Monterrey, Nuevo León. Disfrazados
de demandas de daños morales, hoy se tramitan en juzgados del Tribunal Superior
de Justicia del DF juicios que atentan directamente contra el periodismo del
País.
¿Es
ilícito difundir escenas que suceden en audiencias públicas? El periodista de
un comportamiento público ¿puede tener responsabilidad?
Es el
caso de demandas contra Roberto Hernández, Layda Negrete, Cinépolis y otros,
por la proyección de "Presunto Culpable"; el testigo del juicio, los
policías y la familia del asesinado reclaman más de 3 mil millones de pesos,
por lo que han sufrido debido a su exhibición.
Estos
juicios llevan "ventilándose" varios años en tribunales del DF,
bueno, no "ventilándose", porque las audiencias han sido
"cerradas", para evitar, dicen los jueces, que el interés público
"los mediatice"; vaya contradicción: portazo judicial a un interés
legítimo ciudadano, vetando la actividad periodística.
Por
supuesto tampoco han permitido los jueces que se videograben estas audiencias,
quedando con vida para el proceso únicamente lo que el juzgador quiere ingresar
al expediente, llevándose el aire gestos, ademanes, comentarios que son vitales
para una comprensión del caso; ¿cómo van a fundamentar las sentencias? ¡En
expedientes! Integrados sin técnica y a modo.
¿Por
qué ese divorcio entre el Poder Judicial del DF y la opinión ciudadana?
"Presunto Culpable" es el documental más visto en la historia del
País, que más premios ha ganado internacionalmente, incluyendo un Emmy, el
galardón de mayor prestigio intelectual, por mejor investigación periodística
del mundo.
El
fuerte rechazo que el público sintió por cómo fue llevado el juicio en
"Presunto Culpable" sólo puede compararse con el abismo que parece
existir entre los tribunales y su público; ¿cómo explicar la ratificación al
juez de la película?
Entre
tanto los demandados viven con la pesadilla de la condena, que cobra fuerza con
las actuaciones de los tribunales en los juicios: parece que una sola pluma
redactó las múltiples demandas, resoluciones judiciales con texto copiado,
decretar privadas audiencias en principio públicas, etc.
Años de
Roberto y Layda perdidos para otra actividad distinta a la atención de juicios
en su contra. ¿Cuántos estudios y artículos periodísticos se han frustrado?
¡Qué
ironía para el Tribunal que sea uno de sus juzgados el que viole la censura,
judicialmente decretada, al tener que exhibir "Presunto Culpable"
como prueba de juicio, en una audiencia que se llevará a cabo el 5 de
noviembre! ¡Qué contrasentido que la actuación del Tribunal provoque mayor
difusión del filme que dice los denigra!
¿No
estamos ante un caso en que las demandas deben de ser desechadas de plano, por
que los actores no tienen acción al invocar su propio dolo? Otro comportamiento
en el juicio filmado les hubiera rendido diferente imagen. Al abogado defensor,
Rafael Heredia, el mismo documental, por lo contrario, le ha rendido magníficos
bonos.
¿No
estamos también ante un conflicto de intereses al pedirle al juez se pronuncie
sobre un documental que el Tribunal considera dañino a su imagen? ¿Puede ser
imparcial este juez?
El que
no se hayan desechado de plano estos juicios, que les haya dado entrada el
Tribunal, atenta contra el periodismo, pilar de la libertad de expresión,
garantía fundamental en México y en el mundo.
El
Tribunal censura el trabajo periodístico y castiga a sus autores al declararse
competente de conocer estos juicios, que, para colmo de la frivolidad, demandan
cifras absurdas como compensación por daños causados consecuentes del
comportamiento de los mismos demandantes.
La
pregunta no es ¿por qué se comportaron así si sabían que los estaban filmando?
La gran duda es ¿cómo se comportan cuando no los están filmando? En ese sentido
"Presunto Culpable" no es realista, la realidad es mucho peor.
Ernesto Canales Santos. Presidente de Renace.
Ernesto Canales Santos. El Norte.com. 24/10/13
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