En lugar del derecho
al debido proceso, Texas optó por la ejecución
Los Angeles, Estados Unidos. El Estado de Texas
debió haber evitado la ejecución de Edgar Tamayo programada el pasado 23 de
enero.
De nacionalidad mexicana,
Tamayo, de 46 años, fue condenado a la pena capital por el asesinato del agente
de la policía de Houston, Guy Gaddis ocurrido en 1994. Sin embargo, tras su
arresto, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley nunca informaron a
Tamayo de su derecho a recibir asistencia y protección por parte de las
autoridades consulares mexicanas como lo establece la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares, un tratado internacional del que EE.UU. es parte.
La defensa de Tamayo
argumentó que su cliente no recibió una asesoría legal adecuada, por lo que
agotaron hasta la última instancia ante la Corte del Distrito Oeste de Texas
para detener la ejecución.
En días anteriores,
solicitaron también al gobernador de Texas, Rick Perry, la suspensión de la
ejecución y gestionaron una petición ante la Junta de Indultos y Libertad
Condicional de Texas para que conmutaran la sentencia de muerte por cadena
perpetua. Todas las medidas fueron desacertadas y ninguna tuvo éxito.
El gobierno mexicano
se opuso fuertemente a la ejecución y el secretario de Estado de Estados
Unidos, John Kerry, en una carta dirigida al gobernador de Texas, expresó que
con la ejecución de Tamayo, las relaciones entre Estados Unidos y México
podrían verse afectadas y poner en peligro el derecho de los estadounidenses a
contactar a sus funcionarios consulares si son detenidos en el extranjero.
El derecho
internacional se opone a la decisión del gobernador de Texas. En virtud del
llamado "Fallo Avena", dictado por la Corte Internacional de Justicia,
órgano judicial superior de las Naciones Unidas, en 2004, Estados Unidos está
sujeto a revisar y reconsiderar las sentencias de pena capital impuestas a
Tamayo y a otros 50 mexicanos. Pero el fallo, establecido hace una década, no
ha detenido a Perry de interrumpir las ejecuciones de ciudadanos mexicanos
cuyos derechos consulares fueron negados.
En tanto, la Corte Suprema de EE.UU. tiene una laguna
legal que Perry utiliza a su favor. La Corte dictaminó en 2008 que, si bien la
Convención de Viena establece una obligación legal vinculante para los Estados
Unidos, se requiere una legislación específica para que la resolución de la CIJ
se ponga en práctica en los tribunales estadounidenses. Incluso después de
varios intentos, tal legislación no ha sido aprobada por el Congreso.
En medio del debate
en torno al acceso consular de los ciudadanos extranjeros condenados a muerte,
Perry se ha autoproclamado defensor de la ley de Texas sobre el derecho
internacional. Pero, la ejecución de Tamayo, no competía únicamente a la ley
internacional, también a los derechos humanos fundamentales y las garantías
constitucionales.
La obligación de
notificación consular es una protección esencial del debido proceso y el debido
proceso legal es un derecho consagrado en la Constitución de EE.UU. Las
oficinas consulares pueden ayudar a proveer asistencia y representación
jurídica, sumamente necesarias. Y tales protecciones nunca resultan tan
importantes, como en los casos en que un acusado puede enfrentar la posibilidad
de ser ejecutado.
Como forma de
castigo, la pena de muerte constituye una práctica de por sí cruel, y
universalmente asociada a numerosas arbitrariedades, prejuicios y errores.
Human Rights Watch se opone a la pena de muerte en todos los casos o
circunstancias ya que constituye una práctica que atenta contra la dignidad
inherente de las personas.
Dieciocho estados de
Estados Unidos y el Distrito de Columbia han abolido la pena de muerte. Texas
debería seguir el ejemplo. No obstante, de continuar con esta práctica, el
Estado debería, por lo menos, garantizar que el derecho al debido proceso de
los acusados de delitos punibles sea plenamente respetado. En el caso de
Edgar Tamayo, no sucedió así.
En respeto al debido
proceso y los derechos humanos, el estado de Texas debió haber conmutado la
pena de muerte que le fue impuesta a Tamayo.
Antonio Ginatta. Director de incidencia del programa sobre EE.UU. de Human Rights Watch.
Antonio Ginatta. Laopinión.com. 29/01/14
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