Anuncio de Procurador
General de la República demuestra fallas del gobierno mexicano para hacer
frente a la crisis de Derechos Humanos
El anuncio del
Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, de que los 43
estudiantes pudieron haber sido asesinados, quemados y arrojados a un río se da
después de semanas de especulaciones sobre el destino de los estudiantes. Sin
embargo, las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones
extrajudiciales han sido limitadas e incompletas, además de estar acompañadas
de funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el
crimen organizado que subyace a estas graves violaciones de derechos humanos.
"Trágicamente,
la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie
de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La
corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que
todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son
ellos mismos cómplices de esta tragedia ", dijo Erika Guevara Rosas,
directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En el recuento más
reciente de las desapariciones de los estudiantes, el Procurador General
Murillo Karam ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no
de un hecho aislado. También, olvidó mencionar la negligencia y complicidad del
Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el alcalde de
Iguala y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la policía
federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes
de Ayotzinapa en 2011.
El alcalde de Iguala,
quien es el principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes,
ha sido también sospechoso de corrupción y otros delitos graves. En junio de
2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres
personas murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los
asesinatos. El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le
entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la
policía. Sin embargo, el fiscal del Estado no llevó a cabo ninguna
investigación sobre las reclamaciones.
A pesar de la
evidencia que involucra al alcalde, la investigación fue presuntamente cerrada
en mayo de 2014.
En diciembre de 2011
las autoridades fallaron en hacer rendir cuentas a los funcionarios policiales
federales y estatales responsables de la muerte de dos estudiantes de
Ayotzinapa y de la tortura y malos tratos de otras 20 personas.
"Cualquier
investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde.
Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra
el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras
violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos
y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar", dijo Erika Guevara.
Las familias de los
estudiantes también han anunciado que no confían en las autoridades y la
información presentada por el Procurador General hasta que no esté respaldada
por evidencia científica de los expertos forenses argentinos y el
reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Así mismo, recordaron al
Presidente Peña Nieto su compromiso con los padres y con la sociedad.
Amnistía
Internacional lamenta que, a pesar de los compromisos expresados por el
presidente Peña Nieto, sus acciones demuestran lo contrario. El gobierno
mexicano no ha aceptado la asistencia técnica internacional ofrecida por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, en medio de esta
profunda crisis de derechos humanos, el Presidente iniciará una gira
internacional al Foro de Cooperación Económica, demostrando poco interés en
hacer frente a la grave situación de derechos humanos en México.
"Es obligación
de las autoridades llevar ante la justicia a todos aquellos que trabajan a
nivel estatal y federal que son cómplices de estas graves violaciones a los
derechos humanos, así como aquellos que han descuidado sus deberes en la
investigación de estos hechos y hacer frente a la grave crisis de derechos
humanos", concluyó Guevara Rosas.
Información Adicional
En la búsqueda de los
estudiantes desaparecidos, 19 fosas comunes se encontraron en y alrededor de
Iguala.
74 personas han sido
detenidas hasta el momento en un caso que comenzó cuando la policía local atacó
a los estudiantes el 26 de septiembre, resultando en el asesinato de 6 personas
y la desaparición de 43 estudiantes.
Amnistía.org.mx. 07/11/14
