Activistas,
abogados y abogadas, periodistas, líderes comunitarios y sindicalistas: todos
los defensores y defensoras de los derechos humanos que ponen su vida y su
libertad en peligro luchando por los derechos humanos, siguen sufriendo
intimidación, acoso y violencia en América Latina y el Caribe. Así lo ha
manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El
informe, titulado Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso
que se presenta el Día de los Defensores y las Defensoras de los Derechos
Humanos, ofrece una perspectiva general de la situación de quienes defienden
derechos humanos en la región. El informe se centra principalmente en más de
200 casos de ataques y abusos sobre los que Amnistía Internacional ha actuado
durante los dos últimos años.
“La
trágica realidad es que muchas de las personas que defienden los derechos
humanos en América Latina y el Caribe sufren persecución y ataques constantes
como represalia por su trabajo. En diversos países hemos observado un
incremento, inquietante y vergonzoso, del nivel de violencia y represión que
padecen estas personas sólo por defender los derechos humanos y la justicia”,
ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de
Amnistía Internacional.
“Resulta
angustioso contemplar el tipo y la frecuencia de los cobardes intentos por
silenciar e intimidar a quienes trabajan para arrojar luz sobre los abusos
contra los derechos humanos. Y aun así, estas admirables personas siguen
luchando, incluso ante semejante represión. Es imperativo que los dirigentes de
América redoblen sus esfuerzos y hagan más para proteger a quienes defienden
los derechos humanos.”
El
informe se basa en casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
La
investigación documentó niveles especialmente altos de violencia y represión
contra quienes trabajan sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y
los recursos naturales, contra quienes trabajan sobre los derechos de las
mujeres y niñas, sobre los derechos de las personas que se identifican como
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales (LGBTI), y sobre los
derechos de las personas migrantes, así como contra periodistas y sindicalistas
que defienden los derechos humanos.
Muerte
y violencia
En
algunos países ha habido un aumento meteórico de las amenazas y los ataques
contra defensores y defensoras. Mientras tanto, las autoridades estatales de
toda la región eluden su deber de abordar el creciente problema.
Colombia
es uno de los países en donde la situación es más grave. Allí, según la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos
40 defensores y defensoras fueron víctimas de homicidio en los nueve primeros
meses de 2014. Entre septiembre y octubre de este año, más de un centenar de
activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos recibieron una
serie de amenazas de muerte por correo electrónico enviadas por grupos
paramilitares.
“Con
frecuencia, los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos
podrían haberse evitado si las autoridades estatales hubieran atendido
debidamente las denuncias y hubieran investigado las amenazas y los actos de
intimidación de los que estas personas fueron víctimas. Los dirigentes
estatales de la región deben hacer más para abordar estos problemas y para
brindar una protección efectiva a los defensores y defensoras en peligro”, ha
manifestado Nancy Tapias Torrado, investigadora sobre la Situación de
Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en América de Amnistía
Internacional.
Derecho
a la tierra y cuestiones de territorio
La
investigación de Amnistía Internacional concluyó que quienes trabajan sobre los
derechos humanos en relación con la tierra, el territorio y los recursos
naturales en la región, pagan un alto precio por su trabajo.
En un
caso emblemático de Honduras, el 27 de agosto de 2014 Margarita Murillo fue
muerta a tiros. Anteriormente había denunciado amenazas e intimidación. Era
defensora y líder comunitaria, y llevaba más de 40 años luchando por los
derechos de las comunidades campesinas, para que pudieran mejorar sus
condiciones de vida.
Violencia
de género y discriminación
Quienes
trabajan sobre los derechos de las mujeres y las niñas y sobre los derechos de
las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o
intersexo (LGBTI) también corren especial peligro.
Amnistía
Internacional realizó decenas de entrevistas a mujeres defensoras, quienes no
sólo sufren represión por su labor de defensa de los derechos humanos, sino que
además luchan contra la desigualdad y la discriminación y son objeto de
amenazas y ataques a causa de su género.
En El
Salvador, las defensoras de los derechos humanos que luchan contra la
prohibición total del aborto y sus mortales consecuencias han sufrido una
intimidación y una estigmatización constantes. Algunas han sido amenazadas con
ser llevadas a juicio si siguen con su trabajo en apoyo a mujeres vulnerables
que han sido injustamente encarceladas por haber sufrido abortos.
Los
Estados aún no han adoptado ni implementado medidas de protección específicas y
efectivas para que las defensoras de los derechos humanos puedan hacer frente a
los riesgos específicos que corren.
De
igual modo, quienes defienden los derechos del colectivo LGBTI sufren numerosos
ataques a causa de su labor. Este ha sido un problema especialmente grave en el
Caribe.
En
agosto de 2014, tras haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia,
Javed Jaghai, miembro de la organización J-FLAG (Forum of Lesbians, All-Sexuals
and Gays), retiró un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que
criminalizan las relaciones sexuales entre hombres.
Castigo
por defender los derechos humanos
Amnistía
Internacional también ha observado cómo se utilizan los sistemas judiciales
para reprimir a quienes defienden los derechos humanos e impedir su trabajo.
Bettina
Cruz Velázquez es integrante y cofundadora de la Asamblea de los Pueblos
Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio
(APIITDTT) en México. Desde 2011, se enfrenta a cargos penales infundados de
privación ilegal de la libertad y delitos contra “el consumo y riqueza
nacional”. Su único “delito” ha sido proteger los derechos de los pueblos
indígenas en relación con la construcción de un parque eólico en sus tierras.
“Por
desgracia, en América Latina y el Caribe cada vez es más habitual que los
defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrenten a acusaciones
infundadas y detenciones injustas. Resulta sumamente preocupante que las
autoridades no erradiquen el uso indebido del sistema de justicia como medio de
represión”, ha manifestado Nancy Tapias Torrado.
Pasos
adelante
El informe
destaca que los logros alcanzados en el derecho regional e internacional aún no
han sido implementados por los gobiernos del continente.
“Aunque
las normas internacionales sobre la protección de los defensores y defensoras
de los derechos humanos han avanzado, aún queda mucho camino por recorrer para
que quienes están en la primera línea del trabajo de derechos humanos gocen del
respeto y la protección que tan claramente necesitan”, ha manifestado Erika
Guevara Rosas.
“Instamos
a los gobiernos de toda la región a hacer frente al desafío y cumplir con su
obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, para que así
estas personas, fuente de inspiración, puedan continuar con su lucha en favor
de los derechos.”
Amnesty.org.
8/12/14
