Al asumir en
diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la “guerra
contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había
propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. En
2014, el gobierno adoptó un Programa Nacional de Derechos Humanos que expone
sus políticas para los próximos 4 años, y admitió que todavía se desconocía el
paradero de más de 22.000 personas que habían sido denunciadas como extraviadas
desde 2006.
La desaparición
forzada de 43 estudiantes ocurrida en septiembre en Iguala, Guerrero, provocó
protestas generalizadas que llamaban al gobierno a esclarecer el paradero de
los estudiantes y a abordar el problema más general de corrupción y abusos que
el caso dejó en evidencia.
No obstante, el
gobierno ha logrado avances limitados en el juzgamiento de los asesinatos, las
desapariciones forzadas y los hechos de tortura generalizados perpetrados por
soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada,
incluso durante la presidencia de Peña Nieto.
Otros problemas que
persisten son las restricciones a la libertad de prensa, los abusos contra
migrantes y los límites al acceso a derechos reproductivos y a la atención
médica.
Desapariciones
forzadas
Miembros de las
fuerzas de seguridad de México han participado en numerosas desapariciones
forzadas desde que el ex Presidente Calderón (2006-2012) dio inicio a la
“guerra contra el narcotráfico”. Integrantes de todas las fuerzas de seguridad
han continuado perpetrando desapariciones durante el gobierno de Peña Nieto, en
algunas ocasiones, en colaboración directa con grupos criminales.
En septiembre, cerca
de 30 policías municipales en Iguala, Guerrero, dispararon sin preaviso contra
tres autobuses que transportaban a aproximadamente 90 estudiantes de una
escuela rural de formación docente. Durante ese incidente y otros dos
posteriores en los cuales agresores no identificados dispararon contra
estudiantes y otras personas, más de 15 víctimas resultaron heridas y 6
perdieron la vida. Los policías ordenaron a los estudiantes del tercer autobús
que bajaran, los golpearon y los obligaron a punta de pistola acostarse al
costado del camino, para luego llevárselos en al menos tres automóviles
policiales.
A la fecha de
redacción de este documento, se desconocía el paradero de 42 estudiantes. La
Procuraduría General de la República (PGR) señaló que, según la confesión de
tres presuntos responsables, los estudiantes habrían sido entregados a miembros
de una organización criminal, quienes los asesinaron, quemaron sus cuerpos y
los arrojaron a un basurero municipal. El ADN de uno de los 43 estudiantes fue
identificado entre los restos que la PGR afirma haber encontrado en el lugar.
Más de 80 personas fueron detenidas y acusadas por su presunta participación en
estos hechos.
En agosto de 2014, el
gobierno reconoció que aún se desconocía el destino de más de 22.000 personas
que habían sido denunciadas como extraviadas desde 2006, pero no aportó
evidencias que corroboren este dato ni información sobre cuántos de estos casos
son presuntas desapariciones forzadas. La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) ha difundido 12 informes que documentan la desaparición forzada
de 30 víctimas durante este período, y ha hallado evidencias de la probable
participación de agentes del Estado en aproximadamente otros 600 casos de desapariciones.
Según datos
oficiales, hasta abril ninguna persona había sido condenada por desapariciones
forzadas ocurridas después de 2006. Es habitual que agentes del Ministerio
Público y policías no adopten medidas básicas de investigación para identificar
a los responsables de desapariciones, y a menudo atribuyen a las víctimas la
responsabilidad por lo sucedido e indican a sus familiares que deben realizar
ellos mismos las investigaciones. Los familiares de las personas desaparecidas
pueden perder el acceso a beneficios sociales básicos que dependen de la
condición laboral de las víctimas, como servicios de cuidado infantil.
El gobierno ha puesto
en marcha medidas potencialmente alentadoras para hallar a personas cuyo
paradero se desconoce, pero ha logrado resultados limitados. En 2013, el
gobierno creó una unidad en el ámbito de la PGR dedicada a investigar
desapariciones, y a localizar personas extraviadas. En agosto de 2014, la
unidad había hallado a 87 personas. Al momento de la preparación de este informe
aún no se había implementado una base de datos exhaustiva donada por el Comité
Internacional de la Cruz Roja, que permitiría cruzar datos sobre personas
extraviadas y cuerpos no identificados.
Abusos militares e
impunidad
México ha dependido
fuertemente de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al
narcotráfico y contra la delincuencia organizada, lo cual ha llevado a
violaciones generalizadas de derechos humanos. Desde 2006, la CNDH recibió
aproximadamente 9.000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército,
y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal
de esta fuerza había cometido graves violaciones de derechos humanos.
En abril, el Congreso
reformó el Código de Justicia Militar, estableciendo que los abusos cometidos
por militares contra civiles deberían ser juzgados en la justicia penal
ordinaria. Anteriormente, estos casos tramitaban en el sistema de justicia
militar, que en general no lograba que los militares rindieran cuentas por sus
abusos. Tras la reforma, los abusos contra soldados siguen siendo competencia
del sistema de justicia militar, que carece de independencia y transparencia.
En junio, un grupo de
militares abrió fuego y provocó la muerte de 22 civiles que se encontraban en
el interior de una bodega vacía en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de
México. Un soldado resultó herido durante el incidente.
Los relatos de
testigos y un informe de la CNDH indicaron que al menos 12 civiles fueron
ejecutados extrajudicialmente. Agentes del Ministerio Público estatal
detuvieron a dos de las tres testigos sobrevivientes, las golpearon, las
asfixiaron con bolsas y las amenazaron con someterlas a abusos sexuales para
obligarlas a confesar que tenían vínculos con las personas que fallecieron en
los incidentes, y a declarar que los militares no eran responsables de las
muertes, según informó la CNDH. También amenazaron y maltrataron a una tercer
testigo, y obligaron a las tres a firmar documentos sin que se les permitiera
leer su contenido.
En septiembre, el
sistema de justicia militar detuvo a 24 soldados y un teniente que
presuntamente participaron en los incidentes, y acusó a 8 de ellos de faltas a
la disciplina militar. Posteriormente, siete soldados y el teniente fueron
consignados por la PGR por “ejercicio indebido del servicio público”. Tres de
los soldados también fueron consignados por “abuso de autoridad, homicidio
calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y
vestigios del hecho delictivo”. El teniente enfrenta, además, cargos por
encubrimiento.
Tortura
Es común que en
México se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo
coacción. En general, las torturas se aplican durante el período entre que las
víctimas son detenidas arbitrariamente hasta que son puestas a disposición de
agentes del Ministerio Público, en el cual a menudo son mantenidas
incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales. Las
tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas
eléctricas y tortura sexual. Muchos jueces aún admiten confesiones obtenidas
mediante tortura, a pesar de que existe una prohibición constitucional contra
este tipo de prueba.
Sistema de justicia
penal
Es habitual que el
sistema penal no logre proporcionarle justicia a las víctimas de crímenes
violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a causas que incluyen
la corrupción, la falta de recursos y de capacitación, y la complicidad de
agentes del Ministerio Público y defensores públicos.
En 2013, México
promulgó, a nivel federal, la Ley General de Víctimas para garantizar justicia,
protección y resarcimiento a las víctimas de delitos. A la fecha de preparación
de este documento, el poder ejecutivo aún no había adoptado las
reglamentaciones necesarias para brindar resarcimiento a las víctimas. En marzo
de 2014, solamente seis estados habían promulgado la legislación exigida por la
Ley de Víctimas.
En 2008, México
promulgó una reforma constitucional destinada a transformar para el 2016 su
sistema judicial inquisitivo y escrito en un sistema acusatorio y oral. Hasta
noviembre, solamente 3 de los estados habían implementado completamente la
reforma, y en 13 estados el nuevo sistema funcionaba parcialmente.
La reforma también ha
introducido una disposición sobre arraigo que permite a los agentes del
Ministerio Público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80
días a personas presuntamente involucradas en la delincuencia organizada, antes
de ser consignadas. En febrero, la Suprema Corte de Justicia determinó que la
disposición solamente debía aplicarse a casos de delincuencia organizada. A la
fecha de preparación de este informe, se encuentra pendiente en el Senado un
proyecto para reducir a 35 días el período máximo que estas personas pueden ser
retenidas sin ser consignadas.
Grupos de autodefensa
La aplicación
ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de
autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país.
Luego de que se
expresara preocupación ante la intervención no regulada de algunos grupos en
materia de seguridad, varios grupos de autodefensa en el estado de Michoacán
suscribieron en abril un acuerdo con el gobierno, en el cual se comprometieron
a que sus miembros registraran sus armas y se sumaran a las fuerzas locales de
seguridad. Al momento de la redacción de este documento, no se había efectuado
ninguna evaluación independiente sobre la implementación del acuerdo, ni sobre
si cumplía con los procedimientos de selección que prevé el derecho mexicano
para las fuerzas de seguridad.
Condiciones en
centros de detención
Las cárceles están
sobrepobladas, tienen problemas de higene y no brindan seguridad básica a la
mayoría de los internos. Los presos que afirman sufrir agresiones u otros
abusos cometidos por guardias o internos no cuentan con un sistema efectivo
para exigir una reparación. En la mayoría de las prisiones, la población
carcelaria es controlada por la delicuencia organizada, y la situación de
corrupción y violencia es sumamente grave.
Libertad de los
medios de comunicación
Numerosos
periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la
delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y
agresiones. Según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos en contra de la Libertad de Expresión, entre 2000 y mayo de 2014, 102
periodistas fueron asesinados y otros 24 desaparecieron, incluidos dos 2 que
fueron asesinados en 2014.
Las autoridades
generalmente no logran investigar de forma adecuada los delitos contra
periodistas, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén
vinculados con su profesión. Hasta mayo, la Fiscalía Especial estaba efectuando
555 investigaciones sobre delitos contra periodistas o medios, y había
presentado consignaciones en 61 casos.
Es común que
periodistas opten por la autocensura ante los ataques de funcionarios
gubernamentales o grupos delictivos. La regulación insuficiente de la publicidad
oficial también puede limitar la libertad de los medios, al otorgarle al
gobierno una influencia económica desproporcionada sobre ciertos medios de
comunicación.
Derechos de mujeres y
niñas
El derecho mexicano
no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y
sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la
pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen
estándares internacionales. Las mujeres y niñas que han sufrido este tipo de
violaciones de derechos humanos en general no denuncian los hechos a las
autoridades, y quienes sí lo hacen suelen enfrentarse a una actitud de
sospecha, apatía y menosprecio.
En 2008, la Suprema
Corte de Justicia confirmó la constitucionalidad de una ley de México D.F. que
legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación.
Desde entonces, 17 entidades federativas de México han adoptado leyes que
reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
En 2010, la Suprema
Corte de Justicia resolvió que todos los estados deben ofrecer métodos
anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de
violación sexual. Sin embargo, en la práctica muchas mujeres y niñas enfrentan
graves obstáculos, incluida la información errónea y la intimidación por parte
de funcionarios, cuando intentan llevar a cabo abortos luego de ser víctimas de
violencia sexual.
Orientación sexual e
identidad de género
En 2010, la Suprema
Corte de Justicia reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo de México
D.F. a adoptar niños y a contraer matrimonio. Determinó que la totalidad de los
31 estados mexicanos deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo
sexo celebrados en México D.F., pero no exigió que celebren estos matrimonios
en sus respectivas jurisdicciones. En enero de 2014, la Suprema Corte de
Justicia también determinó que las parejas del mismo sexo pueden reclamar los
mismos beneficios de seguridad social y salud que reciben las parejas heterosexuales
de parte de organismos gubernamentales. En septiembre, Coahuila se convirtió en
el primer estado en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Cuidados paliativos
El gobierno mexicano
adoptó una serie de medidas importantes para implementar normas que le conceden
a las personas con enfermedades terminales acceso a cuidados paliativos. El
gobierno promulgó una nueva reglamentación en noviembre de 2013, anunció una
reforma de las reglamentaciones sobre control de drogas para facilitar el
acceso a la morfina y otros analgésicos opioides, añadió la cobertura parcial
de cuidados paliativos en un seguro gubernamental destinado a sectores de bajos
recursos, y anunció medidas orientadas a formular una estrategia nacional en
materia de cuidados paliativos. En México, decenas de miles de pacientes
necesitan cuidados terminales cada año, pero en la práctica apenas una pequeña
minoría puede acceder a estos cuidados.
Migrantes
Cientos de miles de
migrantes indocumentados, incluidos menores no acompañados y familias, cruzan
el territorio de México cada año, y durante el trayecto muchos de ellos sufren
graves abusos por parte del crimen organizado, autoridades migratorias y
miembros de las fuerzas de seguridad. Un informe publicado en 2013 por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que los “robos,
extorsiones, secuestros, agresiones físicas y psicológicas, abusos sexuales,
asesinatos y desapariciones de los que son víctimas [los migrantes]… han
empeorado de forma dramática” en los últimos años.
En abril, cerca de
300 migrantes de América Central y 3 defensores de derechos humanos que los
acompañaban fueron presuntamente agredidos y detenidos por la fuerza por
autoridades de inmigración y policías en Tabasco, según la CIDH.
Las autoridades no
han adoptado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni para
investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos. El gobierno tampoco
ha implementado las medidas de protección dictadas por organismos de derechos
humanos nacionales e internacionales en beneficio del personal de centros de
acogida de migrantes, que suele ser objeto de amenazas y hostigamiento por
parte de grupos delictivos y funcionarios.
Derechos laborales
La preponderancia de
sindicatos afines a sectores patronales continúa obstaculizando la actividad
sindical legítima. Con frecuencia, se impide que sindicatos independientes
inicien negociaciones con los sectores patronales, mientras que los
trabajadores que pretenden conformar sindicatos independientes se exponen a la
posibilidad de perder su empleo. Una ley de trabajo adoptada en 2012 no abordó
la falta de transparencia y democracia en los poderosos sindicatos afines a
intereses patronales y no protegió el derecho de los trabajadores a conformar
sindicatos independientes y llevar a cabo negociaciones colectivas.
Defensores de
derechos humanos
Continúan la
persecución y las agresiones contra defensores y activistas de derechos
humanos, a menudo asociadas con su oposición a “megaproyectos” de infraestructura
o extracción de recursos. En muchos casos, existen evidencias de que agentes
estatales están involucrados en las agresiones.
En 2012, México
promulgó una ley para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas.
No obstante, el mecanismo de protección establecido en la ley no se ha
implementado de manera eficaz, y en algunos casos las medidas de protección han
sido tardías, insuficientes o incompletas.
Actores
internacionales clave
Estados Unidos ha
destinado más de US$ 2.000 millones en ayuda internacional a México a través de la
Iniciativa Mérida, un paquete de medidas de asistencia acordado en 2007 sin
plazo estipulado, para contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada
en México. El 15 por ciento de algunas partidas de esta ayuda sólo puede ser
desembolsado luego de que el Secretario de Estado de los Estados Unidos informe
que el gobierno mexicano está cumpliendo con una serie de requisitos vinculados
con los derechos humanos. No obstante, el impacto de estos requisitos se ha visto
menoscabado debido a que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de
manera reiterada, ha informado al Congreso de ese país que se estarían
cumpliendo los requisitos, a pesar de las abrumadoras evidencias que indican lo
contrario, y citando a menudo adelantos incompletos y poco precisos con
respecto a tal cumplimiento, en función de lo cual el Congreso ha dispuesto la
entrega de los fondos.
En abril y mayo, el
Relator Especial de la ONU sobre tortura visitó México y concluyó que la
tortura era “generalizada”. En agosto, el Relator Especial de la ONU sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias informó que los abusos
extendidos cometidos impunemente por miembros de las fuerzas de seguridad en el
marco de la “guerra contra el narcotráfico” suponían una amenaza grave para el
derecho a la vida. En septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación” por los ataques
contra periodistas, y exhortó al gobierno a adoptar medidas para protegerlos.
En México, la mayoría
de las personas con discapacidad vive en condiciones de pobreza, lo cual agrava
los obstáculos a la educación, el empleo y atención médica. En el examen de
octubre de 2014 sobre el cumplimiento por parte de México de la Convención de
la ONU sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, el órgano a cargo de
supervisar la implementación del tratado alertó sobre las restricciones a la
capacidad jurídica de personas con discapacidades, la violencia que enfrentan las
mujeres y los niños con discapacidades (incluida la esterilización
involuntaria), la institucionalización de menores con discapacidades, y la
coerción física y el aislamiento de personas con discapacidades en hospitales
psiquiátricos.
Hrw.org. 29/02/15
