Tres agentes de
policía fueron acusados de tortura en el estado de Baja California tras el
incansable trabajo de campaña de un sobreviviente de tortura, su familia y su
abogado, con el apoyo de Amnistía Internacional. Esta es la primera
consignación por tortura en un estado donde las denuncias de tortura son
cuantiosas. A nivel federal, sólo existen siete condenas de tortura desde 1991,
cuando la tortura se tipificó como delito en México.
Adrián Vázquez
Lagunes fue detenido, amenazado, golpeado y semi-asfixiado durante 12 horas
bajo custodia de la policía estatal en 2012. La Procuraduría General de la
República lo acusó de portación ilegal de armas de fuego y de ser uno de los
principales operadores del Cartel de Sinaloa haciendo caso omiso de sus
denuncias de detención de arbitraria, tortura y fabricación de pruebas.
Actualmente permanece en prisión, mientras que su juicio está en curso a pesar
de que la única prueba relevante en su contra le fue plantada durante la
tortura que sufrió.
"Este es un
momento histórico para la justicia en Baja California, pero todavía hay un
largo camino por recorrer. Las autoridades mexicanas deben desistir de los
cargos en contra de Adrián Vázquez y liberarlo de la cárcel inmediatamente. Al
mismo tiempo, las autoridades deben continuar sus investigaciones sobre este
terrible caso, llevar a todos los responsables ante la justicia y garantizar
que esto no vuelva a suceder ", dijo Carolina Jiménez, Directora Adjunta
de Investigación de Américas de Amnistía
Internacional.
"Lamentablemente
este es un ejemplo más de cómo las autoridades mexicanas pisotean la justicia
en su carrera por la llamada “guerra contra las drogas”. La policía y las
fuerzas armadas siguen utilizando la tortura y otros malos tratos contra
personas en un intento de hacer arrestos apresurados, y al hacerlo, violan el
derecho internacional. Esto no puede continuar".
Al ser puesto a
disposición de la Procuraduría General de la República, Adrián Vázquez fue
examinado por un médico legista. El médico llegó a la conclusión de que las
lesiones sufridas por Adrián bajo custodia policial no ponían en peligro su
vida y se curarían en 15 días. Tras esta evaluación, Adrián sufrió un colapso y
fue trasladado de urgencia al hospital, donde le intervinieron quirúrgicamente
para salvar su vida. El informe médico del hospital identificó múltiples
lesiones causadas por golpes, incluyendo lesiones de pulmón y vejiga, además de
trauma abdominal.
Duraron dos años para
que las autoridades llevaran a cabo los exámenes médicos forenses de Adrián.
Dicho informe no cumplió con las normas internacionales básicas establecidas en
el Protocolo de Estambul. Este es un problema frecuente en México, las
autoridades deben tomar medidas eficaces para garantizar que todas las víctimas
de tortura tengan acceso a exámenes medico forenses oficiales adecuados.
"México debe
asegurar que los expertos forenses oficiales sean independientes de las
autoridades de procuración de justicia para
garantizar que todas las víctimas de tortura tengan acceso oportuno a exámenes
médicos forenses adecuados. Por otra parte, los exámenes forenses realizados
por expertos independientes deben ser plenamente aceptados en el proceso penal,
siempre y cuando cumplan con el Protocolo de Estambul", dijo Carolina
Jiménez.
Amnistía.org.mx. México, Distrito Federal, 16/04/15
