S.E. Barack Obama
Presidente
de los Estados Unidos de América
The
White House
1600
Pennsylvania Ave, NW
Washington,
D.C.
De
mi mayor consideración:
Tengo
el honor de dirigirme a S.E. con el fin de expresar nuestra preocupación por el
impacto negativo que han tenido, para la vigencia de los derechos humanos, las
políticas de seguridad pública implementadas en los últimos años en México. Sin
duda, la seguridad pública estará entre los principales temas a tratar durante
la reunión que mantendrá esta semana con el Presidente Enrique Peña Nieto. La
visita ofrece una oportunidad crucial para evaluar la crisis de seguridad
pública que aún persiste en México, y que se traduce en la presencia de
carteles poderosos y violentos, corrupción endémica entre las fuerzas
policiales y prácticamente ningún tipo de rendición de cuentas por parte de
quienes cometen delitos.
La
estrategia de seguridad pública impulsada en los últimos años por el gobierno
de Felipe Calderón —con pleno apoyo y cooperación de Washington— no sólo no
logró abordar adecuadamente estos graves problemas, sino que tampoco puso freno
al incremento alarmante de la violencia propiciado en parte por estas causas.
Más de 70.000 personas murieron en hechos violentos vinculados al narcotráfico
durante el sexenio de Calderón, con cifras anuales que fueron de 2.500 en 2007
(el primer año de su mandato) hasta un máximo de casi 17.000 muertos en 2011.
Además, serían aproximadamente 26.100 las personas que desaparecieron, según un
informe publicado recientemente por el gobierno de Peña Nieto.
Estadísticas
publicadas recientemente por el gobierno mexicano revelan asimismo la
ineficacia de los operativos de seguridad pública en lo que respecta al
juzgamiento de miembros de la delincuencia organizada, y confirman las
conclusiones de Human Rights Watch de que agentes de las fuerzas de seguridad
habrían efectuado habitualmente detenciones arbitrarias. En efecto, de un total
de 620.000 personas detenidas en operativos contra el narcotráfico durante el
gobierno de Calderón, cerca de 500.000 (aproximadamente el 80 por ciento)
fueron liberadas por falta de pruebas o bajo fianza, según datos de la
Procuraduría General de la República (PGR). En México, quienes son consignados
por delincuencia organizada u otros delitos graves no pueden salir bajo fianza,
lo cual sugiere que quienes salieron bajo fianza fueron consignados por delitos
menores, sin ninguna conexión con el crimen organizado. La PGR indicóque las
sospechas de vínculos con organizaciones delictivas afectan a menos del 1 por
ciento de las personas detenidas.
La
estrategia —que el entonces Presidente Calderón denominó “guerra contra el
narcotráfico”— además permitió que miembros de las fuerzas de seguridad
mexicanas cometieran violaciones generalizadas de derechos humanos y se
practicara la tortura de un modo sistemático. Por ejemplo, las quejas
presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre
torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes se incrementaron
drásticamente cada año de la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón (de
395 casos en 2007 a 1.662 en 2012) y se registraron en total más de 6.500
denuncias durante su mandato.
Una
de las principales causas del aumento de abusos crónicos es la impunidad. En el
caso de la tortura, por ejemplo, ningún funcionario federal fue condenado por
esta práctica en el ámbito de la justicia federal mientras Calderón estuvo en el
poder. A su vez, los abusos cometidos por miembros del Ejército y la Marina
recaen en la jurisdicción del fuero militar que, además de permitir su
impunidad, carece de garantías básicas para asegurar independencia e
imparcialidad. Entre los problemas que afectan al sistema de justicia militar,
se puede mencionar que el Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes
ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, que los jueces militares no
gozan de la garantía de inamovilidad en el cargo y que el sistema prácticamente
no tiene ningún grado de transparencia. Si bien durante el gobierno de Calderón
los agentes de la Procuraduría General de Justicia Militar habrían iniciado
aproximadamente 5.000 investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, tan
sólo en cuatro de estos casos se dictaron condenas contra militares (y dos de
ellas han sido apeladas).
Aunque
las evidencias muestran en forma clara un aumento preocupante en el número de
violaciones de derechos humanos, de las cuales prácticamente ninguna fue
investigada, durante casi todo su mandato el entonces Presidente Calderón negó
enérgicamente que ocurrieran tales abusos y afirmó que casi todas las víctimas
de la violencia asociada al narcotráfico eran en verdad delincuentes. Si bien
durante su último año de gobierno reconoció a regañadientes que se habían
cometido abusos, insistió en que se trataba de casos aislados —a pesar que las
evidencias indicaban que tenían carácter generalizado—y no implementó políticas
para asegurar que los responsables fueran llevados ante la justicia.
Frente
a una de las crisis de derechos humanos más graves del hemisferio, y un
presidente que en gran parte negaba esta situación, su administración
constantemente elogió sin reservas las políticas de Calderón. En varias ocasiones,
expresó su admiración por la “valentía” del entonces Presidente Calderón al
enfrentarse a los carteles, sin alertar jamás en forma pública sobre la
preocupante situación de los abusos generalizados cometidos por miembros de las
fuerzas de seguridad mexicanas, ni sobre la peligrosa retórica utilizada por
Calderón al culpar a las víctimas de esos abusos.
Su
gobierno también optó, consistentemente, por no exigir el cumplimiento de los
requisitos de derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida, un
proyecto conjunto de Estados Unidos y México destinado a combatir la
delincuencia organizada. Desde 2007, Estados Unidos ha enviado a México fondos
por cerca de $ 2.000 millones de dólares en el marco de la Iniciativa Mérida,
gran parte de los cuales se han destinado a capacitar y equipar a las fuerzas
de seguridad de México. El 15 por ciento de esta asistencia se encuentra
supeditada a que México cumpla anualmente una serie de requisitos básicos de
derechos humanos, entre los cuales se incluyen prohibir el uso de confesiones
obtenidas mediante torturas y asegurar que los militares que cometan abusos
sean investigados en la justicia penal ordinaria. Sin embargo, a pesar de las
evidencias existentes —incluidos casos documentados en los informes del
propio Departamento de Estado— de que México ha incumplido estos requisitos, su
gobierno ha recomendado reiteradamente al Congreso que dispusiera de todos
modos la entrega de los fondos. Para ello, su gobierno ha señalado que México
ha mostrado avances en el cumplimiento de los requisitos, además de un mayor
compromiso con el tema, dos conceptos que si bien son positivos, no coinciden
con los estándares establecidos en la ley, ni con la realidad de México. Tan
solo algunos miembros del Congreso de Estados Unidos han cuestionado que se
hubieran cumplido verdaderamente los requisitos, y han preguntado acertadamente
cuál sería el propósito de que Estados Unidos establezca requisitos en materia
de derechos humanos si el gobierno no tiene previsto exigir su cumplimiento.
A
diferencia de su predecesor, el gobierno de Peña Nieto ha demostrado desde un
primer momento su voluntad de reconocer algunas de las graves violaciones de
derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad en el
contexto de la “guerra contra el narcotráfico” y, de manera más general, la
necesidad de modificar la estrategia contra el narcotráfico. En un artículo
publicado en The Washington
Post pocos días antes de la reunión con S.E. en noviembre de 2012,
Peña Nieto, en ese entonces presidente electo, escribió acerca de su estrategia
frente a la delincuencia organizada: “Continuaré los esfuerzos iniciados por el
Presidente Felipe Calderón, pero la estrategia debe cambiar necesariamente”.
Posteriormente, el Presidente Peña Nieto señaló que el respeto de los derechos
humanos debe considerarse un componente esencial —antes que un obstáculo— para
la eficacia de la lucha contra la delincuencia. Peña Nieto ha propuesto entre
los objetivos de su gobierno “sincronizar el plan de seguridad y justicia con
el plan de derechos humanos”. No obstante, aún no ha elaborado una nueva
estrategia de seguridad pública ni propuestas concretas para alcanzar estas
metas.
Miembros
clave del gabinete del Presidente Peña Nieto han reconocido públicamente las
falencias de la “guerra contra el narcotráfico” del ex Presidente Calderón y se
han manifestado a favor de que ésta sea revisada. El Secretario de Gobernación
Dr. Miguel Ángel Osorio Chong reconoció que si bien el gasto destinado a
seguridad pública se había incrementado en más del doble durante el gobierno
anterior, los delitos habían aumentado significativamente. “La tasa de
crecimiento de homicidios”, señaló, “nos ubica como una de las mayores del
mundo”. Asimismo, Osorio Chong admitió que “sólo uno de cada 100 delitos se
castiga”. Por su parte, el Procurador General de la República Dr. Jesús Murillo
Karam ha señalado reiteradamente que la práctica del arraigo —adoptada por una
ley en 2008, que permite detener a personas hasta 80 días sin que medie
acusación por algún delito— se utilizó en forma excesiva durante el gobierno de
Calderón “violentando, con frecuencia, derechos fundamentales”. Pese a ello, la
figura del arraigo aún está en la Constitución y sigue siendo aplicada.
El
gobierno de S.E. ha mostrado un fuerte liderazgo al reconocer que también cabe
a Estados Unidos, como principal proveedor de armas ilícitas y el primer
destino de las drogas que se trafican a través de México, responsabilidad en la
lucha contra la delincuencia organizada en México. Sin embargo, como S.E. lo ha
manifestado en numerosas ocasiones, asumir parte de esa responsabilidad y
actuar como socios leales implica también reconocer cuando las políticas no
producen resultados favorables y trabajar para mejorarlas. Lamentablemente, si
bien el gobierno de Peña Nieto ha dado el primer paso al admitir que existe una
crisis y que es necesario modificar las estrategias, llama la atención que su
gobierno no se ha pronunciado al respecto.
Esta
visita ofrece una excelente oportunidad para poner fin al silencio de Estados
Unidos en esta materia y expresar su preocupación por los problemas de derechos
humanos de México y su respaldo a una nueva estrategia. Se trata de un momento
especialmente oportuno, dado que el gobierno de Peña Nieto se ha referido a
algunas de las falencias de la “guerra contra el narcotráfico” y ha fijado
metas distintas a las de su antecesor, pero aún no ha propuesto un plan
concreto que establezca cómo tiene previsto alcanzarlas.
Es
fundamental que S.E. aproveche esta ocasión para expresar su apoyo a las
iniciativas del gobierno mexicano destinadas a juzgar a los responsables de los
delitos más aberrantes cometidos en los últimos seis años, incluidas graves
violaciones de derechos humanos, ya que esta es la manera más efectiva de
evitar su repetición. Y en un sentido más amplio, ha llegado el momento de
plantear públicamente —junto con el nuevo gobierno mexicano— que el respeto por
los derechos humanos es un componente esencial, y no un obstáculo, para mejorar
la seguridad pública. Esto implica expresar claramente que la única forma de
desarticular a los poderosos carteles que existen en México no es mediante
detenciones arbitrarias y torturas, sino con investigaciones exhaustivas que
aporten los elementos necesarios para juzgar a redes delictivas extensas,
sofisticadas y muy violentas. A fin de impulsar tales investigaciones de manera
efectiva, México debe contar con fuerzas de seguridad profesionales, cuyos
miembros entiendan que violar los derechos fundamentales únicamente consigue:
exacerbar el clima de corrupción y violencia que facilita la proliferación de
los carteles; frustrar la posibilidad de que se juzgue a responsables de abusos
y debilitar aún más la confianza pública que resulta indispensable para el
éxito de cualquier iniciativa de seguridad pública.
Una
revisión de la estrategia, conforme a los mencionados principios, no sólo
reflejará los valores comunes que comparten Estados Unidos y México, sino que
además contribuirá al objetivo inmediato de reforzar la seguridad y, al mismo
tiempo, poner freno a los abusos, lo cual está en el mayor interés de ambos
países.
Aprovecho
la oportunidad para expresar los sentimientos de mi más alta consideración y
estima.
José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
29 de Abril de 2013
José Miguel Vivanco. Hrw.org. 29/04/13
http://www.hrw.org/es/news/2013/04/29/obama-evitar-abusos-en-la-estrategia-contra-el-narcotrafico-en-mexico
