México, Distrito
Federal. La cumbre de Líderes de América del Norte que se efectuará este
miércoles en la ciudad de Toluca, Estado de México, motivó que organizaciones
sociales enviaran sendas cartas a los presidentes de México y Estados Unidos,
Enrique Peña Nieto y Barack Obama, así como al primer ministro de Canadá
Stephen Harper, en las que reprochan la
exclusión del temas de derechos humanos y seguridad en la agenda trilateral.
A 20 años de la firma
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), defensores de
derechos humanos que forman parte de la Red de Organismo de Derechos Humanos
Todos los Derechos para todas y todos (RTDT), del Colectivo Plan Nacional de
Desarrollo-Migración y del Foro
Migraciones sugirieron a los mandatarios a revisar los efectos que ha tenido el
acuerdo comercial, sobre todo en los sectores más pobres de la población
mexicana.
En otra misiva, el
director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos
Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara, reprocha que los presidentes y el
primer ministro no hayan incluido en su agenda los temas de la inseguridad en
la región, el tráfico ilegal de armas y de drogas, a pesar de que a partir de
1994 se han incrementado de forma alarmante.
En el primer mensaje,
las organizaciones recuerdan que pese a que hace 20 se prometió que la firma
del TLCAN acarrearía múltiples beneficios para los pobladores de la región,
“los indicadores económicos han demostrado un deterioro de las condiciones de
vida de a la población mexicana, aumentando la marginación y pobreza”.
Las agrupaciones
documentan que el 45.5% de la población mexicana vive en la pobreza; que se
registra un deterioro y despojo de los recursos naturales; la seguridad pública
se ha militarizado; hay un incremento de la seguridad pública y la ausencia de
la reforma migratoria, en tanto que la criminalización de la migración en
México ha derivado en “la búsqueda de nuevas rutas migratorias de mayor
clandestinidad y riesgos para la vida de las personas migrantes”.
Ello sin contar con
las afectaciones ambientales provocadas por las mineras canadienses instaladas
en México, denunciadas por organizaciones civiles, evidencian que “las prioridades económicas
están por encima de la estabilidad
social y el respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos”.
En el documento se da
cuenta de que contrario a las expectativas creadas hace 20 años, en las
comunidades “la violencia, la pobreza, la falta de servicios educativos y de
salud de calidad, les golpea de frente”.
Además, que la
militarización de la seguridad pública ha derivado en un aumento de las
violaciones a derechos humanos, mientras que tragedias como la masacre de 72
migrantes en Tamaulipas, ocurrida en agosto de 2010, “evidenció no sólo el
contexto de inseguridad y las violaciones reiteradas a derechos humanos de la
población migrante en el país, sino
también la falta de compromisos de las autoridades”, además de que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no se ha pronunciado sobre las violaciones
al derecho a la vida e integridad de las personas que pasan por México.
Las organizaciones
reprocharon que desde que el demócrata Barack Obama llegó al poder en 2008,
anualmente se han deportado un promedio de 400 mil personas sólo en 2012, de
las 409 mil 849 expulsiones del territorio estadunidense, 72% eran de origen
mexicano, sin contar con que las deportaciones se realizan “en condiciones que
ponen en riesgo la vida e integridad de las personas migrantes al realizarlas
de noche y por puntos fronterizos con altos índices de inseguridad”.
Peor aún resultan las
deportaciones de mexicanos que ya tenían una vida hecha en Estados Unidos,
provocando la separación familiar, resaltan las organizaciones, que agregan que
desde 2008 a la fecha 31 mil 540 mexicanos en esas condiciones han sido
retornados a México, sufriendo como consecuencias “la pérdida de la patria
potestad de hijas e hijos, y la imposibilidad de regresar de forma regular a
los Estados Unidos, la reintegración social en su país de origen, la falta de
información sobre los procedimientos relacionados con el Sistema de Bienestar
Infantil en Estados Unidos y el acceso a la educación y la salud en México para
sus hijas e hijos de nacionalidad estadunidense”.
En cuanto a los
trabajadores reglamentados por el TLCAN, en Estados Unidos el Acuerdo de
Cooperación Laboral de América del Norte, está suspendido desde 2011 y en
Canadá, los trabajadores migrantes están
imposibilitados para ejercer su derecho de asociación “ya sea para buscar
mejores condiciones laborales y/o denunciar abusos en el marco del Programa de
Trabajadores Agrícolas Temporales que México sostiene con esa nación, “con la
complicidad de representantes del gobierno mexicano en Canadá y del personal
encargado del reclutamiento y selección de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social”.
Ante ese escenario,
decenas de organizaciones pidieron a los presidentes Peña Nieto, Obama y el
primer ministro Harper, incluir en su agenda “las demandas de derechos,
justicia e igualdad para las poblaciones migrantes”; realizar un balance del
impacto que ha tenido el acuerdo comercial en diferentes sectores identificando
los retos; considerar que el modelo comercial responda a las necesidades de la
población y no sólo a los intereses económicos y abrir el debate “no sólo sobre
la libre movilidad de capital sino a la libre movilidad humana”.
En tanto, la CMDPDH
lamentó que en la reunión trilateral los mandatarios “evadirán discutir sobre
la escalada de violencia en la región, particularmente en México, generada
principalmente por la fallida guerra contra las drogas iniciada por el ex
presidente Felipe Calderón Hinojosa y que gozó del respaldo material de Estados
Unidos”.
El director de la
organización, José Antonio Guevara Bermúdez lamentó que mientras en Estados
Unidos “está prohibido el uso de ejército en funciones de seguridad pública”
los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, apoyaron “a su contraparte mexicana en el uso de la
fuerzas armadas para desempeñar labores que debieran corresponder únicamente a
las fuerzas policiales civiles”.
La organización
destaca en su misiva que pese al cambio de discurso con el gobierno de Peña
Nieto, lo cierto es que “la violencia no cesa ni las violaciones a derechos
humanos “, según datos de la CNDH del primero de diciembre de 2012 al primero
de enero de 2014, se registraron 938 denuncia de violaciones a derechos humanos
por miembros de fuerzas armadas.
La CMDPDH, que ha
documentado diversos casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, violaciones
sexuales, detenciones arbitrarias y desaparición forzada, agravios atribuidos a
miembros de fuerzas de seguridad del Estado, consideró que las secuelas de
horror que ha dejado la política de drogas emprendida por México –más de cien
mil asesinatos, 25 mil desaparecidos y miles de desplazados— son datos que “no
pueden seguir siendo ignorados por más tiempo”.
Tras celebrar los
avances en el continente en cuanto a la política de drogas, como lo es la
regulación de la marihuana en Uruguay y en más de 20 estados de la Unión
Americana, Guevara Bermúdez instó a los
mandatarios de Canadá, Estados Unidos, y México a aprovechar la reunión “para
trazar el camino tendiente a terminar
con el dolor causado a millones de personas en México y el mundo por la fallida
guerra contra las drogas. Este es el momento para poner a los derechos humanos,
la salud y la seguridad ciudadana en el centro del debate”.
Gloria Leticia Díaz.
Proceso.com.mx. 18/02/14
http://www.proceso.com.mx/?p=365279
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