El
indulto al maestro indígena Patishtán revela la necesidad de una revisión
completa de los juicios injustos
México,
Distrito Federal. La decisión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de
otorgar el indulto al profesor indígena tzotzil Alberto Patishtán, encarcelado
durante más de una década tras un juicio injusto, no debe ser solamente un
reconocimiento tardío de la injusticia cometida contra él, sino que debe
impulsar una revisión completa a los innumerables casos de juicios injustos,
manifestó Amnistía Internacional.
“Alberto
es un hombre inocente que fue retenido en prisión por 13 años. El indulto
presidencial es un gran alivio para Alberto Patishtán y su familia, pero está
muy lejos de acercarse a la verdad, justicia y reparación. Las personas
responsables de su juicio injusto y encarcelamiento deben rendir cuentas,” dijo
Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
“Las
cárceles de México están pobladas por incontables casos como el de Patishtán.
Su liberación debe ser sólo el primer paso hacia una revisión total de los
casos y a la adopción de medidas que pongan fin a la discriminación e inequidad
en el acceso a la justicia”, añadió Zúñiga.
Este
indulto presidencial es el resultado de años de campaña por parte de Alberto
Patishtán y su familia, sus abogados y el apoyo de personas y organizaciones de
la sociedad civil.
Alberto
Patishtán fue condenado en 2002, después de que una corte en el estado de
Chiapas lo declarara culpable del asesinato de siete policías durante una
emboscada en junio de 2000. Fue condenado a 60 años de prisión por homicidio
agravado y robo, entre otros cargos.
Amnistía
Internacional está convencida de que Alberto Patishtán no participó en el
crimen y que la investigación y el subsecuente proceso judicial tuvieron graves
errores. En ese sentido, la organización considera que las autoridades
mexicanas deben conducir una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial
sobre los homicidios cometidos en el año 2000, por los que Alberto Patishtán
fue condenado.
“El
caso de Alberto Patishtán es sólo un ejemplo de un patrón sistemático: Después
ser acusado por un crimen que no cometió, no tuvo acceso a un abogado defensor
competente, un fiscal independiente o un juez imparcial. Como resultado, tuvo
que pasar 13 años en prisión. Esto es indignante”, dijo Javier Zúñiga.
A
través de los años, la organización ha denunciado cómo las personas que viven
en la pobreza en México significa reciben una menor protección a sus derechos
humanos. Esto es especialmente cierto cuando se trata del acceso a la justicia
y al debido proceso. Las personas indígenas, la mayoría de las cuales también
viven en situación de pobreza, se ven afectadas desproporcionadamente por esta
situación.
Otro
ejemplo es el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, dos
activistas indígenas que fueron liberados de prisión en noviembre de 2012
después de pasar tres años encarcelados bajo cargos falsos en represalia por su
trabajo defendiendo el acceso al agua en Atla, en el estado de Puebla.
“La
resolución positiva del caso de Alberto Patishtán será sólo una gota en el
océano si el gobierno mexicano falla en reconocer que se trata de un problema
sistémico y en tomar medidas urgentes para hacerle frente”, dijo Javier Zúñiga.
Amnistía
Internacional hace un llamado al gobierno para garantizar que los derechos
humanos de todas las personas involucradas en procesos judiciales sean
plenamente respetados, sin discriminación de ningún tipo.
“Los
fiscales y jueces a nivel local, estatal y federal deben ser imparciales. La
defensa jurídica debe ser gratuita y eficaz para todas las personas, en
particular para las más vulnerables. Todas las personas deben ser consideradas
inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un juicio de acuerdo a las
normas internacionales”, concluyó Javier Zúñiga.
AmnistíaInternacional.org.
31/10/13
http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/mexico-indulto-maestro-indigena-necesidad-revision-juicios-injustos-2013-10-31
