Informe
Mundial 2016: la “política del miedo” amenaza los derechos
Ataques terroristas,
la crisis de refugiados y una amplia represión global
La política del miedo ha llevado a gobiernos de todo el mundo a dar un paso
atrás en materia de derechos humanos en 2015.
En el
Informe Mundial 2016 de 659 páginas, su 26ª edición, Human Rights Watch examina
prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En el ensayo introductorio,
el director ejecutivo Kenneth Roth escribe que la propagación de los ataques
terroristas más allá de Oriente Medio y los enormes flujos de refugiados
provocados por la represión y el conflicto, llevaron a muchos gobiernos a
restringir los derechos lo que se tradujo en esfuerzos erróneos por proteger su
seguridad. Al mismo tiempo, gobiernos autoritarios en todo el mundo, temerosos
de la disidencia pacífica que a menudo se ve magnificada por las redes
sociales, emprendieron su ofensiva más intensa en los últimos tiempos contra
los grupos independientes.
“El miedo a
los ataques terroristas y las corrientes masivas de refugiados están provocando
que muchos gobiernos occidentales estén restringiendo las protecciones de
derechos humanos”, dijo Roth. “Estos retrocesos amenazan los derechos de todos,
sin ninguna eficacia demostrada a la hora de proteger a los ciudadanos comunes
y corrientes”.
Los
significativos flujos migratorios hacia Europa, provocados en gran medida por
el conflicto en Siria, junto con la propagación de los ataques contra civiles
en nombre del grupo extremista Estado Islámico (también conocido como ISIS),
han generado un creciente alarmismo e islamofobia, advirtió Human Rights Watch.
Pero a medida que los gobiernos europeos cierran sus fronteras, están
resucitando viejos patrones para eludir la responsabilidad ante los refugiados,
al pasar el problema a los países de la periferia de Europa, los cuales están
menos equipados para acogerlos o protegerlos. El énfasis en la potencial
amenaza que representan los refugiados también está distrayendo a los gobiernos
europeos a la hora de abordar sus propias amenazas terroristas y los pasos
necesarios para evitar la marginación social de las poblaciones descontentas.
Los
diseñadores de políticas en Estados Unidos han utilizado la amenaza del
terrorismo para tratar de revertir recientes restricciones modestas a la
capacidad de las agencias de inteligencia de recurrir a la vigilancia masiva,
mientras que Reino Unido y Francia han tratado de ampliar sus poderes de
supervisión. Eso socavaría significativamente los derechos de privacidad sin
una mejor capacidad demostrada para frenar el terrorismo. De hecho, en una
serie de ataques recientes en Europa, los autores eran conocidos por los
servicios de seguridad, pero la policía estaba demasiado desbordada como para
poder llevar a cabo un seguimiento adecuado. Esto sugiere que lo que se
necesita realmente no es una mayor cantidad de datos, sino más capacidad para
investigar pistas específicas, señaló Human Rights Watch.
“Culpar a
la totalidad de los inmigrantes o las comunidades minoritarias, además de un
error por sí mismo, también es peligroso”, dijo Roth. “Denigrar a comunidades
enteras por las acciones de unos pocos genera precisamente el tipo de división
y animosidad que los reclutadores de terroristas anhelan explotar”.
La
respuesta de Europa a la afluencia de refugiados también ha sido
contraproducente. El efecto de dejar a la mayoría de solicitantes de asilo sin
otra alternativa que arriesgar sus vidas en embarcaciones poco seguras para
cruzar el mar y llegar a Europa ha creado una situación caótica que los
terroristas potenciales pueden explotar fácilmente.
“La
creación de vías seguras y ordenadas para que los refugiados puedan llegar a
Europa reduciría el número de vidas perdidas en el mar, a la vez que ayudaría a
los funcionarios de inmigración a descartar los potenciales riesgos,
incrementando así la seguridad para todos”, dijo Roth.
Los
movimientos populares lanzados por organizaciones de la sociedad civil con la
ayuda de las redes sociales preocuparon a muchos gobiernos autoritarios. Los
precedentes de los levantamientos árabes, la “revolución de los paraguas” en
Hong Kong y el movimiento Maidan en Ucrania desataron una determinación entre
muchos autócratas para evitar que la gente se uniese con el fin de hacerse oír.
Gobiernos
abusivos han tratado de sofocar a grupos cívicos promulgando leyes que
restringen sus actividades y cortan el financiamiento internacional que
necesitan. Rusia y China figuran entre los peores infractores. Una represión de
esta intensidad no se había visto en décadas, incluyendo la persecución de
grupos disidentes en Rusia y el arresto de abogados y activistas en China, dijo
Human Rights Watch. El partido gobernante de Turquía ejecutó una fuerte
represión, enfocada en los activistas y los medios de comunicación críticos con
el gobierno.
Etiopía e
India, a menudo mediante el uso de retórica nacionalista, impusieron límites a
la entrada de capital extranjero para eludir la supervisión independiente de
violaciones de derechos cometidas por el gobierno. Bolivia, Camboya, Ecuador,
Egipto, Kazajstán, Kenia, Marruecos, Sudán y Venezuela han promulgado leyes
imprecisas y excesivamente amplias para controlar a los activistas y socavar la
capacidad operativa de los grupos independientes. Los gobiernos occidentales
han sido muy lentos en pronunciarse en contra de estas amenazas globales.
A pesar de
estas graves amenazas a los derechos, el 2015 también trajo novedades
positivas. Las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), a
menudo víctimas de leyes abusivas y ataques violentos, lograron grandes avances
hacia la igualdad con la legalización del matrimonio entre personas del mismo
sexo en Irlanda, México y Estados Unidos, y la despenalización de la
homosexualidad en Mozambique. En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, una declaración de 72 países estableció el compromiso para acabar con
la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad
de género.
Las
históricas elecciones en Birmania transcurrieron pacíficamente en noviembre, y
los nigerianos también celebraron la transferencia pacífica del poder a la
oposición. En septiembre, la ONU adoptó 17 objetivos de desarrollo ambiciosos
que por primera vez son universales y están fundados en los derechos humanos.
Esta agenda incluye metas para alcanzar la igualdad de género y facilitar el
acceso universal a la justicia. En la cumbre climática de la ONU en París, los
gobiernos acordaron por primera vez “respetar, promover y considerar” los
derechos humanos en su respuesta al cambio climático, especialmente en lo que
respecta a los pueblos indígenas, las mujeres, los niños, los migrantes y otras
personas vulnerables.
El fracaso
de los enfoques punitivos al consumo de drogas ha impulsado un mayor diálogo y
la toma de medidas para la despenalización en muchos lugares, entre ellos
Canadá, Chile, Croacia, Colombia, Jamaica, Jordania, Irlanda, Túnez y EE.UU. Y
las víctimas de Hissène Habré aplaudieron el juicio contra el ex dictador de
Chad, procesado en Senegal por crímenes contra la humanidad durante su gobierno
en la década de 1980: el primer juicio de un ex jefe de Estado por los
tribunales de otro país.
“La
sabiduría consagrada en el derecho internacional de los derechos humanos
proporciona una guía indispensable para los gobiernos que tratan de mantener la
seguridad de su nación y servir a su pueblo con mayor eficacia”, dijo Roth. “La
abandonamos a nuestro propio riesgo”.
Hrw.org.
27/01/16
México
Eventos de 2015
Durante el gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas
han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en forma
reiterada —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y
tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha logrado
muy pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y
menos aun en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde
que el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la “guerra contra el
narcotráfico” en México.
En septiembre de 2015, un grupo
de expertos designado a través de un acuerdo entre el gobierno mexicano y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso graves falencias en
la investigación gubernamental de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes
de Ayotzinapa, Guerrero, refutó las conclusiones clave de la Procuraduría
General de la República (PGR) e instó a las autoridades a que indagaran nuevas
líneas de investigación. El gobierno aceptó posteriormente prorrogar el mandato
del grupo para que continuara el seguimiento a la investigación durante otros
seis meses. Al momento de la redacción del presente informe, y a más de un año
de las desapariciones, todavía se desconoce el paradero de al menos 41
estudiantes.
Otros problemas que persisten son
las restricciones a la libertad de prensa y al acceso a derechos reproductivos
y a la atención de la salud.
Desapariciones forzadas
Desde 2006, miembros de las
fuerzas de seguridad mexicanas han participado en numerosas desapariciones
forzadas.
En agosto de 2014, el gobierno
reconoció públicamente no saber cuál había sido el destino de más de 22.000
personas cuyo paradero se desconocía desde 2006. Esta cantidad ha aumentado a
más de 25.500, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas, que se creó por ley en 2012. Es habitual que agentes del
Ministerio Público y policías no adopten medidas básicas de investigación para
identificar a los responsables, y a menudo indican a los familiares de las
personas ausentes que deben investigar ellos mismos.
De los 43 estudiantes de una
escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, que desaparecieron en septiembre
de 2014, solamente se ha identificado a dos entre los restos que la PGR afirma
haber encontrado. Hasta agosto de 2015, más de 100 personas habían sido
acusadas por su presunta participación en el incidente, pero ninguna había sido
condenada al momento de redacción del presente documento.
En septiembre, el grupo de
expertos de la CIDH convocado para evaluar la respuesta del gobierno al
incidente emitió su informe final, en el cual concluyó que se habían producido
graves irregularidades en el manejo de pruebas clave, incluida su posible
destrucción.
El gobierno federal ha
implementado medidas potencialmente alentadoras para hallar a personas cuyo
paradero se desconoce, pero estas han tenido resultados limitados. En 2013,
creó una unidad en el ámbito de la PGR para investigar desapariciones. Al ser
consultados en agosto, funcionarios de la PGR señalaron que no tenían
conocimiento de ningún caso en el cual se hubiera condenado a alguna persona
por desapariciones forzadas cometidas desde 2007.
En abril, el Congreso aprobó una
reforma constitucional que exige al poder legislativo federal promulgar leyes
generales sobre desaparición forzada y tortura, que establecerán una única
definición de cada uno de los delitos a nivel nacional, y facilitarán su
juzgamiento en los 31 estados y el distrito federal.
Ejecuciones extrajudiciales
En 2014, el Relator Especial de
la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que
en México “sigue produciéndose un número alarmante” de asesinatos ilegales por
miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad
“sistemática y endémica”.
En enero de 2015, al menos ocho
civiles fueron asesinados en Apatzingán, Michoacán, cuando agentes de la
Policía Federal intervinieron en una manifestación a la cual habían concurrido
grupos de autodefensa ciudadana. Varios testigos indicaron que policías
federales abrieron fuego contra civiles que no estaban armados, dispararon a
dos de ellos en la cabeza mientras se encontraban en el suelo intentando resguardarse
y luego colocaron armas junto a sus cuerpos. A la fecha del presente, proseguía
la investigación federal.
En mayo, un enfrentamiento armado
entre policías federales y civiles en el municipio de Tanhuato, Michoacán, dejó
un saldo de un policía y 42 civiles muertos. Si bien el Comisionado General de
la Policía Federal señaló entonces a los medios de comunicación que los agentes
estaban respondiendo en defensa propia a agresiones armadas de civiles, Human
Rights Watch recibió información de que al menos cuatro personas fueron
ejecutadas extrajudicialmente cuando ya había concluido el enfrentamiento
inicial. Los agentes de la PGR recién iniciaron una investigación del caso tres
meses después de ocurrido el incidente fatal.
Abusos militares e impunidad
México ha empleado fuertemente a
las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y
la delincuencia organizada, y los militares han cometido en estas operaciones
numerosas violaciones de derechos humanos. Desde 2006, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) recibió aproximadamente 9.000 denuncias de abusos
cometidos por miembros del Ejército —incluidas más de 1.700 durante el actual
gobierno— y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que
personal de esta fuerza había participado en graves violaciones de derechos
humanos.
En 2014, el Congreso reformó el
Código de Justicia Militar para establecer la obligatoriedad de que los abusos
cometidos contra civiles por militares fueran juzgados en la justicia penal
ordinaria en vez del sistema de justicia militar, que en el pasado en general
no había asegurado que los militares implicados en abusos rindieran cuentas por
sus actos. La reforma dispuso que los abusos cometidos por militares contra
otros soldados seguirían alcanzados por la justicia militar.
Al momento de preparación de este
informe, ningún militar había sido condenado en relación con el asesinato de 22
civiles por soldados en Tlatlaya, Estado de México, en noviembre de 2014.
Diversos testigos y un informe de la CNDH indicaron que en este hecho al menos
12 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados. Según la CNDH,
agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México intentaron
encubrir la participación delictiva de militares en el caso torturando a
testigos para obligarlos a que prestaran testimonios falsos.
En el estado de Zacatecas, tres
soldados y un coronel fueron detenidos en julio en relación con la desaparición
de siete personas que posteriormente fueron halladas muertas. Los cuatro fueron
consignados en relación con siete cargos por homicidio y desaparición forzada,
y serán juzgados en la justicia penal ordinaria.
Tortura
Es común que en México se
practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción. En
general, las torturas se aplican en el período entre que las víctimas son
detenidas arbitrariamente y hasta que son puestas a disposición de agentes del
Ministerio Público, durante el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en
bases militares u otros centros de detención ilegales.
Las tácticas más frecuentes
incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso
sexual. En 2014, la PGR recibió más de 2.400 denuncias de tortura, lo cual
representa más del doble de la cantidad de 2013 (1.165). A pesar de que la
Constitución establece la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante
tortura, algunos jueces continúan desestimando las denuncias sobre tortura y
admiten confesiones obtenidas bajo coacción.
Sistema de justicia penal
Es habitual que el sistema penal
ordinario no logre proporcionar justicia a las víctimas de delitos violentos y
violaciones de derechos humanos. Esto se debe a causas que incluyen corrupción,
falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del
Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios
abusivos.
En 2008, México promulgó una
reforma constitucional destinada a transformar para 2016 su sistema judicial
inquisitivo y escrito en uno de tipo acusatorio y oral. La implementación de
esta reforma ha sido más bien lenta. En agosto, el nuevo sistema oral se estaba
aplicando plenamente —a nivel federal y local— tan sólo en dos estados
mexicanos.
En 2013, México promulgó a nivel
federal una Ley General de Víctimas para garantizar justicia, protección y
reparación a las víctimas de delitos. Hasta agosto de 2015, el distrito federal
y 9 de 31 estados todavía no habían aprobado leyes de reglamentación de la Ley
General de Víctimas. Solamente 10 estados habían creado una comisión estatal de
víctimas, y apenas cinco funcionaban plenamente.
En abril, la Suprema Corte
determinó que la disposición sobre arraigo —que permite a los agentes del
Ministerio Público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80
días y antes de ser consignadas a personas que presuntamente estén involucradas
en la delincuencia organizada— es constitucional en casos de “delitos graves”,
según la definición prevista en el derecho mexicano.
Grupos de autodefensa
La aplicación ineficaz de la ley
ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en
numerosas regiones del país.
Luego de que se expresara
preocupación ante la intervención no regulada de algunos grupos en acciones de
seguridad, varios grupos de autodefensa en el estado de Michoacán suscribieron
en 2014 un acuerdo con el gobierno, en el cual se comprometieron a que sus
miembros registraran sus armas y se sumaran a fuerzas de seguridad locales. A
la fecha del presente, no se había llevado a cabo una evaluación independiente
sobre cómo se había implementado el acuerdo ni si cumplía con los requisitos
que prevé el derecho mexicano sobre selección de aspirantes a miembros de las
fuerzas de seguridad.
Ataques a periodistas y
defensores de derechos humanos
Numerosos periodistas,
especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o
critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones. Según
datos de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra
la Libertad de Expresión, entre 2000 y octubre de 2015 fueron asesinados 103
periodistas y otros 25 desaparecieron.
En 2012, México promulgó una ley
para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas que facilitó la
creación de un mecanismo nacional de protección. Sin embargo, en algunos casos
el otorgamiento de medidas de protección ha sido lento o insuficiente. Al
momento de preparación de este informe, las autoridades aún no habían formulado
cargos sobre la base de esta ley contra ningún presunto responsable de amenazas
o ataques a defensores de derechos humanos.
Las autoridades en general no
investigan adecuadamente delitos contra periodistas, y muchas veces descartan
de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. La CNDH
informó en 2014 que el 89 por ciento de los delitos contra periodistas en
México quedan impunes. Hasta octubre, la Fiscalía Especial estaba efectuando
303 investigaciones de delitos contra periodistas o medios de comunicación, y
había formulado cargos en apenas 21 casos.
En agosto, el fotoperiodista
Rubén Espinosa fue hallado muerto en un departamento en México D.F. junto con
cuatro víctimas mujeres, entre ellas la defensora de derechos humanos Nadia
Dominique Vera Pérez. Según informaron los medios, todos habían sido torturados
antes de ser ejecutados con un único disparo en la cabeza. Espinosa
aparentemente había huido de Veracruz, el estado mexicano que registra la mayor
cantidad combinada de asesinatos y desapariciones de periodistas en México. A
la fecha del presente, la investigación sobre los asesinatos estaba siendo
impulsada por las autoridades locales en vez de la PGR.
Es habitual que periodistas opten
por la autocensura ante los ataques por parte de funcionarios gubernamentales o
grupos delictivos. La regulación insuficiente de la publicidad oficial también
puede limitar la libertad de prensa, al otorgar a funcionarios gubernamentales
una influencia económica desproporcionada sobre algunos medios de comunicación.
Derechos de mujeres y niñas
El derecho mexicano no protege
adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas
disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos
delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen los estándares
internacionales.
En 2008, la Suprema Corte de
Justicia confirmó la constitucionalidad de una ley de México D.F. que legalizó
el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación. Ningún otro
estado mexicano tiene leyes que permitan el aborto voluntario.
En 2010, la Suprema Corte
resolvió que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de
emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación. Sin embargo,
en la práctica muchas mujeres y jóvenes enfrentan graves obstáculos, incluida
información errónea e intimidación por parte de funcionarios, cuando intentan
llevar a cabo abortos luego de sufrir hechos de violencia sexual.
Orientación sexual e identidad de
género
El matrimonio entre personas del
mismo sexo es legal en México D.F. desde 2010, y desde entonces ha sido
legalizado en los estados de Coahuila y Quintana Roo. En junio, la Suprema
Corte dispuso que la definición de matrimonio como la unión exclusivamente
entre un hombre y una mujer es discriminatoria y resulta violatoria de la
Constitución mexicana, lo cual sentaría una base para el reconocimiento del
matrimonio entre personas del mismo sexo en los 31 estados mexicanos.
Cuidados paliativos
El gobierno mexicano adoptó una
serie de medidas importantes para implementar normas que mejoren el acceso a
cuidados paliativos y terminales. En junio, creó un nuevo sistema para recetar
y suministrar analgésicos fuertes que mejorará sustancialmente la atención de
la salud de personas con enfermedades avanzadas. Al momento de redacción de
este informe, 29 de los 31 estados contaban con al menos un centro de salud que
brinda cuidados paliativos, en comparación con los 24 que contaban con estos
centros en 2014.
A pesar de estos importantes
esfuerzos, aún subsisten desafíos, como la escasez de establecimientos que
ofrecen cuidados paliativos; en muchos estados, solamente un hospital brinda
este tipo de atención, debido a lo cual la mayoría de los pacientes no tienen
acceso a cuidados paliativos cerca de donde viven o en su domicilio.
Derechos de discapacidad
Una investigación realizada en
enero por Disability Rights International reveló la alta propensión a que se
nieguen derechos reproductivos a mujeres mexicanas con discapacidad
psicosocial, y denunció que en algunos casos en centros de salud estatales de
México D.F. se presiona a estas mujeres para que se sometan a esterilizaciones
o abortos.
En julio, un informe de
Disability Rights International denunció condiciones inhumanas en
establecimientos para personas con discapacidad que reciben financiamiento del
gobierno de México D.F. En una institución, se encierra en jaulas a menores con
discapacidad. A pesar de que el gobierno confeccionó una “lista negra” de
instituciones que se consideran abusivas o donde las condiciones son sumamente
deficientes, estas siguen funcionando y recibiendo fondos gubernamentales. La
Secretaría de Desarrollo Social ha instado a que se prohíban inmediatamente las
medidas de inmovilización y las camas jaula.
Actores internacionales clave
Desde 2007, Estados Unidos ha
destinado más de USD 2.000 millones de ayuda a México a través de la Iniciativa
Mérida para contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada. El 15 por
ciento de algunas partidas de esta ayuda sólo podrá desembolsarse una vez que
el Secretario de Estado de los Estados Unidos informe que el gobierno mexicano
está cumpliendo una serie de requisitos vinculados con los derechos humanos. En
una decisión sin precedentes, el Departamento de Estado anunció en octubre que
retendría USD 5 millones de los fondos de asistencia de Mérida, debido a que no
podía confirmar que México hubiera cumplido con los criterios sobre derechos
humanos.
En marzo, un Grupo de Expertos
Independientes designado por la CIDH comenzó a prestar colaboración técnica en
la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. En octubre, el
gobierno y la CIDH firmaron un acuerdo para prorrogar el mandato del grupo de
expertos por otros seis meses.
El Comité de la ONU contra la
Desaparición Forzada concluyó en febrero que existe un “contexto generalizado”
de desapariciones en México, muchas de las cuales podrían clasificarse como
desapariciones forzadas. El comité expresó preocupación ante los “serios
desafíos” que afronta México en materia de prevención, investigación y
enjuiciamiento de casos de desapariciones forzadas.
En marzo, el Relator Especial de
la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
presentó un informe en el cual sostiene que la “tortura es generalizada en
México” y que son pocas las instancias en que los responsables son llevados
ante la justicia. El gobierno de Peña Nieto respondió calificando públicamente
al relator especial de “irresponsable y muy poco ético”.
Hrw.org. 27/01/16
