Los índices
de corrupción, violencia y pobreza –los tres jinetes del Apocalipsis mexicano–
se han disparado en los últimos años. De acuerdo con diferentes encuestas, esos
tres son los temas que más preocupan a los mexicanos y también son también los
que les quitan más recursos. En 2014, esos rubros le costaron a México 34 por
ciento de su Producto Interno Bruto (PIB); es decir, aproximadamente 6 billones
086 mil 939 millones 656 mil 416 pesos de la riqueza del país.
Desde la
administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien declaró la guerra
a los cárteles de la droga, y ahora bajo el mando de Enrique Peña Nieto, la
corrupción, la violencia y la pobreza han ganado terreno en la vida diaria de
los mexicanos. La corrupción, a decir de especialistas consultados, es la que manda y se convirtió ya en la gran piedra en el zapato
del Gobierno federal, pues de ahí se desprenden las otras dos grandes
problemáticas.
El año
pasado, el 2 por ciento de las averiguaciones previas presentadas por delitos
cometidos por servidores públicos tuvieron como castigo la cárcel, según datos
del Censo de Impartición de Justicia. Además hay en total 281 mil personas
desplazadas por violencia y 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios en
los primeros 20 meses de Peña Nieto. Aunado a esto, el número de pobres se
incrementó a 55.3 millones de pobres, lo que significa que 2 millones personas
entraron al umbral de la pobreza desde el inicio de la actual administración a
la fecha.
El 34 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México equivale a lo que se gasta en
corrupción, violencia y pobreza. Es decir, aproximadamente 6 billones 086 mil
939 millones 656 mil 416 pesos de la riqueza nacional.
La Encuesta
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que es realizada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojó que los problemas
que los mexicanos consideran más importantes son inseguridad y delincuencia (70 por ciento),
desempleo (51 por ciento), corrupción (48.5 por ciento), seguidos de pobreza y
el mal desempeño del gobierno.
El informe
“Perspectivas económicas: Las Américas”, realizado por el Foro Económico
Mundial, reconoce que en América Latina
es notorio el débil crecimiento económico. Esto se debe en gran medida a los
factores externos que han tenido fuertes consecuencias en el debilitamiento de
la confianza de las empresas, en gran medida provocado por los actos de
corrupción y violencia de los países y eso “apunta a que las perspectivas
económicas en la región se enfriarán aún más”.
El conjunto
de estos factores ha mermado el crecimiento económico del país, inhibe las
inversiones, reduce la productividad del gasto público, distorsiona la asignación
de recursos y profundiza la desigualdad social.
Estos tres
escenarios son problemáticas –que los académicos han calificado como
“multidimensionales”, al tener un inicio y una serie de consecuencias en
diferentes ámbitos y que van desde lo político y económico hasta lo cultural–
tienen un punto de conjunción que es la corrupción.
“La
corrupción tiene costo y es el uso ineficiente de los recursos en una economía
en la que las empresas interiorizan los costos de operar bajo reglas corruptas
que les ayudan a superar ciertas
regulaciones o inversiones. Los costos
son aquellos que refieren a la inversión
extranjera perdida. Todo eso erosiona la competitividad del país, en el que
estas prácticas están muy extendidas. Hay un uso ineficiente de los recursos
públicos, tanto a nivel federal como estatal, que deberían ser utilizados para
el bienestar de la sociedad”, dijo el investigador asociado de México Evalúa,
Marcos Fernández.
El Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), realizaron el informe “México: Anatomía de la
corrupción”, en el que se señala que este fenómeno se presenta ya en todos los
escenarios del país; la penetración es tal que ha llegado a modificar las
formas de vida de sus habitantes. Repercute de manera negativa en la economía
familiar y ha profundizado la desigualdad.
“Además del
crecimiento, la corrupción también impacta al desarrollo […] la OCDE
[Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] concluye que se afecta negativamente algunas variables
del bienestar que no están capturadas en las mediciones del PIB: desarrollo
sostenible, salud y seguridad, equidad y otros tipos de capital cívico o social
como es la confianza”, dice el estudio.
Por su
parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que este problema es un
elemento determinante en el crecimiento de un país y que los números negativos
en este rubro se deben a eso.
Tan sólo
para 2015, el estimado de crecimiento para el país se ha corregido en varias
ocasiones a la baja. En agosto, el Banco de México (Banxico) ajustó la cifra de
2.0 a 3.0 por ciento a 1.7 y 2.5 por ciento; para 2016, pasó de 2.5 y 3.5 por
ciento.
Una de las
consecuencias del desempeño económico fue el aumento en el número de personas
en pobreza: De 2012 a 2014, se incrementó esa cantidad 0.7 por ciento para
sumar un total de 55.3 millones de pobres en el país.
En
conclusión, el 34.1 por ciento de la riqueza del país se ocupa en corrupción, violencia y para la
inversión a la erradicación a la pobreza.
Para
Eduardo Bohórquez López, director del think thank Transparencia Mexicana, esta
cantidad es preocupante al considerar la caída en los ingresos petroleros que
se esperan para 2016, el tipo de cambio y los recortes presupuestales y agrega:
“Si la inversión en corrupción es permanentemente grave, en 2016, año con pocos
recursos fiscales, se pensarán en otras cosas en las que se debió invertir. Los
recursos serán pocos y escasos, la situación es preocupante”.
El germen de la corrupción
El Banco de
México señaló que para 2015, la corrupción le costó al país el equivalente al 9
por ciento del PIB, es decir, 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos. El
Banco Mundial coincidió con la cifra y agregó que la cantidad podía compararse
con el 80 por ciento de la recaudación de impuestos nacional.
La
Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que 86 mil millones de pesos
fueron utilizados en desvíos, subejercicios, despilfarro de recursos públicos y
pagos indebidos en el gobierno, y según Transparencia Mexicana, en 2010 se
destinaron 32 mil millones de pesos a mordidas, e incluso, los hogares con
salario mínimo destinan al año el 33 por ciento de sus ingresos para pagar
actos de corrupción.
De acuerdo
con el Barómetro Global de la Corrupción, en 2013 el 90 por ciento de la
población consideró la corrupción un problema y el 88 por ciento lo consideró
una situación frecuente y muy frecuente. Otro 52 por ciento considera que los
actos de corrupción aumentaron significativamente en los últimos años, son ya
un acto normal, cotidiano y hasta un “hábito”.
En el
Reporte del Índice de Competitividad Global (2014-2015) elaborado por el Foro
Económico Mundial, México ocupa el lugar 61 de 144 en materia. Tiene un mercado
de buen tamaño y un ambiente macroeconómico estable, pero tiene resultados
negativos en el ámbito de “desempeño institucional”, es decir, en el marco
administrativo y legal donde “los individuos, las empresas y el gobierno
interactúan económicamente […] la baja calificación perjudica la competitividad
del país”.
Los costos
de la corrupción pueden ser directos o indirectos, pero ambos, son un obstáculo
a la productividad, a la competitividad, a la inversión, y dentro de todo, al
crecimiento.
México
tiene otras calificaciones reprobatorias en desviación de recursos públicos,
pagos extraoficiales y sobornos, favoritismo de funcionarios. En las
calificaciones del Banco Mundial, México tiene una evaluación de 39 (sobre 100
lugares) en su control de corrupción, además es el cuarto país de América
Latina en donde es más común el pago de sobornos.
En las
principales actividades en las que se suele recurrir a los actos de corrupción,
de acuerdo con la ENCIG, son para trámites (con autoridades de seguridad
pública y permisos de propiedad, principalmente), y por sectores, es más común
que se realice con policías, Partidos Políticos, Ministerios Públicos,
Gobiernos estatales, Diputados y Senadores, y en el Gobierno Federal.
Una de las
características de la corrupción en México es la impunidad. “¿Qué debe pasar
para que un acto de corrupción sea castigado o esclarecido en México? El 95 por
ciento de los actos de corrupción no se castigan”, puede leerse en el documento
“México: Anatomía de la corrupción” realizado por la investigadora María Amparo
Casar.
Para
Bohórquez López, la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) –que
contempla la modificación de 14 artículos de la Constitución, aproximadamente
14 leyes federales y varias modificaciones en estados y municipios– significó
una seria revaloración del tema.
“2014 fue
el año en que se puso en duda el paradigma anterior de lucha contra la
corrupción, y se dio paso al Sistema Nacional, que tomará entre tres y 10 años
en establecerse.[…] Se está en el periodo de transición, pero la sociedad
todavía no ve ni cosechará ningún cambio. La sensación de impunidad persiste,
la sensación de que en México no pasa nada está en todas las sobremesas, y
mientras esa idea no cambie, mientras no haya responsables por los actos de
corrupción que se exhiben, la gente no cambiara su percepción y no se le puede
pedir que la cambie por una modificación institucional, tiene que ver
resultados inmediatos”, comentó.
Marcos
Fernández, también profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador
visitante del Woodrow Wilson Center, advirtió que la tarea de México no será
fácil y señaló la posibilidad de que por una mala implementación no se obtengan
los resultados deseados.
Consideró
tres elementos “fundamentales” para que eso no ocurra y que escapan de una
reforma legal: una prensa libre, que denuncie eficazmente actos de corrupción y
que impulse a actuar sobre esos actos; un poder judicial independiente y
profesional que aplique el marco jurídico federal y estatal; y finalmente, un
servicio civil que funcione y resista las presiones políticas de las
instituciones públicas, que tienen funcionarios nombrados por criterios
políticos que caen en la tentación de querer influir en las investigaciones de
casos de corrupción.
“En estas
tres áreas hay retos sustantivos en México. Con franqueza estamos lejos de
estar en una situación óptima para que estos tres pilares del Sistema Nacional
Anticorrupción funcionen. Hay que
fortalecer aún más esos tres elementos que en nuestros días, merman sustantivamente
la posibilidad de tener el SNA que tanto hace falta al país”, sostuvo.
Los costos de la Violencia
El informe
“Peace and Corruption 2015”, sostiene que en la mayoría de los países donde se
incrementan los costos de la corrupción, hay una disminución en los índices de
paz.
Para la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de los factores que
afectan a las instituciones gubernamentales están los costos del terrorismo,
costos de la violencia y el crimen, crimen organizado, y confianza en los
servicios policiales. México ocupa el lugar 92 de 144 países, al afectarle 17
factores.
El costo de
la violencia durante 2014 fue de 3 billones 918 mil 410 millones 540 mil pesos;
es decir, el 22 por ciento del PIB, según el Índice de Paz Global 2015. La
cifra contrasta con la de 2011; el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP) calculó el gasto en 15 por ciento del PIB.
Para la
organización México Evalúa, el gasto en seguridad pública, fue del 6.2 por
ciento del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, 197
mil millones de pesos.
El costo a
largo plazo lo estimó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), por cada persona muerta desde 2009, México dejó de percibir 42 dólares
per cápita.
“Los costos
de la violencia son tanto tangibles como intangibles. Los tangibles son todas
las actividades relacionadas con la prevención y el castigo de la violencia,
como inversiones, gastos y pérdidas materiales, así como actividades para
identificar y castigar a quienes incurren en delitos relacionados con la
violencia. Los costos intangibles son más difíciles de valuar, ya que incluyen
estimados de la pérdida de calidad de vida de la víctima, cambios en la
conducta y en los traumas personales y la pérdida de confianza interpersonal y
de capital social a causa del miedo, así como la pérdida de libertad”, puede
leerse en el reporte “Una aproximación a los costos de la violencia y la
inseguridad en México”, realizado por el Instituto para la Seguridad y la
Democracia (Insyde).
Esos costos
son anticipados, de reparación y de contención. Para el año 2000, de acuerdo
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las pérdidas económicas por
violencia fueron de 12.3 por ciento del PIB, o mil 45 millones de pesos; esto
en atención médica, psicológica, de rehabilitación, gastos en seguridad,
procuración de justicia y seguridad privada (en empresas y hogares).
El aumento
de un homicidio por cada cien mil habitantes en zonas de tráfico de drogas
disminuye los ingresos municipales en 1.2 por ciento. En 2010, el gasto en
seguridad representó el 6.2 por ciento del total del gasto programable (197 mil
millones de pesos) y para 2011, el gasto fue el equivalente al 15 por ciento
del PIB.
Insyde ha
señalado que en el plano microeconómico, ha habido consecuencias como una menor
inversión extranjera y nacional, un desaliento en el ahorro nacional y menos
confianza de un mejor panorama económico a futuro.
Se han
modificado los modos de vida por los hechos de violencia que se viven tanto en
pequeñas colonias como en las ciudades más importantes del país, lo que permea
también las actividades económicas locales: 62 por ciento no dejaron que sus
hijos salieran, 55.1 por ciento dejaron de salir de noche, 44.5 por ciento
llevaron menos dinero en la cartera, 29.4 por ciento dejaron de salir a
caminar.
Empresarios
pueden pasar a la informalidad, abandonan los negocios o fingen deterioros, no
amplían operaciones (aunque tengan recursos o existan oportunidades).
Mayor número de pobres
El número
absoluto de mexicanos en pobreza aumentó de los 53.3 millones que había en 2012
a los 55.3 millones que se contabilizaron al 2014, lo que representa un aumento
de casi 2 millones de personas, esto de acuerdo con las cifras más recientes
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval).
La pobreza
extrema bajó de 11.5 millones registrados en el 2012 a 11.4 millones
contabilizados en el 2014. Una reducción de aproximadamente 90 mil personas.
El factor
central del incremento de la pobreza en México son los bajos ingresos y afecta
principalmente a quienes trabajan. En total son 63.8 millones de mexicanos en
pobreza por ingresos que sirven para satisfactores básicos, es la “población
con ingreso inferior a la línea de bienestar”.
México
destina el 3.1 por ciento del PIB a la atención y erradicación de la pobreza a
través de programas sociales, esto es 565 mil 542 millones 986 mil 416 pesos
anuales, de acuerdo con los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación
2015.
Organizaciones
civiles han señalado que México carece de políticas de estado que reduzcan de
manera eficaz la pobreza y la desigualdad, y que por el contrario, se tienen
programas en los tres niveles de gobierno que promueven prácticas clientelares.
Hay 48
programas federales destinados a proyectos productivos, generación de ingresos
y servicios para la empleabilidad y cuestan 120 mil millones de pesos (casi lo
mismo que se destina a Prospera y Seguro Popular). Sin embargo, estos programas
tienen altos costos administrativos y no tienen la cobertura mínima.
Daniela Barragán. SinEmbargo.mx. México, 13/08/15
