No aborda el trato
severo en la frontera ni la detención de familias
La
decisión del Presidente de Estados Unidos Barack Obama de suspender la
deportación de ciertos migrantes no autorizados evitará que millones de
personas queden expuestas a la amenaza nociva de la deportación, señaló Human Rights Watch. Si bien el plan formulado presenta falencias en aspectos
claves, mantendrá unidas a familias enteras y ayudará a los inmigrantes a
oponerse a abusos laborales y de otro tipo, sin temor a ser deportados.
“El plan del
presidente Obama para impedir que se separe a casi 5 millones de inmigrantes y
sus familias como resultado de deportaciones es una conquista que contribuye a
superar una situación de crueldad arbitraria”, indicó Antonio Ginatta, director
de incidencia del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Al
disponer reformas sustanciales a las normas inmigratorias, las medidas de Obama
brindarán mayor seguridad pública y permitirán que millones de personas estén
menos expuestas a abusos”.
Las Medidas
Ejecutivas sobre Rendición de Cuentas en Materia Inmigratoria (Immigration
Accountability Executive Actions) de Obama amplían los criterios al “estatus
legal temporario” para migrantes que llegaron al país durante la niñez, y a la
vez ofrece una condición temporaria similar a los padres de ciudadanos estadounidenses
y residentes permanentes. Otros aspectos del plan facilitan la posibilidad de
las familias de permanecer juntas brindando recursos a personas que, de no ser
por las demoras en los trámites burocráticos, serían elegibles para obtener
visas familiares. El plan también reemplaza un programa que se conoce como
Comunidades Seguras, que conforme ha sido reconocido por la Casa Blanca,
debilita la confianza de la comunidad en las autoridades de aplicación de la
ley.
No obstante, no se
abordan otras prácticas abusivas contra inmigrantes, y estas posiblemente se
profundicen como resultado del plan, sostuvo Human Rights Watch.
Obama rechazó la
posibilidad de brindar garantías contra la deportación a familiares inmediatos
– incluidos padres – de jóvenes que se hayan beneficiado con una prórroga de
los procedimientos de deportación. En 2012, el gobierno de Obama había anunciado
que prorrogaría la deportación de algunos migrantes que hubieran ingresado a
Estados Unidos durante su niñez. Más de medio millón de personas ya han reunido
los requisitos para solicitar beneficios temporarios en virtud de este
programa.
El plan tampoco exige
que la Patrulla Fronteriza u otros funcionarios de control inmigratorio
consideren en todo momento la necesidad de mantener unidas a las familias.
Human Rights Watch documentó recientemente
evidencias de que una cantidad significativa de padres de niños con
ciudadanía estadounidense – 100.000 en 2011 y 2012 – son detenidos y deportados
en forma sumaria y procesados penalmente en la frontera. Si bien muchos de
estos padres que habrían reunido los requisitos para obtener la prórroga de
deportación estaban todavía en EE. UU., el plan de Obama no prevé recursos para
ellos en caso de que fueran interceptados al intentar ingresar nuevamente al
país para reunirse con sus familias.
“Las políticas de
deportación masiva de los últimos años han dejado a cientos de miles de
familias en una situación totalmente indefinida, luego de que uno o más
miembros fueran separados de manera forzada”, dijo Ginatta. “Instruir a la
Patrulla Fronteriza para que dé marcha atrás con las deportaciones aceleradas
en la frontera de personas que tengan estrechos vínculos en Estados Unidos
sería un paso fundamental para reunir nuevamente a estas familias”.
No se incorporaron
cambios a las controvertidas políticas del gobierno que permiten la deportación
sumaria de solicitantes de asilo que llegan a la frontera, sin una evaluación
suficiente de si están siendo enviados de regreso a un lugar donde podrían
sufrir graves peligros, y que fomentan la detención de familias llegadas
recientemente.
El Presidente tampoco
redujo los contraproducentes procesos penales federales por ingreso ilegal (un
delito de gravedad menor) e ingreso ilegal reincidente (un delito grave). Los
procesos penales por ingreso o reingreso ilegal al territorio de EE. UU. son
los procesos más frecuentes en el país, y se aplican masivamente a miles de
personas que tienen estrechos vínculos aquí. Quienes resultan condenados pueden
ser ubicados entre los casos prioritarios de deportación, tan solo debido a su
condición inmigratoria.
“Mientras el gobierno
continúe aplicando procedimientos acelerados de deportación, procese penalmente
y encarcele a quienes ya están en situación de ser deportados, y detenga a
familias enteras, cientos de miles de personas sufrirán la separación familiar
y recibirán un trato injusto”, observó Ginatta. “El plan de Obama aplaza
momentáneamente la deportación de millones de personas y constituye una primera
medida en la dirección acertada, pero aún subsiste la necesidad de definir una
solución más duradera e integral”.
Hrw.org. Washington, D.C., 21/11/14
Deportan sumariamente
a padres de niños estadounidenses
La propuesta de Obama
debería proteger a los inmigrantes en la propia frontera cuando los detenidos
tengan lazos familiares en el país
El
gobierno de Estados Unidos está deportando sumariamente a los padres de niños
con nacionalidad estadounidense, que han sido detenidos en la frontera a pesar
de los estrechos vínculos que los atan al país. La prometida acción ejecutiva
en materia de inmigración del presidente Barack Obama debería aliviar la
situación de los familiares indocumentados en la frontera.
Usualmente, los
inmigrantes detenidos en la frontera son deportados vía procesos expeditos que
nos les brindan ninguna oportunidad para demostrar los lazos que los unen a
Estados Unidos, como el hecho de que tengan niños nacidos en el país. Según un
nuevo análisis de Human Rights Watch de datos del gobierno estadounidense,
aproximadamente unos 50.000 inmigrantes detenidos en la frontera y deportados
cada año del país tienen hijos de nacionalidad estadounidense.
“Cada año, EE.UU.
deporta sumariamente a decenas de miles de migrantes que cruzan la frontera
para estar con sus hijos nacidos en EE.UU.”, dijo Antonio Ginatta, director de
incidencia del Programa sobre EE.UU. de Human Rights Watch. “Si el presidente
Obama habla en serio sobre la necesidad de proteger a los familiares que viven
temiendo la deportación, su acción ejecutiva debería acabar con la deportación
sumaria y las sanciones para los indocumentados que tienen familias en EE.UU. y
cruzan la frontera”.
El presidente Obama
está considerando la posibilidad de conceder para finales de 2014 el estatus
legal de manera temporal a millones de inmigrantes no autorizados en EE.UU. que
tengan hijos con la ciudadanía estadounidense, permiso de residencia o cualquier
otro tipo de autorización, según fuentes de información. Obama también debería
reformar las políticas de control fronterizo para reflejar que muchas personas
que ahora son deportadas sumariamente como inmigrantes ilegales tienen
profundas raíces en el país.
Justo después de ser
deportado a Honduras en septiembre de 2014, “Jesús R.” contó a Human Rights
Watch que había vivido un total de veinte años en EE.UU. y que tenía cinco
hijos de nacionalidad estadounidense. Dijo que era la cuarta vez que lo deportaban
y que había sido condenado por reingreso ilegal, pero que igualmente iba a
tratar de cruzar de nuevo a EE.UU. “Tengo que estar con mis hijos”, dijo. “Ha
nacido mi hijo menor y no lo conozco”.
El análisis de Human
Rights Watch de datos del gobierno recibido a través de la Ley de Libertad de
Información encontró que en 2011 y 2012, la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) procesó la deportación de
aproximadamente 100.000 padres de niños ciudadanos estadounidenses, lo que
representa alrededor del 15 por ciento de las personas detenidas por la
agencia. De esos padres, se estima que el 40 por ciento había sido deportado
anteriormente.
El análisis de Human
Rights Watch también encontró que alrededor del 20 por ciento de los remitidos
para su enjuiciamiento por entrada o reingreso ilegal a EE.UU. por la CBP en
2011 y 2012 tenía hijos estadounidenses. De hecho, los procesados por los
delitos de entrada y reingreso ilegal eran más propensos a tener hijos de
nacionalidad estadounidense que aquellos que fueron detenidos por la CBP pero
contra los que no se presentaron cargos por estos delitos.
Los procesos
federales por entrada o reingreso ilegal aprisionan regularmente a personas que
entran a EE.UU. –a menudo varias veces— para tratar de reunirse con sus
familias. La entrada ilegal –entrar al país sin autorización— es un delito
menor. El reingreso ilegal –volver a entrar tras haber sido deportado— es un
delito grave. El gobierno enjuicia a estos inmigrantes además de deportarlos.
Los procedimientos legales por las entradas ilegales han dado un salto de un
1.400 por ciento y los de por reingreso ilegal, de un 300 por ciento a lo largo
de los últimos 10 años y ahora, en conjunto, superan en número a los
enjuiciamientos para el resto de los delitos federales. Un gran número de
personas procesadas acaban en costosas y abarrotadas cárceles federales,
algunas durante meses o incluso años, antes de ser deportadas.
La orden ejecutiva de
Obama debería acabar con las deportaciones sumarias de personas con lazos
profundos con EE.UU. y, en su lugar, concederles una audiencia en una corte de
inmigración, dijo Human Rights Watch. La orden también debería suspender la
detención de estos inmigrantes, así como la Operación Streamline y programas
similares que promueven su enjuiciamiento por entrada o reingreso ilegal, y
promulgar directrices nacionales con recomendaciones contra el procesamiento de
la entrada y el reingreso ilegal si un inmigrante tiene estrechos lazos
familiares en EE.UU. o teme la violencia y la persecución en el extranjero.
“Las personas que
tratan de reencontrarse con sus familias cruzando la frontera parecen ser
precisamente las personas a las que el presidente Obama dice que espera poder
proteger”, dijo Ginatta. “Incluso si la acción ejecutiva del presidente no
puede reunir a todas las familias separadas por las duras políticas de control
migratorio, su orden debería poner fin a los procesamientos y a las
deportaciones sumarias de personas que vuelven para estar con sus hijos
estadounidenses”.
Hrw.org. Nueva York, N.Y., 20/11/ 2014
