Los países mejor calificados en estos rubros fueron Noruega, Dinamarca, Finlandia, Singapur, Suecia, Japón y Austria, entre otros.
En los cuatro factores restantes comprendidos en el Índice, el País sólo pudo colarse a mitad del grupo en uno: Gobierno abierto, que refleja temas como transparencia y acceso a la información, en el que ocupó el lugar 37.
En límites al poder del Gobierno se colocó en el número 50; en aplicación de políticas regulatorias y procedimientos administrativos, en el 56, y en derechos fundamentales, en el 60.
El índice fue elaborado mediante cuestionarios a por lo menos 300 especialistas de cada país, que se suman a encuestas entre el público en general y se balancean con reportes y datos de organismos internacionales.

Reforma.com 04/12/12

http://www.reforma.com/  

120. Reina impunidad en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León. En Nuevo León, casi 9 de cada 10 homicidios dolosos que se cometieron durante el 2010 quedaron impunes, sin ningún tipo de castigo.

De acuerdo a información solicitada a través de la página de transparencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se da cuenta que de los 828 homicidios que ocurrieron durante el año pasado, sólo se consignaron a los juzgados un total de 90 averiguaciones.

Es decir, sólo en el 10 por ciento de los homicidios, el Ministerio Público pudo demostrar ante un juez que se contaba con un presunto responsable, ya fuera detenido o prófugo de la justicia.

Aunque en estadísticas públicas la autoridad estatal no distingue entre asesinatos comunes y los relacionados con la delincuencia organizada, según cifras publicadas del Gobierno Federal, en 2010 ocurrieron 620 homicidios vinculados al crimen organizado, mientras que los comunes sumaron un total de 208.

Así, el crimen organizado desbordó el trabajo de la Procuraduría, pues no sólo no se pudieron consignar la mayoría de las investigaciones que realizó por concepto de homicidios registrados en Nuevo León, sino que hubo la necesidad de invertir en recursos humanos y materiales a fin de hacer frente a la labor de iniciar las indagatorias de cada crimen cometido.

trabajo en el anfiteatro para realizar las autopsias correspondientes se triplicó haciendo necesaria la contratación de camiones frigoríficos que permitieran la conservación de los cuerpos en tanto eran identificados por familiares, aunque muchos de ellos terminaron en la fosa común.

Un panorama diferente se presentó en 2009, cuando la violencia generada por los criminales dejó un saldo de 112 asesinatos relacionados a la delincuencia organizada.

En aquel año, el número de homicidios ascendió a 267, sin embargo, en ese entonces el Ministerio Público logró consignar 94 averiguaciones.

Aún así, casi 7 de cada 10 homicidios que se registraron en la entidad durante el citado periodo quedaron en la impunidad, al ser consignadas el 35 por ciento del total de las averiguaciones iniciadas por la autoridad investigadora.

Comparando el 2009 con el 2010, el índice de impunidad en cuanto a homicidios dolosos se incrementó en un 20 por ciento, pasando de un 70 a un 90 por ciento aproximadamente.

Milenio.com 8/2/2011

http://www.milenio.com/node/640725

"...Y sólo un 2% de las denuncias llega a sentencia".

Monterrey, Nuevo León. La sanción de delitos del fuero común en Nuevo León sólo alcanza al dos por ciento, de acuerdo a estadísticas oficiales de la Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial.

Durante los últimos tres años, sólo cuatro de cada 100 delitos denunciados llegan a manos de un juez para que sancione el ilícito, sin embargo, al momento de dictar una sentencia sólo hace en 2 de ellos.

Durante el 2010, se denunciaron un total de 66 mil 367 delitos, derivando en 70 mil 598 averiguaciones previas iniciadas, de las cuales sólo 3 mil 192, es decir el 4 por ciento del total, terminaron en un juzgado.

En tanto, en ese mismo año se pronunciaron apenas mil 480 sentencias de carácter penal, lo cual equivale al 2 por ciento del total de delitos denunciados.

Para Miguel Treviño presidente del Consejo Cívico de las Instituciones, esta situación tiene un impacto directo en la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía, al ser solo castigadas dos de cada 100 conductas delictivas pues es una prueba fehaciente del clima de impunidad de la entidad”.

“Esa es la señal que más nos está haciendo daño porque, quien quiere, quien se dedica a este tipo de actividades, dice ‘bueno, la actividad criminal es un buen negocio, las posibilidades de que termine pagando mi delito son muy bajas’”, aseveró.

A pesar de que la percepción de inseguridad se ha incrementado en la entidad, de acuerdo al la última Encuesta Nacional de Inseguridad, cada vez son menos las denuncias que se presentan ante la autoridad, pues mientras en el 2008 se denunciaron mas de 70 mil delitos la cifra cayó en el 2010 a 66 mil.

Sin embargo, si se tomara en cuenta la cifra negra, es decir, los delitos no denunciados, el panorama es menos alentador, pues de acuerdo a la encuesta mencionada sólo se denuncia el 20 por ciento de los delitos, es decir, solo dos de cada 10.

Según la encuesta, el principal factor de por qué la gente no denuncia es la pérdida de tiempo, en segundo lugar se encuentra la desconfianza en las autoridades, y en tercer lugar los trámites largos y difíciles, mismos que acaparan al 65 por ciento de las víctimas.

No es para menos: en Nuevo León se perdieron en el 2009 el equivalente a 78 años hombre, pues en un análisis realizado sobre el costo de la inseguridad el ICESI estima que el promedio de horas que se pierde entre interponer la denuncia y ratificarla es de once.

En la mayoría de los casos, de acuerdo al estudio citado, los denunciantes aseguraron que no pasó nada con la averiguación o se quedó en trámite (56 por ciento), mientras que el 14 por ciento aseguró que no procedió la denuncia, un 12 por ciento recuperó sus bienes y sólo el 6 por ciento sabe que se puso al delincuente a disposición de un juez.

Milenio.com. 8/2/2011

http://www.milenio.com/node/640727

“Es pecado social callar injusticias y corrupción”

Monterrey, Nuevo León. Para la Iglesia católica, Monterrey es una ciudad que ha cometido pecado social al callar injusticias y la corrupción.

El Cardenal de Monterrey, Francisco Robles Ortega, señaló en la misa de confirmaciones de Catedral que cuando una comunidad es copartícipe, avala e incluso calla ciertas acciones como la injusticia o la corrupción, se convierte en un pecado social.

“De alguna manera, todos lo avalamos. Un pecado social puede ser la injusticia, cuando abarca o se establece como una estructura. Otro pecado es la corrupción, cuando todos la consentimos, callamos que haya actitudes corruptas en nosotros y en los demás”, expresó al final de la misa.

¿Qué tanto está pecando en este sentido la sociedad regiomontana?, se le cuestionó.

“Ustedes dirán. Yo creo que las manifestaciones con muy claras. Vivimos en un pecado social que se fue gestando, no de un momento a otro, sino que se fue gestando en el corazón de las personas, de la sociedad y se fue consintiendo, y ahora estamos sufriendo las manifestaciones de ese pecado social”, expresó.

Para el Arzobispo, la falta de valores ha influido en la violencia del Estado y a que cada vez más jóvenes se involucren en la delincuencia, incluso quienes tienen acceso a los estudios, dijo al ser cuestionado sobre la banda de secuestradores, capturada esta semana, comandada por un estudiante de la Universidad de Monterrey.

“En ningún caso se justifica (una actividad delictiva), pero, por ejemplo, jóvenes que no han tenido la oportunidad de escuela y trabajo, aunque no se justifica, se explica que se sumen al crimen organizado”, señalo.

“Los jóvenes que ya están en la posibilidad de estudiar, es mucho más reprobable y mucho más triste que ocurran este tipo de delitos”.

Daniel Santiago. El Norte. Vida! Pág. 8. 17/1/2011

"Llama Cardenal a no ser pecadores colectivos"

Monterrey, Nuevo León. Pecadores colectivos son los nuevoleoneses que consienten acciones que a su vez provocan que la inseguridad y violencia crezca en la entidad, consideró el cardenal Francisco Robles Ortega.

En la misa dominical el Arzobispo, llamó a los fieles católicos que acudieron a la Catedral de Monterrey a una conversión interior de la persona y al acercamiento a Jesucristo para que pueda ser un promotor de valores en el seno familiar y con las personas que le rodean.

Como un pecado social calificó el Cardenal el que la corrupción, injusticia y violencia sigan creciendo en la entidad.

En este sentido mencionó que además de que la población pida a las autoridades que actúen, como es su responsabilidad, cada individuo debe comprometerse con la sociedad para desde sus estancias promover la paz.

Respecto a la ola de violencia que se ha vivido en la entidad durante los primeros días del año, Robles Ortega dijo que las autoridades deben poner especial énfasis en erradicar las causas del problema como son el desempleo y la generación de oportunidades a través de la educación.

Sandra González. Milenio.com. 16/1/2011

http://www.milenio.com/node/623002