Washington, Estados Unidos. A
primera vista, parecía que se trataba de una broma de mal gusto. En el día
internacional de los derechos humanos, el Embajador de Estados Unidos en
México, Anthony Wayne, publicó un artículo “celebrando” los avances de México
en derechos humanos. “Estados Unidos reconoce al gobierno de México”, señaló en
el diario El Universal, “por los esfuerzos que ha hecho para promover la
protección de los derechos humanos”.
Resulta
difícil imaginar un momento menos oportuno para tan inmerecido elogio.
El
Embajador Wayne expresó este reconocimiento a menos de dos semanas de las
estremecedoras revelaciones del Washington Post, que indicaron que según la
Procuraduría General de la República, cerca de 25.000 mexicanos desaparecieron
durante los pasados seis años, a causa de la violencia vinculada con el
narcotráfico. La cifra fue filtrada por un analista gubernamental que temió que
ni el gobierno saliente de Felipe Calderón ni el entrante de Enrique Peña
Nieto, estuvieran dispuestos a admitir que tantas personas pudieran simplemente
desaparecer, ni mucho menos a investigar lo sucedido.
Las
desapariciones son sólo una cara del nefasto legado que ha dejado la “guerra
contra el narcotráfico” del Presidente Calderón. Durante su mandato, soldados y
policías recurrieron en forma sistemática a la tortura para obtener confesiones
en el marco de la lucha contra los carteles y cometieron numerosas ejecuciones.
Prácticamente ninguno de los responsables ha sido sancionado. De las casi 5.000
investigaciones iniciadas por la justicia penal militar, entre diciembre de
2006 y abril de 2012, solo 38 soldados fueron condenados.
Durante
gran parte de su gestión, Calderón sostuvo que no conocía ningún caso de
violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Cuando me
reuní con él a fines de 2011, admitió finalmente que muchos de estos abusos
habían ocurrido. Lamentablemente, las escasas medidas que luego adoptó fueron
insuficientes y tardías.
Si
bien Peña Nieto al menos ha reconocido el fracaso de la política de Calderón,
Washington pareciera no haberse hecho eco de esta situación. Lo cierto es que
los elogios del embajador actual en México están en sintonía con la postura del
gobierno de Obama, que ha celebrado frecuentemente los esfuerzos de Calderón en
su ofensiva contra los carteles, como cuando aplaudió la “valentía” de Calderón
en conferencias de prensa en marzo de 2011 y abril de 2012. Obama en ningún
momento ha manifestado públicamente preocupación por los terribles abusos
cometidos por las fuerzas de seguridad de ese país.
Las
acciones del gobierno de Obama han sido consistentes con su discurso. Desde
2007, Estados Unidos ha aportado ayuda por aproximadamente US$ 2 mil millones
para combatir la delincuencia organizada en México. Parte de estos fondos se
han destinado a programas valiosos, como la capacitación del Ministerio
Público. Un porcentaje de la ayuda destinada a las fuerzas de seguridad
supuestamente está supeditada al cumplimiento de requisitos en derechos
humanos. A pesar de que tales requisitos nunca han sido cumplidos, Washington
ha aprobado los fondos con regularidad.
El
análisis más honesto que ha presentado el gobierno de Obama sobre la situación
en México, provino del predecesor de Wayne --Embajador Carlos Pascual-- quien
envió varios cables a Washington advirtiendo sobre la corrupción, la
incompetencia y los abusos de las fuerzas de seguridad. Cuando los memorandos
fueron filtrados por WikiLeaks, Calderón exigió el retiro del Embajador
Pascual. En vez de apoyar al embajador o abordar sus denuncias, Obama aceptó su
renuncia y nombró a Anthony Wayne en su reemplazo.
El
Presidente Peña Nieto ha expresado su intención de abandonar la frustrada
“guerra contra el narcotráfico” y enfocarse en cambio en la reducción de la
violencia. Pero no ha dicho cómo lo hará, ni cómo enfrentará los abusos
cometidos. De hecho, su principal estrategia parece estar encaminada a desviar
la atención del tema de seguridad y enfocarla en la economía. Hasta ahora, el
gobierno de Obama se muestra más que satisfecho con seguir esta línea.
Esto
sería un error. El Presidente Obama debería manifestarse en forma pública y
contundente sobre la necesidad de abordar las prácticas abusivas de las fuerzas
de seguridad mexicanas, no sólo porque corresponde, sino además porque
contribuye a generar confianza pública en las fuerzas de seguridad, condición
indispensable para enfrentar con eficacia a la delincuencia organizada. Obama
debería exigir que se cumplan los requisitos de derechos humanos impuestos por
el Congreso para la ayuda a México. Y debería instar al Presidente Peña Nieto a
que impulse un plan concreto para juzgar abusos del pasado y evitar su
repetición.
Continuar
celebrando políticas que han fracasado no contribuirá en absoluto a que México
pueda salir de este espiral de caos y violencia que ya ha cobrado demasiadas
vidas.
José
Miguel Vivanco. Director para las Américas de Human Rights Watch.
José
Manuel Vivanco. Washingtonpost.com. 24/01/13
