El
pasado 6 de febrero, el Tercer Tribunal Unitario del Poder Judicial de la
Federación, en Xalapa, Veracruz, resolvió a favor el recurso legal (incidente
de libertad por desvanecimiento de datos) interpuesto por Claudia Medina
Tamariz, decretando su “inmediata libertad” en relación al delito de portación
de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.
La
resolución indica que las pruebas aportadas por Claudia, fueron suficientes
para desvanecer las pruebas que la señalaban como probable responsable del
delito. El tribunal analizó los dictámenes psicológicos y médicos, emitidos por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por peritos
independientes (médico cirujano, especialista en psiquiatría y medicina
social), concluyendo que “… durante el
lapso, de al menos 12 horas, la procesada fue sujeta de tratos crueles,
inhumanos y degradantes”.
Las
organizaciones firmantes han podido documentar que Medina Tamariz fue torturada
y acusada falsamente por el delito de portación de arma de fuego de uso
exclusivo del Ejército.
La
resolución judicial señala que el único elemento que existía contra Tamariz era
el parte informativo de los elementos Secretaría de Marina Armada de México
(SEMAR). El cual: “quedó desvirtuado al no existir medio de convicción alguno
que demuestre, al menos de forma indiciaria, su probable responsabilidad”.
Amnistía
Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
reconocen la importancia de esta decisión en el esclarecimiento de los hechos y
el acceso a la justicia de Claudia Medina. No obstante, estos esfuerzos no son
suficientes para combatir la impunidad en la que se encuentran varios casos de
tortura y malos tratos en México.
Con
frecuencia agentes policiales y militares recurren a la tortura y los malos
tratos con el objetivo de obtener testimonios de personas sospechosas o
detenidas arbitrariamente y así sustentar acusaciones criminales. En este
contexto, el caso de Medina Tamariz evidencia estos patrones estructurales de
actuación de las autoridades en la fabricación de presuntos responsables, al
margen de la política de seguridad de los últimos años. Por lo anterior, las
organizaciones exigimos al gobierno se asegure que ninguna investigación
judicial contenga confesiones o testimonios obtenidos a través de tortura u
otras violaciones a los derechos humanos. Asimismo la Procuraduría General de
la Republica (PGR) realice de inmediato una investigación exhaustiva e
imparcialmente a quienes perpetraron estos actos contra Claudia Medina.
Información adicional
El
Relator Especial contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y
degradantes, Juan Méndez, identificó en su visita a México en 2014 que la
tortura es generalizada en México, con frecuencia ocurre durante el lapso de la
detención y la puesta a disposición de la autoridad ministerial, y con fines de
castigo e investigación.
Asimismo,
ha identificado el uso de la violencia sexual como forma de tortura,
principalmente respecto a mujeres detenidas, la mayoría de estos casos,
reconoce el relator, no han sido investigados ni sancionados, o bien han sido
calificados como conductas de menor gravedad, y presentan retos particulares
para las víctimas, quienes son frecuentemente revictimizadas cuando presentan
denuncias o se someten a exámenes médicos”.
Las
violaciones a derechos humanos hacia Claudia Medina incluyen el allanamiento
ilegal de su domicilio, detención y retención arbitraria, la incomunicación, la
tortura mediante violencia sexual y la exhibición ante los medios de
comunicación como integrante del cartel Nueva generación acusada de delincuencia
organizada y 12 delitos más.
Amnistía
Internacional ha impulsado el caso en el marco de la campaña “Stop torture” en
México, dado su carácter paradigmático. En 2014, miles de miembros de la
organización se movilizaron en más de 50 países para expresar su apoyo activo a
víctimas de tortura en nuestro país. Además, exigieron a la Procuraduría
General de la República (PGR) investigar la tortura contra Claudia Medina.
Desde
mayo de 2014 Claudia Medina forma parte de la campaña “Rompiendo el silencio:
todas juntas contra la tortura sexual, la cual tiene como objetivo visibilizar
el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas
que son detenidas por agentes policiales, militares o marinos en la supuesta
protección que deberían proveer a la sociedad. Actualmente son 19 mujeres las
participan en esta campaña.
Amnistía Internacional México, México, D.F., 10/02/15
