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"Alarmante aumento de las condenas a muerte mientras los gobiernos recurren a la pena capital para combatir la delincuencia y el terrorismo": Amnistía Internacional

Pena de muerte en 2014: Alarmante aumento de las condenas a muerte mientras los gobiernos recurren a la pena capital para combatir la delincuencia y el terrorismo
Los Estados utilizaron la pena de muerte en un intento fallido de hacer frente a la delincuencia, el terrorismo y la inestabilidad interna.
El fuerte aumento del número de condenas a muerte se debió en gran medida a Egipto y Nigeria: en todo el mundo se impusieron al menos 2.466 condenas, un 28 por ciento más que en 2013.
Se registraron 607 ejecuciones, casi un 22 por ciento menos que en 2013 (sin incluir las llevadas a cabo en China, país que ejecutó a más personas que el resto del mundo junto).
Se sabe que hubo ejecuciones en 22 países, la misma cifra que en 2013.
Un número alarmante de países utilizaron en 2014 la pena de muerte para responder a amenazas o supuestas amenazas para la seguridad del Estado y la seguridad pública planteadas por el terrorismo, la delincuencia y la inestabilidad interna. Así lo ha concluido Amnistía Internacional en su examen anual de la pena de muerte en el mundo.
El número de condenas a muerte registradas en 2014 aumentó en casi 500 respecto a 2013, principalmente a causa de los fuertes repuntes en Egipto y Nigeria, países en los que llegó a haber condenas colectivas en un contexto de conflicto interno e inestabilidad política.
“Los gobiernos que utilizan la pena de muerte para responder a la delincuencia se engañan a sí mismos. No hay pruebas que demuestren que la amenaza de la ejecución tiene un efecto disuasorio frente a la delincuencia superior al de otras penas", ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“El año pasado quedó patente la sombría tendencia de los gobiernos a usar la pena de muerte en un inútil intento de responder a amenazas, reales o imaginarias, a la seguridad del Estado y la seguridad pública. Resulta vergonzoso que tantos Estados del mundo jueguen básicamente con la vida de la gente, ejecutando a personas por 'terrorismo' o para sofocar la inestabilidad interna sobre la premisa errónea de la disuasión."
No obstante, en 2014 también hubo buenas noticias: se registraron menos ejecuciones que en el año anterior, y varios países adoptaron medidas positivas tendentes a la abolición de la pena de muerte.
Países que más ejecuciones han llevado a cabo
China volvió a ejecutar a más personas que la suma de todos los demás países del mundo. Amnistía Internacional cree que allí se ejecuta y condena a muerte a miles de personas cada año pero, como las cifras relativas a la pena capital se consideran secreto de Estado, resulta imposible determinar el número exacto.
Los otros países que componen el quinteto que más ejecuciones llevaron a cabo en 2014 son Irán (289 ejecuciones anunciadas oficialmente y al menos 454 más no reconocidas por las autoridades), Arabia Saudí (al menos 90), Irak (al menos 61) y Estados Unidos de América (35).
Excluida China, se tuvo noticia de al menos 607 ejecuciones llevadas a cabo en 2014, frente a las 778 de 2013: una reducción de más del 20 por ciento.
En 2014 se registraron ejecuciones en 22 países, el mismo número que el año anterior. Esta cifra supone una reducción considerable respecto a la de hace 20 años, cuando, en 1995, Amnistía Internacional registró ejecuciones en 42 países, y pone de manifiesto la clara tendencia mundial de los Estados a apartarse de la pena capital.
“Las cifras hablan por sí solas: la pena de muerte está empezando a ser cosa del pasado. Los pocos países que siguen ejecutando deben mirarse seriamente en el espejo y preguntarse si desean seguir violando el derecho a la vida o unirse a la inmensa mayoría de los Estados que han abandonado este exponente máximo de pena cruel e inhumana", ha manifestado Salil Shetty.
Seguridad del Estado
La inquietante tendencia de los países a utilizar la pena de muerte para combatir las amenazas contra la seguridad del Estado se hizo visible en todo el mundo con las ejecuciones, en China, Pakistán, Irán e Irak, de personas acusadas de "terrorismo".
Tras el espantoso ataque contra una escuela de Peshawar, Pakistán reanudó las ejecuciones. En diciembre fueron ejecutadas en el país siete personas, y el gobierno ha declarado que ejecutará a cientos de presos condenados por cargos relacionados con el "terrorismo". Las ejecuciones continuaron a un ritmo elevado en 2015.
En China, las autoridades utilizaron la pena de muerte como herramienta punitiva en la campaña de “mano dura” contra los disturbios en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. Las autoridades ejecutaron al menos a 21 personas durante el año en relación con diferentes atentados, y tres personas fueron condenadas a muerte en un acto público de imposición de condenas celebrado en un estadio ante miles de espectadores.
“En un año en el que las abominables ejecuciones sumarias a manos de grupos armados quedaron grabadas como nunca antes en la conciencia global, resulta demoledor que los propios gobiernos recurran a un aumento de las ejecuciones como acto reflejo para combatir el terrorismo y la delincuencia", ha manifestado Salil Shetty.
En países como Corea del Norte, Irán o Arabia Saudí, los gobiernos siguieron usando la pena de muerte como herramienta para reprimir la disidencia política.
Otros Estados recurrieron a las ejecuciones en intentos igualmente fallidos de responder a los elevados índices de delincuencia. Jordania puso fin en diciembre a ocho años de moratoria y ejecutó a 11 condenados por asesinato, mientras el gobierno afirmaba que era una manera de poner fin al aumento de la delincuencia violenta. En Indonesia, el gobierno anunció sus planes de ejecutar principalmente a traficantes de droga para hacer frente a una "emergencia nacional" de seguridad pública, y en 2015 cumplió esa promesa.
Repunte de las condenas a muerte
En comparación con el año anterior, en 2014 hubo un espectacular incremento del número de condenas a muerte dictadas: al menos 2.466, frente a las 1.925 de 2013, un aumento de más una cuarta parte. Esto se debió en gran medida a los acontecimientos en Nigeria y Egipto, donde cientos de personas fueron condenadas a muerte.
En Nigeria se registraron 659 condenas a muerte en 2014, un incremento de más de 500 respecto a las 141 de 2013. Los tribunales militares impusieron durante el año, en juicios diferentes, condenas a muerte colectivas contra unos 70 soldados que habían sido declarados culpables de amotinamiento en el contexto del conflicto con Boko Haram.
En Egipto, los tribunales impusieron al menos 509 condenas a muerte durante 2014, 400 más que las registradas durante el año anterior. Entre ellas se encontraban las condenas colectivas dictadas contra 37 personas en abril y contra 183 personas en junio, tras juicios injustos también colectivos.
Métodos y delitos
Entre los métodos de ejecución utilizados en 2014 figuraron la decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal y el arma de fuego. Se llevaron a cabo ejecuciones públicas en Arabia Saudí e Irán.
Se condenó a muerte a personas por una serie de delitos no letales, como el robo, delitos relacionados con las drogas y delitos económicos. Hubo incluso personas condenadas a muerte por actos tales como "adulterio", "blasfemia" o "brujería", que ni siquiera deberían ser considerados delitos. Muchos países utilizaron la imprecisa denominación de "delitos políticos" para condenar a muerte a disidentes o presuntos disidentes.
Desglose por regiones
América
Estados Unidos siguió siendo el único país que ejecutaba la pena de muerte en la región, aunque las ejecuciones se redujeron de las 39 de 2013 a 35 en 2014, y reflejaron la disminución constante en el uso de la pena capital en el país a lo largo de los últimos años. Sólo siete estados llevaron a cabo ejecuciones en 2014 (frente a los nueve de 2013); cuatro de ellos –Texas, Misuri, Florida y Oklahoma– fueron responsables del 89 por ciento. El estado de Washington dictó una suspensión de las ejecuciones en febrero. La cifra total de condenas a muerte disminuyó de 95 en 2013 a 77 en 2014.
Asia y Oceanía
La región de Asia y Oceanía fue escenario de una mezcla de novedades relativas a la pena de muerte en 2014. Se registraron ejecuciones en nueve países, uno menos que el año anterior. Pakistán levantó la moratoria de las ejecuciones a civiles. Se registraron 22 ejecuciones en la región, aunque ese número no incluía China ni Corea del Norte, donde fue imposible confirmar las cifras. Indonesia anunció sus planes de reanudar las ejecuciones, principalmente contra narcotraficantes, en 2015.
Oceanía siguió siendo prácticamente la única zona del mundo libre de pena de muerte, aunque los gobiernos de Papúa Nueva Guinea y Kiribati tomaron medidas para reanudar las ejecuciones o introducir la pena capital.
África Subsahariana
El África Subsahariana fue escenario de especiales progresos en 2014. Se registraron 46 ejecuciones en 3 países, frente a las 64 ejecuciones en 5 países de 2013: una reducción del 28 por ciento. Sólo se tuvo constancia de que se hubieran llevado a cabo ejecuciones en tres países: Guinea Ecuatorial, Somalia y Sudán.
Madagascar dio un paso adelante hacia la abolición cuando su Asamblea Nacional adoptó, el 10 de diciembre, un proyecto de ley de abolición de la pena de muerte; no obstante, ese proyecto de ley debe ser firmado por el presidente del país antes de entrar en vigor.
Europa y Asia Central
Bielorrusia –el único país de la región que lleva a cabo ejecuciones– ejecutó al menos a tres personas durante el año, y puso fin con ello a un paréntesis de 24 meses en la aplicación de la pena de muerte. Las ejecuciones se caracterizaron por el secretismo: a los familiares y abogados de los condenados no se les notificaban hasta después de haberlas llevado a cabo.
Oriente Medio y Norte de África
El uso generalizado de la pena de muerte en Oriente Medio y el Norte de África siguió siendo sumamente perturbador. Arabia Saudí, Irak e Irán fueron responsables del 90 por ciento de todas ejecuciones de la región, y del 72 por ciento de las del mundo (excluyendo a China).
En 2014 se documentaron ejecuciones en ocho países, dos más que en 2013. Dieciséis países impusieron condenas a muerte: la gran mayoría de los países de la región.
La cifra total de ejecuciones registradas en la región disminuyo de 638 en 2013 a 491 en 2014. Esta cifra no incluye los cientos de ejecuciones de los que se tiene noticia que se llevaron a cabo en Irán pero que no se anunciaron oficialmente. En 2014, las autoridades iraníes reconocieron 289 ejecuciones; sin embargo, fuentes fiables informaron de otras 454, con lo que el total ascendía a 743.
Amnistia.org.mx. México, Distrito Federal. 31/03/15

967. Texas sobre el Derecho

En lugar del derecho al debido proceso, Texas optó por la ejecución
Los Angeles, Estados Unidos. El Estado de Texas debió haber evitado la ejecución de Edgar Tamayo programada el pasado 23 de enero.
De nacionalidad mexicana, Tamayo, de 46 años, fue condenado a la pena capital por el asesinato del agente de la policía de Houston, Guy Gaddis ocurrido en 1994. Sin embargo, tras su arresto, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley nunca informaron a Tamayo de su derecho a recibir asistencia y protección por parte de las autoridades consulares mexicanas como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, un tratado internacional del que EE.UU. es parte.
La defensa de Tamayo argumentó que su cliente no recibió una asesoría legal adecuada, por lo que agotaron hasta la última instancia ante la Corte del Distrito Oeste de Texas para detener la ejecución.
En días anteriores, solicitaron también al gobernador de Texas, Rick Perry, la suspensión de la ejecución y gestionaron una petición ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas para que conmutaran la sentencia de muerte por cadena perpetua. Todas las medidas fueron desacertadas y ninguna tuvo éxito.
El gobierno mexicano se opuso fuertemente a la ejecución y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en una carta dirigida al gobernador de Texas, expresó que con la ejecución de Tamayo, las relaciones entre Estados Unidos y México podrían verse afectadas y poner en peligro el derecho de los estadounidenses a contactar a sus funcionarios consulares si son detenidos en el extranjero.
El derecho internacional se opone a la decisión del gobernador de Texas. En virtud del llamado "Fallo Avena", dictado por la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial superior de las Naciones Unidas, en 2004, Estados Unidos está sujeto a revisar y reconsiderar las sentencias de pena capital impuestas a Tamayo y a otros 50 mexicanos. Pero el fallo, establecido hace una década, no ha detenido a Perry de interrumpir las ejecuciones de ciudadanos mexicanos cuyos derechos consulares fueron negados.
En tanto,  la Corte Suprema de EE.UU. tiene una laguna legal que Perry utiliza a su favor. La Corte dictaminó en 2008 que, si bien la Convención de Viena establece una obligación legal vinculante para los Estados Unidos, se requiere una legislación específica para que la resolución de la CIJ se ponga en práctica en los tribunales estadounidenses. Incluso después de varios intentos, tal legislación no ha sido aprobada por el Congreso.
En medio del debate en torno al acceso consular de los ciudadanos extranjeros condenados a muerte, Perry se ha autoproclamado defensor de la ley de Texas sobre el derecho internacional. Pero, la ejecución de Tamayo, no competía únicamente a la ley internacional, también a los derechos humanos fundamentales y las garantías constitucionales.
La obligación de notificación consular es una protección esencial del debido proceso y el debido proceso legal es un derecho consagrado en la Constitución de EE.UU. Las oficinas consulares pueden ayudar a proveer asistencia y representación jurídica, sumamente necesarias. Y tales protecciones nunca resultan tan importantes, como en los casos en que un acusado puede enfrentar la posibilidad de ser ejecutado.
Como forma de castigo, la pena de muerte constituye una práctica de por sí cruel, y universalmente asociada a numerosas arbitrariedades, prejuicios y errores. Human Rights Watch se opone a la pena de muerte en todos los casos o circunstancias ya que constituye una práctica que atenta contra la dignidad inherente de las personas.
Dieciocho estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia han abolido la pena de muerte. Texas debería seguir el ejemplo. No obstante, de continuar con esta práctica, el Estado debería, por lo menos, garantizar que el derecho al debido proceso de los acusados ​​de delitos punibles sea plenamente respetado. En el caso de Edgar Tamayo, no sucedió así.
En respeto al debido proceso y los derechos humanos, el estado de Texas debió haber conmutado la pena de muerte que le fue impuesta a Tamayo.
Antonio Ginatta. Director de incidencia del programa sobre EE.UU. de Human Rights Watch.
Antonio Ginatta. Laopinión.com. 29/01/14
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951. La ejecución del mexicano Edgar Tamayo en Texas viola el derecho internacional: ONU

Naciones Unidas. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos lamentó la ejecución en Texas del ciudadano mexicano Edgar Tamayo Arias, llevada a cabo el miércoles, y afirmó que se trató de una violación del derecho internacional.
El portavoz de esa Oficina, Rupert Colville, recordó que Tamayo Arias fue condenado a la pena capital luego de que le fuera negado un recurso de apelación de último minuto por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Esa Corte denegó el aplazamiento de la ejecución, a pesar de las solicitudes y presiones diplomáticas del gobierno mexicano y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Tamayo Arias había sido sentenciado a muerte por el homicidio de un policía en Texas en 1994.
“La ONU se opone a la pena de muerte como política, pero además, este caso coloca a Estados Unidos una vez más en violación del derecho internacional, ya que no se otorgó a Tamayo Arias la atención consular a la que tenía derecho como extranjero bajo el Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”, apuntó Colville.
La falta de asistencia consular suscita preocupaciones sobre si se garantizó a Tamayo Arias su derecho a un juicio justo, como se contempla en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vinculante para Estados Unidos.
Es importante subrayar que en 2004 la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una resolución manifestando que este país debía revisar y reconsiderar los casos de 51 ciudadanos mexicanos sentenciados a muerte – incluyendo el de Tamayo – porque ninguno había recibido asistencia consular.
La revisión del caso Tamayo no ocurrió. “Lo que el estado de Texas ha hecho en este caso compromete la responsabilidad internacional de Estados Unidos. Estamos muy decepcionados porque ni la Texas Board of Pardons and Paroles ni el gobernador dieron los pasos necesarios para prevenir que esta violación de las obligaciones de Estados Unidos bajo el derecho internacional ocurriera”, señaló el portavoz.
Añadió que esa Oficina también lamentaba que, desde la resolución de la CPI, el Congreso estadounidense haya fallado en aprobar una legislación que remedie dichas violaciones a la Convención de Viena.
“Urgimos al Congreso Federal estadounidense a que asuma estas responsabilidades y actúe para remediar la brecha en el derecho estadounidense que este caso ha puesto nuevamente de relieve para prevenir su repetición en el futuro”, subrayó Colville.
Naciones Unidas.org. 24/01/14
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=28562#.UuTqmRC3XIU

Paz es

812. Es hora de poner fin al mito de que la pena de muerte reduce la delincuencia

Londres, Reino Unido. Entre 1986 y 1991 pasé 1.715 días condenado a muerte en la prisión de Richmond Hill, en Granada. Yo estaba entre las 14 personas –todas ex cargos públicos o ex miembros del ejército– que habían sido declaradas culpables de asesinato y condenadas a morir en la horca. Nuestro juicio había sido una farsa; Amnistía Internacional lo calificó de “manifiesta y esencialmente injusto”.
Los casi cinco años que estuve condenado a muerte fueron terribles y angustiosos, tanto física como psicológicamente. Pero la peor tortura fueron los últimos 31 días, tras la confirmación de mi sentencia condenatoria por un tribunal el 12 de julio de 1991. En 72 horas, las autoridades penitenciarias empezaron a preparar el cadalso, que no estaba lejos de nuestras celdas. Imaginen estar en una celda esperando a que te ahorquen, y poder oír el constante resonar del hierro mientras los obreros preparan febrilmente el cadalso en el que te van a matar.
Los últimos días nos llegaron noticias de que iban a preparar para la horca a los cinco primeros. Uno de los cinco vino a mi celda para compartir unas palabras de despedida. Recuerdo perfectamente que le dije: “No te rindas, ni siquiera en este último momento”.
Gracias a una enérgica campaña internacional, nuestras condenas de muerte fueron conmutadas por penas de prisión perpetua en el último momento. Pero en 2009, después de haber pasado 26 años entre rejas, al fin salí en libertad. Desde ese día intento dedicar mi vida a hacer campaña en favor del fin de la pena de muerte, tanto en Granada, como en el Caribe y el resto del mundo.
La razón principal para oponerme a la pena de muerte es el simple hecho de que al aplicarla se puede quitar la vida a un inocente, como de hecho ocurre. No todo el mundo ha sido tan “afortunado” como yo.
Tanto Granada como nuestros vecinos del Caribe de habla inglesa siguen apoyando la pena de muerte. Aunque son excepcionales las ejecuciones –la última se llevó a cabo en San Cristóbal y Nieves en diciembre de 2008–, la pena capital no se ha abolido en la legislación de toda la región, lo que significa que las ejecuciones siguen siendo una amenaza constante.
Eso nos convierte en minoría, y va en contra de la inequívoca tendencia de los Estados a alejarse de la pena de muerte observada en todo el mundo en las últimas décadas. En 1945, cuando se creó la ONU, sólo ocho países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos; en la actualidad, 140 naciones son abolicionistas en la ley o en la práctica. El año pasado, sólo 21 países llevaron a cabo ejecuciones en todo el mundo.
Cada vez hay más personas en el mundo que han llegado a la conclusión de que la pena de muerte da lugar a la pérdida de vidas inocentes, no disuade de cometer crímenes y constituye una violación de un derecho humano fundamental: el derecho a la vida.
En el Caribe, nuestros dirigentes suelen argumentar que la amenaza de la ejecución es eficaz para prevenir el crimen porque la gente teme la muerte más que ninguna otra cosa. Es tentador pensar que la pena capital es una solución rápida para mejorar la seguridad pública. Este argumento tiene gran resonancia en nuestra región, donde muchos países se enfrentan a los mismos problemas: violencia y delincuencia generalizadas –a menudo asociadas a bandas– y unos índices de homicidios escandalosamente elevados.
Pero este argumento no resiste un análisis riguroso: no hay pruebas convincentes que demuestren que tiene un efecto disuasorio especial frente al delito.
El informe más reciente y completo de la ONU sobre la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidios no encuentra pruebas que sustenten la “hipótesis del efecto disuasorio”, y un reciente estudio realizado en Trinidad y Tobago no ha encontrado relación ente la aplicación de la pena de muerte y los índices de asesinatos. En el Gran Caribe, 6 de los 10 países con los mayores índices de asesinatos mantienen la pena de muerte.
En lugar de aferrarse a un planteamiento probado y fracasado de “mano dura contra la delincuencia”, que se basa excesivamente en el cumplimiento de la ley y el castigo judicial, los gobiernos caribeños necesitan políticas más integrales que aborden las causas originarias de la delincuencia violenta. Eso debe incluir, entre otras cosas, abordar la corrupción policial, reducir la pobreza y la desigualdad y empoderar a las comunidades en situación de riesgo, pero desde luego no el asesinato sancionado por el Estado a través de la pena de muerte. A mí me gusta utilizar un eslogan sencillo pero impactante: “Acabar con los crímenes, no con las vidas”
Afortunadamente, en mi campaña contra las ejecuciones no estoy solo en la región ni mucho menos. Me siento orgulloso de formar parte de Gran Caribe por la Vida, una red de organizaciones y activistas contra la pena de muerte de más de 12 países. A primeros de octubre ayudamos a organizar una conferencia sobre la pena de muerte en Trinidad y Tobago, justo antes de celebrar el Día Mundial contra la Pena de Muerte el 10 de octubre, que este año activistas de todo el mundo dedican a poner de relieve nuestra situación en el Caribe.
Si no puedes unirte a nosotros en Trinidad y Tobago, espero que al menos este mensaje te haya llegado y que te unas a la red Gran Caribe por la Vida y nos ayudes a difundir nuestros llamamientos en favor de la abolición absoluta de la pena de muerte en Granada y el resto del mundo. Como dijo recientemente el doctor Arif Bulkan, fiscal de Guyana: “A los gobiernos les agrada la pena de muerte, les gusta recurrir a ella porque parece que están haciendo algo ahorcando a esas personas, pero en realidad no consiguen nada”.
Selwyn Strachan. Ex condenado a muerte de Granada.
Selwyn Strachan. Amnistía Internacional.org. es. 10/10/13
http://livewire.amnesty.org/es/2013/10/10/es-hora-de-poner-fin-al-mito-de-que-la-pena-de-muerte-reduce-la-delincuencia/

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