En el
marco de la presentación del informe de la Misión Civil de Observación a la
Consulta a la Tribu Yaqui, Una sentencia fallida. Actualización del proceso de
consulta a la Tribu yaqui sobre el Acueducto Independencia, Amnistía
internacional expresa su preocupación por la afectación continuada de los
derechos humanos de la Tribu Yaqui ocasionada por la construcción y
funcionamiento del Acueducto independencia en sus territorios.
Perseo
Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, recuerda que “la
consulta previa, libre e informada es una piedra angular de los derechos de los
pueblos indígenas; sin embargo, en el caso de la Tribu Yaqui, los gobiernos
Estatal y Federal no han realizado dicho proceso y no se ha obtenido el
consentimiento de la comunidad para la realización del Acueducto
independencia”.
La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que se violó el derecho
a la consulta previa, libre e informada, y ordenó que se llevara a cabo dicho
proceso conforme a los estándares internacionales. En la misma decisión, la
Corte ordenó que la Autorización de Impacto Ambiental quedara insubsistente y
que se realizara un nuevo informe de impacto ambiental que debía ser entregado
a la comunidad en su propia lengua.
No
obstante, a más de nueve meses de esta resolución, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) no ha entregado a la comunidad el
informe de impacto ambiental y un peritaje antropológico que se debieron de
haber sido realizados como parte del proceso de consulta. Por lo que la Tribu
no ha recibido elementos suficientes para tomar una decisión informada. En tal
sentido, Amnistía Internacional exhortó a la SEMARNAT a presentar
inmediatamente el estudio de impacto ambiental y el peritaje antropológico
necesarios para dar continuidad al proceso de consulta.
Lo
anterior, “viola el deber de debida diligencia que debe guiar la actuación
estatal ante la posibilidad de daños irreparables a la Tribu Yaqui, pues las
autoridades están imponiendo
restricciones a sus derechos humanos, sin verificar que dichas
limitaciones no pongan en riesgo la subsistencia del propio pueblo indígena”
señaló Perseo Quiroz.
Durante
el proceso de consulta, Mario Luna y Fernando Jiménez, quienes son líderes
reconocidos por la Tribu Yaqui, fueron detenidos por su supuesta participación
en el robo de un vehículo automotriz y privación de la libertad de un miembro
de la comunidad yaqui. Amnistía Internacional ha examinado el expediente
judicial y teme que el caso esté políticamente motivado y tenga relación con la
defensa que la Tribu Yaqui ha hecho de su derecho al agua.
En este
contexto, Amnistía Internacional exige a las autoridades garantizar el debido
proceso de ambos líderes indígenas para evitar juicio injusto.
Información adicional
La
Tribu Yaqui es un pueblo indígena que habita en el estado de Sonora y a lo
largo de su historia ha luchado por conservar su territorio ancestral y sus
recursos naturales, los cuales forman parte importante de su sobrevivencia y
son el sustento para la preservación de sus formas de vida, su cultura y sus
estructuras comunales. La Tribu está asentada a lo largo del río Yaqui, mismo
que les da nombre y que es un elemento fundamental de su identidad y su
cosmovisión.
El
derecho de los pueblos Indígenas a sus territorios y a la consulta previa,
entre otros derechos, están reconocidos en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como en el Convenio
sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ratificado el Estado mexicano
Amnistía.org.mx. México, D.F. 12/02/15
