Las propuestas para limitar el arraigo son inadecuadas; se expone a
detenidos al riesgo de torturas
“El arraigo contraviene algunos de los principios
más fundamentales de la Constitución de México, como las garantías frente a
detenciones arbitrarias, ofrece a los agentes del Ministerio Público un incentivo
perverso para privar a personas de su libertad sin antes haber efectuado una
investigación exhaustiva, y vulnera garantías básicas contra la tortura. La
única forma de asegurar que se realicen investigaciones eficientes y
profesionales, y de contrarrestar la negligencia y los abusos que ha fomentado
esta modalidad de prisión preventiva, es eliminar el arraigo completamente de
la Constitución”.
- José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.
México, Distrito Federal. El Congreso mexicano debería rechazar un proyecto de reforma constitucional
sobre el arraigo, señaló Human Rights Watch. La reforma propuesta, que
reduciría el período máximo de arraigo de 80 a 40 días, no se adecuaría a las
normas internacionales de derechos humanos. En vez de ello, indicó Human Rights
Watch, el Congreso de México debería directamente eliminar esta práctica.
“El arraigo contraviene algunos de los principios más fundamentales de la
Constitución de México, como las garantías frente a detenciones arbitrarias,
ofrece a los agentes del Ministerio Público un incentivo perverso para privar a
personas de su libertad sin antes haber efectuado una investigación exhaustiva,
y vulnera garantías básicas contra la tortura”, aseveró José Miguel Vivanco,
director para las Américas de Human Rights Watch. “La única forma de asegurar
que se realicen investigaciones eficientes y profesionales, y de contrarrestar
la negligencia y los abusos que ha fomentado esta modalidad de prisión
preventiva, es eliminar el arraigo completamente de la Constitución”.
La legislación vigente concede a los agentes del Ministerio Público un
plazo de cuatro días para presentar a personas presuntamente involucradas en la
delincuencia organizada ante un juez. A través del arraigo, los agentes del
Ministerio Público pueden además solicitar autorización judicial para extender
la detención durante un período adicional de 80 días antes de consignar a estas
personas, mientras continúan con la investigación.
El proyecto que actualmente está siendo debatido en la Cámara de Diputados
de México reduciría a 40 días el período máximo de detención previsto en esta
disposición. A su vez, ampliaría de 4 a 7 días el plazo máximo durante el cual
los funcionarios judiciales pueden mantener detenidas a personas presuntamente
vinculadas con la delincuencia organizada antes de presentarlas ante un juez.
Otro proyecto basado en una propuesta de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, que sería discutido en la Cámara de Diputados de México,
propone reemplazar el arraigo con otra variante de prisión previa a la
consignación, que el texto denomina “detención con control judicial”. Esta
norma permitiría a los jueces disponer la detención de presuntos delincuentes
durante un lapso de hasta 10 días sin consignación, y en este período la
detención sería supervisada por jueces en vez de agentes del Ministerio
Público.
Ni la propuesta para reducir el período de arraigo a un máximo de 40 días,
ni la que pretende reemplazarlo con una modalidad de detención con control
judicial de hasta 10 días antes de la consignación, se adecuan a lo establecido
en las normas internacionales de derechos humanos, observó Human Rights Watch.
Tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos han formulado serias objeciones a la detención de
una persona por un período mayor a cuatro días.
Si bien la Corte Interamericana solamente se ha pronunciado en un caso
vinculado con una detención que se extendió durante 15 días (cuando el plazo
máximo era de 30 días), ha manifestado expresamente que comparte el enfoque del
Tribunal Europeo y el Comité de Derechos Humanos sobre la importancia de la
inmediatez con que se debe ejercer el control judicial de una detención.
El Comité de la ONU contra la Tortura, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre
la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones
Forzadas y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia
de los Magistrados y Abogados son algunas de las instituciones internacionales
que han instado a México a abolir la prisión previa a la consignación.
“Cualquier ampliación del período durante el cual una persona puede quedar
detenida antes de ser llevada ante un juez para ser imputada – ya sean días o
semanas, y con independencia de si se llama arraigo o se la da otro nombre –
constituirá una vulneración irrazonable de derechos fundamentales, y fomentará
un entorno propicio para que se cometan incluso nuevos abusos”, manifestó
Vivanco.
Human Rights Watch ha documentado gran cantidad de casos de víctimas que
han sufrido graves abusos – como torturas y violaciones sexuales – durante la prisión preventiva durante el
arraigo o antes de este período.
Por ejemplo, cuatro hombres de Baja California – Ramiro Ramírez Martínez,
Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya y Ramiro López Vázquez – fueron
detenidos arbitrariamente en junio de 2009 y trasladados a una base del
ejército, donde militares aplicaron descargas eléctricas en sus genitales, los
sometieron a tácticas de asfixia, extrajeron las uñas de sus pies y los
golpearon frente a sus compañeros hasta que accedieron a firmar confesiones
falsas. Estas confesiones fueron usadas posteriormente para conseguir que la
justicia dispusiera el arraigo de los hombres antes de que fueran consignados.
Durante el arraigo, permanecieron en una base militar, donde sufrieron nuevos
abusos.
hrw.org. 25/04/13
