El 7 de
febrero, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) indicó que pone en
duda la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la
República (PGR), ya que sus conclusiones son prematuras y están basadas en un
análisis sesgado de la evidencia disponible.
A
petición de las familias de las víctimas, el EAAF ha participado en este caso
con el propósito de garantizar que la investigación sea sostenida y apoyada
científicamente. Sin embargo, los altamente respetados expertos independientes
hicieron pública su preocupación de que las conclusiones presentadas por el
Procurador General evidenciaban graves deficiencias en la investigación y
fueron emitidas meses antes de la conclusión del trabajo forense. La respuesta
inmediata de la Procuraduría General falló en abordar satisfactoriamente estas
inquietudes. Peor aún, la declaración de la Procuraduría General parece estar
escrita para responder de prisa al cuidadoso examen realizado por el EAAF y parece intentar desacreditar el
trabajo y la reputación del EAAF en lugar de analizar las recomendaciones del
equipo forense.
De
acuerdo con el EAAF, la explicación gubernamental de los eventos no tomó en
cuenta que, si bien no hay evidencia forense para vincular a los estudiantes
desaparecidos a los restos humanos encontrados en el basurero en Cocula, sí
existe clara evidencia de que al menos algunos de los restos pertenecen a
víctimas no relacionadas con este caso. Como Amnistía Internacional ha
subrayado en varias ocasiones, el gobierno sostiene su caso principalmente en
los testimonios auto inculpatorios dados por los detenidos y evidencia forense
muy limitada.
A
Amnistía Internacional le preocupa que la evidencia podría haber sido
manipulada. El EAAF reveló que 20 perfiles genéticos enviados a la Universidad
de Innsbruck por las autoridades eran erróneos, y que el basurero de Cocula no
estaba bajo custodia policial del 7 al 28 de noviembre de 2014. Estas
inconsistencias deben investigarse adecuadamente por el gobierno, en estrecha
colaboración con el EAAF, familiares de las víctimas y sus representantes.
Las
familias de las víctimas han expresado en repetidas ocasiones que la
Procuraduría General informa a los medios de comunicación antes de revelar
información sensible a ellos, faltando a su compromiso de mantenerles
informados, con prioridad, de la evolución del caso. Amnistía Internacional
pide al gobierno discutir adecuadamente todos los aspectos relevantes de este
caso con las familias y sus representantes antes de hacer cualquier anuncio
público.
La
Procuraduría General debe respetar las demandas legítimas de las víctimas y de
la sociedad en general, para examinar a fondo la historia contada por quienes
sobrevivieron al ataque del 26 y 27 de septiembre. Por lo tanto, esta
investigación debe incluir un cuestionamiento serio sobre la posible
participación de militares durante el día del ataque y su posible complicidad
previa con el crimen organizado que permitió que la violencia creciera de tal
manera en la región.
Amnistía
Internacional insta al gobierno a dar al EAAF pleno acceso a sus archivos e
información necesaria que les permita continuar su investigación. Los miembros
del EAAF deben gozar de todas las garantías necesarias para cumplir con su
deber sin ninguna interferencia indebida, evitando además cualquier
descalificación por parte de funcionarios de alto rango.
Amnistía
Internacional acoge con satisfacción la participación de un grupo
interdisciplinario de expertos designados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos como parte fundamental de este caso. Al igual que con el EAAF,
el gobierno debe otorgar acceso completo y todas las garantías necesarias en el
desempeño de su tarea.
Amnistía.org.mx, México, D.F., 10/02/15
