México, Distrito Federal. En México, las desapariciones se han convertido en un
fenómeno común porque las autoridades federales y estatales las han tolerado y
se han negado a erradicarlas. Así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional
durante la presentación de un nuevo documento.
Los recientes compromisos suscritos por altos cargos
gubernamentales para poner fin a las desapariciones y localizar a las víctimas
son importantes, pero no tendrán significado alguno para los familiares si no
producen resultados tangibles, a saber, acabar con la impunidad y descubrir el
paradero de las víctimas.
Enfrentarse a
una pesadilla. Desapariciones en México señala la constante
de desapariciones que impera en el país en medio de los esfuerzos del gobierno
de poner freno a las bandas de delincuencia organizada. Estos esfuerzos se
materializan a menudo en desapariciones forzadas, es decir, desapariciones
perpetradas por funcionarios públicos.
El gobierno federal ha reconocido que hay al menos a
26.000 personas registradas como desaparecidas o no localizadas en los seis
últimos años. La semana pasada, el secretario de Gobernación sugirió que la
cifra era mucho menor, pese a la falta de investigaciones exhaustivas.
“Incluso aunque se emprendan investigaciones exhaustivas
que concluyan que no todas las denuncias de desapariciones tienen que ver con
secuestros cometidos por delincuentes y funcionarios públicos, no se puede
seguir haciendo caso omiso de esta terrible realidad”, afirmó Rupert Knox,
investigador de Amnistía Internacional sobre México.
“Estas cifras ponen de manifiesto uno de los principales
desafíos de derechos humanos a los que se enfrenta el gobierno de Enrique Peña
Nieto: poner fin a la crisis de las desapariciones, localizar a las víctimas y
hacer rendir cuentas a los responsables, con independencia de que sean delincuentes
o funcionarios públicos.”
El documento también da cuenta de la lucha de los
familiares para obtener verdad, justicia y reparaciones ante la pasividad del
Estado, que ha permitido que prospere un clima de impunidad y sigue exponiendo
a las personas a que sean víctimas de desaparición.Gracias a esta impunidad, se
ha amenazado, estigmatizado y maltratado a familiares desesperados por
encontrar a sus seres queridos. Ante la connivencia o la inercia oficial, los
familiares han tenido que llevar a cabo sus propias investigaciones, a menudo
corriendo un gran riesgo personal.
Su lucha queda reflejada en historias como la de la madre
de Israel Arenas Durán. Israel desapareció a manos de la policía de tránsito en
el estado de Nuevo León, norte del país, el 17 de junio de 2011. Cuando su
madre acudió a la oficina del investigador que se ocupaba del caso para
preguntar por el paradero de su hijo, el funcionario ordenó un vehículo
policial para que la desalojasen de la oficina “porque no quería que solicitásemos
una investigación”.
Aunque el gobierno mexicano ha reconocido en parte la
magnitud de las desapariciones que tienen lugar en el país, todavía no ha
admitido la implicación de agentes federales, estatales y municipales en muchos
de los casos. La participación de agentes del Estado en tales casos convierte
las desapariciones en desapariciones forzadas, que son una violación del
derecho internacional.
El hecho de que por norma no se investiguen de forma
efectiva las denuncias de desapariciones también contraviene el derecho
internacional y frustra las oportunidades de localizar a las personas
desaparecidas. Además, la negligencia de las autoridades ha disfrazado
convenientemente el verdadero número de casos, incluidos los casos en que hay
autoridades implicadas.
“Los pasos que ha dado hasta ahora el gobierno –como
publicar datos sobre desapariciones, reunirse con algunos familiares y prometer
la creación de una unidad especial destinada a buscar a los desaparecidos– son
bienvenidos pero insuficientes”, declaró Rupert Knox.
“Las acciones aisladas prometidas por el gobierno federal
no tienen el suficiente alcance para abordar la inacción sistemática de las
autoridades federales y estatales y la implicación directa o indirecta de funcionarios
públicos en desapariciones forzadas. El nombramiento de 12 investigadores para
la nueva unidad especial de búsquedas, que se encargará de miles de casos, no
es una señal convincente del elevado grado de compromiso, recursos y voluntad
política necesarios para abordar esta crisis nacional.”
“Es crucial que el gobierno se enfrente a esta pesadilla
contando con la participación de víctimas y grupos de derechos humanos en la
elaboración y aplicación de políticas públicas, que las autoridades federales y
estatales deben hacer cumplir para garantizar una respuesta efectiva a esta
crisis.”
Representantes de Amnistía Internacional participarán en
un foro organizado por familiares de personas desaparecidas que tendrá lugar
del 5 al 7 de junio en la ciudad de Saltillo, norte del país, para encontrar y
promover medidas dirigidas a combatir las desapariciones.
En un golpe de vista
26.121 denuncias de personas desaparecidas o no
localizadas en México entre diciembre de 2006 y diciembre
de 2012;
En el 40 por ciento de esos casos
nunca se inició una investigación penal;
Amnistía Internacional ha documentado 152 casos de personas presuntamente secuestradas por bandas de delincuentes o detenidas por funcionarios públicos en los últimos seis años y cuyo paradero se desconoce;
Amnistía Internacional ha documentado 152 casos de personas presuntamente secuestradas por bandas de delincuentes o detenidas por funcionarios públicos en los últimos seis años y cuyo paradero se desconoce;
Existen indicios manifiestos que permiten suponer
la implicación directa o indirecta de funcionarios públicos en al menos
85 de esos casos;
En los últimos seis años, sólo se tiene constancia
de dos sentencias condenatorias de desaparición forzada dictadas
por el sistema de justicia federal;
No hay sentencias condenatorias a
nivel estatal;
Se ha destinado a 12 investigadores a
una nueva unidad de la Procuraduría General de la República dedicada a las
desapariciones.
En 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba
investigando 2.126 casos de desaparición forzada.
Amnistía Internacional.org 04/06/13
INFORME: ENFRENTARSE A UNA PESADILLA. LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN
MÉXICO
